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Los Servicios Sociales frente al jaque del coronavirus

Fuentes: El Salto

De repente, como cuando tienes frío en una noche de verano, la vida de los pobres, los precarizados, las mujeres violentadas, racializadas, abusadas, descontratadas, los inmigrantes, manteros, jornaleros de saldo, las temporeras y empleadas de hogar desprotegidas.

De repente, como cuando tienes frío en una noche de verano, la vida de los pobres, los precarizados, las mujeres violentadas, racializadas, abusadas, descontratadas, los inmigrantes, manteros, jornaleros de saldo, las temporeras y empleadas de hogar desprotegidas.

De repente

Repente: Movimiento súbito no previsto

De repente, las kellys, las gentes sin hogar, los enloquecidos y psiquiatrizados por un sistema de salud mental hipermedicalizado, la infancia mal alimentada, y violentada también, sin Internet ni tablets que valgan, de los abuelos y abuelas residencializadas en dispositivos mal equipados, clínicamente abandonados, con un personal malpagado, abusado laboralmente y precarizado, autónomos precarios, falsos a la fuerza de sobrevivir en la subcontratación obligada; todos y todas ellas emergieron queriendo evidenciar la vergüenza de esa cifra con la que hemos convivido años mirando para otro lado, esos casi doce millones de ciudadanos de un reino llamado España devastado por la corrupción, la desigualdad, la codicia, la judicialización prevaricada de una vida política de saldo, la temporalidad del empleo y unas prácticas políticas neoabsolutistas. De un reino que debería abdicar de sí mismo en nombre de una monarquía que también reproduce la corrupción a escala regia blindada y con patente de corso.

Entonces, en ese escenario que ya se había dibujado en 2008 con las privatizaciones de los hospitales, de las residencias de ancianos, de gran parte del aparato científico, con la reestructuración de la industria, con la reforma laboral, la ley mordaza y otras medidas draconianas, con los despidos masivos con sus EREs salvajes, los recortes en todos los sistemas públicos de protección, en el desempleo y en las protecciones sociales, los usos y abusos de una banca rescatada con dinero público que aún no ha devuelto; entonces, en este escenario emergieron ellos y ellas. Porque en 2008 se nos hizo delegar nuestra vida, nuestra alimentación, nuestra protección, nuestra capacidad de cuidar y de cuidarnos y nuestras condiciones de vida en otros, lo que en el fondo nos llevó a la locura y la desigualdad más brutal de los últimos años. Porque el Estado de Bienestar inconcluso español entró en barrena y ahora lo estamos pagando. Y muy caro.

Entonces, digo, en ese escenario, de repente emergieron los auténticos héroes de la supervivencia amortiguada por las redes familiares y por unos sistemas de protección que han cancelado la rebelión y el conflicto a costa de aceptar la sumisión de una vida subsidiada y sin devenir. Como si todo dios se hubiera inyectado cien dosis de “La servidumbre voluntaria” de La Boétie.

Y es que la realidad, cuya mecha se encendió el 13 de marzo con el Estado de Alarma y aún está por explotar, ya estaba entre nosotros desde 2008, incluso antes. Aquella normalidad que echamos en falta era todo eso que ya es un pasado imperfecto. Otra cosa es que el discurso hegemónico, la festivalización de nuestras sociedades -que a fecha de hoy solo está deseando volver a las terrazas-, de nuestras vidas, cuya máxima expresión es la turistificación de nuestras geografías errantes y la sumisión imperante a través del control de las subjetividades de la nueva biopolítica, nos haya hecho mirar para otro lado. Porque esos doce millones de ciudadanos, el 26% de la población, ya estaban confinados. En sus propios infiernos, con su propio freno de mano echado. Y ahora, esta pandemia pone el mundo patas arriba y pone a prueba un sistema especialmente sensible con las poblaciones más vulnerables y que durante estos días está siendo sometido a una máxima tensión en sus variables organizativas, conceptuales, de producto y de misión.

