En mi país hay excelentes periodistas de investigación, como Tomás Méndez y su colaborador Miguel Ponce de León. Dos heroicas y valientes personas que ponen la verdad por sobre las mentiras y ocultamientos de gobiernos corruptos. En su prestigioso programa ADN, emitido el 29 de septiembre de 2017 por Canal C5N de la TV argentina, […]
En mi país hay excelentes periodistas de investigación, como Tomás Méndez y su colaborador Miguel Ponce de León. Dos heroicas y valientes personas que ponen la verdad por sobre las mentiras y ocultamientos de gobiernos corruptos.
En su prestigioso programa ADN, emitido el 29 de septiembre de 2017 por Canal C5N de la TV argentina, donde un exmiembro del Greenpeace, Franco Seguesso, expone y denuncia la relación que existe, por lo menos, con 30 funcionarios y políticos macristas en los negocios de agrotóxicos.
Una es Beatriz Giraudo, la coordinadora en el ministerio de Agroindustria, presidenta honoraria de Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa). Otro es Guillermo Bernaudo, jefe de gabinete de Ricardo Buryaille, miembro de AACREA (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola). Leonardo Sarquis, gerente de Monsanto para Argentina, Paraguay y Uruguay, ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Buryaille, ministro de Agroindustria de la nación, miembro de RAP (Red de Acción Política). Cerca de 160 políticos son parte de esa red a la que financian, entre los que se encuentra la vicepresidenta Gabriela Michetti, quienes forman un entramado secreto, al igual que Oscar Aguad, ministro de Defensa. Fuente: https://www.facebook.com/153427751341447/videos/2067721586578711/
Mientras en Buenos Aires, Chaco, Formosa, Salta y Santa Fe la justicia prohibe fumigar con agroquímicos a menos de 1.500 metros de centros poblados, desde El Disenso te contamos: Escudándose en un informe realizado por el ministerio de Agricultura de la nación en conjunto con CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), AAPRESID (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa) y la Federación de Cámaras Agroaéreas, titulado «Pautas sobre aplicaciones fitosanitarias en áreas periurbanas», el ministro Bergman anunció que acortará por resolución la distancia mínima para la fumigación con glifosato. La «gran noticia» fue adelantada por Bergman y Buryale, en la inauguración del 25 congreso de la AAPRESID, uno de los organismos que realizó el informe.
El rabino devenido en ministro de Ambiente, consideró «muy restrictivas» las ordenanzas dictadas por diversos municipios que exigen una distancia mínima que va de 10 a 15 cuadras de los centros poblados. Esa distancia tiene un porqué: la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires falló en 2016 exigiendo que la fumigación con glifosato respete una distancia mayor a los 1.000 metros, mientras que la justicia santafesina exige para la fumigación aérea un mínimo de 1.500 metros y de 800 metros si se fumiga a pie. Por otra parte, según se desprende del informe de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, la Red Universitaria de Ambiente y Salud publicó que en Argentina el consumo de agrotóxicos aumentó un 983 % en 25 años: de 38.000 toneladas en 1990 a 370.000 en 2015.
La Argentina es el país que más glifosato usa por habitante al año, con 5 kg por habitante y año. La superficie cultivada se incrementó a un total aproximado de 30 millones de hectáreas, donde el 70 % es transgénico, y ya hay 12 millones de argentinos expuestos a estos agrotóxicos. Al aumentar el uso de estos herbicidas, las plantas aumentan su resistencia, por eso cuando en 1996 se utilizaban 3 kg de glisofato al año por hectárea, hoy se aplican 12 kg.
La ONG Greenpeace denunció en 2016 que «al menos treinta funcionarios (del Gobierno de Cambiemos) tienen vínculos con el oligopolio de la industria química». Esta rama estaría encabezada por Monsanto-Bayer, Dow-Du Pont, Syngenta-ChemChina y BASF, quienes controlan el 60 % del mercado mundial de semillas y el 65 % de las ventas mundiales de agrotóxicos. Por eso no sorprende que ahora se censure la palabra «agrotóxicos» cuando desde el Gobierno ya está un marcha un plan de «mejoramiento de imagen» de la multinacional que va desde introducir a Monsanto en las escuelas porteñas hasta incorporar un programa de Monsanto en la grilla oficial de programación.
El Disenso agrega: Detrás de ILSI hay un largo listado de multinacionales donde se destacan Monsanto y Bayer, la firma alemana que en septiembre de 2016 compró a la empresa Monsanto por 66.000 millones de dólares. EL 18 de mayo pasado en nuestro informe «La censura llegó al INTA: no se puede mencionar la palabra agrotóxicos».
Mientras Italia muestra en la TV un informe sobre la realidad del uso de esta «alternativa tecnológica» en nuestro país exponiendo la realidad de los «pueblos fumigados» de las zonas rurales del litoral que padecen los efectos de haber sido rociados con glifosato desde el aire, como es el caso de San Salvador, donde mueren de cáncer uno de cada dos vecinos.
«Malformaciones congénitas, problemas respiratorios, neurológicos, alergias, abortos espontáneos y cáncer son solo algunas de las enfermedades que sufren estos argentinos que viven cerca de grandes extensiones de cultivos de soja o en regiones cercanas al área de producción de transgénicos dependientes de venenos de Monsanto», cuenta el periodista que presenta el detallado informe, mientras desde Cambiemos la respuesta es sencilla: debemos abstenernos de utilizar la palabra «agrotóxicos».
En un informe titulado «¿El INTA en manos de Monsanto?» expusimos que Marcos Peña estaba analizando el nombramiento de María Beatríz «Pilu» Giraudo, al frente del INTA. Giraudo es una conocida defensora y lobbista de Monsanto, que desde el año 2014 se desempeña como presidenta de AAPRESID -Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa- el sistema productivo que fue impuesto por las empresas que desarrollaron el sistema de agricultura industrial «basado en el uso de agrotóxicos», es decir, Monsanto.
El documento técnico en el que se basa Bergman para acortar la distancia a 100 metros fue elaborado por AAPRESID. Si bien Giraudo no fue al INTA, fue nombrada por el ministro Ricardo Buryaile como nueva «Coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable», teniendo a su cargo la coordinación del Plan Belgrano desde el ministerio de Agroindustria con el objetivo de «impulsar la iniciativa desde el punto de vista bio económico» y «hacer de las buenas prácticas una marca país». En ese momento nos preguntamos si esas «buenas prácticas» incluirían el uso masivo del glifosato en Argentina. Hoy ya tenemos la respuesta.
Te mostramos el informe de la tv italiana que expone la realidad del uso del agrotóxico en Argentina, el país que más glifosato utiliza anualmente por habitante. VER: https://youtu.be/L1jFSFmIMJ8
Fuente: https://barometrolatinoamericano.blogspot.com.es/2017/10/mas-de-30-politicos-argentinos.html