La escalada de tensión en torno a los lazos amarillos muestra cómo aumenta la polarización en la sociedad catalana que se está trasladando de los ámbitos políticos e institucionales a las calles y que se exasperará en un otoño muy caliente. Este verano, a despecho del clima de cierta distensión motivado por la investidura de […]
La escalada de tensión en torno a los lazos amarillos muestra cómo aumenta la polarización en la sociedad catalana que se está trasladando de los ámbitos políticos e institucionales a las calles y que se exasperará en un otoño muy caliente.
Este verano, a despecho del clima de cierta distensión motivado por la investidura de Pedro Sánchez y por los vagos intentos de reconstrucción de los marcos de diálogo político e institucional entre los ejecutivos español y catalán, ha estado dominado por la creciente espiral de tensión en torno a los lazos amarillos. Una dinámica muy inquietante en la medida que la confrontación se traslada del terreno político al social, incubando el huevo de la serpiente de la confrontación civil, pues la violencia verbal o simbólica suele preceder a la violencia física, como de hecho ocurrió en el incidente del Parc de la Ciutadella o la agresión al cámara de TeleMadrid confundido con un operador de TV3.
El movimiento de los lazos amarillos surgió a raíz del encarcelamiento de los presidentes de Òmnium Cultural y ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, y se extendió con el ingreso en prisión y la huida al extranjero de los líderes independentistas. El lazo amarillo es un símbolo de origen anglosajón que conoció una gran difusión durante la crisis de los rehenes en la embajada norteamericana de Irán (1979-1981). Ahora bien, si en Estados Unidos el lazo amarillo simbolizó la unidad del pueblo norteamericano para lograr la libertad de los rehenes, aquí expresa la profunda división de la sociedad catalana entre partidarios y contrarios a la independencia.
El objetivo de la difusión de los lazos amarillos en los espacios institucionales y las calles es doble. Por un lado, mostrar la ocupación del espacio público para dar la imagen de que el conjunto de Catalunya apoya la causa secesionista. Por otro, extender la tesis de la existencia de presos políticos, lo cual implica una impugnación al sistema democrático español equiparado a Turquía o Kazajstán. Justamente, esta ocupación simbólica de los espacios institucionales y de la vía pública ha sido percibida como una ofensa por sectores de la población que se organizaron para retirar dichos lazos. Primero de modo semiespontáneo en torno a las llamadas Brigadas de Limpieza, y luego con el apoyo político de Ciutadans.
En este punto debe realizarse una distinción. La presencia de lazos amarillos, esteladas, pancartas alusivas a la libertad de los presos políticos en edificios públicos o la orwelliana megafonía en la plaza del Ayuntamiento de Vic, resulta claramente incompatible con la neutralidad exigible a los espacios institucionales, como dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a finales de julio contra el Ayuntamiento de Sant Cugat. Una sentencia que instaba a la retirada de símbolos partidistas en los edificios institucionales que no ha sido cumplida, pues éstos continúan figurando tanto en ayuntamientos como en dependencias de la Generalitat.
Otra cuestión es la que atañe a la vía pública, que siempre ha sido un espacio de expresión de las ideas políticas vía pancartas, carteles, manifestaciones o mítines. No obstante, en este caso asistimos al deliberado objetivo de monopolización simbólica de las calles, lo cual ha provocado la reacción contraria. Podría argüirse que no es equivalente una acción positiva (poner lazos) con otra negativa (quitarlos); ahora bien, la libertad de expresión puede ejercerse en ambos sentidos como ocurre con la quema de fotos del Rey o las pitadas a los himnos nacionales que, más allá de la valoración que nos merezcan, deben considerarse manifestaciones legítimas de este derecho fundamental.
Frente a esta compleja colusión de derechos, hemos asistido a dos contradictorias tomas de posición del poder político. Por un lado, la Fiscal General del Estado, María José Segarra, quien, desde una concepción demoliberal, aseguró que no es delito ni quitar ni poner lazos amarillos, al tratarse de una concreción de la libertad de expresión. Por otro, la perspectiva autoritaria del president vicario de la Generalitat, Quim Torra, quien en un artículo en El Periódico de Catalunya, basándose en el mito de un «sol poble», acusó de «fascistas» a quienes quitaban dichos lazos, lo cual resulta abusivo, ya que ciertamente participan algunos fascistas en estas acciones, pero no todos los que quitan estos lazos son ultraderechistas. También anunció que los Mossos d’Esquadra tomarían medidas represivas contra ellos. Acto seguido, bajo el paraguas legal de la denostada Ley Mordaza, la Conselleria de Interior de la Generalitat procedió a la identificación -con amenazas de multa de hasta 300.000 euros- a quienes realizasen dichas acciones. Finalmente, la fiscalía del TSJC ha abierto una investigación sobre las mencionadas identificaciones, entre ellas la del periodista Arcadi Espada, lo cual ha conducido a que éstas dejen de realizarse.
