EL FBI Y LA OPERACION CONDOR Tras el fracaso de la Alianza para el Progreso, casi todas nuestras naciones latinoamericanas padecieron una época de horror, instaurada a lo largo del continente en forma de dictaduras militares. La caída de las endebles y cuestionadas democracias, dio paso a regímenes en forma de generalatos, apoyados en las […]
EL FBI Y LA OPERACION CONDOR
Tras el fracaso de la Alianza para el Progreso, casi todas nuestras naciones latinoamericanas padecieron una época de horror, instaurada a lo largo del continente en forma de dictaduras militares. La caída de las endebles y cuestionadas democracias, dio paso a regímenes en forma de generalatos, apoyados en las más burdas formas de violación de los derechos humanos, en las torturas y las desapariciones, en las masacres y el asesinato selectivo. Fue la nueva forma en que las oligarquías asumieron la total sumisión a Washington y se valieron de individuos sin escrúpulos al viejo estilo de Leónidas Trujillo, Anastasio Somoza, Fulgencio Batista y Alfredo Stroessner, pero esta vez el hard power pareció carecer de límites para la impunidad y la perfidia. Nombres macabros como el Rafael Videla, Augusto Pinochet, José María Bordaberry, Hugo Banzer y muchos otros, quedaron en la memoria histórica de nuestros pueblos como un mal recuerdo y como una herida abierta y lacerante.
La CIA, el FBI y el Pentágono norteamericanos ayudaron a perfeccionar los órganos represivos de los países latinoamericanos y a preparar a sus miembros con las últimas técnicas de tortura y represión. A la acelerada modernización del ejército, la difusión de las Doctrina de Seguridad Nacional, el perfeccionamiento de los servicios de inteligencia militar y el incremento de la ayuda militar norteamericana, dio paso un modelo contrainsurgente basado en el terror. La ideología de los generales, influida notablemente por el fascismo y las doctrinas de la ultraderecha conservadora norteamericana, tenía el doble propósito de detener, por un lado, a la legítima lucha de los pueblos y, por otro, incrementar los niveles de dependencia al capital extranjero. Toda esta amalgama ideológica, sustentada por la doctrina de la Seguridad Nacional, descansó en la defensa a ultranza del desarrollo de un capitalismo dependiente al capital foráneo y de las estrategias de desarrollo diseñadas por teóricos norteamericanos, así como en la represión y estigmatización de quienes propusieran otras alternativas de progreso. El ejemplo cubano fue excomulgado, censurado y perseguido, así como aquellos que le defendían como alternativa más viable para sus países.
Los presidentes de Estados Unidos involucrados en la Operación Cóndor, en mayor o menor medida, fueron Lyndon Blaines Johnson (1963 a 1969); Richard Nixon (1969 a 1973); Gerald Ford (1974 a 1977); James Carter (1977 a 1981); Ronald Reagan (1981 a 1989) y George Bush, padre (1989 a 1993). Todos ellos bendijeron de alguna manera la participación norteamericana en los sangrientos sucesos.
Un antecedente del apoyo que darían los EE UU a sus represores de turno, fundamentalmente en cuanto a suministro del armamento más sofisticado en esos momentos, envío de asesores, ayuda financiera, adiestramiento en guerra sicológica y técnicas antisubversivas, para llevar a cabo la futura Operación Cóndor, tuvo lugar en la Conferencia Panamericana de Chapultepec, celebrada en febrero de 1946, en México, que se materializaría mediante acuerdos bilaterales de cooperación militar, en 1951, sobre la base de la Ley 165 de Seguridad Mutua, aprobada por el Congreso de EE UU, y en los que se preveía el empleo de la Escuela de las Américas para adiestrar a los torturadores más promisorios. Años más tarde, en 1967, el entonces Secretario del Departamento de Defensa norteamericano afirmó que: «el objetivo principal para Latinoamérica era el desarrollo de fuerzas militares y paramilitares locales para asegurar la seguridad interna». No en balde, los Estados Unidos, destinó tan solo en tres años, entre 1970 y 1973 la asombrosa cifra de 4 300 millones de dólares para esa finalidad.
El Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, conocido también, entre 1963 a 2001, como Escuela de las Américas, ahora ubicada en Fort Benning, pero provisionalmente trasladada a Panamá entre 1946 y 1984, en Fort Amador, y ahora nuevamente reubicada en el hotel Meliá Panamá Canal, fue el principal centro de adiestramiento propiciado por EE UU para adiestrar en técnicas de baja intensidad a más de 61 034 represores y torturadores latinoamericanos, muchos de los cuales brillaron por su bestialidad durante la Operación Cóndor, como fueron los casos del golpista dominicano, Elías Wessin y Wessin; el general boliviano Hugo Banzer; el creador de los escuadrones de la muerte salvadoreños Roberto D’Aubuisson; el general masacrador guatemalteco Héctor Gramajo; los generales golpistas argentinos Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri; el corrupto y torturador peruano, Vladimiro Montesinos; el criminal jefe de la Dina chilena, general Manuel Contreras; el jefe del reciente golpe de estado en Honduras, general Romeo Orlando Vásquez Velásquez; así como una larga lista de criminales uniformados.
La macabra época de los generalatos, se extendió por todos lados: primero en Paraguay (1954); luego en Brasil (1964); y, posteriormente, en otras naciones del Cono Sur como Perú (1968), Uruguay (1972), Chile (1973), Argentina (1976) y Bolivia. La modalidad de las juntas militares golpistas no fue la única forma que asumió la represión institucionalizada. Hubo casos de gobiernos aparentemente democráticos, pero contagiados de un descarado patrocinio militar, tal como ocurrió en Uruguay, Guatemala, El Salvador y Honduras, que se destacaron por su extrema crueldad represiva.
Mientras en Brasil se estrenó la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aprobada por J. F. Kennedy en 1962, mediante el golpe de estado a Joao Goulart, la dictadura de Stroessner en Paraguay supervivía desde 1954 hasta 1991. Por su parte, luego del golpe abominable contra Salvador Allende, el régimen de Pinochet en Chile se alargó desde 1973 hasta 1990. Argentina, lamentablemente, padeció a Videla, Viola y Galtieri desde 1976 hasta 1982; mientras en Uruguay los gobiernos represores de Jorge Pacheco Areco y José María Bordaberry se extendieron desde 1966 hasta 1985. Tal panorama aterrador lo sufrieron otras naciones del continente como Bolivia, Guatemala y muchas otras.
No es equivocado reconocer que 300,000 fueron las víctimas de tan repudiable episodio, muchas de ellas desaparecidas y asesinadas por la represión castrense en esta guerra sucia impuesta a nuestros pueblos. Fueron, sin lugar a dudas, generaciones enteras desaparecidas en países como Chile, Guatemala, Argentina, El Salvador. La juventud fue quien más padeció la represión discriminada, ya que el 80 % de los asesinados y desaparecidos tenía una edad que oscilaba entre los 21 y los 35 años. Otros tuvieron que acogerse a un duro exilio para escapar de las matanzas.
Esa trama bestial y reprobable tuvo un nombre: La Operación Cóndor y fue consumada por las dictaduras militares y un centenar de terroristas cubanos, bajo la benevolencia de Washington y el apoyo de la CIA y el FBI norteamericanos. Para ello, recurrieron a la vieja herencia fascista de Adolph Hitler, al extremo que Cóndor no tuvo mucha diferencia de operaciones nazis como su famoso Decreto Noche y Niebla .
La Operación Cóndor fue la consumación de los planes norteamericanos para garantizarse un traspatio seguro en la región y representó la internacionalización del terror por parte de los militares latinoamericanos, aplicando el esquema de contrainsurgencia de la Guerra de Baja Intensidad (GBI). Sin lugar a dudas, luego de haberse establecido en un encuentro realizado a fines de noviembre de 1975, durante una reunión en Santiago de Chile y bajo la anuencia directa de Pinochet, en la que participaron represores de Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, se crearon las condiciones organizativas, técnicas y financieras para llevar a cabo operaciones a gran escala, internacionalmente coordinadas, y encaminadas a reprimir de conjunto a las fuerzas progresistas de la región. Los argentinos, al igual que sus socios chilenos, paraguayos y uruguayos, desempeñaron un rol relevante en estos planes. Baste destacar que solo los militares argentinos llegaron a contar con 340 centros clandestinos de tortura y detención, cuyos operadores eran represores castrenses.
