Desde hace mucho tiempo atrás se conoce dónde hay minería ilegal. En el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero [2], difundido en el segundo semestre del año 2020, en las páginas 109 a 112, se enlistan los lugares donde se encontró minería ilegal, ubicándolos de forma precisa en cada provincia, cantón y parroquia. Con seguridad, en estos cinco años deben haber aparecido nuevos lugares de dicha actividad irregular, que también ser conocidos por las autoridades gubernamentales.
Por eso llama la atención que, en medio del paro nacional, cuando el oficialismo levanta la peregrina tesis de que los indígenas alientan la minería ilegal y que ésta financia el paro, se haya organizado -con gran despliegue mediático- una operación militar en Buenos Aires para recién bombardear las instalaciones de la minería ilegal, cuya actividad era desde hace rato dominio público. La intervención de la fuerza pública debió haber empezado mucho antes y debe ser sostenida en todas las áreas en donde campea la minería ilegal.
La pregunta que emerge es por qué el Estado no ha intervenido oportunamente ante tantas violaciones de la ley. Siendo una ilegalidad evidente, oficialmente comprobada, bien cabe preguntarnos, porqué no han actuado los diferentes gobiernos, la fiscalía, la fuerza pública… Si se bloqueaba a tiempo este tipo de irregularidades, fortaleciendo incluso la acción de comunidades que defienden sus territorios, algunas de las cuales hasta son criminalizadas por impedir la expansión minera, con seguridad no se habría llegado a esta situación extrema en la que el crimen organizado ha encontrado una actividad muy lucrativa y así financia, inclusive, la expansión de sus tentáculos por todo el país. Téngase presente que la extracción del oro está alentada también por el creciente precio del oro, que ya se acerca a los 4 mil dólares por onza; haciendo de esta actividad un negocio más lucrativo que el de la cocaína: por un kilo de oro se obtiene 133 mil dólares, por un kilo de cocaína 35 mil dólares, como informa La Fuente – Periodismo de Investigación. [3]
Una vez más, tenemos que insistir que el tema no es minería ilegal versus legal. La cuestión de la minería debe abordarse más allá de esa falsa dicotomía, teniendo en cuenta siempre que la minería considerada como ¨legal” es también ilegal, pues, en ningún, caso cumple con la Constitución de Montecristi; carta magna que. Quiere hechar abajo las empresas mineras “legales”, pues definitivamente les incomodan los Derechos de la Naturaleza, así como los derechos colectivos para defender los territorios y las posibilidades de participación que abren las diversas formas de consultas establecidas constitucionalmente. [4]
Es más, muchas veces la minería formal puede lucrar de la informal. Veamos a modo de constatación cómo se ha expandido la exportación de oro en el año 2024: 56 exportadores “sin rastros” exportaron oro por más de 1.300 millones [5]; mineral proveniente de extracciones no necesariamente legales. En otras ocasiones los mineros ilegales actúan como punta de lanza de los formales para romper la resistencia de las comunidades, como ha sucedido en La Merced en Buenos Aires, que es un area concesionada a la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining, subsidiaria de la minera australiana Hancock, para mencionar apenas un caso. Y no faltan situaciones en las que los mineros ilegales hasta comparten áreas concesionadas con las empresas “legales”, sin ningún control del Estado.
Resaltemos -esto es lo más grave-, que todo esto es posible gracias a la complicidad entre mineros ilegales y funcionarios gubernamentales, en todos los niveles, como denunció la Revista Plan V [6] y a la falta de control estatal según La Fuente – Periodismo de Investigación, pues, “más allá de su relación obvia con el lavado de material aurífero y de la participación de grupos armados involucrados con el tráfico de drogas, la permeabilidad de las instituciones estatales, la desproporción presupuestaria asignada para combatir este mercado ilegal y un conjunto de medidas que apenas constituyen paliativos temporales llaman la atención”. [3]
Si no se actúa con responsabilidad y de forma inmediata en todo el territorio nacional, tendremos una y otra vez más y más saqueo, devastación, violencias de todo tipo; una dura realidad que no desaparecerá por la acción de las mineras “legales”.
Esto nos llevar a aceptar que la minería en el Ecuador, a más de las inocultables inconstitucionalidades e ilegalidades, constituye una grave amenaza para la vida de seres humanos y no humanos. Ya esa razón debería ser suficiente para impedir el desarrollo de este tipo de actividades. Más aún si en términos económicos, toda la minería, es un muy mal negocio para el país. [8]
La pregunta que surge, en conclusión, es si -como sociedad- podremos tomar las medidas adecuadas para evitar este flagelo.
Alberto Acosta. Economista. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi (2007-2008).
[1] Alberto Acosta. Economista. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi (2007-2008).
[2] Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Viceministerio de Minas (2020); Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero; https://www.recursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/2020/10/Plan-Nacional-de-Desarrollo-del-Sector-Minero-2020-2030.pdf
[3] LA FUENTE Periodismo de investigación (17.10.2025); La minería ilegal se expande por falta de control estatal https://periodismodeinvestigacion.com/2025/09/19/la-mineria-ilegal-se-expande-por-falta-de-control-estatal/
[4] “Cámara de Minería quiere bajarse Constitución de Montecristi” (6.10.2025)
[5] Revista Plan V (2025); “56 exportadores sin rastros vendieron oro por más de 1.300 millones desde Ecuador”; https://planv.com.ec/investigacion/oro-sin-rastro-x-mas-1300millones-ecuador/
[6] Revista Plan V (2025); “Un exsubsecretario de Defensa tuvo vínculos con socios de exportadoras opacas de oro”; https://planv.com.ec/investigacion/exsubsecretario-ministerio-defensa-exportadoras-opacas-de-oro/
[7] Wlliam Sacher (2022); “Un análisis costo-beneficio extendido de la megaminería en el Ecuador (2020-2120)” https://www.youtube.com/watch?v=igJoUWAeOcE , disponible también en la Revista Ecuador Debate, https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/19218
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.