Servicios Sociales a contrapié

Contrapié: Posición contraria a la natural, en mal momento

El Estado del Bienestar está configurado por los llamados sistemas de protección, la sanidad, la educación, las pensiones y la protección por desempleo. Digamos que estos son productos de primera división, universales y de incuestionable acceso a ellos. Sin embargo, los Servicios Sociales (SS) nunca han llegado a ser universales, es decir, incondicionales para toda la ciudadanía y no solo para determinados niveles de renta o de pobreza. Los SS son como ese hermano exiliado, como ese contenedor verde donde pone “resto”. Y ahí empieza el conflicto.

Los SS tienen como objetivo inmediato el bienestar individual y social, para el presente y para el futuro, a través de la ayuda personal polivalente basada en prestaciones individuales y otras actividades. Puede parecer pretencioso, pero ese es el objetivo. Y pese a ello los SS públicos continúan siendo el sistema de protección social menos conocido por la población. Entre el 50 y el 60 por ciento sabe de su existencia, pero su grado de conocimiento sobre qué recursos y servicios ofrece es notablemente inferior. Mucha gente asocia los SS con esas oficinas donde se da dinero a los pobres o a los inmigrantes. Del resto se encarga VOX cargando más munición. Pero los Servicios Sociales son mucho más.

La población conoce bien las prestaciones relacionadas con la Dependencia y Tercera Edad y los sistemas de Garantía de Rentas. Este porcentaje varía según las Comunidades Autónomas (CCAA) y varía en función de su red de SS, su desarrollo, sus normas y sus presupuestos, además de su compromiso con este sector de protección público. A este sistema le cuesta comunicar en qué consiste su tarea puesto que dentro de él hay una autocontención informativa derivada del miedo a la demanda inducida al no ser un sistema público universal como lo son Salud y Educación. Y eso se está notando en esta crisis en la que los Servicios Sociales públicos están desaparecidos del mapa comunicacional e informativo. Ausentes de casi todo telediario que se precie.

De ahí que, a la población en general, le cueste ubicar dónde están los centros de SS y los confunde, o no se aclara bien, de quién dependen, si de los ayuntamientos, del Gobierno Central o de las CCAA. Incluso se llegan a confundir con entidades como Cáritas o Cruz Roja. De ahí que esta profesión y este sistema no estén suficientemente visibilizados durante esta pandemia. Y es que apenas se conoce lo que sus profesionales están gestionando y trabajando, mejor o peor, pero esforzándose por recuperar esa otra parte de la vida que es la dignidad y la calidad de la misma. Porque este sistema no es capaz de trascender públicamente debido a su propia descapitalización social y profesional.

La crisis de 2008 puso a prueba su modelo de intervención, sus productos y la validez e incidencia de los mismos. Y puso a prueba a sus profesionales en permanente estado de contrición. Porque una de las consecuencias inmediatas de esa crisis de 2008 que hoy nos cuesta recordar fue el uso y abuso de la desbrozadora presupuestaria. Porque en muchas CCAA y ayuntamientos el sistema de protección que ofrecían los SS fue brutalmente recortado, salvajemente privatizado y objeto de una sangría presupuestaria que generó, de manera indirecta, una inmediata desviación hacia actuaciones privadas y filantrópicas a cargo del Tercer Sector, que se elevó como sector emergente por encima del propio sistema público.

La crisis de 2008 capitalizó socialmente, ante la falta de responsabilidad política y presupuestaria del sector público, a las entidades religiosas (Cáritas) y a una de las mayores ONG del Estado, Cruz Roja. Y ambas se convirtieron por méritos propios y demerito de “lo público” como variables alternativas a los sistemas públicos de protección. Y hay que reconocer honestamente que tanto el Tercer Sector como las entidades religiosas siguen prestando servicios y ofreciendo un espacio de protección indiscutible pero que, siguiendo la lógica de la responsabilidad pública, debieran ser abordados desde el espacio público. Muchas iniciativas, prestaciones y proyectos se quedaron recluidas en ese espacio que no deja des ser una privatización encubierta de las intervenciones y recursos.

Todo esto ocurrió, en parte, porque este sistema no es un sistema universal, ni tiene entidad política ni goza de privilegios en la agenda política. Y es que este sistema es la “maría” de las políticas públicas y gubernamentales. Algo residual que se presupuesta en función de los restos, de lo que queda, al margen de los grandes capítulos presupuestarios. Y eso afecta a la manera de ser, estar y ser concebido por la ciudadanía.

