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El Centro de Internamiento de Extranjeros reabre las puertas tras el cierre de un año y tres meses

Movimientos sociales reivindican el cierre definitivo del CIE de Valencia

Fuentes: Rebelión [Imagen: Campaña CiE No]

“Ser inmigrante no es un delito”. Es la consigna que figuraba en la pancarta de la Campaña CIE No el pasado 7 de julio, con motivo de la reapertura del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia.

Los activistas mostraron la pancarta en la puerta azul del CIE Valenciano, que permanecía cerrado temporalmente desde abril de 2020 (un mes después estaban clausurados los centros de internamiento del estado español, hasta finales de septiembre, por la pandemia de la COVID). “Seguimos exigiendo el cierre definitivo de estas cárceles racistas; la única reforma para los CIE es su cierre”, afirmaron los activistas.

La Campaña tuvo conocimiento de la reapertura por los letrados del servicio de orientación jurídica del CIE, que recibieron una comunicación del Colegio de Abogados de Valencia; las ONG pudieron confirmar después esta información (la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior, que gestiona los centros, no difundieron ninguna nota informativa).

La asociación Convivir Sin Racismo de Murcia publicó el 11 de julio en las redes sociales que, como consecuencia de las obras de “reforma” previstas, el CIE Sangonera la Verde (Murcia) cerraba las puertas y un grupo de 17 migrantes internos –la mayoría de nacionalidad argelina- se trasladarían al CIE de Valencia.

La movilización contra la reapertura del centro de Zapadores tuvo una historia previa. La Campaña por el cierre de los CIE comunicó un día antes –por razones de “urgencia”- la convocatoria de la protesta a la Delegación del Gobierno, cuyo responsable es Gloria Calero, del PSOE; la Delegación respondió por teléfono con una negativa, al considerar que no se justificaba la “urgencia” alegada por los activistas. En segunda instancia la Delegación del Gobierno rectificó: “Dijeron que se había producido un error y que, finalmente, la concentración estaba autorizada”, informa el portavoz de la Campaña CIE No, Adrián Vives, en el programa Lliure Directe de Radio Klara.

“Nosotros ponemos en duda que se tratara de un error; seguramente en un primer momento no quisieron autorizar la concentración, pero gracias a la presión ciudadana y a la de algunos políticos la Delegación del Gobierno reconsideró la decisión”, explica Adrián Vives; de hecho, en la acción reivindicativa participaron –junto a los movimientos sociales- representantes de la alcaldía de Valencia (Compromís), Podemos y Esquerra Unida del País Valencià-IU. La Campaña convoca, desde hace más de una década, las concentraciones el último martes de cada mes ante las instalaciones de Zapadores.

El CIE de Valencia estuvo cerrado por obras de “reforma”. En enero de 2019 el Ministerio del Interior aprobó un plan para la “reforma” y “rehabilitación” de los 8 CIE del estado español –incluido el de Zapadores- y la construcción de uno nuevo en Algeciras. Con una ejecución prevista en tres años, se destinaban un total de 33,6 millones de euros a las actuaciones.

“La clausura por obras no implica que dejen de hacerse redadas racistas, y que a las personas migrantes se les encierre en otros CIE del estado español”, subrayó el miembro de la Campaña, Xavi Torregrosa, en el programa Radioflautas de Radio Malva; “exigimos el cierre y que el centro de Zapadores se convierta en un espacio para el barrio, no para el sufrimiento de las personas”, añadió el activista, que comparó los CIE con “los espacios de logística en los centros comerciales, pero en este caso en vez de productos se almacena a personas”.

Adrián Vives explica en Radio Klara: “Infringir la Ley de Extranjería por hallarse o por acceder de manera ‘irregular’ al territorio español constituye una infracción administrativa, que en otro supuesto implicaría una multa; en este caso supone la deportación de la persona migrante –contra su voluntad- al país de origen; porque el ingreso en el CIE es una medida cautelar para poder realizar la expulsión. Se está condenando a las personas migrantes a estar hasta 60 días privadas de libertad”.

