El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitió recientemente un latiguillo sobre el cual su país insiste hace años: que el 60 por ciento de la economía cubana se gesta en el Grupo de Administración Empresarial Sociedad Anónima, un holding paramilitar de empresas que el nuevo ocupante de la Casa Blanca pretende destruir. Es sólo […]
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitió recientemente un latiguillo sobre el cual su país insiste hace años: que el 60 por ciento de la economía cubana se gesta en el Grupo de Administración Empresarial Sociedad Anónima, un holding paramilitar de empresas que el nuevo ocupante de la Casa Blanca pretende destruir.
Es sólo un edificio entre tantos, ni siquiera de los más llamativos que se alinean junto a la avenida del Puerto, en La Habana. A lo sumo, alguno de los pocos vecinos de la zona podrá recordar que fue construido a mediados de la década de 1950 para alojar la jefatura de la Marina de Guerra; los guías turísticos, en tanto, tal vez ni lo noten, ocupados en conducir a sus clientes hacia las cercanas y fotogénicas plazas del centro histórico.
Sin embargo, tras sus ventanas ahumadas se toman muchas de las decisiones fundamentales en Cuba. Se trata del complejo donde radica la gerencia general del Grupo de Administración Empresarial Sociedad Anónima (Gaesa). De acuerdo con las declaraciones que Trump hizo hace algunas semanas ante un histérico auditorio anticubano de Miami, en Gaesa confluyen los hilos que mueven alrededor del 60 por ciento de «la economía comunista». De inmediato, medios de prensa de todo el mundo se apresuraron a replicar al presidente estadounidense.
Para William M LeoGrande, profesor de la Facultad de Asuntos Públicos en la Universidad Americana de Washington, «incluso una revisión superficial de la composición del producto bruto interno de Cuba demuestra que ese ‘hecho’ es absurdo». Sus indagaciones le han permitido encontrar el «nacimiento» de tal sinsentido allá por febrero de 2004, cuando The Miami Herald adoptó la premisa de que «las fuerzas armadas cubanas han asumido hasta el 60 por ciento de la economía de la isla». Para avalarla, ese rotativo citaba al «Proyecto de Transición de Cuba, del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, un proyecto financiado por el gobierno estadounidense».
De ahí en adelante la historia ha ido cobrando cuerpo, repetida siempre con un marcado sesgo político que busca presentar al gobierno de La Habana como una dictadura militar. Mientras, el propio LeoGrande y otros analistas alejados de las posiciones de izquierda coinciden en otorgar a Gaesa una preeminencia mucho menor a la que repiten Trump y sus adláteres. Sus ingresos (las estimaciones rondan en torno a los 3.500 millones de dólares) «representan el 21 por ciento del total de ingresos en divisas de las empresas estatales y del sector privado, el 8 por ciento de los ingresos estatales totales y sólo el 4 por ciento del Pbi (según el Anuario Estadístico del 2015)», asegura LeoGrande.
Más allá de los cuarteles
No es menos cierto que los militares -y ex militares- juegan un papel fundamental en el ordenamiento institucional cubano. En primera instancia, por su «confiabilidad»; en segunda, por su número.
Gracias a la amplia estructura de organismos de seguridad que regentea (coordinada por el coronel Alejandro Castro Espín, hijo del presidente Raúl Castro), el gobierno cubano mantiene un estrecho control sobre su población y, en especial, sobre los miembros del Ministerio del Interior (Minint) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Far). Esa supervisión se complementa con programas de «formación político-ideológica» dirigidos a todos los combatientes en servicio o a aquellos que se forman en las academias militares.
Respecto a la cantidad de efectivos, no existen datos oficiales. De acuerdo con el número de unidades establecidas luego de su último proceso de reorganización, las Far contarían con unos 100 mil combatientes en activo y entre 200 mil y 300 mil reservistas; el Minint, por su parte, suma alrededor de 200 mil efectivos regulares. En ambos cuerpos armados sientan plaza soldados del Servicio Militar Activo (que cumplen los varones por uno o dos años), y oficiales y suboficiales de profesión, que «juran» por períodos que van desde cinco hasta 25 años. Tras su licenciamiento, todos tienen prioridad para optar por un empleo en el amplio sector estatal.
Esa es la causa de que en tantas dependencias civiles ocupen cargos de dirección antiguos militares, a veces formando mayoría. «En las escuelas de cadetes se da una gran importancia a las técnicas de dirección y de gestión de recursos. Incluso en algunos módulos nos repetían que necesitábamos formarnos para la vida con la tropa pero también para cuando fuéramos de nuevo civiles», explica David Alejandro, ex jefe de unidades radiotécnicas que aprovechó su título militar para encontrar trabajo en la compañía Copextel, una empresa de equipos electrónicos integrada dentro del esquema corporativo de Gaesa.
«Como mi regimiento pasaría a la reserva, me ofrecieron el licenciamiento y este puesto. En total fuimos cuatro, y a todos nos dijeron lo mismo: preferían contratarnos a nosotros porque ‘los militares son más responsables’.» Muchos de sus compañeros y jefes tienen el mismo origen.
«Son múltiples los ejemplos de mandos militares transformados en empresarios: el general de brigada Luis Pérez Róspide, antiguo director de la Industria Militar, preside el Grupo Gaviota (la mayor hotelera de América Latina, con casi 30 mil habitaciones); el coronel Héctor Oroza dirige el monopolio corporativo de importación y exportación (Cimex), donde actúa como asesor el antiguo jefe de los servicios militares de Inteligencia, el general de división retirado Fabián Escalante», señalaba en un artículo reciente el periodista Fidel Gómez Sosa.
Para el profesor de Política Internacional en la Universidad de California en San Diego Richard Feinberg, funcionario durante la administración de Bill Clinton, Gaesa «está invirtiendo sabiamente en las áreas económicas más internacionales y lucrativas de la economía». A su juicio, «unas fuerzas armadas bien ubicadas probablemente apoyarán las reformas económicas que volverán a Cuba más eficiente y competitiva».
De la magnitud del fenómeno da cuenta el hecho de que siete de los 17 miembros del Buró Político -el máximo órgano del gobernante Partido Comunista- visten uniformes; el resto de los integrantes de ese grupo de dirección o lo hizo en algún momento o está encuadrado en algunas de las instancias de defensa territorial con que la isla caribeña ha preparado su respuesta a una hipotética intervención norteamericana.
El hecho de que al frente de Gaesa se encuentre uno de los ex yernos del presidente Raúl Castro, el general de brigada Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, no hace sino agregar «leña» al fuego de las especulaciones, pues para nadie es un secreto que esa corporación funciona como un virtual «Estado dentro del Estado», bajo un esquema de subordinación que sólo muy en segundo plano llega hasta la presidencia del país o la Asamblea Nacional.
«Ninguna de estas empresas presenta ningún tipo de información sobre sus ingresos, ganancias, impuestos pagados, estado de cuentas, ni el nombre de sus directores ejecutivos, ni hace licitación pública para ninguno de sus cargos», apuntaba a comienzos de 2016 el sitio ForesightCuba, especializado en análisis estadísticos acerca de la isla. El tiempo transcurrido no ha contribuido a cambiar tal realidad.
Surgidas en la década de 1980 ante la necesidad de sortear las barreras del bloqueo contra Cuba, las primeras compañías del actual grupo tuvieron como premisa el secreto. Treinta años después, a pesar de su crecimiento exponencial, la práctica totalidad de las operaciones de Gaesa se mantiene en las sombras. Para bien o para mal.