La literatura policíaca que recogen casi todos los medios y las abultadas acusaciones que siguen a cada operativo contra la «kale borroka» dejan poco margen al análisis objetivo. Los datos sobre la evolución de este fenómeno social y los testimonios de sus protagonistas, por contra, confirman su ligazón directa con el conflicto político de fondo. […]
La literatura policíaca que recogen casi todos los medios y las abultadas acusaciones que siguen a cada operativo contra la «kale borroka» dejan poco margen al análisis objetivo. Los datos sobre la evolución de este fenómeno social y los testimonios de sus protagonistas, por contra, confirman su ligazón directa con el conflicto político de fondo. GARA ha buceado en las profundidades de esa práctica, a la realidad oculta bajo esa literatura policíaca.
Un alto porcentaje de los miembros de ETA provienen de las filas de la violencia callejera. La estructura de la banda se nutre de este caladero que le aporta gran número de legales, es decir, activistas no fichados por la Policía», señalaba un reportaje que, bajo el singular título de «El huevo de la serpiente: uno de cada tres acaba en ETA», recogía el recién inaugurado diario español «Público» en su edición del 22 de octubre.
Para entonces, rotativos como «ADN» ya habían contribuido a dar forma a las premonitorias declaraciones del ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Las hizo en verano en 2007, pero las ha vuelto a reiterar cada vez que ha tenido que dar cuenta de los operativos policiales contra jóvenes de todos los herrialdes vascos en los últimos meses: «La kale borroka es el campo de entrenamiento, bien siniestro, de la banda terrorista ETA».
Esta filosofía ha impregnado las «informaciones» que han ido acompañando los diez operativos policiales realizados en esta campaña en los últimos tiempos: salvo uno que fue realizado por la Policía francesa y otra por la Ertzaintza, la Policía española ha tenido la exclusividad de las redadas, aunque en Burlata o Barañain, el último, también ha intervenido la Guardia Civil.
«El 30% de los jóvenes…»
«Nadie empieza poniendo bombas; lo normal es que se empiece tirando cócteles» o «el 30% de los jóvenes que empiezan en la llamada violencia de baja intensidad acaban dando el salto a la violencia de alta intensidad» son algunas de las frases que ha repetido Rubalcaba tras cada operación policial que se ha realizado bajo el manto de la Audiencia Nacional. Así las cosas, el pasado domingo el ministro daba un nuevo salto dialéctico para afirmar que kale borroka y ETA deben perseguirse con la misma intensidad, criterio que hizo suyo al día siguiente el consejero de Lakua Joseba Azkarraga.
Ese porcentaje ya había sido utilizado en octubre por distintos medios, siempre bajo la coletilla de «fuentes policiales». El mismo «Público» afirmaba que «un 30 por ciento de estos jóvenes se acaban integrando en un comando. O lo que es lo mismo: uno de cada tres cruza la tenue frontera que separa el cóctel molotov de la pistola».
Para entonces ya se habían producido los primeros operativos, como el de julio en Gasteiz, tras el que el ministro español del Interior advertía de que «no será la última». La organización juvenil Segi y la oposición al Tren de Alta Velocidad han sido objeto prioritario de criminalización en todas las redadas. Teniendo en cuenta que en 2007 el Tribunal Supremo español tildó de «terrorista» a Segi, esa imputación ha sido ya directamente atribuida por los medios contra todos los jóvenes vascos que han sido detenidos hasta la fecha, sin que se precisaran más acusaciones concretas. Fernando Grande-Marlaska, el juez de la Audiencia Nacional que instruye los operativos contra la kale borroka de estos últimos meses, lo ha hecho de modo recurrente.
En esa dinámica propagandística, ni los medios ni las FSE han tenido rubor alguno en mostrar como «pruebas incriminatorias» contra los jóvenes detenidos panfletos informativos sobre el TAV o DVDs de Segi, públicos y de fácil adquisición en Euskal Herria, supuestamente hallados en los regis- tros de sus domicilios.
