Los sindicatos críticos del grupo Marktel -empresa dedicada al marketing telefónico a través de sus delegaciones en Madrid, Valencia y Elvas (Portugal), con cerca de 1.400 empleados en España- denuncian abiertamente la política laboral de la empresa. Despidos de trabajadores mientras se encuentran de baja por enfermedad; rescisiones de contrato en las que se alega […]
Los sindicatos críticos del grupo Marktel -empresa dedicada al marketing telefónico a través de sus delegaciones en Madrid, Valencia y Elvas (Portugal), con cerca de 1.400 empleados en España- denuncian abiertamente la política laboral de la empresa. Despidos de trabajadores mientras se encuentran de baja por enfermedad; rescisiones de contrato en las que se alega una productividad escasa, y persecución de los delegados sindicales son algunas de las vulneraciones señaladas por CGT y UGT, en la concentración convocada ayer en las puertas de la empresa en Valencia, donde trabajan 700 empleados en Marktel Teleservicios SL y Marktel Servicios de Marketing Telefónico SA. Aseguran los sindicalistas que las próximas movilizaciones se producirán, si no hay cambios por parte de la empresa, ante las sedes de Vodafone-Ono, cliente de Marktel.
En torno a la consigna «Contra los abusos laborales, sanciones y acoso de Marktel», unas 40 personas se concentraron ayer por segunda vez -la primera fue en noviembre de 2014- en las inmediaciones del centro de trabajo. Algunos de los empleados señalaban los mecanismos de presión ejercidos por la compañía: «Por un lado están los teleoperadores que hacen su trabajo, y por otro el sistema de mandos intermedios y coordinadores que presionan, por órdenes que reciben de la dirección». Utilizan, añade esta fuente, la amenaza directa: «Si no vendes te vas a ir de la empresa… Piensa en tus hijos», ha llegado a escuchar alguno de los empleados.
Los sueldos permanecen congelados desde 2009. Además, una de las prioridades para la dirección de Marktel es la aprobación de un convenio colectivo (específico para la empresa) por debajo del establecido para el sector. Con tres años de antigüedad en la compañía, Francisco Bayona, delegado sindical de CGT, ha sido sancionado por la empresa en dos ocasiones. La primera, en noviembre de 2014, después de una reunión con Recursos Humanos para pedir el establecimiento de una pausa para que los trabajadores pudieran ir al baño. La jefa de Recursos Humanos le anunció que la empresa le estaba preparando una «carta» y que no se «quejara» tanto. El sindicalista se dirigió a la Inspección de Trabajo para comunicar la amenaza. A los cinco días se le remitió una sanción de cinco días de empleo y sueldo, además de una falta «muy grave».
El 4 de junio le llegó a Francisco Bayona la segunda sanción. Califica los argumentos empleados por la empresa como «vagos», con el fin de justificar «deficiencias en la atención al cliente». ¿A qué causas responden estas penalizaciones? «Hasta que fui elegido delegado sindical, en las elecciones de julio de 2014, nunca tuve problemas», comenta Bayona. Dos días antes que se celebraran las elecciones sindicales, el coordinador le propuso una reducción de jornada, pese a que pocos días después seis personas entraran a trabajar en la empresa. Se le dijo asimismo que tenía que cambiar los días de vacaciones y el turno de trabajo (trabajaba por la mañana con el fin de poder estudiar por las tardes). Tiene claro que la catarata de modificaciones en su relación con Marktel obedece a «represalias». Las mismas que han sufrido por su condición de sindicalistas, aseguran, otros tres delegados de CGT y tres de UGT (de los que dos han sido despedidos).
Pepa Vañó, delegada sindical de CGT y trabajadora de Marktel durante más de diez años, subraya el efecto que han tenido -desde septiembre de 2014- los cambios en la composición del comité de empresa. En las dos sociedades de Marktel en Valencia, se ha configurado una mayoría de CGT y otra, también «reinvindicativa», del binomio UGT-CGT (matiza sin embargo que en Marktel hay una tradición de represión sindical, que también afectaba a los comités de empresa anteriores). «Cuando entramos en el comité, explica Pepa Vañó, la empresa nos planteó un convenio inferior al del sector, que no sólo mantenía la congelación salarial de 2009, sino que la prolongaba hasta 2018». La excusa era la crisis económica.
La sindicalista de CGT fue sancionada en mayo por primera vez (dos días de empleo y sueldo) en una década. «Dicen que me llevé un documento confidencial». Pero se trataba de un documento sin cuño de la empresa sobre normas internas de conducta, que se podía copiar y repartir, asegura. El problema reside en que «no me callo y le pido a la empresa que cumpla con sus obligaciones; además solicito por escrito los papeles, cosa que no les gusta».
