El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció hace unos días un plan extraordinario de colaboración público privada por el que se invertirán 5.000 millones de euros en carreteras, la recuperación de un sector con el que el ejecutivo quiere crear puestos de trabajo. La noticia nos pasó inadvertida o, si nos fijamos, recibimos el mismo […]
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció hace unos días un plan extraordinario de colaboración público privada por el que se invertirán 5.000 millones de euros en carreteras, la recuperación de un sector con el que el ejecutivo quiere crear puestos de trabajo. La noticia nos pasó inadvertida o, si nos fijamos, recibimos el mismo mensaje repetitivo al que estábamos acostumbrados antes de la crisis del 2008: hormigón es igual a trabajo, hormigón es igual a crecimiento. Quién podía cuestionar eso? Ahora, después de años de crisis, podemos cuestionarlo. Y nos preguntamos si realmente necesitamos 5.000 millones de euros en carreteras, y si esa actividad no va a beneficiar, única y exclusivamente a las constructoras.
El fotoperiodista Marc Femenia nos invita a hacer memoria y nos sitúa en el año 2006. Después de diez años viviendo en Estocolmo, donde él se había desplazado para finalizar sus estudios de ingeniería industrial con una beca Erasmus, empezaba a asumir que su estancia en Suecia no era tan temporal como pretendía. Las perspectivas de vuelta se habían evaporado ante la falta de futuro. En otoño del 2012, aprovechando que su compañera iba a un congreso en Barcelona, la acompañó pensando que podría aprovechar esa semana para hacer un reportaje que empezó llamando «los sitios de la crisis «. «Algo me había llamado la atención: dos aeropuertos vacíos y un AVE sin casi pasajeros. Me parecía un escándalo. Especialmente escuchando la retórica de apretarse el cinturón y los descomunales recortes sociales que se estaban implementando», recuerda Femenia.
De ese primer reportaje, salió una obsesión y acabó recorriendo 12.000 km del territorio español para dejar testimonio fotográfico de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia de España. U na estafa que dejó decenas de miles de desarrollos urbanísticos paralizados a raíz de la explosión de la burbuja inmobiliaria y múltiples infraestructuras sin sentido -líneas de tren de alta velocidad, autopistas, aeropuertos, tranvías, polígonos industriales, parques empresariales, hospitales, desalinizadoras, recintos feriales y palacios de congresos…-, un largo etcétera. Este texto que sigue es un pequeño avance de la introducción que Marc Femenia ha preparado para el libro España: error de sistema , del cual estamos finalizando la campaña de financiación popular:
El «nuevo milagro español»
En 2006, en el zénit del boom de la construcción, se construyeron en España más viviendas que en Alemania, Francia y Gran Bretaña juntas. España tenía la red de autopistas más larga de Europa, muchos más aeropuertos comerciales que Alemania y la segunda red ferroviaria de alta velocidad más larga del mundo. El mundo asistía asombrado al «milagro español». Pero no era un milagro, era un espejismo.
Cuando en 2007 España se dio de bruces con la realidad, su paisaje había quedado mancillado por una plaga de infraestructuras desiertas. Aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches, hospitales sin camas… Por no hablar de los millones de viviendas vacías a las que nadie se quería mudar. La pregunta es: ¿Cómo se financió esta locura? La respuesta, corta: con un enorme endeudamiento que pagarán las generaciones venideras. Para entender la respuesta larga hay que rebobinar un poco.
A mediados de los ochenta, España era un país socialmente crispado. La reconversión industrial y la efectivización del sector agrario habían disparado el desempleo, y el joven Gobierno socialista no lograba dar con la tecla para estabilizar la economía. Para dinamizar el mercado de la vivienda y con la voluntad explícita de «impulsar el sector de la construcción», entró en vigor en 1985 el Decreto Boyer. Parecía una jugada maestra: absorber la mano de obra redundante para renovar un obsoleto parque de viviendas y modernizar una paupérrima red de infraestructuras. Podría haber sido el primer paso de una profunda reforma estructural que colocara la economía española al nivel de la Europa avanzada. Lástima que en lugar de tener el valor de apostar por un profundo cambio de rumbo hacia un nuevo modelo económico más productivo y diversificado, todos y cada uno de los Gobiernos desde entonces no se han atrevido a ir más allá de la superficie. Se ha hecho de la construcción el fin y no el medio, desarrollando una política cada vez más populista y cortoplacista. Una miopía política que tendrá consecuencias durante muchas generaciones.
