Ya desde los primeros gobiernos del PSOE y del PP se han venido produciendo continuos ataques al mal llamado «estado del bienestar», siendo sus principales víctimas los servicios públicos: Educación, Sanidad, Servicios Sociales, etc. El caso de la Sanidad Pública, es uno de los más preocupantes en cuanto a su propia filosofía (pública, universal, gratuita…). […]
Ya desde los primeros gobiernos del PSOE y del PP se han venido produciendo continuos ataques al mal llamado «estado del bienestar», siendo sus principales víctimas los servicios públicos: Educación, Sanidad, Servicios Sociales, etc.
El caso de la Sanidad Pública, es uno de los más preocupantes en cuanto a su propia filosofía (pública, universal, gratuita…). La supresión, privatización o concertación de servicios es la tónica general en todas las Comunidades del Estado en las últimas décadas, en detrimento de la gestión pública y de la adecuada atención sanitaria al ciudadano (usuarios que define la Administración, homónimo de consumidor).
La hegemonía socialista en Andalucía ha fomentado un conflicto en el Servicio Andaluz de Salud del que es incapaz de salir ni dar una solución adecuada, tras bastante más de una década sin Ofertas Públicas (en adelante OPE). Casi quince años creando precariedad laboral con insultantes contratos, interinidades eternas, falta de estabilidad y traslados, han engendrado un monstruo del que se resiente la calidad asistencial y los propios trabajadores. La excesiva lentitud en el desarrollo de las OPEs crea inseguridad laboral, estrés, desánimo y deterioro del servicio, así como desinformación y desorientación a los ciudadanos. Eso es lo que en estos últimos tiempos viene ocurriendo al iniciarse el acoplamiento y toma de posesión de las plazas adjudicadas de la oferta del 2001, quedando aún por desarrollar ofertas posteriores.
Recientemente miles de facultativos de Atención Primaria han tomado posesión de sus plazas de traslados, acoplamientos interinos o comisiones de servicios, sin avisar al ciudadano que al acudir a consulta se encuentra con una persona desconocida, ya que la administración no se ha molestado en informar del cambio de su médico de cabecera, afectando aproximadamente a 250.000 personas en el caso de Córdoba. Otros, después de tanto tiempo de espera, han cambiado sus condiciones personales y no les interesa el puesto que hace años solicitaron, por lo que ahora se han visto en la obligación de cogerlo o perder la plaza. Especialmente conflictivos están siendo los centros de Colón, Lepanto, Fuensanta o Poniente donde están cambiando la mayoría de los facultativos sin que el ciudadano haya sido informado.
Añadida a esta vorágine tenemos los recortes presupuestarios, la falta de tiempo para atender adecuadamente al paciente, la escasez de facultativos, la ausencia de coberturas de bajas por enfermedad con el consiguiente reparto de cupo entre los médicos restantes, etc. lo que conlleva un agotamiento físico y psíquico del personal y un recorte en la calidad de la asistencia. Por ello en repetidas ocasiones, los facultativos recurren a la huelga para reclamar un mínimo de 10 minutos por consulta, para atender dignamente al paciente y que no signifique el comentario de «he entrado y no me ha dado tiempo ni a sentarme, cuando ya me tenía la receta hecha».
Aún a pesar de todo ello, existe un alto grado de satisfacción con la sanidad pública por parte del ciudadano, por la capacidad de escucha y explicaciones del facultativo, aunque tenga tan escaso tiempo. El Art. 10.7 del futuro Estatuto de Andalucía, pendiente de aprobación por referéndum, recoge en este sentido la mejora de la calidad de vida mediante el desarrollo de equipamientos sanitarios.
Pero además de estos problemas, está la implantación de nuevos, carísimos y nefastos programas informáticos, plagado de errores y fallos. La creación e imposición del proyecto DIRAYA supuso la inversión directa de 60 millones de euros (unos 10 mil millones de pesetas) que lejos de mejorar el funcionamiento, entorpece el desarrollo de la actividad, implicando a veces pérdida de información de las historias clínicas digitales o repetición de las mismas, problemas de citaciones, derivaciones erróneas, retrasos, etc., a la vez que puede representar un atentado a la intimidad y protección de datos, al posibilitar el acceso desde las redes informáticas a nuestras historias, con los riesgos que ello puede suponer en manos de mutuas, compañías de seguros o empresas de trabajo.
