Traducido para Rebelión por Juan Antonio Julián
En su mensaje del 20 de mayo pasado a los cubanos, nuestro presidente, George W. Bush, no hizo ninguna referencia específica a que se estén estudiando nuevas medidas que puedan conducir a una «transición a la democracia» (término en clave que significa capitalismo salvaje), política oficial legalmente establecida en relación con Cuba. En el Congreso, se han acumulado durante diez años leyes destinadas a acabar con el bloqueo estadounidense de Cuba, o por lo menos algunas partes de éste, con frecuentes mayorías sustanciales tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado a favor de dichas leyes. Asimismo, cada año el Gobierno debe solicitar financiación para su puesta en práctica. En los pasados tres años, ambas cámaras se han negado a facilitar fondos para hacer cumplir las inconstitucionales restricciones de viaje a Cuba (por lo que no hay jueces que puedan controlar si se violan) y otros aspectos del bloqueo. La única vez que se pudo proceder a la votación de este asunto, en el otoño del año electoral 2000, la presión popular forzó a los líderes de los partidos a permitir la aprobación de una ley que autorizaba la venta de medicinas y alimentos a Cuba. Dicha ley fue aprobada por un margen sustancial de votos en ambas cámaras, aunque luego sufrió amputaciones radicales por los líderes de los partidos reunidos en conferencia (en la que participaron miembros opuestos a la ley). Se negó la financiación destinada a medicinas y alimentos, y, como colofón, se dio rango legal a las restricciones de viajes, que hasta entonces eran únicamente disposiciones administrativas, aun cuando no formaban parte de la ley aprobada. El Representante Mark Sanford (republicano, Carolina del Sur) afirmó que los líderes habían «actuado vergonzosamente», y el Senador Max Baucus (demócrata, Montana) calificó la maniobra de «travestismo democrático».
Nuestra Constitución establece que la responsabilidad en materia de Relaciones Exteriores corresponde al poder ejecutivo y no al legislativo. La razones son evidentes: las relaciones con otras naciones no son asuntos legislativos y no es atribución del Congreso ocuparse de dichos asuntos. La política exterior debe ser flexible y estar sujeta a cambios justificados dentro de límites de tiempo razonables, cambios basados en el buen hacer de funcionarios que estén en contacto con lo que sucede en otras naciones y que tengan un buen conocimiento de éstas. Hace un siglo, cuando todavía era una institución relativamente funcional, nuestro Congreso no habría ni siquiera pensado en entrar a discutir los detalles de nuestras relaciones con otro país. Este asunto corresponde totalmente a nuestro Departamento de Estado.
En sus intentos de derrocar el régimen cubano, nuestras burocracias ejecutivas, como por ejemplo el NED, la CIA, el Departamento de Estado (incluida la AID) y otras, están aplicando simplemente las leyes dedicadas a Cuba aprobadas por el Congreso en la década de 1990, como por ejemplo las leyes Toricelli y Helms- Burton. El principal acontecimiento político que ha afectado la política de los Estados Unidos hacia Cuba en los últimos veinte años ha sido el traspaso de la responsabilidad de dicha política de nuestro Departamento de Estado a nuestro Congreso. Es la única vez en la historia de los Estados Unidos que ha sucedido una cosa así; normalmente, nuestra burocracia ejecutiva hace todo lo posible por mantener sus áreas de influencia.
Los factores principales que mueven a nuestros congresistas son personales: mantener sus escaños, que les proporcionan riqueza y poder. Por consiguiente, responden en primer lugar ante las empresas y otros lobbies poderosos que financian sus campañas. Nuestro Congreso funciona lentamente, si es que funciona; tarda años en resolver la mayor parte de los asuntos, y muchos de ellos no se resuelven nunca. Qué es lo que se discute y cuándo lo determina un puñado de poderosos denominados «líderes partidarios». Los escaños se convierten en lugares seguros cuando se evitan las posiciones públicas en temas controvertidos. La mayor parte de sus ocupantes resultan elegidos en comicios escasamente disputados, en los que participa entre el 35 y el 40% del electorado inscrito. A fuerza de servir en primer lugar a sus intereses privados, por encima de los públicos, nuestro Congreso ha dejado de ser democrático y se ha hecho oligárquico. Es evidente para todo el mundo, incluyendo el Gobierno cubano, que el bloqueo de Cuba nunca será tratado de manera justa en el Congreso; por consiguiente, todo cambio dentro de la actual sistema político de los Estados Unidos es imposible.