La crisis de 2008 ya hizo aflorar algunos agujeros negros que indicaban las debilidades del sistema. Por ejemplo, se evidenció una falta de cobertura respecto a los apoyos a la crianza y protección de los menores en un momento que esa franja de población quedó muy al descubierto. Es cierto que hay prestaciones, que hay equipos, programas de intervención, que hay transferencias técnicas y económicas. Pero ese apoyo a la población infantil es limitado y centrado más en situaciones excepcionales o conflictivas que en lo que se ha denominado el “enfoque de parentalidad positiva o de cuidados habituales”. A esto habría que añadir una más amplia y mejorada oferta de servicios de educación infantil que en este momento se muestra inadecuada a las preferencias de los progenitores o tutores. Porque no lo olvidemos, en 2018, el 29,9 % de los niños y niñas españolas vivían por debajo del umbral de la pobreza, una cifra superior a la de antes de la crisis, lo que significa que la recuperación económica, esa que se publicitaba antes de la pandemia, no había alcanzado a las capas más débiles de la sociedad.

En ese mismo contexto, la atención a las personas mayores podía haber mejorado gracias a la aprobación en 2006 de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (LAAD). Esta ley había generado, según la Fundación Foessa, “grandes expectativas entre las personas en situación de dependencia y sus familias. La LAAD generó desde el comienzo un debate sobre aspectos como el escaso desarrollo de la coordinación/integración sociosanitaria o su estructura competencial. Sus primeros desarrollos afectaron a los procesos de servicios sociales al introducir un derecho subjetivo y un catálogo de servicios y prestaciones, que derivaron en el crecimiento de prestaciones que se consideraban excepcionales (prestación de cuidados en el entorno familiar)”.

Pero en 2010 se inició un bestial recorte de los derechos establecidos en esta ley que disminuyó la capacidad de ejercicio a la autonomía personal y de elección de vida con el incremento de la rigidez y la uniformidad de las prestaciones y servicios. Es decir, lo que pudo haber sido uno de los pilares de protección de nuestros mayores con más universalidad de derechos se fue poco a poco desmoronando como un castillo de naipes en medio del huracán privatizador, aspecto que, sin duda alguna, ha emergido como una de las causas más nombradas, pero quizás no lo suficientemente analizadas, de esta descomunal crisis de salud y de los centros residenciales.

Pero llegó un virus inclemente, y todo lo desbordó

Desbordar: rebasar el límite de lo fijado

La crisis del coronavirus llegó de repente. Sin avisar. Así que para el propio sistema y para la mayoría de los y las trabajadoras sociales, sean del ámbito público o privado, esta situación está siendo una brutal prueba de estrés, como esas que hacen los bancos para evaluar su solidez en situaciones de alto riesgo. Una prueba que ha dejado al descubierto las fallas que ya se anunciaron en 2008 y que se podían haber corregido, pero que este sistema, dado su permanente estado de sitio, no ha sido capaz de acumular como pruebas de saber. Y es que este caos social generado por la pandemia no solo pone a prueba las estructuras, sino la propia capacidad de respuesta del sistema ante la población más vulnerable.

Si el sistema sanitario se ha visto tensado hasta límites absolutamente insospechados, puesta en peligro su capacidad de respuesta y absorción del cuidado y sostenimiento de la vida y la evitación de la muerte, el sistema de los SS está siendo también sometido a un brutal “tour de force”. Y, de nuevo, la gran diferencia respecto al resto de sistemas está en su concepción, en su fundamento, en el peso que este sistema tiene en la agenda política, en la propia ordenación jurídica y administrativa y en el propio modelo. No es un sistema empoderado políticamente. De hecho, los sistemas de salud y de educación tienen su propio ministerio o sus propias carteras, pero los SS siempre van asociados a otras áreas, esferas o necesidades. Y, por supuesto, este sistema no está bien financiado. Las instituciones españolas destinan 3.700 euros menos por persona y año a gasto social que la media de la zona euro.