En el libro El Honor de Dios, de Lidia Falcón, la autora se sitúa en la transición española, unos años atrás, para recordar el pacto secreto y múltiple que el partido socialista travó con diferentes actores para definir España como un nuevo destino turístico para las clases medias europeas a condición de desmontar la producción agraria y la industria del metal. Así, se eliminaba la competencia para la industria alemana y para los agricultores y ganadería francesa, minimizando a su vez, el papel de la clase obrera española. La burbuja inmobiliaria y financiera que vendría después sería la consecuencia de dicha priorización económica.
A mediados de los 90, España ya había pasado por un ciclo de boom inmobiliario con su posterior recesión, una advertencia que el Gobierno decidió ignorar. La política de fomento de la construcción continuó con medidas como permitir el cambio de interés fijo a variable en las hipotecas, incentivos fiscales para la compra de vivienda o la penalización fiscal del alquiler. Pero lo que realmente marcaría la diferencia fue la liberalización que implicaba la Ley del Suelo de 1998. Esta ley convirtió cualquier terreno no protegido en urbanizable, dejando además todo el poder de decisión en manos de los alcaldes.
Durante la segunda mitad de los 90, los tipos de interés bajaron sensiblemente. Las hipotecas se abarataron y el crédito empezó a fluir. Los promotores podían construir, y las familias, comprar. Además, la llegada del euro (con la obligación de cambiar las pesetas en circulación) hizo aflorar una gran cantidad de dinero negro, que en buena medida se blanqueó en el sector de la construcción. Algunos analistas incluso vaticinaron el fin del segundo auge inmobiliario después de la entrada en el euro. No podían imaginar que, con la moneda única, los tipos de interés bajarían todavía más, hasta niveles nunca vistos. La banca nadaba en dinero y concedía créditos indiscriminadamente sin preocuparse por el riesgo. En aquellos momentos, el mercado interbancario europeo parecía no tener fondo. La fiesta siguió hasta que en 2007, de pronto, se cerró el grifo. Para entonces, la deuda privada española se había multiplicado por seis. Todo estaba preparado para la tormenta perfecta que acabaría asolando el país.
Durante el mismo periodo, curiosamente, la deuda pública española se mantuvo prácticamente constante, cumpliendo los criterios europeos de convergencia. Entonces, ¿cómo se financiaron las colosales inversiones en infraestructuras que se llevaron a cabo durante estos años dorados? Fácil: con el dinero contante y sonante de los impuestos generados por el auge inmobiliario (IVA, IBI, ICIO, IAE… y muchas otras siglas más). Así pues, en vez de aprovechar esta apetitosa inyección de dinero para invertir en un nuevo futuro, el país siguió con el «camarero, champán y más de lo mismo».
En el inicio del proyecto de Marc Femenia, lo dividió en dos partes: el despilfarro en obra pública y los restos de la burbuja inmobiliaria. Entonces, estaba convencido de que eran dos fenómenos paralelos, pero independientes. Sin embargo, a medida que fue aumentando su comprensión del contexto político y económico de la España de la burbuja, se dio cuenta de que estaban tan entrelazados que no eran sino diferentes síntomas del mismo problema: la incapacidad de la clase política para afrontar y resolver las necesidades de la economía española. Una incapacidad debida, en el mejor de los casos, a ineptitud e incompetencia. En el peor, a oscuros intereses particulares y corrupción. Esto se refleja perfectamente en la gestión de las cajas de ahorros durante la época del boom y la posterior crisis inmobiliaria.
