El día 29 de enero el Poder Ejecutivo decretó la suspensión por 18 meses del ingreso de nuevos organismos genéticamente modificados de origen vegetal a partir de la firma de ese decreto. Es importante recordar que en nuestro país ya se están sembrando tres cultivos transgénicos: la soja Roundup Ready (RR) y dos variedades de […]
El día 29 de enero el Poder Ejecutivo decretó la suspensión por 18 meses del ingreso de nuevos organismos genéticamente modificados de origen vegetal a partir de la firma de ese decreto.
Es importante recordar que en nuestro país ya se están sembrando tres cultivos transgénicos: la soja Roundup Ready (RR) y dos variedades de maíz (el Mon 810 BT y el BT 11), pertenecientes a las multinacionales Monsanto y Syngenta.
La soja RR fue introducida en nuestro país en 1999 sin que la sociedad en su conjunto se enterase y en la zafra 2005-2006 se sembraron 300.000 hectáreas de la misma. De acuerdo al Instituto Nacional de Semillas, el 100% de la semilla que se encuentra en el mercado de soja es transgénica: El maíz transgénico fue autorizado en el 2003, pero este segundo cultivo transgénico generó resistencia por parte de la Sociedad Civil, así como de algunas autoridades de gobierno y de la academia.
A la fecha, el 40% del maíz sembrado es transgénico. Legalmente en Uruguay tenemos tres cultivos transgénicos aprobados (la soja RR y el maíz MON 810 y BT11), pero la realidad es mucho más compleja que esto. De acuerdo a la Cámara de Semillas del Uruguay, durante el 2005 entraron al país 95.000 toneladas de maíz como grano desde Argentina. Dentro de estas semillas podrían fácilmente haber sido introducidas cualquiera o todas las variedades de maíz transgénico aprobadas en Argentina (maíz RR).
Por lo tanto, es importante señalar que este decreto se refiere únicamente a la autorización de nuevos cultivos transgénicos y NO A LOS QUE YA EXISTEN ni a la contaminación que podría existir por los transgénicos entrados desde Argentina como alimento avícola. Sin embargo el decreto contiene varios aspectos positivos;
– este decreto es un símbolo de la PREOCUPACIÓN DE LAS AUTORIDADES por los impactos ya demostrados sobre el ambiente, la salud y el sistema productivo que han causado los cultivos transgénicos, tanto en nuestro país como en la región. Uno de los impactos más visibles ha sido el aumento del uso de agrotóxicos y por ende una contaminación del suelo, del agua y del aire y la pérdida de calidad de la salud de la gente aun no cuantificados científicamente.
– muestra UN CAMBIO DE POSICIÓN en relación al gobierno del Presidente Jorge Batlle ya que llama a un proceso de revisión por un grupo de trabajo interministerial compuesto por los ministerios involucrados (Ganadería Agricultura y Pesca, Salud Pública, Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Economía y Finazas), que estará a cargo de diseñar los lineamientos y políticas sobre biotecnologías incluyendo la participación de los diversos sectores interesados o grupos de opinión, especialmente del sector privado, la sociedad civil y la academia.
– el reconocimiento que hace DE LA IMPORTANCIA DE NUESTRAS PRADERAS, destacando que la principal riqueza en biodiversidad que el país posee se encuentra en «sus pasturas naturales». Importancia que debería ser tenida en cuenta en la evaluación que se viene llevando a cabo desde el 2005 del trébol blanco transgénico en la estación La Estanzuela del INIA. De aprobarse este cultivo, destruiría la principal riqueza en biodiversidad que nuestro país posee.
Hacemos un reconocimiento público por esta moratoria y esperamos que éste sea un primer paso para impulsar un debate público e informado sobre los impactos que estos cultivos están causando y podrán causar en nuestro país. Aspiramos a que este decreto posibilite una instancia REAL de discusión e información acorde a un cambio de política y conducción del país, y que no se transforme en un mero instrumento para dar tiempo a que se cree un Marco Regulatorio a la medida de las transnacionales.
Esperamos también que esta instancia sirva para llevar acabo estudios serios y en profundidad sobre los impactos para la salud humana y las amenazas al medio ambiente que implican los cultivos transgénicos y que se realice una evaluación de los costos y los beneficios posibles para toda la sociedad uruguaya -incluyendo aspectos ambientales, sociales, económicos y de salud-.
Es importante señalar que estos tres elementos fundamentales; EVALUACIÓN A FONDO, DEBATE INFORMADO Y PARTICIPACIÓN REAL EN LA TOMA DE DECISIONES, no tuvieron lugar en el proceso que precedió a este decreto, el «Comité Nacional de Coordinación del Proyecto «Desarrollo del Marco Nacional de Bioseguridad» lo que condujo a su virtual acta de defunción. Corresponde a todos los actores involucrados, y en particular al Estado, no dejar que eso vuelva a ocurrir.
Instamos a que este decreto sea una herramienta para QUE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO PUEDA ELEGIR entre un Uruguay Natural con biodiversidad o un país inundado de transgénicos, entre dependencia y soberanía alimentaria, entre alimentos sanos o contaminados con venenos; entre productores agropecuarios o agronegocios empresariales dirigidos por las multinacionales; entre reforma agraria o latifundización y extranjerización de la tierra. En definitiva, entre una producción ambientalmente sustentable y socialmente equitativa o un modelo agroindustrial que ya ha demostrado ser social y ambientalmente destructivo.
RAP-AL Uruguay