Por estos días los juicios vinculados al terrorismo contra Cuba, que ha sido víctima de un desenfrenado y cruel ensañamiento criminal durante cinco décadas, proveniente desde Estados Unidos y perpetrado por las organizaciones terroristas asentadas en La Florida, han cobrado notable notoriedad. Mientras el gobierno cubano dio muestras inobjetables de magnanimidad y clemencia al responder […]
Por estos días los juicios vinculados al terrorismo contra Cuba, que ha sido víctima de un desenfrenado y cruel ensañamiento criminal durante cinco décadas, proveniente desde Estados Unidos y perpetrado por las organizaciones terroristas asentadas en La Florida, han cobrado notable notoriedad. Mientras el gobierno cubano dio muestras inobjetables de magnanimidad y clemencia al responder a los recursos de apelación de varios terroristas, y al juzgar al recientemente detenido Francisco Chávez Abarca, en otro contexto jurídico ubicado en El Paso, Texas, se fragua una nueva farsa: el juicio contra Luis Posada Carriles, embadurnado prematuramente con el repugnante tufillo de la componenda y la farsa.
En la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, el martes 21 de diciembre de 2010, Francisco Chávez Abarca se declaró culpable de los cargos por terrorismo, confirmando que fue Luis Posada Carriles quien lo reclutó en El Salvador, con la finalidad de perpetrar y dirigir una cadena de atentados con bombas contra instalaciones turísticas en la Isla durante 1997. Por su detestable papel como terrorista, fue sancionado a 30 años de privación de libertad.
Unos días antes, el Tribunal Supremo Popular conmutó la sentencia de pena de muerte contra sus compatriotas Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez, acusados y sancionados por el delito de terrorismo continuado, al ser responsables directos por la colocación de artefactos explosivos en hoteles de La Habana, en el año 1997, que condujeron a la muerte del turista italiano Fabio di Celmo, heridas a varias personas y cuantiosos daños materiales. Días después otro terrorista confeso, Humberto Eladio Real Suárez, recibió la conmutación de la pena de muerte, acusado y condenado por los delitos de varios actos contra la Seguridad del Estado, asesinato y otras transgresiones. A todos ellos se les condenó a 30 años de privación de libertad.
Algunos intelectuales de reconocido prestigio internacional me enviaron sus opiniones al respecto:
«La conmutación de la pena de muerte me parece una muestra de magnanimidad por parte del Gobierno cubano y un paso importante hacia su abolición definitiva», declaró Carlo Frabetti.
Por su parte, James Cockcroft, expresó: «Es otro ejemplo de cómo Cuba actúa como país de leyes y respeto por la humanidad.»
El prestigioso antropólogo, investigador del INAH y articulista del diario mexicano La Jornada, el Doctor Gilberto López y Rivas, declaró por su parte al referirse a la sanción recibida por Chávez Abarca: «Me parece justa en los términos originales (pena de muerte), así como políticamente pertinente el cambio a 30 años que ordenó el Tribunal Supremo, tomando en cuenta que en Cuba está garantizado un juicio justo, sin torturas, y con respeto a los derechos humanos de los prisioneros, aún en el caso de este tipo de criminales y mercenarios al servicio de Estados Unidos y de sus cómplices cubanos subalternos del exilio. Este caso, por otro lado, demostró la eficacia de los órganos de seguridad cubanos que pudieron detener a este maleante.»
Otro intelectual y periodista radicado en Miami, Pedro González Munné, expresó lacónicamente al respecto: «Apropiada».
El repudio unánime al terrorismo contra Cuba y la impunidad con la que se mueven algunos de estos criminales en varias naciones latinoamericanas y los propios Estados Unidos, también causa malestar y rechazo en el mundo. El propio James Cockcroft opina en este sentido: «Esas naciones deben detener aquellos terroristas y extraditarlos a los países donde han cometido crímenes terroristas o juzgarlos en los mismos países donde se los detienen por sus actos de terrorismo.»
También Gilberto López y Rivas muestra su repulsión ante tal impunidad y contubernio, al declarar: «Debiera haber una vigilancia en todos nuestros países sobre los pasos de estos agentes al servicio del imperio. El problema radica en que gobiernos como el de México, subordinados a los intereses y las estrategias estadounidenses, dan todo tipo de facilidades y protecciones a estos terroristas, como ocurrió con Posada Carriles. Todo ello demuestra una gran paradoja de la famosa guerra contra el terrorismo, la cual no toma en cuenta, obviamente, el TERRORISMO GLOBAL DE ESTADO que llevan a cabo las grandes potencias imperialistas encabezadas por Estados Unidos. Debiera tipificarse el delito de terrorismo de estado en sus dos variantes terrorismo de Estado Interno y terrorismo global de Estado.»
Como señalamos anteriormente, bajo la batuta de la jueza Kathleen Cardone, se fragua una nueva mascarada legal en torno al criminal Luis Posada Carriles, cuyo juicio para dilucidar exclusivamente su delito de perjurio ante las autoridades norteamericanas, se iniciará el próximo 10 de enero de 2011. También en este caso, aunque sin llegar a fondo, se le cuestionará su rol para obstaculizar una investigación sobre el terrorismo internacional.
La verdad es que la farsa está montada de antemano, cocinada por las argucias dilatorias de la defensa del afamado terrorista y la sospechosa actuación de la fiscalía norteamericana. La jueza permitió como escasas pruebas las grabaciones que recogió la periodista de Ann Louise Bardach en una entrevista a Posada Carriles, descartando otras pruebas, testigos y evidencias que podrían en verdadero aprieto al delincuente y su condición de terrorista internacional. Muchas maniobras se están realizando en estos momentos, encaminadas a viciar el juicio y a convertirlo en una mascarada.
