No más mierda

La Plataforma No Más Mierda pasa a la acción. Más de 300 vecinos del municipio segoviano de Fuentepe­layo, de 900 habitantes, han plantado cara al empresario que, según denuncian, desde hace años contamina las tierras, el aire y el agua del pueblo. Se han organizado y acaban de constituir esta plataforma para denunciar las actividades de la empresa Agro­­gestión y Aplicaciones Medio­am­bientales, cuyo propietario es Juan Fran­cisco Cárda­ba Herranz, vecino del municipio, quien presuntamente ha agredido e intimidado a los que se han atrevido a denunciar el hedor que se respira en este pueblo, y en Zarzuela del Pinar, Aguila­fuente y Lastras de Cuéllar.

El empresario cuenta con una planta de compostaje orgánico de la que también figura como propietario Martín Cabré-Verdiell Amich, vecino de Al­co­letge, Lleida. Pero la empresa de compost no hace fertilizantes naturales. El propietario de Fuen­te­pelayo recibe camiones de desechos de todo tipo, que necesitan un tratamiento especial, y que, sin embargo, esparce por las tierras del municipio con total impunidad. Son sobre todo restos procedentes de mataderos e industrias cárnicas, los llamados ‘san­dach’ (sub­pro­ductos animales no destinados al consumo humano), cuya gestión está regulada por la normativa de la CE Nº 1069/2009.

Las tierras almacenan grandes cantidades depellejos de oveja, con su lana, patas, crotales (identificación numérica del ganado) agarrados aún a trozos de oreja, etc. «Hemos visto una tierra de cultivo entera ‘sembrada’ de tripas de cerdo, otras han sido regadas con sangre, y se labran una y otra vez, hay todo tipo de desechos procedentes de mataderos…», explica José Luis Ordó­ñez, presidente de la plataforma No Más Mierda y vecino de Fuente­pelayo. Pero no sólo. Al pueblo también llegan lodos de depuradoras que se acumulan en montones al aire libre, muy contaminantes por su contenido en metales pesados (cadmio, cobre, plomo, zinc…), restos de plantas de celulosa, desechos procedentes de hospitales, pilas, y hasta en una tierra de labranza se han esparcido «caramelos halls que tienen un envoltorio casi indestructible, no biodegradable, que contiene aluminio», denuncia Ordóñez. También se han detectado «grandes cantidades de sacos de plástico, sacos procedentes de salinas, incluso se ha llegado a producir un vertido de sal directamente a la tierra por el que tuvo que intervenir el Seprona», explica el presidente de la plataforma.

Restos de animales

Los restos de los mataderos se pudren al aire y sobre la tierra. El hedor en el municipio se hace irrespirable, denuncian los vecinos. Ade­­más, la plataforma señala que se esparcen lixiviados (líquidos contaminantes procedentes de la descomposición de la basura) y que el propietario de la planta de compost ha construido un canal de drenaje que desagua los lixiviados de las basuras en el arroyo Maluca, afluente del río Pirón, que a su vez vierte en el Cega, afluente del Duero. E incluso los vierten en humedales próximos como la laguna de la Llosa, afirma la plataforma. «La planta de compostaje cuenta con dos balsas de lixiviados que están a rebosar, según se ha conocido tras una visita reciente de los agentes medioambientales, y por eso se han esparcido esos líquidos en las tierras que gestiona el propietario», afirman desde la Plataforma No Más Mierda. «Lo que aquí se está produciendo es una contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, de la tierra y del aire», dice Ordóñez. Los vecinos que habitan el entorno de Fuentepelayo sufren náuseas, dolores de cabeza y trastornos gastrointestinales, según denuncian desde el colectivo.

