Como denuncia el colectivo Sukar Horia, recibieron la misma multa por una acción que Petronor (subsidiaria de Repsol en Euskal Herria) por contaminar el río Barbadun, 1.774€. En realidad, aún fue más por lo que multaron a Sukar Horia, 2.000€.
Pero los crímenes son de índole muy distinta: Sukar Horia cortó el tráfico entubando sus brazos en bidones el 24 de junio del año pasado 2020 en el centro de Bilbo, en la Gran Vía, frente a la delegación del Gobierno Vasco por 2 horas. Denunciaban los favores del Gobierno Vasco a las empresas contaminantes y responsables de la emergencia climática como Repsol y Petronor, exigiendo una transición ecológica justa. La acción la realizaron antes de las elecciones autonómicas y utilizaron para ello el lema “Que paguen la crisis los ricos y contaminantes”
Mientras, la petrolera era multada por arrojar 68 litros de crudo a la ría Barbadun por daños y perjuicios al dominio público hidráulico. Este vertido corresponde al pasado febrero como también reportamos en esta página. Estos vertidos al río cercano a la refinería se repiten. Hasta 1999, sin embargo, era aún peor hasta que desviaron una tubería desde la que Petronor vertía directamente al estuario. Petronor gasea a la población cercana: está enclavada en pleno núcleo urbano de Muskiz y Abanto y Zierbana, que sufren los humos de incendios, de quemas de sus tanques y de fugas de gases (ver también mismo artículo). Meatzaldea Bizirik es la organización local que denuncia tanto despropósito ambiental y social.
La multa a Sukar Horia está fundamentada en la Ley Mordaza, que lejos de ser eliminada como prometió el actual Gobierno del PSOE y Podemos, la mantiene y la sigue aplicando. La Ley Mordaza fue introducida en 2015 por el Gobierno del PP sobre todo para aplacar el descontento social resultante de la crisis. Sin embargo, ha sido aplicada sobre todo a actividades de índole política con el claro objetivo de amedrentar y condicionar a la población para su desmovilización y otorgando a los cuerpos de seguridad más poderes para abusar y para protegerse. Una vez elegido el actual Gobierno se encontró con una nueva crisis, la del coronavirus, y decidió no eliminarla para poder seguir utilizándola con fines de control social. Pero está visto que sus aplicaciones también son otras.
Las penas económicas son la otra parte de esta ley para conseguir la intimidación y desmovilización. Un año después de aprobarse en 2016 la Policía impuso 19.497 multas aplicando esta ley por un valor de 3.006.761 euros.
Sukar Horia declara que pese a ello “no hay mordaza que nos vaya a hacer callar, seguiremos denunciando a la burguesía contaminantes y pidiendo una transición ecológica justa”. El colectivo ha emitido bonos de apoyo para socializar la penalización, que han puesto a la venta a 2€. La contribución se puede hacer vía PayPal ([email protected]) o Bizum (722778610).
Repsol (Petronor) es la empresa española que más contribuye a la crisis climática pues durante la pandemia sólo redujo sus emisiones en un 8%, mientras que de 2019 y 2020 se redujo la quema de combustibles un 26,5% y que todas las energéticas redujeron mucho más. En 2020 Repsol emitió el equivalente de más de 11 millones de toneladas de CO2.
El gobierno vasco contribuye no sólo permitiendo que Petronor gasee, contamine y contribuya a la emergencia climática sin apenas ninguna represalia, sino que también hace la vista gorda con su violación continuada de la Ley de Costas. Pero también contribuye con Petronor financieramente con la ampliamente rechazada localmente planta de coque o Unidad de Reducción de Fuelóleo (URF) que contó con un presupuesto de 1.000 millones de euros, igual que ahora ha contribuido, vía ayudas europeas, a la construcción y funcionamiento de su nueva planta de hidrógeno en Abanto-Zierbana. El Gobierno Vasco también participa junto a Repsol (Petronor) en el proyecto de automoción eléctrica IBIL.
(EUSKARAZ)
Fuente: https://aplaneta.org/mismos-castigos-a-criminales-ambientales-que-a-activistas-climaticos/