Las imágenes de Francisco Franco inaugurando pantanos fueron muy celebradas por el régimen. Aquellos actos de propaganda servían para redimir el dolor de España “con estas grandes obras hidráulicas nacionales, embelleciendo su paisaje y creando ese oro líquido que es la base de nuestra independencia”, según dijo el dictador en la inauguración del embalse del Ebro en 1952, uno de los más emblemáticos de la época.
Quince años más tarde, en 1967, en el alma del ahora Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres) comenzaron a funcionar las presas del embalse de Torrejón el Rubio, en el lugar en el que los ríos Tajo y Tiétar prácticamente se rozan. No hubo gran inauguración a pesar de la importante obra, la única de España que cuenta con dos diques en dos ríos diferentes separados por apenas 50 metros y con un túnel que une a ambos para poder trasvasar agua. Ese día todavía resonaba la gran tragedia que había tenido lugar en aquel paraje apenas un par de años antes y de la que poco se sabe todavía hoy.
Los Saltos de Torrejón, como se conoce popularmente a este lugar, comenzaron a construirse en 1959 –el año del Plan de Estabilización franquista– en previsión de la mayor demanda energética que el país tendría en la década siguiente. En ella llegaron a trabajar hasta 4.000 personas venidas de diferentes lugares de la provincia. Río abajo, a 500 metros de la colosal obra del Tajo, se fraguó un pequeño poblado obrero que serviría de hogar para muchas de las familias que iban a vivir allí durante los ocho años que duraría la faena. En la parte alta de la presa vivían los técnicos y oficinistas. Estratificación social también en la margen del Tajo.
Según explica Manuel Cañada, exdiputado comunista extremeño, en su libro Otra Extremadura (Ed. Jarramplas, 2020), “las condiciones de trabajo serán de una extraordinaria dureza”: jornadas de 12 horas diarias y sin derecho a vacaciones a excepción del 1º de mayo, el único día de fiesta en el poblado. Sin embargo, el salario y la vivienda merecían la pena. Antonio Marcos vivió allí. En el documental elaborado por Canal Extremadura en 2013 recordaba que tenían luz y agua corriente, un auténtico lujo en los años 60 en la región, una tierra condenada por la emigración, que veía cómo sus gentes buscaban mejor vida en comunidades como Madrid, Catalunya o Euskadi.
Condiciones para una tragedia
Dos son las empresas responsables de la construcción de la colosal infraestructura. Por un lado, Hidroeléctrica Española –ahora Iberdrola tras la fusión en 1992 con Iberduero–, quien obtuvo la concesión de la explotación por 99 años. Por otro, la constructora Agromán, encargada de levantar la presa, compañía adquirida por Ferrovial en 1995.
El viernes 22 de octubre de 1965 la obra ya estaba muy avanzada y en menos de un año podría inaugurarse. Había sido un mes lluvioso y comenzaba a probarse la capacidad del embalse, la cual se llevó hasta el límite. Ese día, a primera hora de la mañana, la fuerza del agua rompió una de las compuertas del túnel que unía los dos ríos e inundó el cauce del Tajo en el que estaban trabajando decenas de obreros. Solo dentro del conducto había más de 50 trabajadores, a los que habría que sumar los que estaban en el propio lecho del río. “Fue desastroso y horroroso”, explica Rosa Escobar, coautora de Los Saltos: una historia por contar, en el citado documental de la televisión pública extremeña.
El padre de Antonio Marcos se libró de una muerte segura porque ese día estaba en el entierro de su madre. “Estábamos desayunando y escuchamos sirenas y mucho ruido. La guardia civil del poblado nos pedía que subiésemos al monte para evitar que el agua nos pudiese arrastrar”, explica Marcos en el documental. En lo alto de la sierra, cientos de ojos lloraban y miraban hacia un río de aguas marrones. El padre de Fuencisla Ávila falleció esa mañana: “Si pudiéramos, ese día lo borraríamos del calendario”.