Mientras «Público» preconizaba en octubre que la apuesta de Madrid iba a ser la de «eliminar» ese porcentaje del «30 por ciento» que, según Rubalcaba, acaba en ETA, «ADN» daba cuenta del montante total que tienen que pagar las arcas públicas por los gastos ocasionados por la kale borroka. Para los medios, las pintadas y el lanzamiento de huevos o botes de pintura también se enmarcan en lo que definieron en los años 90, en el contexto de las protestas contra la autovía de Leitzaran, como kale borroka.
El citado rotativo informaba de que reponer un contenedor cuesta a un ayuntamiento cerca de 260 euros; las papeleras, 11 euros; y la eliminación de cada pintada, 46. Los autobuses destruidos elevan la cifra hasta los 252.000 euros. «ADN» cuantificaba incluso la «sangría mensual» que, a su juicio, ocasiona la kale borroka en Euskal Herria: una media de 290.000 euros.
Incluso una cátedra universitaria
La atención que acapara el conflicto político y armado que padece Euskal Herria y los intereses que genera también su negación llegan hasta el punto de que en la Universidad Complutense de Madrid existe una Cátedra de Economía del Terrorismo, que dirige Mikel Buesa -presidente, a su vez, del Foro Ermua- y que evidentemente centra su labor en Euskal Herria.
Según el estudio que presentó la citada cátedra el pasado mes de enero, desde que la organización armada ETA decretara el alto el fuego de marzo de 2006 hasta finales de 2007 en Euskal Herria se produjeron «más de 800 altercados de violencia callejera, los cuales han dejado daños materiales estimados en más de 7 millones de euros». Sin exponer todos los datos, el estudio cuenta que el año pasado se llevaron a cabo 527 ataques que ocasionaron unas pérdidas de 4,2 millones de euros, contra los 275 actos que contabilizaron en 2006. Como botón de muestra, el estudio apunta a que en enero de 2007 se llevaron a cabo 78 actos, 43 en febrero y setiembre, 115 en mayo o 62 en octubre.
Incluso la Europol se ha dedicado por primera vez a cuantificar las consecuencias de los actos de sabotaje realizados en Euskal Herria. Sus datos no coinciden con los ofrecidos por la cátedra que dirige Buesa. El pasado mes de abril Europol informaba de que en 2007 hubo 254 sabotajes en Euskal Herria. Apuntaba además que este tipo de ataques disminuyeron en frecuencia en 2006 después de que ETA declarase el alto el fuego en marzo, pero que volvieron a intensificarse durante la segunda mitad de 2006 y continuaron en 2007.
GARA también ha hecho un recuento de los actos denominados como kale borroka que hubo en el periodo que transcurre desde el 24 de marzo de 2006 al 6 de junio de 2007, inicio y fin del alto el fuego decretado por ETA, según lo publicado por este diario en ese periodo y teniendo en cuenta las reivindicaciones recibidas, en muchas de las cuales se critica que han sido silenciadas. La cifra obtenida disminuye sobremanera respecto a los datos que ofrecen la Cátedra de Economía del Terrorismo y Europol, fijando en 211 los actos de kale borroka ocurridos en el conjunto de Euskal Herria en ese tiempo e incluyendo todos los sucesos que desde instancias gubernamentales definen como ataque o sabotaje.
Pero lo más interesante puede ser el detalle de su evolución en ese periodo marcado por los altibajos en el proceso de negociación. Como muestran los gráficos, los meses de setiembre y diciembre de 2006 y los de enero y abril de 2007 cuentan con el mayor número de actos de sabotaje. Para acercarse a su razón de ser, lo lógico es acudir directamente a las reivindicaciones realizadas por comunicaciones anónimas. En setiembre de 2006, por ejemplo, las asunciones de la quema de un autobús en Barakaldo y del ataque contra la estación de EuskoTren de Errenteria denunciaban en exclusiva «la situación de Iñaki de Juana y las condenas para toda la vida» impuestas a los presos políticos vascos. En enero de 2007, hubo varias reivindicaciones que aludían a la segunda huelga de hambre de De Juana, a los «ataques jurídico-políticos» contra la izquierda abertzale y también a la decisión del Supremo español de definir a Segi como «terrorista» y el encarcelamiento paralelo de una veintena de jóvenes vascos.
