Nadie con un poco de conocimiento sobre el tema y con sentido común puede rebatir la idea de que la creación de una renta mínima acelera y garantiza el consumo de forma general al incorporar al ciclo económico a tantas familias, ahora desahuciadas, sacándolas en primer lugar de las situaciones inhumanas que sufren, pero también reactivando así con mayor rapidez la economía por dicho crecimiento del consumo, aumentando de paso los beneficios empresariales que acabarían posibilitando consecuentemente la subida de los salarios de los trabajadores, pues alguien no estará dispuesto a trabajar por 1000 euros si cobra lo mismo por no trabajar y el empresario, que tendría más volumen de negocio, no tendría por qué discutirlo. Eso sin perder de vista que una mayor circulación monetaria evita una crisis de demanda. Todos saldremos beneficiados.
Estando de acuerdo en principio con la creación de dicha renta mínima que saque de la pobreza a tanta gente en este país de una vez por todas y dado que no perjudicaría a nadie, sino que nos beneficiaría a todos, no parece conveniente sin embargo que la forma de crearla en un país donde las ayudas y subvenciones suelen desincentivar la búsqueda de empleo en una parte importante de la población, sea incorporarla como otra ayuda más sin contrapartidas. Que la renta mínima se plantee en otros países y con gobiernos de muy diferentes colores, no significa que pueda implantarse de la misma manera en cualquier otro lugar sin tener en cuenta las características socioculturales de una zona que implica unas reglas distintas en el ciclo económico (pensemos en el paro estructural del mercado español, justificado por el empleo irregular permanente en diferentes sectores –agricultura, limpieza a domicilio, etc- y que seguiría siendo “compatible” con el cobro de dicha renta mínima).
Por diferentes motivos no es lógico que la ayuda se base en la entrega directa de masa monetaria y que, además, no vaya ligada a una serie de obligaciones como contrapartida para quien reciba dichas renta mínima. Veamos por partes estas dos cuestiones.
En primer lugar, la ayuda puede entregarse de diversas maneras: como un ingreso vital, que el receptor gasta donde cree oportuno y por lo tanto, como ya hemos citado, puede ir ligado al cobro de salarios en B, o bien como un ingreso en especie mediante la entrega de productos básicos que solo serían bien acogidos por familias verdaderamente empobrecidas pero que desincentivaría el fraude dado que no sería útil para otras familias que ya reciben pagos no declarados. Este paquete de productos básicos debería ser estudiado en profundidad pero pongamos algún ejemplo: el pago de un paquete básico de electricidad (3-3,45kw), de internet fijo (50 mb) y de telefonía (100 min y 5gb) y el pago de un alquiler o hipoteca sencillos (según zona y ciudad) e incluso de una compra básica de productos de marcas blancas, serviría para el cumplimiento de derechos constitucionales por parte del gobierno con estas familias (vivienda, comunicaciones, etc) pero ahuyentaría a quienes cobran mucho más en b y ya hoy disponen en sus casas de más kilowatios, más megas o más metros cuadrados que los ofrecido por la renta mínima vital, que les negaría poseer más en ese sentido sin renunciar a la ayuda y obtener un trabajo mejor remunerado. Puede ocultarse la compra sin pago de impuestos de diversos aparatos eléctricos de lujo pero será incompatible con el paquete básico de electricidad, que no podrá verse ampliado de forma camuflada por existir ya un contrato para dicho domicilio. Esto además, debería suponer la eliminación de otras ayudas que serían incompatibles (Bono social, etc).
En segundo lugar, la recepción de la ayuda puede ofrecerse como un derecho universal sin contrapartida alguna, o bien puede y debería quedar condicionada al cumplimiento no solo de unos requisitos económicos y familiares sino también a una serie de obligaciones que el receptor tendría que asumir para la obtención de dicha renta mínima. Tales obligaciones bien estudiadas servirían para promover el desarrollo personal mediante el compromiso social, para incentivar la búsqueda de empleo y hasta para mejorar el estado del bienestar. Todo ello es posible mediante la obligatoriedad de formación a través de cursos y prácticas de trabajo, la participación de pequeños trabajos que pueden crearse en la sociedad y la colaboración en sectores públicos (desde el reforzamiento a la limpieza del bosque, el cuidado de jardines, la participación en obra pública para agilizar tiempos, pasando por empleos menores consistentes en ayuda al consumidor –llenar la bolsa de la compra en un supermercado mientras el cliente paga, ayudar a comprar por internet a personas que no saben hacerlo- e incluso como ayudantes de celadores, ayudantes de técnicos del sector de la dependencia, ayudantes en vigilancia, etc) que, dada su especialización no existente hoy en la mayoría de casos, vendrían a sumarse, nunca a sustituir, a las plantillas actuales.
Esto haría sentirse útil a las personas que reciben dichas ayudas, al verse por fin incluidos en una sociedad que podría acabar admitiendo la valía de dicha medida al poder disfrutar personalmente de las mejoras aportadas por ella.
El mismo Alberto Garzón ha hablado durante años en este sentido sobre el tema y el programa de Unidas Podemos recoge algo parecido si no solo nos atenemos a su punto 213 donde se explicita el Ingreso Básico Garantizado, sino que asumimos la coherencia del progama y lo interrelacionamos con otros puntos como el 11 sobre rehabilitación de viviendas donde se cita que “se dará prioridad a los hogares y barrios más vulnerables”, lo cual podría ser parte de la renta básica dado que servirá para un ahorro energético de las familias más vulnerables; o el 33 sobre frenar el avance de la desertificación “con la recuperación y replantación de una masa forestal” que suponen posibles nuevos empleos sin cualificación. Pero por si fuera poco, incluso esta renta mínima podría ser la palanca de accionamiento de los puntos 168 sobre las horas extras y 170 sobre la jornada laboral de 34 horas posibilitando tales medidas en la empresa privada sin coste para el empresario, por lo que no tendría derecho a reducir salarios ni plantilla, pues dichas horas no trabajadas por los trabajadores fijos serían compensadas por la aceleración del trabajo provocada por los perceptores de la renta mínima que realizarían trabajos básicos pero necesarios en dichas empresas.
No hay excusa para que, estando en el gobierno y llevando la voz cantante en este asunto, se desvirtúe dicha propuestas y quede en una mera subvención más que no solo no serviría para el fin propuesto, dada la idiosincrasia del mercado español, sino que no entendería ni siquiera gran parte de los votantes de izquierda de este país. Es el momento idóneo para que, bien desarrollada, se pueda implantar por fin una renta básica junto a una reducción de la jornada laboral en España con el apoyo incluso de parte de los sectores económicos de la derecha pero hacerlo de cualquier manera puede suponer un precio muy alto no solo para la izquierda española sino, mucho peor, para la economía en general de este país. Es hora de hilar muy fino pero hay muchos instrumentos para hacerlo.
David Cotilla Vaca es profesor de Enseñanza Secundaria