El PSC en su 14è Congrés que se ha celebrado este fin de semana, ha aprobado la definición de España como «nación de naciones» y Catalunya una «nación». Por otra parte nada nuevo ni en el PSC ni en el PSOE, que han venido usando esa expresión en diferentes momentos, a su conveniencia política, según […]
El PSC en su 14è Congrés que se ha celebrado este fin de semana, ha aprobado la definición de España como «nación de naciones» y Catalunya una «nación». Por otra parte nada nuevo ni en el PSC ni en el PSOE, que han venido usando esa expresión en diferentes momentos, a su conveniencia política, según los tiempos. La definición de Catalunya como nación por parte del PSC, pese a no ser ninguna novedad, ha removido las aguas y causado malestar entre los barones más conservadores del PSOE, justo cuando Pedro Sánchez negocia su investidura con ERC.
El nuevo texto añade la expresión «nación de naciones», después de la polémica generada sobre la definición de Catalunya como «nación» y de España como país «plurinacional», dos nociones aprobadas en la ponencia política y que ya aprobó en su anterior congreso. La nueva reformulación, se ha hecho a petición expresa del primer secretario, Miquel Iceta. La expresión «nación de naciones» para definir España ya fue defendida y utilizada por el propio Pedro Sánchez cuando en julio del 2017 suscribió la declaración de Barcelona, donde el PSOE y el PSC apostaban por la vía federal y una reforma de la Constitución para articular una nueva organización territorial: La nación de naciones es la España que vendrá, el centralismo es el pasado. «Y el federalismo que defendemos los socialistas será la garantía de que exista un futuro común».
García Page y Lambán, entre otros históricos, como Rodríguez Ibarra (Si Pedro Sánchez forma gobierno con Podemos y los independentistas, yo me voy del PSOE), cuestionan el pacto con ERC y cargan contra Iceta. Los presidentes muestran su malestar con el líder del PSC después de que reclamara «respeto» hacia los independentistas. La crisis en Catalunya es siempre un terreno delicado para el PSOE, aunque Sánchez tiene manos libres para llegar a un entendimiento. Con este panorama, no se espera una revuelta como en el año 2016, cuando el poder territorial del partido impidió a Sánchez llegar a Moncloa con el apoyo de los independentistas. Desde que se hizo de nuevo con las riendas del partido y tras su llegada al Gobierno, el poder de Sánchez es total.
Llegados a este punto, me permito referirme al artículo De la Nación de Naciones que publiqué en 2012 y que aparece en mi libro Reflexiones Republicanas, en el que analizo estas ideas y conceptos que estuvieron de actualidad ya por entonces, sobre la cuestión española, catalana y otras nacionalidades.
En su artículo 2, la Constitución española establece que se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones; sin terminar de explicar el concepto nación, nacionalidades o región. Conceptos ambiguos, con múltiples interpretaciones y connotaciones políticas. Fue la solución consensuada en 1978, al tan traído tema de la «unidad» de España, superando el concepto utilizado por la dictadura: «España, unidad de destino en lo universal», que diciendo mucho supuestamente, no terminaba de saberse que quería de decir en su más estricto sentido. Además, con la fórmula que se adoptó en 1978, se salvaba la situación creada durante la Segunda República Española con Cataluña, País Vasco y Galicia. Hoy las ideas siguen encendidas, los intereses vivos y la unidad de la nación y la existencia de nacionalidades cuestionadas.
El término nación tiene, al menos, dos diferentes acepciones: una político-jurídica y la otra socio-ideológica. Anthony. D. Smith define la nación como «una comunidad humana con nombre propio, asociada a un territorio nacional, que posee mitos comunes de antepasados, que comparte una memoria histórica, uno o más elementos de una cultura compartida y un cierto grado de solidaridad, al menos entre sus élites». Generalmente la nación surge sobre bases mitológicas, cuentos fantásticos de batallas ancestrales y de héroes poderosos o villanos, inventados para gloria de quienes lo cuentan y para la manipulación de la voluntad de los humildes alrededor de una bandera, que generalmente representa los intereses del poder.
La Constitución de Cádiz dedicaba sus cuatro primeros artículos a la nación española, en términos acordes con el principio, entonces revolucionario, de soberanía nacional. La Constitución de 1931 constituye un precedente directo, al establecer que «La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones» y sobre esta base se aprobaron los Estatutos de Cataluña (1932), el País Vasco (1936) y Galicia (1938). Se trata del modelo que, con importantes modificaciones, seguirán los constituyentes en 1978.