Los cuantiosos recursos aportados por Estados Unidos para llevar a cabo el montaje de la Operación Cóndor incluyeron no sólo altas sumas de dinero, sino también un voluminoso intercambio de información, asesoramiento en técnicas de tortura y equipamiento provistos por la División de Servicios Técnicos de la CIA.
Fueron operativos de la DINA, una organización de inteligencia subordinada directamente a Pinochet, los que persiguieron, secuestraron y ultimaron a destacadas personalidades democráticas chilenas en el exterior, entre las que sobresalieron el general Carlos Prats y Orlando Letelier, llegando a asesinar a casi 45 mil los chilenos, según fuentes de la OEA, la ONU y el Consejo Mundial de Iglesias y el Parlamento Europeo. Argentina, por su parte, perdió a miles de sus mejores hijos, mientras en Bolivia tras los 18 años de dictaduras militares de René Barrientos, Alfredo Ovando, Hugo Banzer, Alberto Natusch Busch, García Meza y otros, entre 1965 y 1982, centenares de bolivianos fueron asesinados. Miles detenidos ilegalmente y más de 6 000 recurrieron al exilio.
Operación Cóndor tuvo en los militares paraguayos eficientes artífices de desapariciones de ciudadanos argentinos, uruguayos, chilenos, bolivianos y de otras nacionalidades, los que eran secuestrados y enviados hacia sus respectivos países para ser inmediatamente torturados y asesinados. En pago por estos favores, los militares argentinos, por ejemplo, asesinaron a 54 paraguayos exilados en ese país. Investigaciones posteriores han indicado que los militares paraguayos se incorporaron a las actividades de Cóndor a partir de julio de 1976, a través del Coronel Benito Guanes Serrano, jefe de los Servicios de Inteligencia del Ejército. Tal fue el nivel de represión desatada por Stroessner, que 360 mil personas, de un total de tres millones de habitantes, pasaron por las prisiones, y casi el 50 % de los paraguayos tuvieron que exilarse para escapar de la represión.
La estación de la CIA en Montevideo elaboró listados y ejerció permanente control sobre los más destacados activistas y opositores al gobierno de turno. Fue la CIA la que facilitó las coordinaciones entre los militares uruguayos y sus similares de Chile y Argentina, dando lugar a las ya analizadas operaciones conjugadas entre ellos que estaban previstas en la Operación Cóndor. Como ejemplo, puede destacarse que un numeroso grupo de 32 uruguayos y argentinos, detenidos en la cárcel secreta de «Automotoras Orletti», fue enviado al Uruguay en octubre de 1976 y allí posteriormente ultimados. Tal fue la confabulación de los militares y grupos civiles de poder, asociados con militares del Cono Sur y contando con la venia y apoyo de los Estados Unidos. Prueba de ello fue que, en 1969, la agencia envió a Uruguay al conocido torturador Dan Mitrione. Por su parte, el FBI colaboró en el entrenamiento de muchos sicarios y torturadores en técnicas de tortura y «persuasión», intercambio de información, comunicaciones y capacitación policial en general.
Centroamérica no escapó tampoco de la siniestra mano de Cóndor. La imposibilidad de Miguel Idígoras Fuentes de controlar el descontento popular, provocó que el ejército se hiciera cargo de la situación, preparándose de facto las condiciones para el golpe militar de 1963. Con el golpe de Estado producido el 30 de marzo 1963, los militares guatemaltecos hacía suya la Doctrina de la Seguridad Nacional, la que lograría aún más plenitud durante el período gubernamental de Julio César Méndez Montenegro, ejercido entre 1966 y 1970. Al estilo de sus homólogos uruguayos, un pacto entre militares y civiles beatificaría este nuevo modelo de contrainsurgencia. El golpe, que colocó a la cabeza del régimen a Enrique Peralta Azurdia, hasta ese momento ministro de la Defensa, ejerció mil días de terror y represión contra las fuerzas progresistas del país. En marzo de 1966, con el traspaso del gobierno al abogado Julio César Méndez Montenegro, se quiso perpetuar la represión pero con una cara en apariencia diferente. Fue allí cuando fueron capturados y desaparecidos 28 dirigentes políticos y populares, por órdenes expresas del entonces ministro de la defensa, el coronel Rafael Arriaga Bosque. Sus cuerpos fueron desaparecidos al ya institucionalizado estilo de la Operación Cóndor.