Aunque los fiscales de la Sección Antiterrorista del Departamento de Estado cuentan con abundante información sobre el avatar criminal de Posada Carriles, cerca de 3 500 páginas de documentos oficiales de los gobiernos de Cuba y Guatemala, vinculados con el papel de Posada y su red en los atentados con explosivos ocurridos en Cuba durante 1997, así como varios testigos potenciales como los terroristas Francisco Chávez Abarca, Otto René Rodríguez Llerena y Raúl Ernesto Cruz León, actualmente detenidos en la Habana, parece que no harán uso de todos los recursos acusatorios a su disposición, pues la fiscalía, deliberadamente, había propuesto a estos testigos a última hora, tal como declaró la jueza Cardone el pasado 21 de diciembre.
Otra de las chapuzas deliberadas de la fiscalía fue la demora en dar a conocer al resto del tribunal el amplio dossier sobre las actividades terroristas de Posada Carriles, aceptado por la jueza Cardone inicialmente el 16 de diciembre y rechazado por ella misma seis días después como elemento probatorio de la parte ¿acusadora? El empleo de ese amplio material documental durante el juicio pende de un hilo, pues queda a la controvertida magistrada aceptarlos o no durante el desarrollo del evento legal.
La nueva mascarada judicial montada en El Paso, la dudosa actuación de la jueza Cardone, que parece comprometida hasta los tuétanos con la parte defensora, y la débil actuación de la fiscalía, hacen predecir que nuevamente triunfarán la impunidad y la desvergüenza. La Justicia será nuevamente vulnerada, humillada y vapuleada por los mezquinos intereses de las élites de poder en Estados Unidos y su compromiso con sus mercenarios de turno. Es, sin lugar a dudas, una obra de teatro de la que todos los espectadores ya conocen su desenlace.
Al respecto, sobre lo que puede esperarse de este juicio amañado, expresan nuestros entrevistados:
Gilberto López y Rivas: «Así debiera ser, pero el aparato jurídico estadounidense esta permeado por los intereses de sus clases dominantes. Sacar a la luz todo el expediente de Posada es poner en el banquillo de los acusados a la Agencia Central de Inteligencia, al FBI, y a todos los cómplices desde la presidencia para abajo que han permitido que este terrorista confeso siga tan campante como el resto de la red.»
Luego, sentencia: «Claro que debiera ser extraditado a Venezuela, pero no lo hará por que Estados Unidos no sólo no respeta el derecho internacional, sino incluso violenta su propio marco constitucional.»
Carlo Frabetti: «Es evidente lo que debería hacer el Gobierno de EEUU es extraditarlo a Venezuela; tan evidente como que no lo hace porque es cómplice necesario de los crímenes de Posada Carriles y otros terroristas.»
CONCLUSIONES
Mientras Cuba muestra magnanimidad con los terroristas, sin dejar de imponerles penas severas en correspondencia con sus delitos, la justicia norteamericana es manejada tras bambalinas por los más turbios intereses gubernamentales. Es una legalidad encaminada a salvaguardar a los terroristas y a incriminar como vulgares violadores de la ley a quienes se oponen abiertamente al flagelo del terrorismo. Así sucedió con los Cinco Héroes Cubanos, injustamente acusados y condenados en un juicio amañado y lleno de irregularidades. Ese doble rasero de la concepción norteamericana sobre el terrorismo, lo desnuda el propio James Cockcroft, cuando respondió a mi cuestionario: «El contraste no puede ser más claro, toda una vida dedicada a actos de terrorismo en los casos de Posada y otros terroristas, y toda una vida dedicada a la prevención del terrorismo y la creación de la paz en los casos de los Cinco Héroes Cubanos. El contraste se manifiesta al nivel estatal en el castigo de los Cinco sumamente cruel e injusto por parte del patrón del terrorismo, el gobierno de EEUU, que a la vez protege Posada y los otros terroristas cuyos planes de cometer más crímenes terroristas el gobierno estadounidense tolera y anima.»
Por su parte, Gilberto López y Rivas expresa sobre esa descarada manipulación de la legalidad en Estados Unidos: «Este juicio (refiriéndose al juicio contra los Cinco) demuestra el doble rasero de la justicia estadounidense, ya que se violentó el debido proceso, se presionó a los jueces para resoluciones políticas y no legales, además que no han podido probarse los cargos de espionaje.»
Carlo Frabetti coincide con los otros prestigiosos intelectuales: «Son dos muestras palpables de que el Gobierno de EEUU no solo vulnera el derecho internacional, sino incluso sus propias leyes, en un caso condenando a inocentes y en el otro protegiendo a terroristas.»
Yo, por mi parte, una vez vinculado a Posada Carriles y a otros connotados asesinos terroristas, testigo innegable de sus criminales acciones, en ocasión de ocupar la misma trinchera de los Cinco en la lucha contra el terrorismo de la mafia anticubana de Miami, me pregunto: ¿Por qué no han tomado en cuenta las juezas Cardone y Lenard mis declaraciones sobre estos terroristas, las que se encuentran en los legajos del amañado juicio contra los Cinco, en los documentos entregados al gobierno panameño durante el juicio que se guió a Posada y sus cómplices en Panamá, así como a disposición de oficiales del FBI y de los propios fiscales de la Sección Antiterrorista del departamento de Estado?
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.