«Mucha gente no quiere creer que el poder le está fallando»

El rodillo de la Audiencia Nacional ha dinamitado la presunción de inocencia y la garantía de un juicio justo. Bajo la construcción ficticia de una imputación carente de pruebas, la alta instancia obedeció el pasado mes de enero al impulso político de enchironar a todo el entramado civil de la izquierda abertzale. Mariano Ferrer, portavoz de la plataforma de apoyo a los imputados por esta causa, conocida como macroproceso 18/98, disecciona lo que ha supuesto un grave atentado a las libertades básicas. Primer director del diario Egin y prolífico analista de la realidad vasca, Ferrer (San Sebastián, 1939) apela al sentido crítico contra esta magna injusticia, que espera que sirva para que nos rebelemos ante los enormes déficits de nuestro sistema democrático.

¿Cuál es el estado de ánimo después de la sentencia?

Si nos evadimos del realismo en que estamos instalados, parece increíble que se haya producido y que haya interesado a tan poca gente.

¿No ha sido posible convencer a todo el mundo?

La experiencia del límite es terrible. Y más en Euskadi, donde si bien la población comparte perfectamente los espacios sociales, en determinados asuntos hay una profunda impermeabilidad. De aquí la tristeza de no llegar a la mayoría con la idea de que el juicio suponía un atentado contra el derecho de las personas y los principios democráticos. Porque no lo olvidemos: la gente ha sido juzgada por su ideología, no por su actuación.

¿El proceso ha servido para acercar a sectores desavenidos?

Ha permitido mejorar la cultura democrática y reforzar vínculos, pero sólo entre quienes hemos querido escucharnos. De hecho, en la plataforma hemos coincidido imputados y otros que no estamos amenazados por la acción de la justicia. Ponernos de acuerdo fue difícil.

¿Costaba consensuar el mensaje?

Personalmente, creía que debíamos hablar de juicio justo, centrándonos en el hecho de que nadie puede negar al otro un juicio justo, por muy criminal que sea la persona, a la cual debe garantizarse una sentencia proporcional. Pues bien, sectores de la plataforma discreparon de este planteamiento porque consideraban ofensivo el mero hecho de que se celebrara un juicio. Llegar a la confluencia nos dio una mirada a la realidad más coherente y ello atrajo a personas hasta entonces alejadas.

¿Ha faltado, empero, transversalidad?

La historia de este pueblo es tan dura que mucha gente ha bajado la persiana y ha dicho que, de determinadas cosas, no quiere oír hablar.

¿Los socialistas se han blindado por no aceptar que el juicio se producía con el PSOE en el gobierno?

Eso ha influido. Pero el blindaje viene sobre todo porque mucha gente no quiere creer que el poder le está fallando. Piensa que actúa con buen fin y que respeta las reglas.

¿La falta de crítica hace que se acepte la condena?

Intervienen dos elementos. Por una parte, la fatiga de la sociedad con relación a ETA y la sensación de que este mundo no acepta ninguna de las oportunidades para resarcirse, razón por la cual «tienen lo que se merecen». Eso crea un ambiente que Garzón aprovecha para construir la acusación según la cual «todo es ETA» y que, si actúa, es porque alguien le ayuda. Y, por otro lado, cuando muere Miguel Ángel Blanco, Aznar comienza una deriva absolutista con el objetivo de eliminar a los nacionalistas de la escena política, lanzando sobre ellos que «la violencia de ETA existe porque la sustentan».

¿Con el PSOE en el poder no cambian las cosas?

Incluso se endurece la represión. Debe recordarse que, cuando el PP sale del gobierno, pierde los poderes ejecutivo y legislativo, pero no el judicial. Y eso le permite impulsar actuaciones judiciales que limitan la actividad del ejecutivo socialista y que derivan en una interpretación restrictiva de la ley por parte de los jueces que controla. Entonces, ante eso, el sector más duro del PSOE, que en política antiterrorista y territorial es igual al PP, toma el timón y se apunta a la espiral represiva con el temor de que, si no lo hace, lo hará la derecha.

En esta estrategia, ¿qué ha pesado más, la falta de voluntad política o los intereses electorales?

La falta de proyecto. Llega al poder sin plan de gobierno y, de entrada, sale del paso con la retirada de las tropas de Iraq y otras medidas cubiertas con pátina democrática. Pero cuando coge el Estatuto catalán como vía para engancharse al proceso de paz vasco aprovechando la disposición inequívoca de Batasuna de encarrilar el problema comete un error grave. Piensa que puede conducir el proceso al margen de un PP dedicado a vender la idea de que los socialistas han usurpado el poder y que, detrás del 11-M, está ETA.

¿Actúa sin cálculo?

Y eso provoca que el PP le marque los tiempos, hasta el punto de que no tiene el coraje para imponer un cambio en Navarra, donde, atemorizado ante el discurso de Rajoy según el cual Nafarroa Bai pone en peligro la unidad de España, acaba regalando el poder a la derecha. En definitiva, el PP le gana la partida; y no tan sólo se niega a secundar un eventual entendimiento para desbloquear el conflicto vasco; pone a trabajar a todos los jueces para que la izquierda abertzale no actúe políticamente, al revés de lo acordado en las conversaciones de paz.

¿La justicia sirve al PP para debilitar al PSOE?

