La moratoria de desahucios de familias vulnerables prorrogada una y otra vez por el Gobierno como parte del llamado “escudo social” no ha podido evitar que se produzcan 123 desahucios diarios, cinco por hora, según los datos del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) para el primer trimestre de 2022.
De ellos, 7.625 fueron derivados de la aplicación de la ley estatal de alquileres, un 3,1% menos que en el mismo periodo del año pasado. La caída de este tipo de desahucio se compensa en la cuenta general con un importante aumento en los lanzamientos causados por no poder afrontar el pago de la hipoteca, que crecieron un 8,1% hasta llegar a los 2.755, casi el 25%. Unos datos que no recogen todavía las subidas en las hipotecas relacionadas con la espiral inflacionista y el repunte del Euríbor, que pueden llegar a suponer subidas de entre 600 y 1.200 euros al año con las previsiones actuales.
Para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) estos datos “confirman una vez más lo insuficiente de las medidas de protección y el terrorífico futuro que nos espera”, especialmente si la Ley de Vivienda en trámite no incluye las propuestas del movimiento de la vivienda. Tal como esta actualmente redactada, la ley no prohíbe los desahucios de familias vulnerables sino que los aplaza entre dos y cuatro meses a la espera de que las administraciones locales reubiquen a las familias en otra vivienda. Al no contar con parque público, la ley se convierte en papel mojado y solo postergaría unos meses los desahucios, según denuncian desde la PAH.
La ausencia de un parque público de vivienda, el incumplimiento de los compromisos internacionales, la falta de limitación a los precios de los alquileres y el fin de las medidas del escudo social el próximo 30 de septiembre, dicen desde la PAH, “auguran los peores presagios”. Por ello, desde esta organización reclaman una actuación urgente frente a los desahucios, “punta del iceberg de la falta de políticas públicas que prioricen el derecho a la vivienda por encima de los intereses financieros de los especuladores”.
El ranking de los desahucios
Entre los desahucios vinculados con el alquiler, Catalunya encabeza la lista con el 22,3%, seguida por Andalucía, País Valencià y Madrid. Con respecto a los desahucios hipotecarios, es la Comunidad Valenciana quien lidera el ranking, seguido por Andalucía, Catalunya y Murcia. Si se cruza el número de desahucios con la población, las cosas cambian: Baleares pasa a tener la tasa más alta de desahucios de alquiler por habitante y País Valenciá pasa a liderar la lista de lanzamientos hipotecarios.
Los informes periódicos del CGPJ también dan pistas sobre la real gravedad de uno de los argumentos más utilizados por los partidos de derecha y los lobbies inmobiliarios: la ocupación. En el primer trimestre de 2022 se han registrado 740 nuevos juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en los casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas. Esta cifra supone un 6,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. Estas viviendas suponen un 0,002% de las casi 26 millones de viviendas registradas en España.