Centroamérica también conoció a los «escuadrones de la muerte», similares a la Triple A de Argentina, llegando a existir, solo en Guatemala cerca de 20 organizaciones de este tipo. El modelo represivo ensayado en Guatemala, apoyado en la asociación entre políticos, empresarios y militares, se extendió a la década de los setenta, con pleno dominio del ejército sobre la vida pública. Los gobiernos militares que sucedieron al de Méndez Montenegro, como los del coronel Carlos Manuel Arana Osorio (1970-1974) y del general Kjell Eugenio Laugerud García (1974-1978), hicieron suya la institucionalización del terror, tal como lo harían luego los gobiernos militares de Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Humberto Mejía Víctores (1983-85). Fue la época oscura de tierra arrasada, masacres de aldeas completas, de asesinato de líderes y estudiantes, de sindicalistas desaparecidos y del asesinato de 45 000 guatemaltecos y la desaparición de cerca de 150 000.
Por su parte, en El Salvador, para ocultar vanamente la participación del gobierno y de sus fuerzas armadas en los frecuentes asesinatos de tipo político, fue creado en 1967 un grupo paramilitar conocido como Organización Democrática Nacional (ORDEN), coincidiendo con la aparición de estos escuadrones de la muerte en la vecina Guatemala. Otros grupos paramilitares, dependientes del ejército como la autodenominada Brigada Anti-Comunista «Maximiliano Hernández Martínez» y el Ejército Secreto Anticomunista (ESA), cometieron también abominables crímenes. Todos ellos estaban integrados por militares entrenados en la Escuela de las Américas, la CIA y el FBI.
Particularmente, el FBI fue un elemento esencial en los planes represivos en América Latina, tanto por su adiestramiento a torturadores como por la entrega esencial para la captura y ulterior asesinato o desaparición de perseguidos políticos. El FBI transportó a América Latina sus modelos contrainsurgentes como el programa de contrainteligencia conocido como COINTELPRO, probado ya con eficiencia dentro de EE UU, así como la asignación de funcionarios del FBI conocidos como Legats y el adiestramiento de represores en su propia Academia Nacional del FBI. En esta macabra conspiración de terror estuvieron involucrados varios directores del FBI, tales como John Edgar Hoover, su fundador desde el 10 de mayo de 1924, hasta su muerte en 1972; Louis Patrick Gray III, jefe del Buró desde el 2 de mayo 1972 hasta el 27 abril 1973; Clarence M. Kelley, a cargo del Buró desde el 7 de junio de 1973 hasta el 15 febrero de 1978; James B. Adams, quien dirigió el FBI pocas semanas; William Hedgcock Webster, quien se encargó del Buró desde 1978 hasta 1987, pasando posteriormente a dirigir la CIA desde 1987 hasta 1991 y, finalmente, William Steele Sesiones, Director del FBI desde 1987 hasta 1993.
LEGATS EN AMERICA LATINA
Durante más de seis décadas, el FBI ha colocado a oficiales del Buró en las sedes diplomáticas en 75 ciudades del mundo, alcanzando una cobertura en casi todos los países del planeta. Con la condición de Agregados Legales (Legats), tienen la misión aparente de proteger a los intereses de EE UU y a sus ciudadanos, realizar labores de inteligencia dentro de las naciones en las que están acreditados, intercambiar información con las autoridades y entrenarles. Los Legats son atendidos directamente por la Oficina de Operaciones Internacionales en la sede del FBI en Washington, DC. Han existido, desde hace décadas, Oficinas de Legats en Buenos Aires, Brasilia, Santiago de Chile, Caracas, Bogotá, Ciudad de Panamá y Ciudad de México.