Estas reivindicaciones evidencian por sí solas el carácter de estos ataques. Incluso los medios españoles y jueces que constantemente y de forma premeditada intentan «despolitizar» la kale borroka lo reconocen de modo puntual, y aunque sea de forma indirecta. El reportaje de «Público», sin ir más lejos, finaliza citando que «el juez Baltasar Garzón, en uno de sus últimos autos, destacaba que tras la detención de la Mesa Nacional, el pasado 4 de octubre, los actos de violencia callejera habían crecido de modo `exponencial’, un 465,2%».
Pese a esta constatación objetiva, no son pocos los representantes políticos y medios que se refieren a quienes recurren a la kale borroka como «descerebrados» o «inútiles», como si esas acciones no se llevaran a cabo de forma consciente y con una finalidad política. El propio incremento represivo constante que en materia penal ha desarrollado el Estado español contra la kale borroka deja claro también que no es un fenómeno de «gamberrismo». Cruzar coches o quemar contenedores es motivo de cárcel en Euskal Herria, pero se salda a lo sumo con una multa administrativa en el Estado español.
El papel predeterminado de los medios
El papel de los medios de comunicación y la terminología que emplean para referirse a los ataques y sabotajes que se repiten en Euskal Herria cuenta ya de por sí con una carga política, propia de la evidente existencia de un conflicto político de fondo entre el Estado español y francés y Euskal Herria.
La presunción de inocencia, por ejemplo, brilla por su ausencia. De forma sistemática y empleando como única fuente a las FSE, muchos medios prejuzgan directamente a los detenidos, que no pocas veces quedan libres. En algunos casos se han utilizado falsedades evidentes: en el caso del operativo de Donostia, por ejemplo, no hubo rubor alguno en afirmar durante varios días que uno de los jóvenes a los que la Policía española no encontró había sido previamente detenido por la Guardia Civil, extremo que era falso pero que ningún medio comprobó, pese a lo sencillo que resultaba.
El discurso y la terminología que emplean la mayoría de los medios comunicativos fue objeto de análisis en el libro «Al filo de la (in)comunicación», que publicaron los profesores universitarios Petxo Idoiaga y Txema Ramírez de la Piscina. En el reconocen que la mayor parte de los rotativos «recurre sistemáticamente ora a la espectacularidad -`apéndices del terror’, `los chicos del molotov’-, ora a la manipulación -`marginalidad juvenil’, `nazi-comunistas’-«. Los académicos subrayan además que «ateniéndonos al perfil oficial, los jóvenes que practican la denominada kale borroka están casi predestinados a ello, ya que son poco menos que `inadaptados sociales, drogadictos y pirómanos por naturaleza'».
Así las cosas, tras la filosofía de detención «preventiva» patentada por Rubalcaba, tras la eliminación del requisito de las pruebas en la Audiencia Nacional y tras el aval de los medios de difusión, los procedimientos se invierten. No son las FSE los que prueban la culpabilidad del detenido, sino el arrestado el que tiene que probar su inocencia, aunque sólo se le acuse de relación con Segi o de tener información contra el TAV. Pero incluso los operativos se camuflan en las sentencias -en el apartado de la derecha se explica el porqué-; si el Supremo dice que Segi es «terrorista» y que fagotiza la kale borroka como complemento de la lucha armada de ETA, para actuar contra Segi las FSE deberían ligar al detenido con la kale borroka. Una paradoja más que difícilmente se podrá resolver a golpe de redadas.
¿Por qué hay personas que utilizan la «kale borroka»? No hay otro método de saberlo que acudiendo a ellas. GARA ha recogido algunos extractos de las reivindicaciones que se realizaron a este mismo diario entre el 24 de marzo de 2006 y el 6 de junio de 2007, periodo del alto el fuego de ETA. Que cada cual extraiga sus conclusiones.
En mayo, un comunicante afirmó que lanzaron pintura contra varios batzokis para denunciar «la represión que mantienen el PNV y los `cipayos’ contra la juventud vasca. Con esa postura no hacen más que poner obstáculos en el proceso». En junio, la sede del Gobierno militar en Gasteiz fue atacada «para denunciar las últimas detenciones». En agosto, otro comunicante asumió el ataque contra la sede del PSE de Gasteiz y explicó que se realizó para denunciar «la actitud que está manteniendo el PSOE».