Los SS no han abandonado su función asistencialista porque ello va en su ADN y en esta crisis han demostrado que desde ese asistencialismo y desde esa solidaridad amable funcionan, a golpes, pero funcionan porque lo llevan haciendo desde el comienzo de su historia. Si algo estamos tramitando sin cesar en estos momentos en que la curva de la pandemia social todavía está ascendiendo, son las miles de ayudas de emergencia que responden a una necesidad, no puntual ni inmediata, sino estructural. Pero este sistema no es capaz de responder de otra manera. Están los sistemas de Garantías de Rentas, pero su absoluta burocratización, estigmatización y condicionalidad relegan a miles de ciudadanos a la espera de no se sabe bien qué nuevo subsidio que salvará su vida precaria; quizás ese nombrado Ingreso Mínimo Vital que se nos anuncia para junio.

En este sentido, este sistema sigue demostrando su incapacidad de ir más allá de la inmediatez de respuesta a las demandas de emergencia social, algo que tiene bloqueado a este sistema desde la crisis de 2008 y que constituye una dinámica enquistada en sus modelos de atención. Esa tendencia a la respuesta inmediata, a la demanda urgente, como la vida de la gente precarizada y pobre, demuestra su incapacidad para ordenar las intervenciones y dotarlas de un recorrido eficaz que responda a una sistemática intervención que ahonde en la estructura de la desigualdad y proponga líneas de mejora. De verdaderos itinerarios de inserción real. Más allá de las conceptualizaciones neoliberales de la activación personal y social.

Esta crisis se está gestionando desde los SS con altas dosis de voluntarismo y una fe ciega en esa solidaridad idealizada y que Zizek nos recuerda en su último libro, Pandemia, esa solidaridad que se desborda por las calles, balcones, terrazas, instituciones, movimientos vecinales y múltiples colectivos. Nada que objetar. Sin ese voluntarismo y ese empeño profesional miles y miles de familias se hubieran visto en la más absoluta desprotección cuando no indigencia vergonzante. Pero con esto no vale. Con esto reproducimos múltiples dinámicas neoliberales y poco liberadoras muy engarzadas en este sistema y en nuestras prácticas profesionales que desde hace tiempo se vienen reproduciendo. Esa solidaridad neoliberal de la que hacemos gala, desde los movimientos de voluntariado emergentes, las ONGs y los propios SS simboliza, a mi parecer, dinámicas como la revictimización, la banalización de la desigualdad estructural y el neocolonialismo intervencional con las poblaciones más vulnerables. Y es que con ello hemos olvidado el apoyo mutuo que circulaba en el espacio de la gratuidad sin contrapartidas.

Esta crisis nos ha pillado instalados en un sistema altamente burocratizado, ofimatizado, nodular y esclavo, no ya de procesos de valoración diagnóstica reflexiva y fruto de la observación y escucha, sino de las múltiples aplicaciones informáticas que clasifican “a nuestros usuarios” en función de su grado de exclusión social o su pobreza estandarizada: relativa, severa y grave. Un sistema absolutamente bloqueado por la gestión externa de recursos en ocasiones ajenos al mismo. Un sistema que gestiona y tramita tarjetas de autobús, bonos de agua, luz y gas o el acceso a los bancos de alimentos, aspecto este que durante la actual crisis se está evidenciando como una de las grandes cargas de trabajo y líneas estratégicas de atención y contención social de urgencia.

Se calcula que casi tres millones de personas en todo el Estado están recibiendo ayuda alimentaria de los bancos de alimentos, comedores sociales públicos o de agencias sociales, entidades y redes vecinales que se han construido como auténticos bastiones de solidaridad intravecinal. Pero deberían ser los SS públicos los que liderasen esta estrategia y su coordinación desde una posición de responsabilidad pública, pues a ellos les corresponde esta misión. Pero gestionar toda esa enorme carga de solidaridad bienintencionada está bloqueando dentro del sistema otras actuaciones que interpretamos deberían ser más proactivas, globales e integrales. Así que, nuevamente, nos envolvemos en dinámicas piadosas y caritativas que no ahondan en la desigualdad y en su abordaje económico, político y social.

