¿Qué realidad mostraban las cárceles franquistas de la posguerra? Una de las características fue el hacinamiento. En Almería, una prisión con capacidad para 500 presos alojó a más de 6.000, lo que generó pésimas condiciones de insalubridad y malnutrición. Aunque estos factores no explican por sí solos la aparición de 227 prisioneros muertos, apunta el […]
¿Qué realidad mostraban las cárceles franquistas de la posguerra? Una de las características fue el hacinamiento. En Almería, una prisión con capacidad para 500 presos alojó a más de 6.000, lo que generó pésimas condiciones de insalubridad y malnutrición. Aunque estos factores no explican por sí solos la aparición de 227 prisioneros muertos, apunta el historiador Paul Preston en «El Holocausto Español» (Debate, 2011). A muchas de las víctimas, jóvenes, se las registró como aquejadas de un paro cardiaco. Construida para acoger a un centenar de reclusos, por la prisión provincial de Ciudad Real pasaron más de 19.000 personas entre 1939 y 1943. Más de 2.000 terminaron ejecutadas. En cuanto a Murcia, se contabilizaron más de 5.000 encarcelamientos y las ejecuciones superaron el millar. La escabechina se reprodujo en Albacete: más de mil republicanos ejecutados después de juicio entre 1939 y 1943, y 573 liquidados de manera extrajudicial (en parte tras las «sacas» de los falangistas en la cárcel de Villarrobledo y el castillo de Yeste); además, otras 291 personas murieron en las sobrestauradas cárceles. En el País Valenciano, subraya Preston, 1.165 presos murieron en las cárceles tras la ocupación franquista.
Los historiadores Ricard Camil Torres y Antoni Simó han publicado recientemente «La violència política contra les dones (1936-1953)», centrado en la represión contra las mujeres en las prisiones de la provincia de Valencia durante la guerra civil y la posguerra. Editado por Alfons el Magnànim (Diputació de València), el libro incluye dos anexos, con la relación de mujeres internas en la prisión provincial de Valencia durante la guerra civil; y con los datos de las presas en la provincia de Valencia durante el franquismo (nombres, procedencia y en algunos casos las sentencias). Los autores revisaron los expedientes del Archivo de la Prisión de Picassent (1.275 con referencias a la guerra civil y 4.011 sobre el franquismo).
El aparato represivo del franquismo incluía los campos de concentración, cuyo objetivo fue en un principio la «clasificación» de los detenidos (la dictadura distinguía entre «afectos», «indiferentes» y «desafectos»). Al aire libre o en espacios cerrados, se internaba a hombres y mujeres, no siempre por separado. Los autores citan 30 ejemplos en el País Valenciano, incluidas fábricas, iglesias y reformatorios. Como centros «habilitados» (eufemismo de la época) de detención, operaron las prisiones provinciales de Valencia, Castellón y Alicante, además de las cárceles de otros municipios; pero también iglesias, conventos, seminarios, monasterios, universidades, instalaciones militares, plazas de toros, campos de fútbol, cines, cementerios, almacenes portuarios y los calabozos de municipios o sedes de partidos judiciales. Este magma inicial, que incluía las colonias penitenciarias y los batallones disciplinarios, fue poco a poco objeto de reglamentación y control por parte de instituciones como la Guardia Civil.
En cuanto a las mujeres detenidas, subrayan Antoni Simó y Ricard Camil Torres, «sufrieron las mismas vejaciones que los hombres y otras añadidas, como el corte de los cabellos ‘al cero’ y las violaciones sistemáticas, también de las embarazadas». Muchas entraron en las cárceles con sus hijos, quienes soportaron asimismo las condiciones penitenciarias deplorables. En otros casos los vástagos les fueron sustraídos a sus madres, lo que dio lugar a un «tráfico» de niños del que se beneficiaron principalmente familias acomodadas y afines a la dictadura. A diferencia de los presos masculinos, el franquismo no reconocía prisioneras «políticas» en sus cárceles. «Se les asociaba más bien con el mundo de la prostitución; como mínimo, se las consideraba personas desviadas por la influencia de maridos, hermanos o padres», explican los investigadores. Tampoco resultó fácil la convivencia de las presas «rojas» con las reclusas por delitos comunes. Y a las mujeres se las discriminaba, además, a la hora de realizar trabajos en la prisión, que para los hombres suponían un «beneficio» penitenciario, mientras que para ellas, los trabajos o los cursos de cocina, francés o tareas domésticas se entendían más bien como una medida «correctora».