En setiembre, con el recrudecimiento de la huelga de hambre de Iñaki de Juana, aumentarían tanto los actos de «kale borroka» como las reivindicaciones por el preso y el resto del Colectivo. El 17 de setiembre, en Barakaldo, quemaron un autobús para denunciar «la situación de De Juana y las condenas de por vida».
A finales de octubre, en Lasarte, se quemó un camión de Correos «para responder a las agresiones de los estados contra la izquierda abertzale y para rechazar la actuación de hasta ahora del PSOE en el proceso». Días después, una sede de EiTB fue atacada para «denunciar la intoxicación mediática que está sufriendo el proceso». También en noviembre, la sede del PSE del barrio bilbaino de Txurdinaga se saboteó «en respuesta al ataque contra las `herrikos’ y a que el PSOE haya llenado Euskal Herria de guardias civiles. La lucha popular responderá en tanto en cuanto sigan las agresiones contra Euskal Herria», añadió este comunicante.
«Llevar a cabo este tipo de acciones no es del gusto de nadie», señalaban los pasquines que desconocidos lanzaron en Berango en enero de 2007, cuando se atacó el Ayuntamiento. Más tarde, otro comunicante asumía un ataque, tras el que hubo que desalojar a varios vecinos, excusándose y matizando que «los ciudadanos nunca han sido ni serán objetivo nuestro; siempre se evita producirles daño alguno».
«Los inquisidores españoles, que no se quitan de la boca la palabra democracia, usan la tortura para humillar y destruir la personalidad de los detenidos», dijo otro al asumir el ataque a la sede del PSE de Cruces en abril, tras una redada.
El documental que han realizado, producido y autogestionado el beasaindarra Eñaut Tolosa y el catalán Hammudi Al-Rahmoun Font con la ayuda de la ESCAC -Escuela de Cine de Cataluña- es uno de los pocos, por no decir el único, documentos audiovisuales que trata de una consecuencia de la «kale borroka»: los arrestos masivos de jóvenes vascos, la incomunicación, el paso por la Audiencia Nacional, la cárcel, las condenas… «El drama» que se esconde tras estas realidades ha sido el fin que han perseguido a la hora de elaborar el documental «La ventana rota».
«Se impone el Derecho Penal Norteamericano, que se caracteriza por la teoría de la ventana rota: `Hay que aplicar la máxima dureza al autor de la ruptura de la ventana, porque si no se aplica la máxima dureza, finalmente ése terminará asesinando a alguien’. Ésta es la mentalidad; el más cruel y fascista pensamiento antropológico. Y esto es lo que se está aplicando en este país». Éstas son algunas de las afirmaciones del fallecido juez Joaquín Navarro en la entrevista que recoge el documental. Un trabajo en el que, además del que fuera magistrado en Madrid, también se recogen los testimonios de dos jóvenes de Iruñea y del durangarra Zunbeltz Larrea -actualmente en prisión- que narran su experiencia a manos de los policías, así como la incomunicación, su paso por el tribunal especial y la cárcel, siendo menores de edad. La madre de otros dos arrestados y la de Larrea describen, a su vez, la experiencia de ver cómo detienen a sus hijos y son encarcelados.
«Cuando alguien tiene que probar su inocencia, es que ya no funciona el Derecho, es que ya funcionan las reglas de la guerra», afirma el juez Navarro en otro punto del documental, de escasos 25 minutos, que, aunque fue grabado hace cinco años, no ha sido difundido hasta el pasado invierno. Barcelona fue el escenario en el que se estrenó el trabajo, y poco después llegó a Euskal Herria. Totalmente autogestionado, el documental, que entremezcla el castellano y el euskara, fue presentado en distintas localidades como Arrasate, Durango, Errenteria o Iruñea, donde obtuvo una gran acogida. Se puede conseguir una copia mediante la productora Escándalo Films.
