Municipalismo es la teoría política partidaria de ampliar la gestión de la administración local frente a la central. Su sentido es acercar la gestión de los problemas más inmediatos de la gente a instituciones locales, a sus gestores y representantes más directos, con la posibilidad de una mayor cercanía para conocer y articular las demandas […]
Municipalismo es la teoría política partidaria de ampliar la gestión de la administración local frente a la central. Su sentido es acercar la gestión de los problemas más inmediatos de la gente a instituciones locales, a sus gestores y representantes más directos, con la posibilidad de una mayor cercanía para conocer y articular las demandas populares y favorecer una mayor participación democrática en su gestión y una transformación más efectiva. Propiamente es descentralización (existen más de 8.000 ayuntamientos con unos 60.000 concejales) de competencias y gestión de algunos servicios. Esa mayor cercanía y amplitud de los representantes y gestores municipales puede permitir una mayor participación popular, aunque los aparatos partidistas suelen controlar la selección de sus componentes de acuerdo a la disciplina y lealtad hacia la dirección de sus partidos. Igualmente, en el plano institucional existe una dependencia muy fuerte ante las instituciones superiores (CC.AA y del Estado). Por tanto, existe una tensión entre las dinámicas descentralizadoras y las centralizadoras y, de fondo, entre las democratizadoras y la oligarquización política e institucional. Todo ello en el marco de una administración especializada y con el desafío de un desempeño efectivo en la atención a la ciudadanía.
Empiezo formulando los siguientes interrogantes: ¿Hasta dónde puede llegar el cambio por la vía político-institucional, en los distintos ámbitos locales, autonómicos y estatales? ¿Hasta dónde se puede avanzar parcialmente -conquista de posiciones institucionales de forma asimétrica y/o compartida- sin ganar totalmente -mayoría absoluta-? ¿Qué fuerzas y capacidades existen en la sociedad y el tejido asociativo para articular un movimiento popular, complementario y exigente respecto de la ocupación limitada de las instituciones, vía electoral?. ¿Qué alcance puede tener el municipalismo en España, con una experiencia limitada y desigual, dentro y fuera de los ayuntamientos, en el horizonte de los próximos cuatro años?
Dos grandes transformaciones se han realizado en España y la UE (y el mundo) que han modificado los mecanismos de la soberanía popular de los viejos Estados. Por una parte, el aval estatal y de las instituciones internacionales al vaciamiento de las competencias de los Estados (medianos y pequeños) para determinar las políticas económicas, sociales y fiscales. El resultado es la desregulación y la mayor prepotencia de los mercados financieros y sus instituciones internacionales (FMI, Banco Mundial…) para eludir el control democrático de las propias instituciones representativas de los Estados (y de la UE), aunque con un peso todavía significativo de los grandes Estados (G-7, G-20) que podrían intervenir pero no quieren al estar comprometidos con ese orden financiero. En particular, las propias instituciones de la UE (CE, BCE…) acumulan poder frente a las instituciones de abajo (estatales, autonómicas o locales) pero se muestran remisas para regular los mercados financieros europeos e internacionales. Es la oligarquía mundial.
En España, en estas décadas, se ha construido el Estado de Autonomías, con una significativa descentralización de la gestión (sanidad, educación…) a las Comunidades Autónomas, pendiente de su profundización en una lógica federal. Así mismo, se han potenciado sus competencias, mientras se han dejado a las instituciones locales constreñidas de recursos para realizar sus actividades básicas para la población.
Por otro lado, la presión democrática por abajo, después de la transición política, la dependencia y debilitamiento de las asociaciones de vecinos, con gran protagonismo en los años setenta, y la constitución de gobiernos municipales, muchos de carácter progresista, desactivó la voluntad ciudadana por una mayor participación y/o la oposición social a los gobiernos municipales restrictivos, confiando en la propia gestión de los representantes institucionales.
Todo ello está cambiando al calor de las amplias movilizaciones populares contra las políticas de austeridad, las graves consecuencias de la crisis, las medias de ajuste y recortes sociales, la prepotencia gubernamental y la extensión de la corrupción. El objeto de la protesta social ha alcanzado diversos ámbitos: contra políticas regresivas de la UE, el Gobierno y el mundo empresarial, así como su concreción en las instituciones autonómicas y locales. Podemos decir que este amplio movimiento democrático y participativo ha tenido dos componentes principales: la democratización del sistema político e institucional, y la defensa de los derechos sociales y económicos, el poner la economía al servicio de la gente y definir un rescate ciudadano o plan de emergencia para los sectores más vulnerables.
Ello incluye la necesidad de un nuevo dinamismo de la participación por abajo, local, y de carácter global (estatal, europeo) y la elaboración de estrategias, organismos, liderazgos y discursos en esos planos para posibilitar la democratización, la ampliación de la gestión popular, así como el freno a los privilegios y el corporativismo de las élites poderosas. Este cierre de los grandes aparatos partidistas se ha agravado por la persistencia del bipartidismo con su hegemonía en el control institucional, jurídico y de medios de comunicación y su conexión con el poder económico y financiero. Ese entramado de intereses de los poderosos es lo que se ha puesto en cuestión por el movimiento cívico. Así, los dos partidos gobernantes han perdido la mitad de sus electorados y tienen escasa legitimidad.
Se ha generado una ciudadanía activa y luego un electorado indignado y se han formado expectativas de cambio político e institucional. Es inevitable, al menos hasta comprobar los resortes institucionales conseguidos, la tendencia mayoritaria de depositar la confianza popular del cambio en las inmediatas batallas electorales-institucionales. Esa dinámica también es funcional para las élites representativas emergentes que piden esa delegación de voto para legitimar su actividad política y su compromiso transformador. La cuestión es no perder de vista el doble componente de partido político (como aparato, legitimado por una base social, pero para ganar elecciones y posiciones institucionales) y movimiento popular (relativamente autónomo, diverso y fragmentado), para estimular la más amplia participación popular y condicionar a las propias instituciones.