Los autores señalan que a partir de los años 1944-1948 se constata un mayor grado de colaboración entre las prisioneras, al provenir del maquis -fueron enlaces o colaboradoras en la guerrilla- muchas de las nuevas internas. Con todo, el encierro en las cárceles de la dictadura implicaba tener que soportar la desnutrición, la presencia cotidiana de chinches, piojos y otros parásitos, además de enfermedades como la tuberculosis, que también afectaba a los hijos de las reclusas. Esta situación venía propiciada por realidades como el hacinamiento. Entre abril y diciembre de 1939 la Prisión Provincial de Mujeres (Valencia) acogió a 1.500 presas, lo que desbordaba el aforo inicial; en celdas diseñadas para cinco personas, llegaron a estar encerradas 42.
Sin agua caliente ni calefacción en invierno, el jabón y otros productos para el aseo personal dependían del apoyo familiar; o bien tenían que adquirirse -«en condiciones draconianas», apuntan Torres y Simó- en los economatos. «La enfermería suponía una entelequia», añaden los autores de «La violència política contra les dones (1936-1953). Existía, sí, pero ante la falta de atención las reclusas tenían que afrontar las enfermedades en las celdas. Otra cuestión era la comunicación con el exterior. Se aplicó una censura férrea de cartas, periódicos y libros, en la que participaban los directores de las prisiones y las funcionarias, pero también capellanes y religiosas a cargo de las presas. En fechas señaladas, como las fiestas de navidad, se abría un tanto el puño y se permitía que visitaran a las internas los niños parientes.
«No faltaron malos tratos, coacciones y vejaciones», según Ricard Camil Torres y Antoni Simó, que apuntan la función desempeñada por las religiosas. Éstas «se ocuparon a fondo en su tarea redentora presionando a las internas para ‘reconducirlas’ espiritualmente», de manera que la comunión, la confesión o el bautizo se convirtieron en una meta. Los investigadores mencionan algunos nombres, como el de la directora de la prisión de Valencia, Natividad Brunete, y su hermana Teresa, empleada como funcionaria de prisiones: «Fueron una pesadilla para las internas valencianas». El sistema de incomunicaciones, castigos, retenciones de órdenes de libertad provisional o incluso inducción de algún suicidio que introdujeron, se apoyó en una red de (presas) delatoras, que actuaban a cambio de favores. En general, directores y funcionarios actuaron en materia punitiva desde su óptica particular, más allá de lo establecido en el Reglamento de Prisiones. En un primer momento el personal de las cárceles provenía de los «méritos» de guerra (viudas de sublevados y familiares de excautivos, entre otros), y sólo se establecieron ciertos criterios de «profesionalización» entre las funcionarias a partir de 1946.
Las organizaciones políticas de izquierda y los sindicatos apoyaron a las presas militantes. «La mayoría de las reclusas ya tenía a sus hermanos, novios o maridos en prisión», señalan Ricard Camil Torres y Antoni Simó, de manera que la ayuda exterior resultaba escasa. Esto hizo que se reforzara la solidaridad entre las internas, hasta el punto de organizarse en familias o cédulas -destacaron las del PCE-, cada una dirigida por una «madre» (responsable de la distribución del material obtenido). De este modo se trataba de repartir lo que recababan del exterior según las necesidades de las reclusas.
En el apartado del libro dedicado al franquismo, los dos historiadores resaltan el peso de la iglesia católica en el mundo carcelario. Abarrotada la prisión provincial, en junio de 1939 se habilitó el Convento de Santa Clara de Valencia como prisión femenina. La gestión de la nueva cárcel corrió a cargo de las monjas Capuchinas, pero en otras prisiones tomaron parte las Hijas de la Caridad, las Mercedarias, Concepcionistas y Carmelitas, entre otras órdenes religiosas. «Su presencia fue determinante en muchos casos oscuros y sucios como la responsabilidad directa en el secuestro de niños», destacan los investigadores. Del estudio de los hechos y el análisis de los expedientes, Ricard Camil Torres y Antoni Simó afiman que no consta «saca» alguna de mujeres de las prisiones, pero «un buen número de ellas sí fue librada a los piquetes de ejecución».
No sólo se castigaron los actos de rebeldía (acabar en una celda de castigo por negarse a besar la figura de Jesús de Nazaret), sino que en el caso de mujeres con significada militancia -Pilar Soler, Rosa Estruch o Remedios Montero-, abandonar la prisión suponía sólo un paréntesis hasta un nuevo ingreso. Tampoco faltaron las mujeres encarceladas como represalia contra familiares, huidos, exiliados o miembros de la guerrilla. Sin embargo, la dictadura franquista se esforzaba en ofrecer una imagen idílica: fiestas en las que se abrían las puertas de los muros a los familiares o fotografías publicadas en ‘Redención», en las que se exhibía una supuesta comunión entre los gestores y las internas. En las páginas finales, los autores resumen la profusión estadística en una frase: «La mayoría de las mujeres encarceladas lo fueron por delitos de orden público relacionados con la escasez reinante en la posguerra, lo que se consideraba delito político y con razón por parte del franquismo, ya que este régimen impuso una política de hambre y miseria». En otros dos capítulos del libro se aprecian las diferencias con la zona republicana.
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