Durante el debate constituyente de 1978, las posiciones críticas a este precepto, fueron múltiples. Se produjo una oposición frontal al término «nacionalidades» por considerarlo ambiguo, discriminatorio y peligroso, confuso e innecesario (fue la posición de Alianza Popular). Otra posición contraria, minoritaria, de los nacionalistas más extremos, eran partidarios de suprimir el vocablo Nación, por entender que España no es una Nación sino un Estado formado por un conjunto de naciones. Otra posición más ambigua respecto a los rasgos nacionales unitarios la defendió el PNV que se limitaba a declarar que «la Constitución se fundamenta en la unión, la solidaridad y el derecho a la autonomía de las nacionalidades que integran España». Por último la Minoría Catalana defendió que aun reconociendo la unidad nacional proponía que «la Constitución se fundamenta en la unidad de España, la solidaridad entre sus pueblos y el derecho a la autonomía de las nacionalidades que la integran».
La posición de los llamados padres de la Constitución fue sesuda, amplia y diversa. Herrero y Rodríguez de Miñón entendió que el término nacionalidades se refería a «hechos diferenciales con conciencia de su propia, infungible e irreductible personalidad». Roca Junyet entendía que «nacionalidades» se refería a «Nación sin Estado, con personalidad cultural, histórica y política propia… dentro de la realidad plurinacional de España,… como Nación de Naciones». Peces-Barba proponía que «la existencia de diversas naciones o nacionalidades no excluye, sino todo lo contrario, hace mucho más real y más posible la existencia de esa Nación que para nosotros es fundamental, que es el conjunto y la absorción de todas las demás y que se llama España». Y Solé Tura lo definía como «un estado de conciencia colectivo que se fundamenta no sólo en la historia, en el pasado común, en la lengua, en la cultura o en la realidad económica sino también en una forma determinada de concebir su propia realidad frente a las otras».
Ideas, principios y filosofía, cargadas de buena voluntad y de intereses políticos e ideológicos, como no podía ser de otra forma y por una u otra razón, ninguno de acuerdo y por eso salió adelante. La votación del Pleno del Congreso reveló el carácter consensuado entre las principales formaciones políticas de la versión finalmente aprobada: 278 votos a favor, 20 en contra y13 abstenciones. En el Senado el resultado fue parecido: 140 votos a favor, 16 en contra y 11 abstenciones. No se si hoy las posiciones serían diferentes.
Hasta aquí el artículo de 2012 y seguimos hablando de lo mismo. Han pasado cuarenta y un años desde que se promulgó la Constitución, −nacida tras una cruel dictadura, que nos privó hasta de los más elementales derechos fundamentales−, tiempo suficiente como para que la sociedad española se plantee una lectura actualizada del texto, que apoyamos en aquel tiempo, quienes anhelábamos igualdad, libertad y democracia.
La resolución del PSC, aboga por «una España y una Catalunya más federal» y afirma que las nuevas formas de relación, decisión y su articulación han de ser fruto de reformas acordadas entre fuerzas catalanas, pactado en todo el Estado y refrendado por el conjunto de la ciudadanía. Esto se traduciría en principio, en un nuevo Estatut y una reforma de la Constitución, que se debería impulsar en el momento que existiesen las mayorías parlamentarias suficiente para aprobar dichos cambios.
A pesar del malestar que genera la subida de tono de algunos barones, la dirección del PSOE optan por guardar silencio más allá de la respuesta de algún dirigente, como Odón Elorza: «Con respeto a las opiniones de Lambán −que quiere ahora un pacto con Ciudadanos− y García-Page, tras la consulta realizada a la militancia socialista, quiero expresar mi total apoyo al acuerdo con Unidas Podemos y a la compleja negociación con ERC. Por cierto, contra el mareo y el vértigo, biodramina». El PSC ha levantado la bandera del federalismo.
Al paso de la cuestión, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dicho que Sánchez ya conoce cuáles son las cuestiones que reivindica el Ejecutivo autonómico en relación al autogobierno vasco. «No estamos en tiempo de tacticismos«. Manifiesta que llevan tiempo pendientes de una mesa en la que se puedan abordar cuestiones pensando que son estructurales y no coyunturales, para abordar la cuestión territorial.
La ciudadanía del 2019, hombres y mujeres menores de 60 años, no pudieron participar en el referéndum de 1978 y no tienen por qué asumir como suyos, ni los miedos, ni los anhelos de entonces. Hay que abrir un Proceso Constituyente, que de respuestas, acordes con los tiempos que corren, a los problemas que los siglos acarrean.
España es una Nación, como lo son Catalunya, Euskadi, Galiza, Andalucía, Comunitat Valenciana, Baleares o Canarias (que bajo el amparo de la Constitución y según sus Estatutos se consideran nacionalidades o nacionalidades históricas). Para el PSC, el federalismo es «la mejor expresión de la unión y la unidad en la diversidad» de esta España «plurinacional». Es tiempo de abrir un Proceso Constituyente, que recoja estos anhelos, desde una perspectiva dinámica y viva, no sacramental, como corresponde a un Estado social y democrático de Derecho, en una República federal
@caval100
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