Los antecedentes de los Legats en América Latina tienen su origen en 1941, cuando el embajador de EE.UU. en Colombia solicitó la asignación de un agente especial de la Embajada de EE.UU. en Bogotá. Un año después, en 1942, agentes especiales del FBI fueron asignados a la embajada norteamericana en la Ciudad de México. Este proceder se oficializaría en 1943 con la designación de Agregados Jurídicos o Legats del FBI, atendidos por la Oficina de Operaciones Internacionales en la sede del FBI en Washington, DC. y quien se encarga de la coordinación inter agencias con el departamento de Estado, la CIA y el Pentágono.
En 1968, el general norteamericano Robert W. Porter, declaró que: «Con el fin de facilitar el empleo coordinado de las fuerzas de seguridad interior y entre los países de América Latina, estamos… tratando de fomentar entre los distintos servicios y la cooperación regional, ayudando en la organización de de mando integrado y centros de control, el establecimiento de procedimientos operativos comunes, y la realización de ejercicios de entrenamiento conjunto y combinado». Cóndor fue uno de los frutos de este esfuerzo.
Los Legats coordinaron esfuerzos dentro de la Operación Cóndor con el SIDE de Argentina; la DINA chilena; la DISIP y la Dirección de inteligencia Militar venezolanas; el Departamento de Orden Político y Social (DOPS), y el Servicio de Información Nacional brasileños, éste último convertido luego en la Agência Brasileira de Inteligencia, así como las Divisiones Regionales de Operaciones de Inteligencia y Coordinaciones de la Defensa Interna ; el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas de Uruguay (OCOA), así como los servicios de inteligencia militares en Guatemala, El Salvador y de otras naciones.
El 6 de marzo de 2001 se conoció a través del New York Times la existencia en 1978 de un centro de inteligencia ubicado en el Canal de Panamá, creado por EE UU, para intercambiar información entre la CIA y los servicios de inteligencia de los países latinoamericanos, uno de cuyos proveedores era el FBI y sus Legats.
En un informe del coronel Robert Scherrer, Legat del FBI en Buenos Aires desde 1972, fechado el 22 de septiembre de 1976, se reconoció el empleo de Automotrices Orletti en Buenos Aires como centro de detención y tortura, según un informe que recibió del SIDE argentino, donde fueron torturados y asesinados los diplomáticos cubanos Crescencio Galañega Hernández y Jesús Cejas Arias, secuestrados previamente el 9 de agosto de 1976 en una zona aledaña a la embajada cubana.
Scherrer impuso también a sus jefes del FBI sobre detalles del asesinato en Washington DC, de Orlando Letelier del Solar, ex ministro de Salvador Allende, apenas una semana después de cometido el crimen: «Operación Cóndor es el nombre en código de la recopilación, intercambio y almacenamiento de datos de inteligencia [militar] sobre personas [calificadas de adversarios políticos], recientemente establecida entre los servicios que a ella cooperan con el fin de eliminar a [sus adversarios políticos] en estos países. Además, la Operación Cóndor lleva a cabo operaciones conjuntas contra sus blancos en los países miembros (…) Chile es el centro de la Operación Cóndor, e incluye también a Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Brasil también ha aceptado en principio aportar información a la Operación Cóndor.»
«Una tercera y más secreta fase de Operación Cóndor consiste en formar equipos especiales de los países miembros para que viajen por todo el Mundo, por países no miembros de aquella, para llevar a la práctica las sanciones, [que incluyen] asesinatos, contra [adversarios políticos] de los países miembros de la Operación Cóndor. Un ejemplo, si un [adversario político] o un apoyo de la [organización política adversa] es localizada en Europa, un equipo especial de la Operación Cóndor será enviada a localizar y vigilar el blanco. Cuando ha culminado la localización y vigilancia, un segundo equipo de Operación Cóndor será enviado a llevar a cabo la sanción efectiva contra el blanco. En teoría, un país proveería de documentación falsa al equipo de asesinos, formado por agentes de un país distinto. El asesinato de Letelier puede haber sido obra de una tercera fase de Operación Cóndor».
Lo sorprendente de todo es que el agente especial Robert Scherrer, además de conocer la actividad represiva de la SIDE argentina, coordinó regularmente con Antonio Campos Alum, entonces director de la Jefatura de Asuntos Técnicos del Paraguay, diversas informaciones de inteligencia sobre personalidades y movimientos progresistas en la región, impartiendo orientaciones al respecto como lo demuestra una nota enviada por Scherrer a Campos Alum: «Sugiero que continúe las conversaciones con el Director de la Misión de Operaciones de Estados Unidos en Paraguay, con el fin de establecer algún programa similar sobre Seguridad Pública.»