La clave de nuestra actual política hacia Cuba está en la respuesta que nuestro presidente dio hace un par de años a la pregunta de por qué su política cubana difiere de una manera tan radical de su política hacia China. Dijo que ello es debido a que en China existe una potente «clase empresarial». En otras palabras, antes de que cambiemos nada, tiene que haber una sociedad de clases en Cuba, basada en la riqueza y el poder de las grandes empresas y conducida por élites que dirijan sus asuntos a través de los medios de comunicación y los políticos, como en los Estados Unidos. Por esta razón, el ex secretario del Estado William Rogers afirma que debemos confiar en los «exilados» de Miami para que regresen a Cuba a enseñar a los cubanos cómo convertirse en buenos capitalistas. Por esta razón se celebran seminarios en el sur de Florida destinados a empresarios cubanos, a fin de ayudarlos a gestionar los asuntos cubanos sin cometer los errores de Europa oriental. Por esta razón, la AID, la CIA, el NED y otras agencias gubernamentales han encaminado dinero y medios a los grupos cubano-americanos «para la liberación de Cuba», a la vez que los encaminaban también a los «disidentes» cubanos (término en clave que significa mercenarios contrarrevolucionarios) tanto directamente como a través de nuestra Sección de Intereses en La Habana. Por esta razón no solo los emigrados cubanos de la línea dura, sino también los miembros de nuestra Administración y nuestro gobernador de Florida, hablan ya abiertamente de un cambio de régimen.
Los exilados partidarios de la línea dura harán todo lo que esté en su mano para desestabilizar y derrocar el gobierno popular de Cuba, pero les falta poder nacional. El auténtico poder que respalda las actuales políticas está en manos de los poderosos de Wall Street y Washington. Lo que podemos observar en la actualidad es que la comunidad cubano- americana está siendo presentada, falsamente, como la responsable de una política impopular. Por ejemplo, cuando el líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, Dick Armey, se retiró el año pasado le preguntaron cuál había sido su fracaso en el poder, a lo que respondió que había sido el apoyo al bloqueo de Cuba, al que había intentado poner fin pero que no pudo someter a votación debido a su amistad con los dos congresistas cubano-americanos de Florida. Según recientes encuestas, la mayor parte de los cubano-americanos desea la terminación del bloqueo.
El gobierno cubano parece ser el único en el mundo que hace frente públicamente al intento norteamericano de crear un imperio comercial mundial basado en su ideología neoliberal. Si bien muchos gobiernos del Tercer Mundo aparentemente están de acuerdo con esta posición, no parecen dispuestos a poner en peligro las inversiones en sus países. Cuba no es particularmente rica en recursos naturales, pero tiene 12 millones de potenciales consumidores de nuestros productos, y la supervivencia de su revolución representa un peligro, desde el punto de vista ideológico, para la oligarquía comercial mundial basada en la hegemonía norteamericana. Aquellos de nosotros que deseamos una democracia auténtica no deberíamos alegrarnos de la falta de detalle en los comentarios que hizo el 20 de mayo nuestro presidente. De hecho, el futuro de la revolución cubana parece más sombrío que nunca, a la luz de la intensa campaña propagandística estadounidense actual, similar a la que comenzó el pasado mes de agosto en relación con Irak. Mientras la revolución cubana sobreviva, habrá esperanza de una democracia aquí y en todo el mundo. En este sentido, parece una premonición la afirmación de José Martí, hace más de 100 años, de que «Cuba, al salvarse, salva».
3 de junio de 2003
Tom Crumpacker es miembro de la Miami Coalition to End the US Embargo of Cuba. Se le puede contactar en: crump8 @aol. com