Qué posición toman los colectivos andaluces antes las elecciones del próximo 22 de marzo
El próximo 22 de marzo, Andalucía se convertirá en la primera comunidad autónoma en celebrar elecciones. Cerca de seis millones de personas están llamadas a las urnas. La cita, decidida tras la ruptura del pacto de Gobierno entre el PSOE e Izquierda Unida en la comunidad, llevará a las urnas a cerca de seis millones de personas. Sobre la mesa, los temas y problemas vividos en una región marcada por el desempleo, la tragedia en torno a las políticas migratorias, la vivienda y los recortes en servicios sociales.
Recortes
Tijeras hasta en los contratos
Cuando a Sebastián, pediatra, le ofrecieron el primer contrato al 75%, decidió no aceptarlo. Le propusieron reducir su horario «sin descargar proporcionalmente de las agendas de los médicos la parte proporcional de pacientes, obligándote a hacer mal tu trabajo».
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) lleva tres años ofreciendo contratos de 75% de jornada a todo el personal. Ahora, con las elecciones a la vista, el SAS anuncia que va a acabar con esta modalidad. Pero Laura, matrona, nos cuenta que están ofreciendo contratos al 33% de jornada a tres compañeras para el mismo puesto.
«Cuesta más caro al sistema, pero engaña a las encuestas diciendo que hay más gente trabajando», denuncia.
Los recortes también se han notado en educación. El aumento de las horas lectivas de los docentes ha provocado que éstos tengan «menos dedicación por alumno y menos tiempo de atención a la diversidad«, como comenta Javier, profesor de música. La protesta más visible en estos últimos años, con acampadas y encierros en colegios, ha sido la de los 4.502 profesores interinos despedidos por la Junta. Para Juan Antonio, uno de los profesores interinos, «la reivindicación que subyace en toda la trayectoria del colectivo es la defensa de lo público ante los ataques del capital».
Ante las elecciones andaluzas del 22 de marzo, Juan Antonio se muestra optimista, «los partidos políticos son más receptivos, están más abiertos a aceptar propuestas«. Desde la Marea Verde están preparando un «plan de estabilidad» destinado al personal interino. Desde el sector sanitario y el educativo, Sebastián y Javier coinciden en una petición al Parlamento y Gobierno autonómico que se forme esta primavera. Que se olviden de estructuras de partido y pongan en las consejerías a alguien «con vocación, con trayectoria y reconocimiento científico y no político».
Mujeres y trans
Las luchas feministas continúan
Las diferentes instancias gubernamentales «han reducido los presupuestos en violencia de género», afirman desde el colectivo de Mujeres Supervivientes de Violencias de Género, y han hecho poco frente a la negación «del derecho al aborto por parte del Partido Popular». Para este colectivo de mujeres, uno de los mayores ataques de la Junta de Andalucía es el desmantelamiento de la red de Puntos de Información para Mujeres, que realizan una atención primaria en situaciones de maltrato, además de una gran labor de empoderamiento social para las mujeres. Según el Centro de Estudios Andaluces, el 19% de las personas mayores de 65 años en la comunidad está en situación de gran discapacidad, muy por encima de la media del resto de comunidades. Lejos de afrontar este problema, para Mercedes Figueroa, activista del colectivo Setas Feministas, de Sevilla, «están dejando morir la Ley de Dependencia, causando una desprotección total de las personas dependientes y sus cuidadoras». Además, insisten en «un régimen injusto de cuidados de las mujeres migrantes empleadas del hogar, el eslabón más débil de una cadena global de cuidados».
Uno de los puntos positivos del último Gobierno, según Deny Rodríguez, activista transfeminista y trabajador sexual, ha sido la Ley Integral de Identidad Trans, que ha supuesto un gran paso para la autonomía de las personas trans y sobre todo para apoyarlas cuando son pequeñas en los colegios». De cualquier modo, según Deny, a la ley le falta «ponerse a funcionar bien, además de incidir en el tema laboral de las personas trans, donde todavía perviven muchos prejuicios. Tanto Deny como Mercedes también recuerdan la necesidad de controlar las campañas de igualdad de algunos consistorios, como el de la capital hispalense, que redundan en los estereotipos, incluso en la islamofobia. En el caso de la prostitución, Deny señala la necesidad de que «los ayuntamientos dejen de multar a la clientela, pues al final la multa la pagamos nosotras».
Migración
Por una Andalucía sin fronteras
El 6 de febrero, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) presentó el informe Balance migratorio Frontera Sur 2014. Se cumplía un año de la muerte de 15 personas cuando intentaban entrar en Ceuta por la zona del Tarajal. «Quedan pocas dudas de que al menos una parte sustantiva de la responsabilidad de aquellas muertes radica en la acción de la Guardia Civil y menos dudas aún de los intentos del Gobierno español para ocultar y manipular lo ocurrido», señala la organización. «Se completa un año de impunidad e injusticia» en el que se recogen 131 casos de personas muertas o desaparecidas cuando accedían a la frontera, una cifra «con casi total certeza inferior a la realidad». Justo al día siguiente, una marcha convocada por 13 colectivos culminó en la playa del Tarajal para exigir un cambio en las políticas migratorias: «No queremos vallas que cortan, no queremos que se le pague a Marruecos por hacer el trabajo sucio, no queremos recibir a quienes buscan una oportunidad en la vida con pelotas de goma».