No obstante, no podemos culpar de estas deficiencias, exclusivamente al sistema, sino también a los agentes que ignoran estos ataques, empezando por sindicatos condescendientes cuando no colaboradores y ciudadanos que en su ignorancia o despreocupación permiten estos desmanes y destrucción sin hacer reclamaciones o movilizaciones, lo que a la larga supondrá un retroceso o eliminación de prestaciones.
Sin embargo, a pesar del grado de satisfacción que antes aludíamos, hay que decir que según informes independientes, los centros de salud de Córdoba son de los más deficientes del país seguidos por los de Alicante, frente a los mejor valorados como son los de Álava, hecho que circunscribiéndose a Andalucía en parte reconocía la propia revista «SAS Información» de la Consejería de Salud.
La falta de dotación de plantillas, exceso de guardias, generalmente mal retribuidas, los continuos repartos de cupos y los contratos de lunes a viernes, hacen que se produzca una auténtica emigración de profesionales sanitarios a otras Comunidades o países donde las retribuciones son al menos un 25 % más altas. En las Comunidades de Baleares, La Rioja, Murcia y Cantabria o ciudades autónomas como Ceuta y Melilla es donde mejor pagados están los facultativos y en Baleares donde mejor se retribuye a los especialistas de área.
Los fallos del SAS están en la gestión y no tanto en los servicios que prestan sus profesionales a la población. Eso es lo que la Consejería de Salud trata de ocultar y que el ciudadano debe saber y que generalmente reconoce en las encuestas de satisfacción.
Los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2007 desplazan a Córdoba al sexto lugar en inversiones sanitarias, por delante solo de Almería y Huelva.
En la sanidad andaluza, se avanza más en la creación de puestos que en recursos. Dicho coloquialmente «tenemos mas patrones que remeros». Unidades de Atención al Profesional que suponen un despilfarro de recursos, que solapan y desvirtúan las funciones sindicales y representan a órganos ineficaces más al servicio de la Administración que del profesional; Unidades de Atención al Usuario que te derivan al conocimiento y tenencia personal de tecnologías informáticas (INTERNET, citas telefónicas, etc. que suprimen y deterioran el servicio).
El pobre Acuerdo publicado en el BOJA del 18 de julio de 2006, en materia de Personal y Retribuciones firmado en Mesa Sectorial entre Sindicatos y Administración, lanzado a bombo y platillo, sigue poniendo de manifiesto las diferencias retributivas y discriminatorias existentes entre trabajadores y Comunidades. La famosa carrera profesional, que ya había sido implantada en siete comunidades antes que en Andalucía, deja fuera de acceso a categorías y profesionales, ignorando experiencia y méritos a la vez que las mejoras económicas de quienes pueden acceder son ofensivas. Dicho Acuerdo recoge que antes de final del 2006, se convocaría una nueva OPE; hecho que como era de esperar ha terminado el año sin ser convocada, o sea una nueva falacia que los sindicatos permiten.
El pasado 14 de diciembre se volvieron a celebrar Elecciones Sindicales en el SAS y de nuevo las organizaciones sindicales, al más puro estilo electoral americano, aparecieron al cabo de cuatro años por los principales centros de trabajo repartiendo sus baratijas (bolígrafos, llaveros, espejitos, impermeables, etc.) y pidiendo el voto a cambio de pobres programas. Hay que reconocer que sólo el sindicato SATSE, al que tradicionalmente se atacó de corporativo, ha venido realizando una fuerte actividad reivindicativa en medios de comunicación y centros de trabajo de forma continuada: plantillas, retribuciones, calidad, recursos, usuarios, etc. Y es el único que llegó a negarse a firmar en Mesa Sectorial el Acuerdo de 20 de Noviembre de 2002 por considerarlo negativo para los trabajadores, lo que les supuso la marginación por parte de la Mesa y que ahora les ha valido ganar las elecciones.
Esperemos que tras este proceso, donde se ha producido un cambio importante, con un ascenso notable tanto de CC.OO. como de sindicatos profesionales, salgan nuevos delegados que defiendan mejor los intereses de los trabajadores y de la Sanidad Pública en la Mesa Sectorial.