Y es que esta crisis nos ha pillado aplicando valoraciones sociales en función de las circunstancias previas al Covid19 dejando al descubierto una alta dosis de formalidad y de muy poca elasticidad. Si bien es cierto que algunas autonomías han suavizado los criterios de acceso al sistema de garantía de rentas mínimas. Pero por lo general evidenciamos muy poca flexibilidad puesto que estamos acostumbrados a valorar situaciones de pobreza clásicas. Y cuando digo clásicas quiero decir categorías de pobreza que se nos ha enseñado y que reproducimos en nuestros informes sociales: mujeres solas, inmigrantes, familias monomarentales, personas sin hogar, hombres solos alcoholizados, drogodependientes, menores en riesgo y así varias categorías más, como si no hubiese una transversalización de la pobreza que nos redirigiera ante la conceptualización sesgada que tenemos de ella. Y es que todo lo que se salga de esos perfiles, nos resulta sospechoso.

Estamos hablando de esa nueva pobreza, de esos nuevos perfiles de trabajadores y trabajadoras pobres que ya en 2008 empezaron a llamar a las puertas de los SS y que ahora han aumentado, en cantidad y perfiles de identidad precaria. Según los últimos datos, son los trabajadores de la cultura que han visto bloqueadas sus pequeñas empresas y espectáculos, los autónomos precarios o falsos autónomos, los trabajadores y trabajadoras estables hasta el Covid19, empleados y empleadas del sector servicios, comercio, administración, turismo y hostelería, los que están solicitando ayuda y atención en los SS. Ellos y ellas nunca habían llamado a esta puerta. Pero nosotros tampoco habíamos previsto su llamada. Ni nos habíamos adelantado a su demanda. Porque, además, nuestro catálogo de prestaciones, con sus requisitos estrictos, tampoco los reconoce como nuevos perfiles a atender. Porque solo atendemos a las situaciones de pobreza encuadradas en nuestras categorías de análisis y recursos disponibles. Y eso debe ser corregido de inmediato. Quizás el Ingreso Mínimo Vital pueda dar respuesta, pero serán los SS los que tienen en este momento la responsabilidad histórica de convertirse en un auténtico sistema universal auténticamente politizado, empoderado y garantista.

Esta es una crisis que ha evidenciado la fragilidad de cuidado y atención respecto a dos grandes grupos de vulnerabilidad, el de los ancianos, la gente mayor, y el de las personas sin hogar. Esta gravísima crisis de salud, de vida o muerte, se ha colado por donde más fácil era colarse, por las puertas de las residencias para mayores, por esos recursos que son arte y parte de este sistema de protección y que más expuestos han demostrado estar. Y es que el cuidado de nuestros mayores, al parecer, no está en buenas manos. Y no me refiero a esos miles de profesionales que se han dejado la piel e incluso la vida cuidando de ellos, sino a esa estructura de gestión que son las residencias para mayores en su mayor parte concertadas, privatizadas o capitalizadas por sectores de alto rendimiento económico.

Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las sicavs españolas (sociedades de inversión de capital variable) tenían 55,4 millones de euros invertidos en los tres mayores grupos europeos cotizados dedicados a los negocios de la sanidad privada y las residencias de ancianos, la alemana Dressenius y las francesas Orpean y Korian. Y es que, según datos publicados por el IMSERSO, de los 5.457 centros residenciales que hay en España, cerca de un 75% son de titularidad privada. Es decir, más de 4.000 centros pertenecen al sector privado, mientras que apenas llega a 1.400 el número de residencias públicas.

Desde el 18 de marzo han fallecido en las residencias para mayores 17.576 personas víctimas de coronavirus, siendo Madrid, capital de los recortes en sanidad tras la crisis del 2008 e incluso antes, donde la cifra de fallecidos alcanza los 5.876, la comunidad con la lista negra más escandalosa. Y es este sector, donde la precarización de sus profesionales, donde los recortes, los infracontratos, los ritmos de trabajo, la desestructuración del mismo, la privatización, el lucro y la relativa facilidad en que se ha privatizado su gestión con la aquiescencia del sistema público, donde la vida de nuestros mayores se ha vendido tan barata y tan cruel. Porque muchas residencias para ancianos publicitan un modelo idílico de cuidado y protección cuando en realidad tras sus muros se vive un confinamiento social carcelario. Son, según la revista Ctxt, “factorías de la atención, aparcamientos de abuelos gestionados con espíritu de eficiencia mercantil, muchos de ellos por fondos de inversión no especializados; y su principal característica es la precariedad”.