Históricamente, las cajas eran entidades de ámbito local o regional con fines principalmente sociales. Pero sucesivas reformas legislativas al principio de la democracia las transformaron, de facto, en bancos territoriales. A los ojos de los ciudadanos no había gran diferencia entre la banca comercial y las cajas de ahorros, pero debajo del capó las diferencias eran importantes. De un lado, las cajas no podían emitir acciones para ampliar capital. Pero más determinante para explicar lo que acabaría pasando era que sus consejos directivos no estaban formados por profesionales de las finanzas. Eran personas designadas por las administraciones públicas (léase partidos políticos) y otras organizaciones (como sindicatos o, incluso, organizaciones eclesiásticas). Así, las cajas se acabaron convirtiendo en los bancos particulares de las administraciones de turno, con una gestión más ceñida a criterios políticos que a criterios de rentabilidad o beneficio social. Fueron este control político, la consiguiente falta de profesionalidad en la gestión y una buena ración de malas praxis y corrupción, lo que llevaría a las cajas a tener un papel protagonista en la burbuja inmobiliaria. Esto, y el hecho de que el Banco de España no cumpliera con su labor de supervisión y mirara hacia otro lado cuando sus inspectores volvían de las cajas con los pelos de punta. Fue así como se financiaron proyectos faraónicos de prestigio político que terminaron siendo agujeros sin fondo, como el aeropuerto de Ciudad Real (Caja Castilla-La Mancha), el parque de atracciones Terra Mítica (CAM, Bancaja) o la Ciudad de la Cultura (Caixa Galicia), por nombrar solo unos pocos. Al final, el tiempo puso las cosas en su sitio, y la práctica totalidad de las cajas terminó desapareciendo. Aunque, seguramente, seguirán siendo noticia durante mucho tiempo los procesos judiciales contra sus directivas por irregularidades en la gestión. Como los ya abiertos a la CAM, Caixa Penedès o Catalunya Caixa, entre otras.
Cuando en 2007 se cerró la puerta del mercado interbancario europeo, las cajas se encontraron en un atolladero: necesitaban urgentemente liquidez, pero no podían ampliar capital. ¿Solución? Las preferentes. Entonces, las cajas decidieron estafar a cientos de miles de pequeños ahorradores para seguir financiando sus excesos del ladrillo. Los ahorros de los preferentistas fueron el primer rescate a la banca y las autoridades no hicieron nada para evitarlo.
Durante estos años, los políticos han seguido insistiendo en el bulo de que la crisis en España fue una consecuencia de la imprevisible crisis financiera internacional. Una gran mentira para escurrir el bulto y no asumir las responsabilidades de una gestión catastrófica. Pero las hemerotecas están llenas de analistas advirtiendo del peligro de una burbuja muchos años antes del crash. Incluso Miguel Ángel Fernández Ordoñez, histórico economista del PSOE, escribió en 2002 un largo artículo advirtiendo de los peligros que esperaban a la economía española si no cambiaba de rumbo. Es interesante resaltar que, cuando los socialistas tomaron el poder en 2004, se sumaron a la fiesta de la burbuja sin pensarlo dos veces. Las propuestas de Ordoñez se quedaron en el cajón, y ahí se quedaron también durante su lamentable gestión como gobernador del Banco de España a partir del 2006. Dos ejemplos que muestran perfectamente la esencia del sistema: los intereses político-electorales que prevalecen por encima de los generales del país y el control político de los cargos públicos que impide una gestión eficaz y transparente de las instituciones.
Burbuja, financiación y corrupción
El fotógrafo Marc Femenia no se limita a fotografiar no-lugares a lo largo de los 12.000 km mencionados en la Península, Mallorca y Canarias, sino que ahonda en los vínculos entre burbuja inmobiliaria, financianción pública y privada y corrupción. Dentro de la obra pública aparece el AVE, las autopistas, los aeropuertos, los tranvías y metros ligeros, los polígonos industriales y parques empresariales, los hospitales, las desaladoras, la arquitectura icónica, palacios de congresos y, como no, la violación de espacios naturales protegidos que no han sido derruídos. Cómo el mismo admite: «Cuatro años después de haber tomado estas fotografías, este proyecto no es ya tanto una denuncia sino más bien el testimonio de lo que ha sido esta época. Una recopilación de postales del paisaje yermo de la crisis. Que sirva de recordatorio para evitar volver a tomar el mismo camino al abismo, ahora que dicen que la crisis ya ha pasado.»
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