Los cuerpos fueron apareciendo en las horas, días y meses sucesivos. “Los propios obreros fueron los encargados de sacar los cadáveres de sus compañeros”, explica Escobar. Una nueva escuela que se estaba terminando de construir sirvió de morgue improvisada. Al día siguiente de la tragedia, el diario HOY titulaba con “Un muerto y varios heridos en un accidente en la presa de Torrejón”. Cuatro días después, el 26 de octubre, ABC databa en ocho el número de fallecidos encontrados y en 38 el de desaparecidos.
Escobar cree que muchas de las familias ni se plantearon denunciar a la compañía. “La gente quería volver a su vida normal, llorar su pena como buenamente podía y seguir viviendo. Había muchos hijos que alimentar. Con las indemnizaciones que se firmaron también se renunciaba a cualquier tipo de denuncia o reclamación posterior”, explica. Las viudas u otros familiares recibieron 20.000 pesetas y 5.000 pesetas por cada hijo. “Indemnizaciones ridículas”, según Manuel Cañada.
Ocultación y silencio
La versión oficial hablaba de 54 posibles muertos. Posteriormente se llegó a ampliar a 70, que es la cifra que recoge la placa que recuerda la tragedia y que tardó 51 años en llegar. En 2007, las hijas de Agustín Oliva Sanguino encontraron la lápida de su padre en el cementerio de Toril (Cáceres) junto a la de seis compañeros, lo que hizo presagiar que jamás se conocieron las dimensiones reales de la tragedia. En 2020, cuando se cumplen 55 años de la catástrofe, es difícil encontrar a extremeños o extremeñas que conozcan el peor accidente laboral de la historia contemporánea de España.
Según recuerda Cañada en Otra Extremadura, “los mandarines del franquismo” tenían clara la estrategia desde el primer momento: “ocultación, silencio, minimación de los hechos”. Algo que no sorprenderá a nadie si se tiene en cuenta que en ella estaba implicada una de las principales compañías del momento. Hidroeléctrica Española estaba presidida en ese momento por José María de Oriol y Urquijo. Su padre y anterior presidente de la eléctrica, José María de Oriol y Urigüen, “fue uno de los financieros principales del golpe de Estado de 1936”, explica el periodista Antonio Maestre en Franquismo S.A.. Tanto fue así que Franco le reconoció su “línea ideológica consecuente […] con los principios ideológicos del pensamiento tradicionalista y del Movimiento Nacional” devolviéndole el título nobiliario que había perdido durante la República.
“No es extraño que ninguna familia afectada se atreva a denuncia el accidente en ese momento. Todo el mundo es consciente de la ferocidad de la represión y también conoce o intuye que los máximos responsables de las dos empresas principales, Hidroeléctrica y Agromán, forman parte del número duro de poder del franquismo”, explica Cañada.
Finalmente, el 23 de febrero de 1970 fue dictado el sobreseimiento de la causa “por no aparecer justificada la perpetración del delito”. La tragedia se quedaba sin culpables. Cuatro meses y medio después, en julio de 1970, Oriol y Urquijo pisaba Extremadura para inaugurar una presa que llevaría su propio nombre, en la localidad de Alcántara, también en Cáceres. A menos de 100 kilómetros en línea recta, la historia de Torrejón quedaba enterrada.
Iberdrola reivindica su pasado empresarial en algunas ocasiones, como el pasado 10 de octubre, cuando mostró en su cuenta de Twitter una fotografía de la central hidroeléctrica de San Esteban en Ourense -cuya construcción comenzó en 1945-, acompañada de otras más actuales de parques eólicos y fotovoltaicos. “How we started. How it’s going” [«Cómo empezamos. Cómo va»] , se podía leer en la red social, reivindicando la evolución histórica de su negocio.
Sin embargo, el homenaje a las víctimas del mayor accidente laboral de España tardó en llegar. Concretamente, 51 años. El actual presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pisó la presa en 2016, una década después de ocupar el cargo, para rendir homenaje a las víctimas con un monolito en su memoria. Lo hizo tras una petición de los niños -hoy adultos- que vivieron allí.
Dani Dominguez es coordinador de #yoIBEXtigo. Graduado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Comunicación Política. Con la lupa puesta sobre las grandes empresas. Músico y extremeño.