Las intentonas de los gobiernos federal y estatales encaminadas a lograr el abatimiento del mayor flagelo que desgarra al territorio mexicano, la pobreza, parecen cada vez más lejos de cumplirse y amenazan con clausurar definitivamente el acceso a las dos principales riquezas con las que el país cuenta: la ecológica y la cultural. Así, tanto […]
Las intentonas de los gobiernos federal y estatales encaminadas a lograr el abatimiento del mayor flagelo que desgarra al territorio mexicano, la pobreza, parecen cada vez más lejos de cumplirse y amenazan con clausurar definitivamente el acceso a las dos principales riquezas con las que el país cuenta: la ecológica y la cultural.
Así, tanto la naturaleza, base material sobre la cual descansa el presente y futuro del país, como las raíces culturales que lo sostienen y le dan identidad, representadas, entre otros actores, por los pueblos indígenas, están siendo víctimas constantes en aras de lo que en teoría debería apuntalarlas: el desarrollo. Constituido en el caballo de Troya de los grandes intereses económicos, el modelo de desarrollo propuesto institucionalmente abate los recursos naturales, induce el avasallamiento de la cultura indígena, posterga tiempos y aniquila esperanzas. Se olvida que el desarrollo no es una construcción oficial, sino, por el contrario, social y ambientalmente cimentada.
El actual plan de desarrollo en la sierra huichola ejemplifica claramente esta situación. Por conducto de al menos cuatro frentes, el desarrollo impuesto irrumpe violentamente en uno de los últimos territorios considerados vestigios de las antiguas culturas mesoamericanas. Estos frentes, representados por la construcción de carreteras, la electrificación, la megaconstrucción de la presa El Cajón y las maquiladoras de trasnacionales que buscan la precarización laboral para abaratar costos de producción, son la punta de lanza de la instauración de una particular visión del desarrollo y progreso.
Este pueblo no únicamente enfrenta el embate de la influencia de los partidos políticos, cuya función de «partir» las comunidades indígenas desempeñan a la perfección, ni a la frenética catequización, o los añejos conflictos agrarios con los caciques mestizos. La tradición huichola ahora lucha contra un enemigo más fuerte llamado «desarrollo».
La construcción de carreteras dentro de la geografía sagrada huichola amenaza con convertir en atracción turística y lugar de saqueo los milenarios centros ceremoniales huicholes como Ratontita y Teakata, centros educativos y de formación espiritual de este grupo indígena. La avanzada de los talamontes ya empieza a sentirse con la facilitación del acceso a las masas arboladas dentro de este territorio.
Por su lado, la presa El Cajón ha sido declarada inoperante y futuro elefante blanco por expertos en la materia al argumentar que el afluente es insuficiente para el funcionamiento proyectado de dicha presa. Ambientalmente el pronóstico sobre El Cajón es que fragmentará y destruirá ecosistemas, restringirá la distribución de flora y fauna, modificará las cadenas alimentarias naturales y globalmente contribuirá al desequilibrio atmosférico del metano y el bióxido de carbono.
La presa El Cajón ha sido rechazada por huicholes, coras y mestizos de la región, ante la experiencia previa de los estragos sociales y ambientales causados anteriormente por la presa Huajimic, Nayarit. Se calcula que los efectos de los desplazados se reflejarán en mayor presión forestal regional al requerirse mayor cantidad de tierras laborables y materia prima. También se prevé la inundación de algunos sitios sagrados huicholes.
Por si fuera poco, ejidatarios de Santa María del Oro, donde se construye esta presa, reclaman al gobierno federal indemnización de tierras, a lo que habría que agregar un pago de compensación por los efectos ambientales y sociales surgidos de la modificación del afluente proveniente de los ríos Jesús María y Huaynamota, cercanos al río Chapalagana, drenaje principal de la sierra huichola.
El problema de este esquema de desarrollo es de derechos humanos, además de violaciones al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo firmada por México. Si bien estos proyectos son necesarios para mejorar las condiciones de vida en esta región, deben existir alternativas que vayan más allá de su mera aplicación y equiparar el interés de las poblaciones locales de muchos, con los intereses económicos de unos pocos. ¿Es que en este sistema democrático no podemos vivir el tipo de desarrollo que deseamos y sólo podemos rendirnos ante un modelo de desarrollo impuesto?
* Laboratorio de Etnoecología-UNAM.
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