La tensión por esta cuestión subió un gradiente más con la supuesta agresión de un miembro de Òmnium Cultural a una mujer de origen ruso cuyo marido milita en C’s, que estaban retirando lazos amarillos en el céntrico Parc de la Ciutadella en Barcelona. Esto motivó la respuesta de la formación naranja con la retirada de lazos en Alella, protagonizada por Albert Rivera e Inés Arrimadas y la manifestación en el Parc de la Ciutadella de repulsa a la agresión que paradójicamente acabó con otra agresión a un cámara de TeleMadrid.
Polarización imparable
Esta escalada muestra que la tendencia imparable e inquietante a la polarización de la sociedad catalana se está trasladando del Parlament a las calles.
Por un lado, se observa con preocupación el comportamiento de un president de la Generalitat que proviene del activismo independentista, cuyas acciones y declaraciones persiguen mantener el conflicto nacionalitario y que no ha manifestado el más mínimo interés por gobernar para el conjunto de ciudadanía, sino, si hemos de creer en sus alegatos, de implementar la República catalana cuando vislumbre la menor oportunidad para ello. Una conducta que no resulta extraña, pues según Torra en Catalunya viven catalanes étnicos y españoles que residen en Catalunya, tachados de «colonos». En este sentido han de interpretarse sus alusiones a un «sol poble».
En cualquier caso, esta gesticulación no logra ocultar la ausencia de una perspectiva estratégica -tras el fiasco del pasado mandato- para conseguir el objetivo de la secesión. Ello mientras se multiplican las divisiones entre ERC, un sector de PDeCat y Carles Puigdemont, quien con la constitución de la Crida Nacional per la República pretende absorber a ambas formaciones en una suerte de frente nacional. Este vacío estratégico, indicado por influyentes periodistas e intelectuales del ámbito independentista, como Francesc-Marc Álvaro o Ferran Requejo, intentará ser soslayado por Quim Torra en la anunciada conferencia del 4 de septiembre titulada El nostre moment, donde afirma que trazará la nueva hoja de ruta del movimiento secesionista. Todo esto en el marco de un otoño caliente de movilizaciones en torno al 11 de septiembre, la primera conmemoración del 1 de octubre, con la propuesta fantasmal de «paro de país» de la ANC, y el juicio a los líderes independentistas que previsiblemente tendrá lugar en noviembre, en la perspectiva de las elecciones municipales concebidas como una prueba de fuerza del movimiento soberanista. Está por ver si estas acciones están realmente encaminadas a un segundo intento de proclamar la independencia o se trata de mantener la cohesión de sus bases sociales en momentos de tribulación, cuando después de tantas promesas no se ha alcanzado el objetivo del Estado propio.
Por otro lado, Ciutadans busca deliberadamente capitalizar, en Catalunya y en España, la reacción del nacionalismo español frente al desafío independentista. La pobre actuación del gobierno de Mariano Rajoy y la considerada contemporización de Pedro Sánchez frente a los secesionistas, alimentan estas expectativas. En detrimento de formaciones como el PSC y los Comunes que, desde la izquierda y sin demasiada fortuna, intentan tender puentes, lo cual se presenta extremadamente complicado en este panorama de polarización.
En definitiva, no se vislumbra en el medio plazo ningún síntoma de distensión del conflicto nacionalitario. Por el contrario, con el citado calendario de movilizaciones todo apunta a una profundización de la división de la sociedad catalana; especialmente, cuando el sector de la misma representado por Ciutadans no desaprovechará ninguna oportunidad para contestar las acciones del movimiento independentista en la infernal lógica de acción/reacción. Un panorama que compromete seriamente las perspectivas de «normalización» política auspiciadas desde el gobierno socialista. No parece que sus ofertas de ampliación del autogobierno o de recuperación del Estatut del 2006 tengan ningún interés para los actuales dirigentes de la Generalitat.
Fuente: http://www.elviejotopo.com/topoexpress/los-lazos-de-la-discordia/