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En el "Día Internacional de los Monumentos y Sitios"

Nuestro patrimonio histórico y cultural está siendo esquilmado y privatizado

Fuentes: Rebelión

Ayer, 18 de abril, se celebraba el «Día Internacional de los Monumentos y Sitios». Esta fecha fue adoptada en 1982 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su 22ª Conferencia General.

Esta iniciativa busca «concienciar sobre la diversidad y calidad de nuestro patrimonio cultural, así como su vulnerabilidad y la necesidad de su protección«.

Entendemos que la citada protección debe comenzar por garantizar que dicho patrimonio siga siendo de toda la ciudadanía, como así sucede en países vecinos como Francia (Ley de Libertad Religiosa de 1905) o Portugal (Concordato con la Santa Sede de 1940). En ambos casos se garantiza que, con independencia del uso religioso de dichos bienes y la continuidad de dicho uso, la titularidad de los mismos corresponde al Estado; es decir no son bienes privados sino de toda la ciudadanía.

En nuestro país, en cambio, la Ley Hipotecaria de 1946 permitió a los obispos inmatricular a su nombre bienes de todo tipo sin aportar título alguno de propiedad, sin abrir un expediente de dominio, sin garantía alguna, con una simple autocertificación eclesiástica.

Además, en 1998, la Reforma Hipotecaria realizada por el gobierno de José María Aznar permitió inmatricular también lugares de culto cosa que, hasta esa fecha, incluso durante el franquismo, estaba taxativamente prohibido.

Este proceso inmatriculador, sin garantía de ningún tipo, no se ha producido en ningún otro país europeo. El resultado ha sido la privatización masiva de todo tipo de bienes, incluidos bienes de especial relevancia cultural que deberían ser patrimonio de todos.

Se ha hecho pública ya la relación de los más de 35.500 bienes inmatriculados por este mecanismo desde 1998. Incluyendo bienes monumentales como pueden ser el prerrománico asturiano, el mudéjar aragonés o la propia mezquita de Córdoba, por citar algunos ejemplos.

Estimamos que, una vez se conozcan todos los bienes inmatriculados desde 1946 esta cantidad superará ampliamente los 100.000 bienes. Y no es suficiente que los gobiernos central y autonómicos se limiten a informar, tarde y mal, acerca de ello. Es un problema de Estado y, dada su envergadura, requiere soluciones de Estado; así se apuntaba en los programas electorales, en el acuerdo de gobierno suscrito y en el propio discurso de investidura de la presidencia de gobierno. Es necesario que se establezcan las medidas adecuadas para revertir este escándalo y evitar que pueda volver a repetirse:

1. Que se recopilen y hagan públicas todas la Notas Registrales Simples de los bienes inmatriculados por la iglesia desde 1946 en las que se aportó, unicamente, una certificación eclesiástica.

2. La anulación de todas las inscripciones realizadas desde 1978 por inconstitucionalidad sobrevenida, amparándose para ello en la jurisprudencia citada en el propio informe, en particular en las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que también ponen en cuestión la constitucionalidad de una norma a la que califican de «arbitraria y difícilmente predecible al privar a otros interesados de las garantías procesales básicas para la protección de sus derechos».

3. La anulación de todas las inscripciones de lugares de culto realizadas con anterioridad a la Reforma Hipotecaria de 1998 por ser contrarias a la propia legislación hipotecaria y vulnerarla flagrantemente.

4. La elaboración de una Ley de Patrimonio que establezca que el patrimonio histórico y cultural inventariado de raíz religiosa, con independencia del uso litúrgico a que se destine, quede afecto al dominio público para garantizar su uso y disfrute por toda la ciudadanía.

Será entonces cuando estaremos en condiciones de celebrar el «Día Internacional de los Monumentos y Sitios».

José María Rosell Tous. Grupo Inmatriculaciones Asturias – (coordinadora estatal RECUPERANDO)

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