Pues bien, esta situación nos obliga a replantearnos nuevos modelos, no ya de gestión, que deberán ser públicos, sino de intervención y cuidado de los mayores, Y la disyuntiva es clara, en qué manos dejamos la vida de nuestros padres, de nuestras abuelas, en manos de un estado social responsable o en manos de los fondos buitre.

Otro grupo vulnerable y altamente estigmatizado de nuestra sociedad precaria es el de las personas sin hogar. Se calcula que unas 40.000 personas sin hogar malviven en España, de ellas el 16% son mujeres. No hace falta decir que ellas son las más expuestas a las agresiones sexuales y a una violencia particularmente perversa. Gente altamente excluida de todo circuito de integración debido a sus potencialidades exclusógenas y gente con altísimas tasas de precariedad en clave laboral, económica, residencial, de salud, de salud mental y de adicciones. Ha sido uno de los grupos que, dada su visibilización actual, está movilizando a los ayuntamientos, los cuales han descubierto que había más gente sin hogar que los estadísticamente registrados. Si es que hay un registro fiable cuando la pobreza te invisibiliza. Y es que las habitaciones donde se ubicaban, cuando podían disponer de ellas, han resultado ser auténticas ratoneras, donde seguir viviendo en una situación de confinamiento resultaba más peligroso. De ahí su salida a la calle cerrada y su visibilización casi escandalosa.

Los ayuntamientos y las entidades del Tercer Sector han buscado albergues, o los han reconstruido, han habilitado carpas, polideportivos, todo ha servido para este confinamiento residencial. Porque esa gente de calle, por primera vez, y por imperativo legal y sanitario, no podía estar en la calle. Y esa gente ha evidenciado la carencia de recursos apropiados y de calidad para sostener su mala vida. Y este grupo, altamente vulnerabilizado, revictimizado una vez más, ha sido confinado con serias medidas de seguridad que no han tenido en cuenta las brutales circunstancias de socialización o desocialización con las que conviven a diario en esa calle que durante meses ya no era suya ni de nadie, solo del miedo. Este grupo representa todo un reto en materia de SS por cuanto nos obliga a redefinir los dispositivos de cuidado, atención y residencia de que disponemos o de los que debamos construir con nuevas miradas y perspectivas.

El pico de la curva social

Social: perteneciente a los socios, compañeros, aliados, confederados

Nos asustó ese dramático run run diario del telediario que se refería al cruel ascenso hacia el pico de la curva. Y nos asustó el saber que quizás nunca íbamos a llegar a su cima con su carga de dolor y muerte. Y miedo. Y llegamos a ese pico y lo doblegamos como decía el Dr. Simón. Pero sabíamos que un nuevo ascenso, una nueva curva iba a dibujarse en la vida social de este país precarizado. Y ya está aquí. Y se echa en falta a un Dr. Simón de lo social. Con sus ruedas de prensa y todo. Porque nos enfrentamos como sistema a un reto sin precedentes.

No solo nos enfrentamos y nos enfrentaremos a unas estadísticas que destrozarán nuestros informes y los pondrán en una necesaria cuarentena, sino que nos obligarán a replantearnos cómo atendemos, a quién, a quiénes, con qué herramientas, qué productos ofrecemos y, sobre todo, nos obligará a replantearnos la misión de nuestro sistema. Si debemos seguir siendo un sistema de segunda división o un sistema integrado y políticamente reconocido.