El nivel de conflicto social y popular, en los últimos años, ha sido muy alto. Se han producido algunas grandes movilizaciones y procesos participativos (como el movimiento 15-M, las mareas ciudadanas o las propias huelgas generales y los conflictos laborales) que han aglutinado a sectores relevantes de la población. Han posibilitado la expresión y la visualización de la oposición cívica a los recortes sociales y la corrupción política, y han generado el desgaste de la credibilidad del poder y sus políticas regresivas.
No obstante, es difícil que Podemos y el resto de fuerzas alternativas consigan una hegemonía total, con una mayoría absoluta (o una mayoría simple con una suficiente distancia ventajosa), en el grueso de las grandes instituciones municipales, autonómicas y, particularmente, del gobierno central. La realidad probable puede ser diversa, desde la responsabilidad mayoritaria por la gestión institucional hasta el trabajo de oposición, pasando por fórmulas intermedias de acuerdos parciales con programas y gestión intermedios o mixtos. El vuelco alternativo y progresista que se puede producir en algunas grandes instituciones (por ejemplo, los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia…) puede expresar la relevancia del cambio, aunque esa victoria no sea generalizada en los pequeños y medianos municipios.
En el plano de la democratización desde la articulación ciudadana fuera de las instituciones y ante las dificultades y límites de la dinámica de un cambio político sustantivo, cabe el repliegue y la adaptación a la inercia institucional y/o el impulso participativo y la movilización social. Las élites representativas, incluidas las emergentes, tienden a legitimarse por la gestión de resultados concretos para la gente. Ante los límites para mejorar las cosas de forma sustantiva, hay que priorizar medidas de efectos inmediatos y contenido simbólico que señalen bien el camino a recorrer. El riesgo es caer en el embellecimiento de su gestión y sus logros limitados, para mantener la inercia. La mejor opción es ser realista, compartir con la gente los avances y los obstáculos y apostar por la activación popular.
Ahí se produce una paradoja: la población elige a sus representantes y confía en su gestión. Ello supone una relativa desmovilización participativa. Pero dadas las características del necesario cambio socioeconómico y político a conseguir y los límites del poder institucional conseguido, va a ser imprescindible esa participación popular intensa y masiva.
La democracia o la democratización del sistema político y económico se oponen a la oligarquía como gobierno de unos pocos. Pero la democratización política no se puede separar de la profundización en el cambio socioeconómico, de la mejora del bienestar de la gente.
Junto con la democracia representativa, hay que estimular la participación cívica, la democracia directa, con la deliberación y consulta vinculante de asuntos importantes. Existen muchos instrumentos que empiezan por la comunicación y transparencia y con métodos apropiados (consultas, referéndum, asambleas), en los distintos ámbitos: activistas, electorado propio, sectores significativos, vecinos o población en general.
En este mundo jerarquizado se produce una fuerte tendencia a la oligarquización de los aparatos políticos y su apropiación o control por de los grupos propietarios y gestores de los recursos económicos e institucionales, llegando a la corrupción abierta (rompiendo su relativa autonomía, como ejemplifican las ‘puertas giratorias’ y el tráfico de influencias privadas en la contratación pública). Por otro lado, existen múltiples especializaciones que requieren la actividad de expertos, particularmente en las grandes instituciones. Todo ello supone la selección rigurosa y el prestigio de la función pública, de acuerdo con sus capacidades y sus códigos éticos respecto del desempeño del interés general y no el beneficio privado. Es un problema de cultura y ética en la selección y control de los representantes y gestores públicos, pero con mecanismos institucionales y jurídicos eficaces, una vigilancia pública y una vinculación intensa con sus bases sociales.
La tarea principal para promover la democratización es la desburocratización, la dinámica anti-jerárquica, el debilitamiento de las oligarquías de los aparatos políticos e instituciones, con una nueva dinámica institucional y democrática, más transparente y participativa. Pero hay que combinar los distintos planos de la participación democrática y la gestión institucional. Supone la combinación de métodos de participación y control directo con una relativa autonomía de la actividad de los representantes e instituciones, con unos sistemas de control sobre sus orientaciones y sus decisiones más relevantes.
Detrás está la diferenciación realista de la deliberación, la decisión y la ejecución de una medida en una realidad compleja y diversa. ¿Cómo se articula el estímulo participativo más amplio, libre e igual, con la desigualdad de disponibilidades y la eficacia en la gestión concreta?. ¿Cómo se combina una orientación general y una dinámica de conjunto con el respeto a la diversidad interna y el exquisito respeto a esa pluralidad, sumando particularidades y llegando a compromisos y acuerdos ante las discrepancias e intereses parcialmente distintos? Es un camino a explorar y practicar, abriendo la brecha hacia una democracia más social y participativa.
En definitiva, en el ámbito municipal, más directo y concreto, es más fácil avanzar en este proceso participativo, aunque siempre conscientes de su imbricación con los procesos más generales y las desiguales dinámicas organizativas y de liderazgo. Los condicionamientos institucionales y presupuestarios son muchos y será necesario un cambio legislativo, con una mayoría gubernamental de progreso, para fortalecer la suficiencia fiscal de los ayuntamientos, incrementar sus competencias e impulsar una mejora sustantiva en la prestación de servicios a la ciudadanía. Constituye un desafío y también un aprendizaje no solo de gestión, sino de empoderamiento cívico, articulación popular y democratización.
Antonio Antón. Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.