Tal era el contubernio entre el FBI y los represores de la Operación Cóndor que el propio director del Buró, Clarence Kelley, no tuvo reparo en felicitar a Campos Alum, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, en ocasión de fin de año en 1976: «En estas Navidades, deseo hablar en nombre de todos mis colaboradores y agradecerle de todo corazón la cooperación que ustedes, con tanta buena voluntad, han proporcionado al FBI. Deseándole lo mejor de las cosas, que merece con creces».
Esta felicitación, por supuesto, fue el justo reconocimiento del FBI a los policías paraguayos que, en varias oportunidades, se dedicaron a informarle, incluso, sobre la actividad de personalidades norteamericanas, tal como ocurrió en el caso del senador por Massachusetts, Edward Kennedy, en una de sus visitas en Buenos Aires en la se reunió con varias personalidades paraguayas.
El control y asesoramiento del FBI sobre la actividad de los grupos represivos en la región, fortalecido por casi 100 terroristas de origen cubano, no descarta que el propio Scherrer haya tenido conocimiento d el asesinato en Argentina del ex presidente boliviano Juan José Torres González, ocurrido en junio de 1976, el del ex ministro del Interior y de Defensa de Chile, general Carlos Prats, así como de los asesinatos de los parlamentarios uruguayos Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, durante ese mismo año. Por otra parte, según archivos del FBI sobre la Operación Cóndor, la DINA chilena realizó o intento cometer atentados terroristas en España, Francia, Portugal, Italia, EEUU, Argentina, Chile y otros países.
Una prueba del compromiso de los Legats norteamericanos con el terrorismo anticubano tuvo lugar cuando el funcionario acreditado en Puerto España, Trinidad y Tobago, concedió sin dificultad una visa a Ricardo Lozano, el venezolano vinculado a Posada Carriles en varias acciones terroristas, entre ellas la colocación de una bomba en Guyana el 1 de septiembre de 1976. Posteriormente, el Buró se «sorprendió» que el 8 de octubre de 1976, fuera arrestado este terrorista bajo la acusación de volar un avión de Cubana de Aviación en pleno vuelo en Barbados.
Otro de los destacados oficiales del FBI que actuaron dentro de la Operación Cóndor, en este caso en Paraguay, fue el coronel Robert Thierry, quien usó la fachada de «asesor sobre administración pública» de la Administración de Cooperación Internacional (AID), cuya misión fue la de ejercer asesoría en el Ministerio del Interior de Paraguay, así como la creación y control de la Policía Técnica de ese país.
Otro Legat del FBI en Buenos Aires, Calvin Clegg, también se destacó por recabar información permanente sobre personalidades progresistas en la región, para lo que se valió constantemente del SIDE. En una solicitud al represor e informante paraguayo, Pastor Coronel, usado también muchas veces por Scherrer, le solicitó información sobre el Consejo Mundial por la Paz: «Adjunto un informe reservado, enviado por la oficina del FBI en Nueva York. El informe describe la historia y antecedentes del Consejo Mundial para la Paz, una organización que sirve como instrumento político del Partido Comunista de la Unión Soviética. Le ruego que examine sus archivos buscando toda información relacionada con el Consejo Mundial para la Paz en su país que esté dirigido contra Estados Unidos o sus ciudadanos.»
Siguiendo órdenes expresas de Kissinger, quien revocó el 16 de septiembre de 1976 la orden que había dado un mes antes, el 18 de agosto, a los embajadores de este país en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay de que advirtieran a los regímenes militares de la región de no cometer una «serie de asesinatos internacionales», según el cable desclasificado por el Archivo de Seguridad Nacional en días pasados, los Legats del FBI solo se limitaron a informar a su Director sobre evidentes planes de asesinatos, pero no hicieron nada para evitarlos.
