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Los poderes políticos y la pobreza en Extremadura

Fuentes: Rebelión

Una mujer sin ingresos, con un desahucio habitacional inminente, y sin futuro, nos ha visitado esta mañana. Una de las muchas personas que contactan con Campamento Dignidad.

No pasa un día en él que no se pongan de relieve las miserias que en su camino va dejando el capitalismo, y ahora, intensificadas con la pandemia. A pesar de todo los administradores del sistema capitalista quieren camuflar lo imposible. Es difícil ocultar la visibilidad de la imagen de la pobreza social que se acrecienta continua e imparablemente.

Con el paso del tiempo se desborda el caudal alimentado con las múltiples casuísticas y particularidades de la pobreza, y no ha de transcurrir mucho tiempo para que se transforme en un torrente de infortunios y penurias, pues no deja de crecer el número de personas y familias que van quedando sin futuro, con escaseces y serias necesidades para subsistir de un día para otro, que sufren la falta de empleos y enfrentadas a situaciones de desahucios.

Muchas personas se acercan a Campamento Dignidad para narrarnos las dramáticas experiencias que conforman su vida. Lo que pretenden es muy simple y sencillo. La aproximación no va más allá que la de encontrar un humilde apoyo con una orientación administrativa, o simplemente, encontrar el alivio terapéutico que proporciona la expulsión a viva voz de las secuencias más significativas de su existencia responsables de su angustia vital. No hay más. En el relato de su vida sobresalen las marcas del sufrimiento físico y sicológico que deja la violencia de género, o el acento en la incertidumbre que genera el hecho de que en pocos días serán desahuciadas y carecen de un lugar en el que alojarse.

La indignación y más que nada la rabia te abruman al ser consciente de la incapacidad individual que tenemos para “ayudar en lo posible” a estas personas derrumbadas y agobiadas, con el sello de la necesidad material más absoluta.

Cuando se busca alguna solución recurriendo a las administraciones públicas, las formalidades, las rigideces burocráticas y normativas reglamentarias actúan como pantallas, como airbags que se despliegan produciendo el desencanto y la decepción.

Todo está condicionado a la solicitud y relleno de papeles que requieren de un tiempo de espera, que después de mucha insistencia, se resuelven con pequeñas composturas que no corrigen ni mucho menos las calamidades que padecen los más pobres de la sociedad.

No nos podemos engañar. Las Instituciones tienen un carácter de clase. No tienen nada que ver con los intereses de las clases trabajadoras. Las administraciones públicas, tanto las que dependen del gobierno de la nación como de la Junta de Extremadura, están organizadas y estructuradas para prestar un buen servicio a las clases sociales privilegiadas. Los cauces de actuación que siguen nuestros políticos están totalmente planificados y ordenados por los dueños del patrimonio y de la riqueza. De este modo, quienes están al frente de las Administraciones Públicas conocen de manera clarividente el camino que tienen que seguir sin desviarse un ápice del curso marcado por los intereses económicos y sociales de aquellos.

En esta lógica se encuadra el plan de ajuste que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura para ir reduciendo el número de personas a las que alcanza la Renta Extremeña de Inserción. El objetivo es la disminución brutal de los presupuestos destinados a las clases sociales más desfavorecidas económicamente.

De este modo, no hay respiro para los desheredados de la sociedad que siguen afianzados en un lugar marginal en los planes de gobierno para los que se reserva un pequeño presupuesto con los que concederá algunas migajas que posteriormente se venderán y publicitarán como grandes episodios programáticos nacidos de la excelente bondad y gracias a la enorme magnanimidad de nuestros gobernantes.

No obstante, en esta ocasión, el derrumbe económico de la Junta según parece es mayor de lo esperado y deja pocas posibilidades a la voluntad paternalista que se ve obligada a negar hasta lo más esencial que pudiera aliviar ligeramente la cruda realidad en la que viven los marginados. No es comprensible que organismos públicos, regionales, provinciales o ayuntamientos con presupuestos de millones o de cientos de millones, no dispongan de espacios públicos para dar cobijo a quienes viven en la calle y en la más absoluta pobreza.

Mientras se discute en los parlamentos, se negocian grandes acuerdos, se entablan y se anhelan diálogos con las élites de la sociedad, empresarios, sindicatos y personas económicamente importantes, nuestros representantes institucionales no encuentran un espacio público para que se alojen y se resguarden de la intemperie nocturna los pobres, los indigentes, los desahuciados o los sin techo.

Nuestros gobernantes no pueden olvidar que en Extremadura hay un grupo de personas que deambulan y duermen en los bancos de las plazas y parques, que coexisten y conviven con la extrema pobreza. No se puede ser tan inconsciente como para entender que la mejor solución que se les puede ofrecer es un billete para el autobús o tren para reconducirlos a otra localidad; quizás lo que prefieran estos señoritos del poder es vender la imagen de una ciudad limpia e impoluta, sin pobres, sin las manchas nacidas de las miserias, para que no oscurezcan ni nublen la vista de una ciudad elegante y distinguida.

Ante este orden de cosas, no podemos perder ni un minuto, se multiplica la urgencia para que las personas más conscientes se organicen y movilicen para acumular las fuerzas necesarias que desactiven y cambien el rumbo de las políticas sociales y económicas que pesan sobre la sociedad extremeña. Para ello, es una prioridad la unidad y la coordinación de todos los movimientos que trabajan con los sectores sociales que con más intensidad están sufriendo estas calamidades.

Por último, señalar que la violencia tiene otras caras como la que estamos viendo en Madrid. Desde Extremadura muchas personas queremos mostrar nuestra total solidaridad con el Pueblo de Vallecas golpeado por la Policía Nacional dependiente del Gobierno de España en alianza con el gobierno de Madrid. No podemos cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo en el barrio de Vallecas en Madrid. El pueblo madrileño de Vallecas está sufriendo una represión violenta para acallar la libertad de expresión ante unas medidas que castigan a la clase trabajadora. La solución a la pandemia no se alcanza enviando fuerzas del orden a golpear a un pueblo que pide soluciones y no medidas represivas.

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