Tampoco queremos dejar pasar esta oportunidad, sin expresar una propuesta de interés social y sanitario: en estos tiempos donde una lacra importante son los malos tratos, es curioso la poca formación para la detección y denuncia que se proporciona a los profesionales sanitarios tanto en Atención Primaria como en Salud Mental, cuando desde el año 2004 se aprobó una Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esto ha hecho que organizaciones como Amnistía Internacional reclamen a los poderes públicos y a trabajadores de la salud una estrategia sanitaria estatal, que el Ministerio aprobaba el pasado 15 de diciembre, con un paquete de veinte medidas urgentes para hacer más efectivas las disposiciones de la Ley y un Plan de Sensibilización y Prevención con un presupuesto de 48 millones de euros. Comunidades como Andalucía, Cataluña o Madrid aún tienen dificultades de protocolos de actuación del personal sanitario contra las agresiones que ahora prevén elaborar. Los mecanismos adoptados por el Gobierno en esta materia, hasta ahora, vienen siendo incumplidos sistemáticamente.
Como decíamos al principio, de unos años a esta parte, los distintos gobiernos comenzaron el progresivo desmantelamiento de los servicios públicos y la Sanidad entre ellos. En pos de la palabra «público» los agentes sociales han ido admitiendo fundaciones, institutos de salud, empresas públicas (de gestión privada), etc. a cambio de precariedad laboral, contratos basura, etc. En décadas pasadas, Andalucía paró proyectos privatizadores como SURSA (Urgencias) que más tarde se constituiría de forma distinta (EPES) pero con igual modelo: atención pública pero gestión privada. ¡Craso error, que la Administración se desentienda de sus funciones sanitarias y laborales para entregárselas a la iniciativa privada!.
Por otra parte en los últimos tiempos todos los hospitales «públicos» que están previstos construir en Andalucía, se han repartido entre «clanes familiares». La Junta de Andalucía construye los edificios y dota de recursos económicos a la gestión privada para que ejecute la atención sanitaria. Los trabajadores de estas empresas que no pertenecen a la Administración, están con menos derechos y condiciones laborales a veces abusivas, inferioridad de retribuciones a las del SAS, etc.
Los Centros Hospitalarios de Alta Resolución (también llamados CHARE), se están convirtiendo en una peligrosa moda y moneda de cambio electoral. Todas las comarcas quieren tener su hospital de AR (Alta Resolución o tal vez…»altas rápidas»), reivindicando Plataformas de Defensa hasta el propio PP, algo realmente sospechoso, como ocurría recientemente en Palma del Río (Córdoba). La atención en ocasiones deja mucho que desear con ingresos cortísimos que rara vez sobrepasan los dos o tres días (así recortan gastos de internamiento), siendo derivados rápidamente a sus Centros de Salud de Primaria u Hospitales de referencia, si la gravedad lo requiere. El número de camas es siempre excesivamente reducido (tampoco se cubren). En sus actos de inauguración, presumen de cantidad de consultas de especialistas que luego no tienen. Salud Mental por ejemplo: los psiquiatras de los Equipos de Salud Mental (9 equipos en la provincia de Córdoba) pertenecen en su totalidad a los Hospitales de Reina Sofía en Córdoba, Infanta Margarita en Cabra y Valle de los Pedroches en Pozoblanco.
El Hospital de Puente Genil, inaugurado el pasado mes de octubre, perteneciente a la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén), abría sus consultas con solo 7 médicos, 130 profesionales de distintas categorías y 14 habitaciones para atender una población de 43.400 habitantes de la provincia de Córdoba y Sevilla (Puente-Genil, Herrera, Badolatosa y Casariche), frente a los mas de 1000 profesionales, 18 municipios y casi 190.000 habitantes que atiende el Hospital Comarcal de Cabra por ejemplo. Tanto este hospital como el de Montilla, inaugurado en febrero de 2004 o los que en un futuro próximo se pretenden construir (Peñarroya, Palma, Lucena, etc.) pertenecen a la citada empresa y suponen un elevado costo a la Junta de Andalucía en su construcción y equipamiento, para ser gestionados posteriormente por manos privadas. El último construido (Puente Genil) ha supuesto más de 18 millones de euros. Con este presupuesto, por hacer sugerencias, podrían realizarse grandes mejoras en los centros de Atención Primaria, cubriendo excelentemente las necesidades médicas de la población, así como las consultas de cirugía menor ambulatoria y los servicios de urgencias.