Málaga: una multa
El pasado 28 de enero fueron cinco los coches que, como casi cada semana, ardieron en Málaga. Informativos Telecinco, por ejemplo, habló de «vandalismo». En febrero, desde el Ayuntamiento andaluz se informó de que el gasto anual de la quema de coches y de contenedores supera los 800.000 euros. Si bien poner un nuevo contenedor le cuesta, según el diario «20minutos», más de 210 euros, si es identificado el autor será multado con 150 euros, «lo mismo que por escupir o hacer pis en la calle». «A Sevilla el vandalismo le costó 1,5 millones de euros en 2005», añade el medio comunicativo.
Iruñea: 10 años de cárcel
Eneko Olza, de Iruñea, lleva ocho años preso; fue condenado a diez por el ataque a un cajero. Se cuentan por decenas los casos de encarcelados incluso por atacar un contenedor. El 25 de octubre de 2006 el Supremo español ratificó la condena de 22 años dados a jóvenes de Barakaldo, uno de Bilbo y un cuarto de Trapagaran al ser acusados de atacar con cócteles molotov un coche de la Ertzaintza en 2001 en Portugalete. Hubo dos policías heridos. La Audiencia Nacional utilizó autoinculpaciones en dependencias policiales y pruebas de ADN recogidas de forma ilegal.
La sentencia en la que el Supremo español declaró a Segi como «una organización terrorista» supone un hito, en tanto en cuanto lleva a cabo una readaptación de la definición de «terrorismo» y «banda armada» -ahora, según los tribunales españoles, no se necesita tener arma o explosivo alguno para ser de ETA, ni siquiera pertenecer a ella para ser juzgado como tal-. Luego ha sido aplicado también en el sumario 18/98 y en el «caso Ekin».
Aunque tildó de «terrorista» a la organización juvenil, el Alto Tribunal español establecía una diferencia entre lo que es ETA y lo que es Segi. Pero las últimas declaraciones del ministro español del Interior y de otros portavoces españoles anuncian lo que vendrá: que participar en actos de «kale borroka» supone lo mismo que ser un militante de la organización armada.
Para ello se han dado varios pasos. De entrada, el Supremo español avaló la tesis del juez Garzón de que «todo es ETA». Y, en el caso de Segi, concluyó que el grupo juvenil «complementa», mediante la «kale borroka», la lucha armada que lleva a cabo ETA. Por consiguiente, las FSE y los tribunales españoles, para actuar contra Segi, lo revisten como una actuación contra la «kale borroka». Y viceversa.
En contra de lo que dicta el Código Penal español, y como se ha visto en estos operativos contra los jóvenes vascos, a los detenidos les atribuyen delitos genéricos y no imputaciones concretas. Es decir, sólo con acusar a una persona de pertenecer a Segi -de entrada, ya cuenta con un fallo que lo tipifica en seis años de cárcel-, es detenido e incomunicado. Es lo que que ha ocurrido en estos últimos casos, incluido el de Barañain de esta semana. Una vez transcurrido ese periodo es cuando, mediante autoinculpaciones forzadas en comisaría, los jóvenes pueden pasar a ser acusados de uno u otro acto de «kale borroka».
Una vez enviados a la cárcel, son objeto de una prisión preventiva que, aunque se catalogue como una medida excepcional, es estirada al máximo posible. Y la Fiscalía no apoya la libertad provisional, independientemente de las imputaciones vacías contra los jóvenes, argumentando que, según la teoría de Rubalcaba, podrían ingresar en ETA. El hecho de que un juez concreto -en este caso Fernando Grande-Marlaska- sea el encargado de instruir todas las operaciones contra los jóvenes supone otro elemento clarificador.
Según el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «el procesado podrá declarar cuantas veces quisiere, y el juez recibirá inmediatamente la declaración si tuviere relación con la causa». Para comprobar que no es así, basta con recordar lo que ocurrió con los donostiarras que en diciembre acudieron a Madrid y se les arrestó antes de entrar al juzgado o con los vecinos de Oarsoaldea que fueron forzados a ser detenidos por la Policía española. Se trata de otro salto cualitativo más bien reciente. Pero, ¿qué es lo que fuerza a que con la misma ley difieran tanto las actuaciones en tan pocos años? Evidentemente, el contexto y el impulso político.