El pasado domingo 24 de febrero, en el diario global-imperial, José María Irujo publicó un excelente reportaje (¡gracias!) en el que explicaba que Emilio Hellín, el ultraderechista -miembro en aquel entonces de Fuerza Nueva, el partido del notario Piñar [1]- que asesinó de dos disparos en la cabeza en 1980 a la militante del PST, […]
El pasado domingo 24 de febrero, en el diario global-imperial, José María Irujo publicó un excelente reportaje (¡gracias!) en el que explicaba que Emilio Hellín, el ultraderechista -miembro en aquel entonces de Fuerza Nueva, el partido del notario Piñar [1]- que asesinó de dos disparos en la cabeza en 1980 a la militante del PST, del Partido Socialista de Trabajadores [2], Yolanda González, imparte cursos en el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias (¿Ciencias?) Policiales (IUICP) y dirige, además, una empresa que asesora habitualmente a las denominadas «fuerzas de seguridad» del Estado. Se ha sospechado siempre que tras aquel infame y brutal asesinato fascista estaba el jefe de la Brigada Especial Operativa, el comisario Manuel Ballesteros [3], un torturador franquista que fue repescado en los primeros años de la transición democrática. ¿Se imaginan por quién? Efectivamente: por don José Barrionuevo, el ministro del Interior del primer gobierno González-Guerra condenado por los asesinato de los GAL.
El IUICP depende de la Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior. Algunos de los cursos impartidos por Emilio Hellín se realizaron en 2008, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba, el líder del Partido «Socialista Obrero» español estaba al frente del Ministerio. Como han leído. La vida y su mundo les ha hecho así.
La colaboración gubernamental tal vez tenga que ver con algunos antecedentes del caso. Emilio Hellín, condenado a 43 años de cárcel, consiguió que se le concediera un permiso penitenciario durante su estancia carcelaria (¿cómo?, ¿por qué?, ¿quién?) que, desde luego, aprovechó para escapar con toda su familia al Paraguay del dictador Stroeesner. Don Emilio es hermano de un guardia civil y «fue detenido en casa de un inspector de policía, tras la confesión de uno de los participantes en el asesinato de Yolanda, el policía nacional Juan Carlos Rodas». Todo se cocinaba en casa y entre amigos y colegas del alma. La «España grande, una y libre» seguía con el ademán impertérrito y alzado.
Tras una investigación periodística, don Emilio fue extraditado a España en 1990. Tres años después, por supuestísimo, durante el segundo o tercer gobierno de don Felipe-Gas Natural, ya disfrutaba de permisos y en 1996 se cambió el nombre en el registro civil. Por si las moscas; huellas, las mínimas.
Izquierda Plural (IU, ICV y CHA), también ERC, han pedido la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad para que explique la vinculación de Hellín con las «Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» del Estado monárquico. «¿Quién es el responsable de la contratación de Emilio Hellín y cuánto ha cobrado del Ministerio del Interior?». Parece una pregunta pertinente. Tampoco están nada mal estas: «¿Cuánto tiempo efectivo estuvo Hellín en la cárcel y cuánto se amplió la condena por los intentos de fuga y posterior evasión?», «¿considera el Gobierno que Hellín ha conseguido este trabajo por los lazos que en el momento del asesinato tenía él y su organización fascista con la Policía Nacional?».
Tres compañeras de militancia de Yolanda González -Magda Sánchez Jiménez, Marta Cardaba Plaza y Mar Nogerol Álvarez-, «amigas y compañeras de lucha», han publicado una carta al director que vale la pena reproducir [4]:
Agradecemos encarecidamente la publicación del artículo publicado el pasado domingo 24 de febrero en el que informa que Emilio Hellín, asesino de Yolanda González, trabaja como experto desde 2008 con sueldo del Ministerio del Interior.
Quienes conocimos a Yolanda, y cualquiera que crea en el buen funcionamiento de la democracia, solo puede sentir repulsa y vergüenza ante el hecho de que quien matara sin escrúpulos a una joven estudiante de 19 años de ideas socialistas, en nombre de una España intolerante que debió haber muerto con el dictador, haya permanecido con Gobiernos socialistas o del PP asesorando y colaborando para la Policía Nacional, autonómica o el Ministerio del Interior. No podemos dejar de sospechar y preguntarnos qué conexiones se han mantenido desde entonces.
Es asunto de limpieza democrática que los cuerpos de seguridad del Estado no alberguen personas declaradamente contrarias a la democracia, máxime siendo asesinos condenados por un crimen fascista. Es exigible el cese inmediato de esta persona en las funciones que viene realizando, y urgente aclarar quiénes son los responsables de haber autorizado a Hellín realizar sus actuales tareas. Asimismo es lícito pedir responsabilidades políticas para que hechos semejantes no vuelvan a producirse.
La izquierda comunista de aquellos años habló de limpieza democrática o incluso señaló la conveniencia de la «disolución de los cuerpos represivos» del fascismo encabezado por el general africanista y criminal. Ni caso desde luego; se les dijo que estaban locos. Lo cuerdo, racional y prudente era recuperar a don Manuel Ballesteros y, años más tarde, firmar contratos con don Hellín.
¿Cabe imaginar algún retrato mejor, más sintético, de lo que ha sido la inmensa estada de la estúpidamente denominada transición modélica?
PS. Es evidente la polisemia del término «socialistas» en la carta de las compañeras de Yolanda.
Notas:
[1] La misma organización fascista en la que militó Josep Anglada, el máximo dirigente de Plataforma X Catalunya, una fuerza racista de extrema derecha actualmente legalizada que ha concurrido, con éxito en parcial algunos localidades, a las elecciones municipales y autonómicas catalans.
[2] Una organización de orientación trotskista. No tenía nada que ver con el PSOE o con algunas de sus organizaciones próximas.
[3] Lean, lean, no se pierdan la necrológica que le dedicó El País en 2008 a don Manuel, el «experto en la lucha antiterrorista» (quien por cierto participó en las conversaciones con ETA en Argel).
[4] «Limpieza democrática». Cartas al director, El País, 26 de febrero de 2013, p. 32.
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.