– Para las formaciones políticas, excepto el PSOE y Vox, la carta del presidente del Gobierno al rey de Marruecos fue improcedente y supuso la ruptura del mayor consenso de la política exterior española.
– La posición del Gobierno de España en relación con el proceso de descolonización del Sahara Occidental supone la supeditación de los derechos del pueblo saharaui a otros intereses.
Los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, excepto el PSOE y Vox, insisten al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que vuelva a la posición mantenida por España sobre el Sáhara Occidental hasta que apoyó las tesis de Marruecos en una carta “improcedente”.
Lo han hecho a través de una declaración del “Intergrupo Parlamentario Paz y Libertad para el pueblo saharaui”-constituido en diciembre del pasado año- en una reunión de la que el PSOE decidió ausentarse y organización en la que no participa Vox, según El Independiente.
La declaración se ha adoptado al cumplirse el pasado 18 de marzo tres años de la carta que Pedro Sánchez envió al rey de Marruecos, Mohamed VI, en la que dijo que la propuesta de autonomía marroquí para la excolonia española es “la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso”, misiva que difundió el Gabinete Real de Marruecos.
Con la carta de Pedro Sánchez “se produjo la ruptura del mayor consenso de la política exterior española mantenido durante décadas”, según los integrantes del Intergrupo Parlamentario.
Recuerdan que la cuestión del Sáhara Occidental “es un proceso de descolonización inconcluso y debe, por tanto, regirse por lo establecido por el Derecho Internacional, es decir, en un proceso político desarrollado en el seno de Naciones Unidas así como de la Unión Africana”.
Destacan el amplio consenso existente entre todas las fuerzas políticas, a excepción del PSOE, respecto de la improcedencia de la carta remitida por el presidente del Gobierno.
Los integrantes del grupo, con quienes estuvo el delegado del Frente POLISARIO en España, Abdulah Arabi, señalan que “la posición del Gobierno de España en relación con el proceso de descolonización del Sáhara Occidental ha quedado gravemente cuestionada, puesto que supone la supeditación de los derechos del pueblo saharaui a otros intereses”.
Finalmente, instan al Gobierno de España a “volver a un posicionamiento oficial, anterior a la carta remitida al rey de Marruecos, alineándose así con lo establecido por el Derecho Internacional respecto al Sáhara Occidental y el legítimo derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia, previendo asimismo mecanismos de garantía para el respeto de los Derechos Humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental”.
Cuando se constituyó el “Intergrupo Parlamentario Paz y Libertad para el pueblo saharaui” se destacó como objetivo impulsar “una política activa y coordinada que contribuya a la búsqueda de una solución urgente, justa y duradera al conflicto del Sáhara Occidental”, compromiso que cobra especial relevancia en el contexto actual, marcado por la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que anuló los acuerdos entre la UE y Marruecos por incluir territorios ocupados del Sáhara Occidental, y por la escalada de tensión bélica en la región tras la ruptura del alto el fuego por parte del régimen marroquí en 2020.