– Declaraciones de la abogada Fatma El Galia Mohamed Fadel, Secretaria de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APRASE) sobre la Proposición de Ley que contempla la nacionalidad española para los saharauis por carta de naturaleza.
– Los saharauis nacidos antes de 1976 tienen derecho a la nacionalidad de origen. España no hizo distinción en el Sáhara Occidental entre la población autóctona y los hijos de los militares que nacieron en el territorio: todos tenían partida de nacimiento en un registro civil español, libro de familia y DNI.
– Durante muchos años los jueces han aplicado la nacionalidad española de origen a los saharauis, pero ahora la jurisprudencia del Tribunal Supremo es contraria y está recurrida ante el Tribual Europeo de Derechos Humanos.
La ciudadanía española por “carta de naturaleza” que prevé para los saharauis la Proposición de Ley aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados es una norma negativa para la población saharaui al no contemplar que es española de origen.
La abogada Fatma El Galia Mohamed Fadel, Secretaria de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APRASE), considera que la nacionalidad por carta de naturaleza, como se hizo con los sefardíes, no deja de ser una “gracia” que se concede que se puede retirar en cualquier momento, y afirma que “no ha sido solicitada, ni siquiera de manera formal, por los saharauis”.
El pasado 14 de febrero, el pleno del Congreso aprobó una Proposición de Ley de Unidas Podemos que contempla conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis nacidos antes de 1976 y sus descendientes en primera línea de consanguinidad, propuesta que contó con la aprobación de todos los partidos, menos el PSOE, que votó en contra, y VOX, que se abstuvo.
Fatma El Galia Mohamed Fadel, en declaraciones a Contramutis, afirma que los saharauis tienen derecho a la nacionalidad: “Somos españoles de origen y se nos tiene que reconocer como tales, no somos españoles de segunda”.
Explica que España “en ningún momento hizo una distinción en el Sáhara Occidental entre la población autóctona y los españoles que nacieron en el territorio, como los hijos de los militares, a los que se documentaba e inscribía en los registro civiles, lo mismo que hacía con los saharauis; no había ninguna distinción”.
“Si España –insiste– da un reconocimiento total y absoluto a la documentación que impuso a los saharauis, porque no había otra nacionalidad, estamos ante una nacionalidad de origen: tenían una partida de nacimiento en un registro civil español, un libro de familia, un DNI (documento nacional de identidad), y la única distinción que había era que los saharauis tenían el árabe como idioma”.
¿Por qué se les da algo que tienen, si en ningún momento han renunciado a la nacionalidad española?, se pregunta la abogada saharaui, y precisa: “Eran tan españoles como el que nacía en Cuenca o en Murcia, estaban representados en las Cortes Españolas, había saharauis funcionarios del Estado español. No podían ser otra cosa que españoles de origen”.
Por ello, continúa, “la reivindicación del pueblo saharaui es siempre la misma, que se reconozca que España concedió una nacionalidad de origen y que admita su propia documentación”.
“Mientras no haya un estado saharaui reconocido, somos españoles”
Hace hincapié en que los saharauis no quieren una nacionalidad por la gracia de nadie, ni, como han dicho algunos políticos, que se les repare el daño causado con una nacionalidad por carta de naturaleza: “El daño se nos repara apoyando un referéndum de autodeterminación y un reconocimiento total y absoluto de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), respetando el Derecho Internacional. España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental y no se nos repara el daño causado dándonos una nacionalidad de segunda”.
Es por ello que a letrada saharaui considera que España debe asumir su “responsabilidad política y jurídica: “Mientras no haya un estado reconocido, los saharauis somos españoles, es nuestra nacionalidad de origen, porque el propio Estado español no hizo ninguna distinción, y lo que ahora no se puede hacer es suplirla por una nacionalidad derivativa (carta de naturaleza)”.
Sobre otro punto de la Proposición aprobada en el Congreso, la inclusión de los saharauis en el artículo 22 del Código Civil –por el que son suficientes dos años de residencia en España para acceder a la nacionalidad para los ciudadanos de los países latinoamericanos, Guinea Ecuatorial, Andorra, Filipinas y Portugal–, Fatma El Galia señala que la han pedido “ante la dificultad, hasta ahora, de que se reconozca la nacionalidad de origen, dado que hemos sido la última colonia española”.
“Pedimos los dos años de residencia para facilitar la vida a los miles de saharauis que llevan muchos años residiendo en España, totalmente integrados, y que siendo hijos de españoles de origen se ven en la obligación de residir 10 años de forma continuada y legal en España, y teniendo el español como idioma oficial”, explica.
La letrada recuerda que durante muchos años los jueces han aplicado la nacionalidad española de origen a los saharauis, “pero ahora hay un cambio de criterio basado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha sido recurrido por los abogados de APRASE ante el Tribual Europeo de Derechos Humanos”. “La lucha de los saharauis continuará hasta que España asuma sus responsabilidades”, asevera.
Sobre la postura del PSOE a la Proposición de Ley, que cree no se va a aprobar en esta legislatura al no ser un tema prioritario, afirma que “era esperada por la posición que ha tenido con Marruecos y no va a hacer nada que pueda molestar”, actitud que considera “es una violación del Derecho Internacional”.
“Nos hemos reunido con todos los partidos políticos, han tenido la oportunidad de aprobar una norma que reconozca la nacionalidad de origen a los saharauis y no lo han hecho. Ahora será el Tribunal Europeo el que obligue a España a asumir sus responsabilidades”, concluye.