Cerca de 60 Alcaldes y cargos públicos de IULV-CA de la provincia de Sevilla decidieron el sábado constituirse en asamblea permanente e iniciar un encierro de carácter indefinido en la sede del Parlamento andaluz ante la situación «al borde de la bancarrota» de los ayuntamientos. Los números rojos de los ayuntamientos llevaron a estos ediles […]
Cerca de 60 Alcaldes y cargos públicos de IULV-CA de la provincia de Sevilla decidieron el sábado constituirse en asamblea permanente e iniciar un encierro de carácter indefinido en la sede del Parlamento andaluz ante la situación «al borde de la bancarrota» de los ayuntamientos.
Los números rojos de los ayuntamientos llevaron a estos ediles a tomar una decisión debido a que ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno de la nación prestan atención a los consistorios. «Hasta que la ministra de Administraciones Públicas o la consejera de Gobernación no nos escuchen, de aquí no nos mueve nadie».
Tras debatir la situación, los alcaldes, con tono serio y rotundo, leyeron un documento con las medidas pactadas para sacar a los ayuntamientos de la bancarrota.
Primera parte: que los Presupuestos Generales, mediante una enmienda, aporten 1.000 millones de euros; que la Junta otorgue otros 1.000. Que los consistorios reciban el 33% de los fondos del Estado. Que no paguen el IVA. Que puedan crear una tasa similar a las que las eléctricas cobran por los servicios esenciales. Que el dinero se reparta con un criterio objetivo y no finalista. Que se ceda el patrimonio de la Junta en suelo y viviendas. Que la Junta complete hasta el 100% los proyectos que resultan imposibles únicamente con los fondos del subsidio agrario (antiguo PER).
Segunda parte: que las obras que el Gobierno o la Junta realizan en los municipios sean financiadas al 100%. Que se cree un fondo especial para garantizar al menos dos meses de empleo a los trabajadores de todos los municipios. Que se pague de una vez la deuda de los ayuntamientos -10.000 millones de euros, según sus cálculos-. Y que cada consistorio tenga capacidad para poder aplicar impuestos directos. «Para que el que más tiene, pague más y el que menos tiene, pague menos», explicó el alcalde de Marinaleda y líder de la CUT-BAI, Juan Manuel Sánchez Gordillo.
Los concentrados también plantearon una serie de movilizaciones como cerrar de manera parcial los consistorios de la provincia una vez a la semana, medida que se extenderá al resto de la región andaluza, o realizar marchas de protesta ante la Casa Rosa e incluso a Madrid.
Sánchez Gordillo llamó la atención sobre la situación «desesperada» de las administraciones locales, «que nunca habían estado peor que ahora, pues no pueden pagar la luz, la seguridad social e incluso a los propios trabajadores, que están comenzando a ser despedidos».
En este sentido, aseveró que «es hora de decir basta» y planteó que si el Gobierno central «va a dedicar 150.000 millones de euros para rescatar a las grandes empresas y al capital financiero e inmobiliario, por qué no se van a destinar 10.000 millones de euros para pagar la deuda histórica de los ayuntamientos». Al hilo de ello, consideró que, «ante una situación de crisis económica, la respuesta debería ser invertir en servicios sociales».
«Los derechos se conquistan con lucha», aseguró Sánchez Gordillo, quien consideró que «hace falta que la mayoría de edad política se reconozca con dinero». «No es una calentura más, sino que es hora de decir basta y pedir dinero que cubra servicios sociales como el agua, la basura o la limpieza de calles».