Los jueces son la fuerza bruta del Partido Popular. Y con eso se encuentra Zapatero, que, teniendo los poderes ejecutivo y legislativo, ve cómo la Ley de partidos se convierte en una herramienta en manos de los jueces para coartar cualquier posibilidad de negociación política. Me pregunto, empero, por qué Zapatero no sometió al Congreso la consideración de que la Ley de partidos podía entorpecer el diálogo y no pidió la autorización para modificar un par de artículos. Habría ganado la votación y habría dejado el poder judicial sin el arma con que desgastarlo.

Parece que la represión es más estructural que nunca, con la sentencia del 18/98, la negativa a revisar los crímenes del franquismo o las penas impuestas a los jóvenes acusados de quemar imágenes del rey.

Hemos pasado de un sistema garantista a un sistema penal del enemigo, donde ser militante se ha convertido en un auténtico peligro. Y, peor aún: el juez se ha convertido en combatiente de unas ideas y utiliza su jurisdicción para defenderlas. Así como determinados periodistas han interiorizado que todo vale contra los colectivos vascos. O eres cómplice de esta lógica o te sitúan directamente en el otro lado. Se ha legalizado la impunidad.

¿Cómo se puede parar esto?

Desde el 11-S hasta el 11-M hay una connivencia absoluta para instaurar la represión. Tanto es así que Joan Saura,1 en la batida contra los presuntos terroristas islámicos en Cataluña, dijo que prefería pasarse de largo que quedarse corto. Eso es una declaración de principios en materia de libertades, ya que el Estado de derecho debe servir para garantizarlas, no para desproteger al ciudadano. Y la izquierda es cómplice de ello, con este discurso por el cual, en virtud de la seguridad, se puede construir pruebas para incriminar a quien convenga. Se buscan las piezas para completar el puzzle que quiere construirse; en el caso vasco, la tesis de que «todo es ETA».

¿Existe capacidad de respuesta del movimiento abertzale?

Con esta psicosis es difícil. Pero la reacción vendrá; y también, espero, una reflexión democrática en este país, porque la contaminación de poderes es absoluta. Se ha institucionalizado tanto la democracia representativa que se ha alejado de las necesidades ciudadanas con un registro desvinculado de la realidad.

¿Qué piensan los observadores internacionales de todo esto?

Se esperaban un juicio sin pruebas, pero nunca una causa sin delito. Esto me lo comentaron dos observadores alemanes hace cinco meses y el tiempo les ha dado la razón. Pero yo añadiría otro dato: no sólo fue un juicio sin pruebas ni delitos; también contra las propias pruebas. Todo el mundo que lo hubiera seguido de cerca se habría percatado de que las acusaciones eran falsas y, como decía August Gil Matamala, se ha condenado a «terroristas desarmados», contra los cuales no hay ninguna prueba ni acusación. Se les ha considerado terroristas interpretando que la actividad de la asociación a que pertenecían estaba al servicio de ETA, cuando, si alguna cosa debe prevalecer en el derecho penal, es la individualización del delito.

¿Experiencias como la plataforma de mujeres Ahotsak o el colectivo de intelectuales por el derecho a decidir Erabaki pueden representar alguna esperanza?

Ahotsak nació como un esfuerzo por superar la compartimentación de la política. Diversas mujeres querían actuar juntas al margen de la obediencia de sus aparatos, pero finalmente la adscripción militante ha prevalecido ante la buena voluntad. Como ellas, otras plataformas han sido poco operativas o instrumentalizadas por los partidos, que funcionan como estructuras de hormigón.

Si el proceso de paz hubiera tenido éxito, ¿habría condicionado el sumario 18/98?

Habría tenido un tratamiento diferente, porque, en un contexto así, difícilmente se habría entendido que, mientras un gobierno pacta con ETA, personas a que se acusa de integrar su supuesto entorno fuesen encarceladas. Pero, con el fin de la tregua, eso se ha producido.

¿Y ETA ha cogido fuerza?

Se le otorgado una representación que no le corresponde. Porque, desde la perspectiva del juicio, se intenta vender que controla al 20% de la población y que está inserta en un conjunto de organismos y estructuras vivas que cohesionan a miles de personas. En otras palabras: se da a entender que una banda de asesinos descerebrados tienen a su disposición a decenas de intelectuales, empresarios y periodistas. Eso convierte a ETA directamente en parte de la sociedad, de manera que sale reforzada porque sectores contrarios a la violencia acaban creyendo que, ante tanta injusticia, su lucha es razonable.

¿Este juicio hará reflexionar a la organización armada?

Se atrincherará aún más. Y lo confirman los últimos comunicados de Batasuna, en que marca una nítida línea divisoria entre este mundo y quienes están en el otro lado, donde ahora incorpora al PNV, EA y Aralar. No sólo se establece un marcaje de límites, sino que tiende a replegarse a la espera de tiempos mejores.

¿Es imposible saber que hará ETA?

La experiencia demuestra que sobre sus comportamientos no sirve hacer pronósticos. Siempre nos equivocamos. De momento, hay que esperar si se produce una sentencia de Estrasburgo que condene la ilegalización de las formaciones abertzales por parte del Estado. Si eso se produce, puede abrirse una vía para el optimismo.

Illacrua, núm. 157, febrero-marzo de 2008.