El pasado 5 de diciembre tuvo lugar, de manera virtual, el IX Encuentro Estatal por el Cierre de los CIE y el fin de las Deportaciones, en el que participaron 12 colectivos de defensores de los derechos humanos. Recordaron que estos centros de reclusión habían permanecido cerrados por primera vez, en más de tres décadas, entre el 6 de mayo (puesta en libertad de las últimas personas internas en el CIE de Algeciras) y el 25 de septiembre (retorno a los encierros en el centro de Barranco Seco, en Gran Canaria).

La clausura de las instalaciones durante 142 días puso de manifiesto, según los colectivos, “que la privación de libertad de personas extranjeras en estas cárceles racistas es absolutamente prescindible”; e hicieron hincapié en la importancia de la voluntad política: “O se hace el juego a la industria del control migratorio o se sitúa a las personas en el centro”.

Ante la reactivación de los CIE, los colectivos que realizan trabajo de acompañamiento emitieron un comunicado en septiembre de 2020 –suscrito por 131 entidades- en el que reiteraban la denuncia de estos espacios por la “gestión policial opaca, llena de irregularidades y que dejan desamparadas a las personas encerradas detrás de sus muros”. Alertaron, asimismo, de la estrategia oficial represiva que consiste en el encierro de migrantes que llegan al estado español en patera, de nacionalidad argelina y marroquí, o procedentes de Mauritania.

Por otra parte, la Campaña CIE No de Valencia recuerda que el 15 de julio se cumplieron dos años de la muerte -tras los muros de Zapadores, bajo custodia estatal- del ciudadano marroquí Marouane Abouobaida, de 24 años. Con el fin de reclamar justicia para Marouane, integrantes de la Campaña y de Casa Marruecos se concentraron la pasada semana ante la puerta azul de Zapadores. El muchacho, que había llegado al estado español en patera, se suicidó tras sufrir una paliza por parte de otros internos del CIE y ser ingresado en una celda de aislamiento. Marouane notificó las agresiones al director del centro; sin embargo, “no se adoptaron medidas especiales para su protección”, denunciaron las ONG.

Tengo piernas/y no raíces/y la abundancia y el hambre/están separadas/por solo unos pasos (…) No me arrepiento/yo solo lo siento…/por mi madre/por dar a luz a uno de los condenados de la tierra (…) Mamá, ¿cómo ibas a prever que viviría en un zoo animal,/en la feria de un gobierno criminal,/con la inquietud de un insecto ciego? (…). Son versos que la periodista, poeta y autora de la investigación Crecer en ‘un chino’, Paloma Chen,dedica al joven Marouane. Se publicaron en la iniciativa CIErralo con Arte, que promueve la Campaña por el Cierre de los CIE para difundir por Internet fotografías, ilustraciones, viñetas, poemas o canciones y así contribuir a la clausura de estos centros.

Una aproximación a la realidad de los CIE puede hallarse en el Informe del Defensor del Pueblo -en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura- de 2020, presentado el pasado 24 de junio en el Congreso de los Diputados. En una de las visitas al CIE de Aluche (Madrid), el Defensor constató que el centro carece de Libro de quejas de malos tratos y Protocolo de tramitación de quejas y denuncias por malos tratos; y también de un Protocolo de Prevención de Suicidios; tuvo conocimiento, además, de que un recluso fue objeto de presunto maltrato por parte de los policías del CIE.

Según considera el Defensor del Pueblo, “los partes de lesiones no se cumplimentan en el primer momento posible”, lo que en su caso facilitaría la investigación. Otra de las “sugerencias” del Defensor es que los agentes policiales del CIE dejen de llevar defensas de goma y esposas, tal como establecen las normas del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (este incumplimiento se observó también en la visita al CIE de Murcia).

El Defensor del Pueblo informó de que 1.244 personas migrantes fueron en 2020 devueltas o expulsadas desde estos centros, en los que también se identificó a 44 internos como menores (la Ley de Extranjería establece que no podrá acordarse el ingreso de menores en los CIE). 

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