A finales de enero, el Tribunal Supremo, a raíz de la demanda presentada por Andalucía Acoge, SOS Racismo y la APDHA, anulaba varios artículos del reglamento de funcionamiento interno de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), entre ellos, el que permitía registros personales incluso con desnudo integral. Esta sentencia es un primer paso para éstas y otras organizaciones que defienden la desaparición de estos centros. El Movimiento por la Democracia de Málaga demanda al Gobierno autonómico que apruebe la declaración «Andalucía sin fronteras», que incluye, entre otras medidas, «la oposición a la construcción de CIE dentro de su territorio» y el cierre de los ya existentes, ocho en todo el Estado, incluyendo el CIE Algeciras-Tarifa en Andalucía.
Este colectivo también solicita a la Junta que finalice con «cualquier tipo de abuso o extralimitación institucional que atente contra la integridad física o moral de las personas inmigrantes, incluidas las redadas, solicitudes de documentación o detenciones arbitrarias».
Mundo rural
Romper con la élite agraria
Entre olvidos electorales y promesas rotas, el sector agrario se reparte entre familias poderosas, tradicionales latifundistas y, de forma creciente, corporaciones alimentarias que también controlan la distribución. Entre las 16 comarcas españolas con mayor presencia de sociedades mercantiles dueñas de tierras agrícolas, 10 se encuentran en Andalucía. La privatización de la tierra es una herida cada vez más profunda. En 2010, la concentración de la tierra era diez puntos mayor que en la segunda mitad del siglo XX: el 2% de los propietarios poseen el 50% de la tierra. Según denuncia el estudio Luchas populares frente a la concentración y el acaparamiento de tierras en Europa (2013), la Política Agrícola Común (PAC) «ha promovido esta concentración de tierra y riqueza». Entre sus beneficiarios, apellidos como Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, Osborne o Borbón, y empresas como Mercadona, LIDL o Carrefour.
Félix Talego, doctor en Antropología Social, considera que la PAC responde a los intereses de «las transnacionales del sector, representadas por eficaces lobbies», que pretenden convertir la UE «en un mercado unificado y centralizado, a escala de las grandes empresas comercializadoras y transformadoras», y el campo andaluz en «una extensión cercana al monocultivo de unos pocos productos, con un alto costo en biodiversidad, sostenibilidad y soberanía alimentaria». El desempleo en el medio rural supera el 40%, apenas paliado por un PER en retroceso. Diego Cañamero, portavoz nacional del SAT, insiste: «No queremos PER ni subsidios. Las manos de un trabajador tienen que servir para crear riqueza y no para pedir limosna«.
Según Talego, el PER ha fomentado «la realidad cotidiana de la corruptela, el favor y la deuda con los jerarcas» del PSOE. En noviembre de 2014, organizaciones como CNT o SAT, agrupadas en la Marcha de la Dignidad, volvieron a exigir una demanda histórica: la reforma agraria.
Anarquismo
¿Y el movimiento libertario?
Las últimas elecciones autonómicas fueron las segundas con mayor abstención (37,77%). Resulta difícil identificar qué porcentaje corresponde al «movimiento libertario». Francisco Domínguez, vinculado al 15M Vivienda Sevilla, cree que el grueso de la abstención no responde «a una reflexión política, sino al hartazgo de una población que se considera traicionada por los políticos, pero que no por ello piensa que sea un problema del sistema». Los datos del Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (2015) parecen confirmarlo. El 67,3% se muestra poco o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia. Ninguna institución pública, excepto las universidades andaluzas, aprueban en confianza generada. Entre las peor valoradas, el Gobierno y el Parlamento.
Aunque coincide en el «hastío» como detonante, Ana Jiménez, integrante del consejo de redacción de El Topo Tabernario, también defiende «una mayor, aunque aún insuficiente, legitimación de los procederes y principios libertarios, aunque no se les llame directamente así». Tras el 15M, que trajo de la mano numerosas experiencias de autogestión, Domínguez señala que «la frustración de años de lucha sin conseguir casi nada ha generado que el descontento de miles de personas se deslice hacia las nuevas opciones políticas. Ese caldo de cultivo que el movimiento libertario podría haber aprovechado para expandir sus ideas y prácticas ha desaparecido«.
«Se debe seguir favoreciendo procesos donde se desarrolle una labor didáctica basada en la práctica para la transmisión de las formas asamblearias y la creación colectiva del conocimiento y la autogestión», afirma Jiménez. Para Domínguez, «de nada sirve mantenerse en la colina atrincherado con tus verdades si éstas no sirven para cambiar la realidad de la gente. El movimiento libertario debe bajar a la calle».
Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/panorama/25757-movimientos-andalucia-elecciones-22-marzo.html