Desde septiembre demanda a la empresa la documentación que, según la legislación laboral, se le debe facilitar al comité. «Nos la dan a cuentagotas». Por ejemplo, el balance de cuentas según el Registro Mercantil; o el contrato de Marktel con la empresa cliente, Vodafone-Ono. Como delegada de Prevención de Riesgos, también pide el cambio de los micrófonos, por razones de higiene. Subraya Pepa Vañó la importancia de una medida de fuerza como las sanciones: «Tres meses de empleo y sueldo implica que una persona, con hipoteca e hijos a su cargo, se vea obligada a llegar a un acuerdo para salir de la empresa; esto supone un mecanismo de presión muy fuerte, y la compañía lo sabe».
David García, presidente del Comité de Empresa por UGT, con tres años y cuatro meses en Marktel, resultó sancionado por dos meses de empleo y sueldo. También habla paladinamente de «persecución sindical». Afirma que ha tenido algunos «encontronazos» con alguna de las coordinadoras, «porque les hablo claro y eso no les gusta». Algunos de estos coordinadores de personal, añade, «los nombra a dedo la empresa, sin que se ajusten a la categoría requerida, para poder manejarlos mejor; y al final se les sube el cargo a la cabeza». Dos de los despedidos pertenecen también a UGT. A uno de ellos, le plantearon en octubre de 2014 la siguiente disyuntiva: o una sanción de tres meses de empleo y sueldo, o el despido con una indemnización de 40 días por año trabajado.
Un «despido encubierto», apunta David García. «¿Motivos? El compañero trabajaba en «retención», y la empresa dijo que presionó demasiado a un cliente…para evitar que abandonara la compañía». El segundo despido afectó hace dos meses a una madre soltera que trabajaba en el departamento de «calidad». Cuando se apuntó a UGT, la trasladaron a «ventas», relata el presidente del Comité de Empresa. «Como no tenía experiencia en ventas, y tampoco la querían formar, fue sancionada en diferentes ocasiones hasta que pidió la baja por depresión; finalmente alcanzó un acuerdo con la empresa y salió de la compañía».
Uno de los casos más extremos es el despido de trabajadores que se encuentran de baja por enfermedad, en los que Marktel emplea además el argumento de la productividad escasa. CGT ha contabilizado al menos una decena de casos a partir de septiembre de 2014, en los que ha emprendido acciones judiciales. Un ejemplo es el de Ana María Barber Castillo. En una carta fechada el 14 de mayo de 2015, la compañía le notifica el despido «disciplinario» (la trabajadora se hallaba en baja por enfermedad desde un mes antes): «La causa que justifica esta medida es la falta de rentabilidad de su aportación al proceso productivo, lo que produce un coste muy elevado sin recibir ninguna contraprestación. Dado que se encuentra en situación de incapacidad temporal, y que no puede acudir al centro de trabajo, lo que supone un perjuicio económico para la empresa».
«Así las cosas -continúa la Administración de Personal de Marktel- estamos ante un desequilibrio evidente de las bilaterales contraprestaciones de la relación laboral. Ese incremento injustificado de la onerosidad de su permanencia en la empresa justifica sobradamente esta extinción».
A los despidos de trabajadores con la baja médica, se agregan otros en los que la empresa alega meramente la «baja productividad» o el «incumplimiento de objetivos», despidos que según fuentes de CGT, se producen «continuamente». El agravio comparativo por la productividad entre compañeros es uno de los mecanismos de presión utilizados por la compañía, añade el sindicato. A Sara Valero la despidieron en 2012 por «baja productividad», demandó a la empresa y logró la readmisión. En agosto fue sancionada, «yo creo que por sindicalista». Destaca dos puntos oscuros de la compañía: la precariedad a la que conduce toda la contratación «por obra y servicio» (hay trabajadores con ocho años de antigüedad con estos contratos) y el retraso en el pago de las nóminas.
El sector del tele-marketing despunta por las denuncias de precariedad, abusos y explotación laboral. Pablo Gil, siete años en el Servicio Técnico de Indra-BPO, se solidariza con los trabajadores de Marktel. Señala cómo los empleados de Indra-BPO han de afrontar los llamados «riesgos psicosociales» (exceso en la carga de trabajo, presión laboral, «bombardeo» de correos electrónicos con órdenes, cambios en los procedimientos…). Llama el coordinador y presiona para que finalice la llamada, o un e-mail a los ocho minutos para pedir fluidez, o las urgencias para activar el tono «disponible»… Asimismo, las vacaciones se asignan con menor antelación de lo que establece el convenio.
En el apartado que Marktel denomina en su página Web «ética empresarial», figura el patrocinio del Proyecto «Discatel» con el Real Patronato de Discapacidad y otras entidades, o las actividades de la Fundación Progresa «para el mejoramiento social y cultural», en la que se apoya el acceso al trabajo de personas discapacitadas, así como mujeres mayores de 45 años y jóvenes desempleados. «Iniciativas socialmente responsables y basadas en una gestión de ética empresarial», sostiene la compañía de tele-marketing.
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