El anuncio por el Ministerio de Medio Ambiente de una serie de propuestas normativas destinada a reducir las emisiones de efecto invernadero causadas por los vehículos de transporte, ha provocado, reacciones encontradas, en este final de Agosto. En su mayoría, las opiniones se han centrado en el tema de los posibles peajes urbanos, rápidamente demonizados […]
El anuncio por el Ministerio de Medio Ambiente de una serie de propuestas normativas destinada a reducir las emisiones de efecto invernadero causadas por los vehículos de transporte, ha provocado, reacciones encontradas, en este final de Agosto. En su mayoría, las opiniones se han centrado en el tema de los posibles peajes urbanos, rápidamente demonizados por los lobbies relacionados con los fabricantes de automóviles, así como por políticos poco informados. En cualquier caso, los posibles peajes a la entrada de las ciudades, como medio disuasorio para el uso del automóvil en la ciudad, así como para recaudar fondos para mejorar el transporte público, forman parte de las políticas de transporte urbano propuestas por la Unión Europea, y son aplicadas desde hace algún tiempo por numerosas ciudades de todo el mundo.
Resulta lamentable que esta polémica, así como el de las velocidades máximas, haya centrado las informaciones y las opiniones, en plan » serpiente de verano » , obviando otras de las propuestas del Ministerio de Medio Ambiente, seguramente más importantes, así como el debate de fondo. Entre las otras propuestas anunciadas estaban las restricciones de acceso a los centros urbanos, la reducción del aparcamiento libre, la prioridad al transporte público y a los desplazamientos a pie y en bicicleta, y sobre todo la obligatoriedad para las ciudades y las grandes empresas de redactar planes de movilidad sostenible. En Gran Bretaña y en Francia estos Planes de Movilidad Urbana (para reducir el tráfico y potenciar otros modos de desplazamiento) son obligatorios desde hace una década, y han favorecido grandes cambios en la gestión y en la calidad de las ciudades, en la misma dirección que ya habían avanzado Alemania y los países del Norte de Europa. En las grandes áreas urbanas de Estados Unidos, por otra parte, las » Ordenanzas de Reducción de viajes » obligan a las grandes empresas a poner en marcha sistemas de transporte de empresa y favorecer el uso compartido del automóvil, mientras que las autovías urbanas disponen de carriles reservados para transporte público y vehículos de » alta ocupación » (HOV-VAO). En diversos países se gestiona sistemáticamente la velocidad de circulación en las autovías y carreteras principales, reduciéndola cuando la contaminación alcanza niveles significativos. Como puede verse, las propuestas de Medio Ambiente no inventan nada, no hacían sino recoger experiencias muy extendidas, y que ya están más que probadas.
Lo más grave de las reacciones comentadas es que tantos políticos y gestores técnicos de la movilidad urbana en España presuman de su ignorancia al respecto, y que no hayan asumido todavía que el exceso de automóviles en circulación constituye el más grave problema actual de las ciudades. No solamente por su creciente contribución al efecto invernadero (mientras que las emisiones industriales europeas se están reduciendo, las del transporte se están disparando, salvo en algunos países que están tomando medidas decididas al respecto), sino también por el deterioro ambiental urbano, y la sangría económica que suponen las inversiones en la red viaria, así como su mantenimiento. El escenario futuro entrevisto este verano (alza de los precios del petróleo por la reducción de las reservas) debería estimular también el cambio a una movilidad sostenible, en un país como el nuestro, uno de los más dependientes del petróleo de toda Europa.
Aunque los contenidos de la propuesta de Medio Ambiente sean esencialmente correctas, adolecen en mi opinión de un grave defecto de forma. Era poco creíble que se fueran a aplicar medidas restrictivas del tráfico (en su mayoría de competencia local), sin comenzar por poner de acuerdo a la sociedad de su necesidad. Para ello es necesario promover un profundo debate social, con información exhaustiva de los problemas ambientales del transporte, las alternativas que se han puesto en marcha en todo el mundo, y las graves consecuencias de no hacer nada al respecto. Sólo así se pueden generar apoyos sociales que permitan poner en marcha Pactos por la Movilidad Sostenible y planes municipales para la sustitución de una buena parte de los actuales viajes en coche por desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público. En definitiva, la gran mayoría de los desplazamientos urbanos se efectúan a distancias muy cortas, y para el acceso a las ciudades, lo razonable es utilizar las redes de gran capacidad (tren, metro, tranvías, o autobuses en plataforma reservada), y si no existen, crearlas.
Muchos de nuestros políticos todavía afirman que » no se puede impedir al ciudadano que utilice su coche » , ignorando que el automóvil se utiliza tanto porque los Ayuntamientos, sistemáticamente, han favorecido su uso, mientras se deterioraba el transporte público y se hacía más difícil y peligroso caminar y circular en bicicleta. Y se ignora también que los automovilistas estamos transpasando a los demás ciudadanos, así como a la ciudad, gran parte de los costes del uso del coche (los denominados » costes externos » ). Las medidas » discriminatorias » contra el coche no harían sino restablecer una cierta equidad. Pero no se trata de » prohibir » , sino de invertir las prioridades: de entrada,hacer cumplir las leyes y normas (controlar las velocidades excesivas y el aparcamiento irregular), y favorecer progresivamente los modos de transporte menos contaminantes y más convenientes para la ciudad.
¿Hay alguien que esté en contra de esto?.
Vicente Torres
Consultor Ambiental
www.terracritica.org