El portavoz de los vecinos relata que entran en la planta y en las tierras que maneja Cárdaba una media de 15 camiones diarios, pero incluso en algunas épocas puede llegar a recibir hasta 40 camiones al día. «Llegan sobre todo por la noche, y la mayoría son cubas con líquidos. Sospechamos que se trabaja en red y que, cuando hay entradas de camiones, se reparte dinero a los cómplices. Pero cuando no hay entradas no hay dinero». Las entradas de camiones, procedentes de Burgos, Sala­man­ca y otras provincias, se paralizan cuando hay previstas ins­pecciones del Seprona; al parecer el empresario es el primero en enterarse. «Pone puestos de vigilancia en las carreteras de acceso al pueblo», y si ese día hay visitas de la Guardia Civil, «desvían las rutas o paralizan los camiones en gasolineras u otros sitios», afirman.

‘Matones’ a sueldo

El propietario de las basuras cuenta con dos guardaespaldas, conocidos ya en Fuentepelayo como ‘los matones’, explican vecinos de Fuentepelayo. Además, tiene ‘trabajadores’ que vigilan las tierras y la planta de basura, situada a dos kilómetros del pueblo. «Cortan el paso a los vecinos que pasan por la zona donde están los vertidos. Persiguen con sus vehículos, conducidos por sus empleados, a las personas que han ido allí, en bicicleta o a darse un paseo… Deben de pensar que van a hacer fotos, o no sabemos», dice el portavoz de la plataforma. Y puntualiza que esta persona «ha instalado en el pueblo la ley del miedo». Por otro lado, el propietario de las basuras ha manifestado en varias ocasiones que tiene buenos contactos y ha hecho circular el rumor, apuntan varios vecinos, de que «todos tenemos algo que ocultar».

Desde que se creó Agrogestión y Aplicaciones Medioambientales, en 2008, hasta hoy, las denuncias interpuestas ante el puesto de la Guardia Civil de Navalmanzano no han prosperado: «No sabemos por qué, pero se han perdido en algún cajón», dice Ordóñez a este periódico. La empresa de Cárdaba está registrada para «la gestión integral de residuos y medio ambiente. La recogida, transporte, almacenaje, tratamiento, reciclaje, clasificación, manufacturación, manipulación, transformación… de todo tipo de residuos orgánicos procedentes de la agricultura, ganadería, jardines…». El propietario de la planta de com­pos­taje de Fuentepe­layo habría agredido a varios vecinos que se han atrevido a denunciar o quejarse por los malos olores. El último, un vecino que denuncia haber sido golpeado el 25 de diciembre por el propio Cárdaba. «Pero es él mismo el que ha puesto muchas denuncias contra vecinos» que han criticado su actividad, dice Ordóñez. Tampoco se han librado los periodistas de la provincia que están sacando a la luz estos hechos. Algunos han sido acorralados en el campo por los ‘trabajadores’ del empresario, como es el caso de los periodistas de la agencia ICAL, cuyo coche fue atacado, y de otro que ha sufrido intimidaciones.

Agresiones y cristales rotos

Uno de los vecinos que denuncian una persecución por parte del empresario es Ángel G., que fue denunciado en 2011 por éste acusado de «crear mala imagen de la planta de compostaje» por tratar de movilizar a la población. El juez de paz del municipio lo condenó por «injurias», sentencia que anuló el juzgado de Cuéllar. Ha sufrido la rotura de los cristales de su vivienda y fue per­seguido por un auto­móvil cuando paseaba por un ca­mino. Ángel G. recibió en su domicilio varias visitas de la Guardia Civil y de inspectores de Sanidad… El coche del teniente de alcalde recientemente ha sufrido el pinchazo de las cuatro ruedas del coche. «Este señor ha instalado el miedo en el pueblo para defender su negocio», afirma Ordóñez.

Ecologistas en Acción de Segovia hizo las primeras denuncias en 2010 ante varios organismos de la Admi­nistración regional, incluida la Guar­dia Civil, la Fiscalía de Medio Am­bien­te de Castilla y León, y el juzgado de Cuéllar. Pero ni la Fiscalía ni la Junta actuaron.