Es necesario recordar que el ciudadano tiene derecho legalmente a la libre elección de facultativo u hospital donde desea consultar, por lo que siempre puede elegir ser atendido en uno de gestión pública y donde su confianza sea plena. También en este sentido hay que hacer mención al Art. 22 del proyecto de Estatuto de Andalucía, sobre derechos en materia de Salud.
Mención especial merecen las supresiones y recortes de prestaciones sanitarias y sociales en farmacología, otorrino, oftalmológicas o salud bucodental, así como la implantación de visados para productos de uso crónico de paciente, hechos que frecuentemente sólo ocurren en Andalucía.
Los conflictos generados por los elevados costes de medicamentos, hacen que la presión sobre los facultativos sea un arma peligrosa a la hora de prescribir. La solución de recetar fármacos genéricos, a veces supone mayor gasto, dado que al principio activo, por ley le permiten cierta reducción en su fórmula molecular y los resultados no son los deseados al ser inferior la cantidad del producto.
Por otra parte la industria farmacéutica privada justifica los precios de sus productos a las inversiones que realizan en investigación. De aquí al año 2012, el 21 % de su cuota de mercado en facturación se verá afectada al finalizar el período de patentes y podrán ser elaborados como genéricos, o sea unos quince principios activos en los que se dedicó dinero y años de investigación. Sería imprescindible que el Estado invirtiera y primara la investigación y los productos genéricos fuesen exactamente iguales a las marcas comerciales. Además el Sistema Público debe financiar sólo aquellos fármacos que hayan sido seleccionados en función de las mejoras terapéuticas que ofrecen y hayan demostrado. La modificación de la nueva Ley del Medicamento, introduce la novedad de prescribir por principio activo, lo que fomenta que el farmacéutico pueda libremente intercambiar unos genéricos por otros, en detrimento de la decisión facultativa. Además en ocasiones se producen desabastecimientos de ciertos fármacos, debido a que los almacenes y distribuidoras revenden estos productos a terceros países donde su precio es aún mayor. Y de nuevo es necesario recordar el proyecto del Estatuto que hace mención en el Art. 55 a las competencias en materia de farmacia, sanidad o salud mental.
Por último, reconocer que los resultados de nuestros hospitales cordobeses (Reina Sofía, Infanta Margarita o Valle de los Pedroches) a pesar de los lógicos errores humanos o de la Administración, siguen siendo de élite en la Sanidad Pública: El de Cabra, celebrará próximamente su 25 aniversario, destacando la labor asistencial y docente efectuada, incorporando avances e investigaciones que mejoran la calidad del enfermo. Se están llevando a cabo reformas y mejoras arquitectónicas, estructurales y sanitarias: está en proyecto la creación de una Unidad de Internamiento en Salud Mental, mejoras en las Áreas de Materno-Infantil y Urgencias, etc. El Hospital de Pozoblanco igualmente avanza en la divulgación de trabajos científicos investigación, así como propuestas pioneras como la construcción de la primera guardería sociolaboral de Andalucía por parte del SAS, para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y ciudadanos del propio municipio y así contribuir al desarrollo social de la zona.
Y que decir de Reina Sofía, que a pesar de sus contradicciones y de la falta de recursos o profesionales sigue a la vanguardia de la sanidad de este país. También, en continuas mejoras, tiene previsto en su política de ampliación dotar de habitaciones para familiares de niños ingresados con escasos recursos económicos en el Materno-Infantil, donde puedan descansar, así como UCI pediátrica y paritorios con salas de espera más cómodas para familiares, o la construcción de la que será la futura Unidad de Internamientos Psiquiátricos en sustitución de la que actualmente funciona en el Hospital Provincial. Los continuos avances e investigaciones siguen haciendo a este hospital puntero en la sanidad española y cordobesa.
Por todo ello es necesario demandar el aumento de presupuestos, seguir exigiendo el correcto funcionamiento y desarrollo de la Sanidad y su gestión totalmente públicas, dotándola de los recursos necesarios para la mejora siempre bajo el control de la Administración, los agentes sociales y los ciudadanos.