Por fin conocemos a qué se deben el silencio, las evasivas y las excusas que han caracterizado la postura del Gobierno Zapatero sobre la escabechina de Marruecos en El Aaiún: a «los intereses de España»[1]. Pobre justificación. Aún más si atendemos al trasfondo siniestro que suele esconder el recurso a tan manido argumento por parte […]
Por fin conocemos a qué se deben el silencio, las evasivas y las excusas que han caracterizado la postura del Gobierno Zapatero sobre la escabechina de Marruecos en El Aaiún: a «los intereses de España»[1]. Pobre justificación. Aún más si atendemos al trasfondo siniestro que suele esconder el recurso a tan manido argumento por parte de los profesionales de la realpolitik. La referencia a «los intereses de España» es, pues, un eufemismo con el que se elude la explicación de los motivos reales de naturaleza económica que están detrás de la tibia reacción del Ejecutivo español ante tan graves acontecimientos.
Para empezar a entender cuáles son «los intereses de España» en este caso vale la pena echar un vistazo al Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos [2], firmado en 2006. Este convenio estableció que, durante los cuatro años siguientes a su entrada en vigor (que finalmente se produjo en 2007), la flota comunitaria dispondría de 119 licencias para faenar en «aguas bajo soberanía o jurisidicción de Marruecos». A cambio, la monarquía alauí recibiría de las arcas de la Unión Europea un montante de 36,1 millones de euros anuales. El caso es que 100 de esas 119 licencias fueron a parar a manos de la flota española, la más beneficiada del acuerdo.
Según estimaba la Federación de Comunicación y Transporte de CCOO en 2006, el acuerdo supondría la creación de unos «2000 puestos de trabajo directos y otros 10000 indirectos» en un sector que pasaba «por una de sus etapas históricas con más incertidumbre» [3]. Esta circunstancia era confirmada pocos meses después por la FAO, que apuntaba como causante de la crisis del sector «el cierre del caladero de Marruecos» que se produjo en 1999 «como consecuencia de la finalización» del anterior «Acuerdo de pesca de la Unión Europea con ese país» [4]. Efectivamente, las cifras cantaban (entre 1999 y 2007 la flota española redujo su número de buques en casi un 25% [5]) y el nuevo acuerdo podía servir como parche a la vía de agua abierta en el sector pesquero español.
El convenio no tendría mayor trascendencia política si no fuese porque buena parte de las llamadas «aguas bajo soberanía o jurisdicción de Marruecos» que contempla el acuerdo bañan las costas saharauis. A efectos de la legalidad internacional, esta circunstancia es relevante, ya que el Sahara Occidental figura desde 1963 en la lista de Territorios No Autónomos de la ONU [6]. Así pues, atendiendo a la resolución 53/61 (relativa a las Actividades económicas y de otro tipo que afectan a los intereses de los territorios no autónomos [7]) de ese mismo organismo, el convenio pesquero entre la UE y Marruecos no sería legal. Entre otros motivos, porque supone la explotación de los recursos naturales saharauis en detrimento de la población autóctona que, sin voz ni voto en estos acuerdos, queda privada de su derecho a disponer de esos recursos.
Desgraciadamente, la contribución española al expolio de los recursos naturales saharauis no se circunscribe al sector pesquero. Así, varias empresas con sede en España explotan fosfatos, energía solar y áridos en los territorios del Sahara Occidental [8]. Todo ello, por supuesto, con la connivencia del Estado español.
Llegados a este punto casi que no hace falta que nos preguntemos si, con los intereses económicos que hay en juego, es posible que el Gobierno de España condene la represión brutal de marruecos contra el empobrecido, explotado, marginado y machacado pueblo saharaui. La respuesta es clara: no.
No nos dejemos engañar, pues. «Los intereses de España» en los que se ampara el Gobierno para evitar condenar los sucesos de El Aaiún son intereses de mercado que benefician a un reducido sector de la población y que, a la postre, violan la legalidad internacional. Por lo tanto, cabe exigir al Estado español que no venda su supuesto compromiso con la defensa de los derechos humanos a cambio de una parte del pastel de los recursos naturales saharauis y que, de acuerdo con la resolución 53/61 de la ONU, se oponga a toda relación comercial con Marruecos que implique el expolio de las tierras y las aguas del Sahara Occidental.
NOTAS:
[2] http://www.fishelsewhere.eu/
[3] http://www2.fct.ccoo.es/
[4] http://www.fao.org/fi/oldsite/
[5] Fuente: http://www.mapa.es/pesca/pags/
[6] Lista de Territorios No Autónomos reconocidos por la ONU: http://www.un.org/spanish/
[7] http://www.un.org/spanish/
[8] Relación de empresas españolas que operan en territorio Saharaui según la ONG Western Sahara Resource Watch: http://www.wsrw.org/index.php?
Manuel Enrique Mazón Menargues es licenciado en Comunicación audiovisual
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.