Hoy se conoce que mucha gente de las administraciones norteamericanas durante esa etapa se opuso tímidamente a los crímenes planeados dentro de la Operación Cóndor, pero ninguno tuvo en esos momentos el valor de denunciarlos. Tal fue el caso de Ernest Siracusa, el embajador de Estados Unidos en Montevideo; los embajadores norteamericanos en Chile en esa época, David Popper y Robert Hill, así como otros funcionarios de menor rango dentro del departamento de Estado. Sin embargo prevaleció el criterio del pentágono, de la CIA y del FBI.
La marcha atrás de Kissinger, mediante su Secretario Adjunto para el hemisferio Occidental, Harry Shlaudeman, dio luz verde al asesinato de Letelier y otros macabros crímenes cometidos en esa época. Al respecto, señaló Peter Kornbluh, Director del Archivo de Seguridad Nacional, con sede en Washington: «El cable del 16 de septiembre es la pieza que faltaba en el histórico rompecabezas sobre el papel desempeñado por Kissinger, y el no desempeñado por el gobierno de Estados Unidos, tras enterarse de las conspiraciones del Plan Cóndor». (…) «Sabemos lo que pasó: el Departamento de Estado trató en forma oportuna de frustrar los ‘Asesinatos Inc.’ en el cono sur, y Kissinger, sin explicaciones, lo suspendió».
Actualmente existen varias Oficinas Legats en América Latina, como es el caso de una en la embajada de EE UU en Bogotá, Colombia, que cubre a ese país y al Ecuador. Otras de ellas están ubicadas en las embajadas norteamericanas con sede en Brasilia, Brasil; en Bridgetown, Barbados, así como una sub oficina en el consulado de EE UU en Nassau, las que cubren un vasto territorio que comprende a Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bonaire, Islas Caimán, Curazao, Dominica, Granada, Guadalupe, Martinica, Montserrat, Saba, San Bathelemy, San Cristóbal (San Cristóbal) y Nevis, St. Eustatius, St. Lucía, St. Maarten, St. Martin, San Vicente y las Granadinas y las Islas Turcos y Caicos.
Otras oficinas Legats en América Latina se ubican en Buenos Aires, Argentina, con la misión de atender a ese país junto a Paraguay y Uruguay; en Caracas, Venezuela; una sub oficina en Puerto España, Trinidad y Tobago, que actúa sobre Guyana Francesa, Guyana, Suriname, Trinidad y Tobago, y también sobre Venezuela. En México existe una oficina Legat en la embajada de EE UU en Ciudad México, así como sub oficinas en Guadalajara, Hermosillo, Monterrey y Tijuana.
Diseñado por Hoover el COINTELPRO se aplicó exitosamente no solo dentro de Estados Unidos, sino también en Puerto Rico, implementándose su ejecución en varios países latinoamericanos con vistas a minar internamente a las fuerzas progresistas, a fomentar la desunión y la desconfianza y a lograr una penetración efectiva de informantes del Buró dentro de sus filas. Aún falta mucho por investigar cómo se orquestó este programa en Latinoamérica, pero se puede afirmar categóricamente que los Legats la usaron sistemáticamente para crear un ambiente de recelo entre personalidades de izquierda, a fomentar divisiones, a exacerbar el ego de algunos de sus líderes, así como a desvirtuar su imagen ante sus compañeros.
Otro exitoso elemento usado por el FBI en la Operación Cóndor fue la FBI National Academy, creada desde 1935 y que empezó a adiestrar a policías y represores latinoamericanos desde 1962 de manera priorizada, llegando a adiestrar hasta septiembre de 2008 a casi 3 000 personas, entre ellas una parte considerable de latinoamericanos, con la aparente misión de: «apoyar, promover y mejorar el desarrollo personal y profesional de los líderes de aplicación de la ley, preparándolos para los desafíos complejos, dinámicos y contemporánea a través de técnicas innovadoras, facilitando la excelencia en educación e investigación, y creación de asociaciones en todo el mundo». En realidad, los egresados salen debidamente preparados en técnicas de interrogatorios bajo presión, entiéndase eficiencia en torturar, y otros métodos modernos de contrainsurgencia.
Sucia es, pues, la herencia que dejó el FBI en América Latina dentro de la Operación Cóndor. Algo que nuestros pueblos nunca olvidarán y los nuevos pupilos del FBI tendrán qué avergonzarse.