El informe de marzo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no ofrece dudas. El impacto que la crisis del Covid19 está teniendo en el mercado laboral no tiene antecedentes y se trata de las peores cifras de toda la serie histórica. Es decir, nunca antes se habían registrado unos datos peores. Los ejemplos son elocuentes, la pérdida de casi 900.000 afiliados a la Seguridad Social de los últimos 20 días de marzo, los más de 620.000 expedientes de ERTE reconocidos por el ministerio. Pero hay más, los cerca de 300.000 nuevos desempleados en el mes de marzo, superando los 3,5 millones de parados o la caída de un 26% en el número de contratos con respecto al mes de marzo del año pasado.

Este escenario nos llevará a unas tasas de desempleo cercanas al 22%, un desempleo inclemente que no siempre estará cubierto por el sistema de protección por desempleo ya que solo el 64% de los extrabajadores y extrabajadoras están cubiertos por algún tipo de prestación del SEPE y que habrá que complementar con otras prestaciones que habría que replantearse en clave de incondicionalidad o, cuando menos, abrir mecanismos de desfiscalización de las mismas. Nos enfrentamos a la gestión de esas rentas mínimas de inserción y su posible complementariedad con el Ingreso Mínimo Vital, unas rentas de ciudadanía que han demostrado que no sacan a la gente de la pobreza, sino que la amortiguan.

Durante estos meses de confinamiento, la economía sumergida se ha sumergido de verdad, es decir, ha desaparecido porque no había lugar para que pudiera reproducirse. En España, los datos aportados por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, elevan a un 25% del PIB (más de 250.000 millones de euros) la economía “en b”, lo que provoca una pérdida de ingresos a la Hacienda pública próxima a los 70.000 millones de euros. Por su parte, un informe de 2018 de Funcas, un think tank de CECA dedicado a la investigación social, analizaba una serie de diferentes estudios sobre la economía informal comparada con otros países que situaban esta actividad opaca en España entre el 18,5% y el 24,5% del PIB. Esta situación está muy relacionada con la pobreza y la precariedad pues miles de hogares fluctúan en este espacio informal de ingresos que ahora han desaparecido. Ello ha hecho emerger la vulnerabilidad de las familias pobres que se sostienen bajo su manto y el complemento de las prestaciones por desempleo o las rentas mínimas de inserción. Y es que en este momento un tercio de su población depende del Estado. Habrá pues que enfrentarse a un posible escenario que avance hacia la Renta Básica de Ciudadanía incondicional y evite todos los problemas de burocratización, fiscalización y la trampa de la pobreza que generan los subsidios condicionados.

Y una cuestión parece clara tras esta aproximación a un sistema de protección pospandémico: “el remake del Estado de Bienestar no puede ser trasplantado en este acelerado momento de crisis neoliberal sin grandes perturbaciones. Ante los retos o crisis no valen las construcciones retrospectivas, sino la comprensión de la diferencia de los tiempos. Y, sin embargo, volver a esta escena inaugural de la disputa por el Estado resulta fundamental para orientarnos de alguna manera”. La cita es de Sociedad de posiciones. A vueltas con el Estado en la época del coronavirus, un texto de Germán Cano y Manuel Romero, publicado en el Instituto de Estudios Culturales y de Cambio Social, en marzo de 2020. En este sentido resulta altamente recomendable también la lectura aportada por el grupo de Directores y Directoras de Servicios Sociales de España.

Es decir, urge una revolución estructural, organizativa y legislativa en el seno de este sistema, en esta red de Servicios Sociales en que trabajamos casi medio millón de profesionales. Debemos aprovechar este momento en el que la confianza en los Estados se ha recuperado para recuperar también la confianza en un sistema en el que más que nunca, porque nunca antes como ahora, fuimos tan necesarios. Tan necesarios como las profesionales de salud, de la educación, del cuidado y de cuantas profesionales hacen de la vida ajena un reto. De la buena vida como objetivo vital y de la necesaria inclusión de cuantos sobreviven en los márgenes. No vinimos para salvar a nadie. De eso debería encargarse no uno mismo, según la máxima neoliberal, sino un Estado protector que garantice las estructuras igualitarias de acceso a bienes y de distribución de la riqueza.

Paco Roda. Trabajador social del Ayuntamiento de Pamplona.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/servicios-sociales-jaque-coronavirus-paco-roda

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