En diciembre pasado, el diputado de IU-Equo José Sarrión visitó el pueblo para denunciar la situación. Los medios provinciales se hicieron eco de la noticia. La noche anterior a la visita del diputado, Cárdaba se presentó en el domicilio de José Luis Ordóñez, según denuncia éste, acompañado de su ‘guardaespaldas’ y con actitud intimidatoria. Al día siguiente, el diputado denunció el vertido de las basuras ante los medios provinciales. Ese día muchos vecinos que acudieron a recibir a Sarrión en la plaza del pueblo fueron filmados y fotografiados por los hombres de Cárdaba. Veinte días después, los vecinos, ya hartos, constituyeron la Plataforma No Más Mierda.

La Junta de Castilla y León, gobernada por el PP desde hace 29 años, insiste en la normalidad de la planta de fertilizantes y ha transmitido a los medios que se han efectuado «un total de 18 inspecciones» estos años sin encontrar irregularidades. «Todo está en orden», ha declarado el jefe de servicio territorial de Agricultura de Segovia a este periódico. En 2013, la Junta de Castilla y León amplió el número de sustancias que la planta podía recibir. Por su parte, César Montarelo, responsable de Sanidad en la provincia de Segovia, ha declarado a Diagonal: «Nuestra postura es que no hay riesgo. Con los análisis del agua, que en Fuentepelayo se coge a ocho kilómetros del pueblo, y la información epidemiológica, no hay riesgos», insiste. Montarelo fue nombrado jefe territorial de Sanidad en 2012, es veterinario de formación y su experiencia laboral se ha desarrollado en la gestión de mataderos de la provincia.

Las tierras de cultivo sobre las que se vierten los restos de mataderos que llegan al pueblo son propiedad de Cárdaba, y «también tiene otras arrendadas a personas del pueblo y otras concedidas por el Ayuntamien­to, por una subasta de las llamadas ‘tierras de masa común’ que dan para uso agrario», explica Ordóñez. El empresario pagó en 2012 tres veces más de lo que ofrecían agricultores del pueblo. Las tierras son labradas una y otra vez con los líquidos contaminantes, según denuncia la plataforma No Más Mierda.

Los alcaldes del municipio no han impedido el desastre. Fue el PP el que dio la licencia municipal a la planta y la concesión de las tierras, sin ser para uso agrícola. Y el PSOE ha mantenido la licencia.

Para Daniel López Marijuán, experto en residuos de Ecologistas en Acción, la situación es muy grave: «Puede haber intoxicación alimentaria». López Marijuán explica que «el peligro fundamental es de contaminación bacteriológica. Si son residuos de animales: pellejos, vísceras, sangre, huesos, etc., evidentemente se pudre y se generan unas bacterias que son vectores de enfermedades que pueden llegar a ser muy peligrosas. Y por eso tiene que hacerse un tratamiento muy diferenciado».

Recalca que «hacer una mezcla de residuos de despojos de animales con residuos urbanos es directamente un delito penal (Art. 325)», porque esto pone en peligro el medio natural, «y en este caso incluso existe delito de complicidad y de connivencia porque, tras tantos años, la Administra­ción ha mirado para otro lado». Y aclara: «Aquí hay incluso delito de las autoridades ambientales que no hayan ejercido el deber de corregir y castigar un delito medioambiental, y el causante y la Administración connivente tienen responsabilidades muy serias. Es algo que clama al cielo», concluye López Marijuán.

Ayudas y subvenciones a la empresa

La Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, además, concedió a la empresa Agrogestión y Aplicaciones Medioambientales una subvención de 190.100 euros en marzo de 2015, a pesar de las denuncias. Según el portavoz de Agricultura en Segovia, «porque reunía todos los requisitos». Además, la Junta da el visto bueno al propietario de la planta para las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que en 2013 le trasfirió 18.522,54 euros.

Fuente original: http://www.diagonalperiodico.net/global/29236-no-mas-mierda-la-rebelion-vecinos-fuentepelayo-contra-cacique-la-basura.html

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.