Con motivo del Día Mundial de la Salud, celebrado ayer, un informe de la Marea Blanca de Madrid denuncia las consecuencias de años de privatizaciones y exige una auditoría ciudadana de la deuda en sanidad. Cuando se celebra el Día Mundial de la Salud, que movimientos en defensa de la sanidad pública de toda Europa […]
Con motivo del Día Mundial de la Salud, celebrado ayer, un informe de la Marea Blanca de Madrid denuncia las consecuencias de años de privatizaciones y exige una auditoría ciudadana de la deuda en sanidad.
Cuando se celebra el Día Mundial de la Salud, que movimientos en defensa de la sanidad pública de toda Europa han reconvertido en un Día Europeo contra la Mercantilización y la Privatización de la Sanidad, con diversas actividades de denuncia, la Marea Blanca de Madrid ha aprovechado para denunciar a través de un informe algunas de las medidas que en los últimos años han deteriorado y mercantilizado el sistema sanitario público tanto en el Estado como en la Comunidad de Madrid. Aunque en los últimos años la ofensiva contra la sanidad pública ha sido sistemática, ésta ha sido posible, recalcan en el informe, gracias a leyes como la 15/1997, que abrió el camino a su mercantilización, y a la modificación del artículo 135 de la Constitución, aprobada por PSOE y PP en 2011, y que antepone el pago de la deuda a cualquier gasto público y social.
FIN DE LA UNIVERSALIDAD: el Real Decreto Ley 16/2012, que entró en vigor en septiembre de 2012, fue el mayor mazazo contra la universalidad de la sanidad al excluir del sistema sanitario de entrada a 900.000 migrantes sin papeles, además de a otros colectivos vulnerables. Aunque varias comunidades se han declarado en rebeldía a esta normativa y han puesto en marcha sistemas alternativos para atender a toda la población, mientras esta normativa no sea anulada cientos de miles de personas continuarán sin historial médico ni tarjeta sanitaria.
CAÍDA DEL GASTO SANITARIO PÚBLICO: entre 2008 y 2015, el gasto sanitario ha caído de un 6,8% a un 5,6% del Producto Interior Bruto, más de 10.000 millones menos. Y según el programa de Estabilidad Fiscal y Consolidación Presupuestaria 2015-2018 enviado a Bruselas, en 2018 el gasto público sanitario deberá quedar reducido al 5,3%, lo que supondrá otro recorte de varios miles de millones. Madrid tiene el porcentaje más bajo de gasto sanitario público de todas las comunidades autónomas, un 3,8%, según denuncia la Marea Blanca.
PÉRDIDA DE EMPLEO PÚBLICO SANITARIO: los recortes en sanidad también se han reflejado en una caída en el número de personal sanitario público. Desde 2012 hasta 2014 la plantilla del Sistema Nacional de Salud se redujo en 28.500 trabajadores. La tasa de reposición de personal ha caído al 10%, según denuncia la Marea Blanca en su informe. En Madrid, entre 2009 y 2014 se han perdido unos 7.500 empleos en la sanidad pública.
REPAGOS: el RDL 16/2012 también introducía el repago farmacéutico y de productos ortoprotésicos para pensionistas y colectivos vulnerables y aumentaba el ya existente para personas en activo. El pasado 5 de abril, el Gobierno interponía un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del País Valenciano de financiar los medicamentos de pensionistas y personas con diversidad funcional para evitarles el copago, una medida aplicada desde el 1 de enero. A las medidas de repago se suma la limitación en la financiación pública de nuevos fármacos, como ciertos anticancerígenos y antivirales contra la hepatitis C. Y un aumento del IVA de equipos médicos, aparatos de diagnóstico, instrumental sanitario o productos farmacéuticos que pasó del 10% al 21% desde el 1 de enero de 2015.
ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS y privatización de la provisión de servicios, a través de externalizaciones, subcontrataciones, empresarialización de centros, etc.
A éstas y otras medidas, la Marea Blanca añade otras que en los últimos ocho años han afectado directamente a la Comunidad de Madrid:
CONSTRUCCIÓN DE SIETE HOSPITALES SEMIPRIVADOS, es decir, aquellos con la parte no sanitaria privatizada. Fueron inaugurados en 2008 con una concesión a 30 años. Según el informe publicado por Marea Blanca, y que muestra la evolución de la deuda de la Comunidad de Madrid, ésta se disparó a partir de 2009, precisamente el año en que comenzó a pagarse el canon de estos hospitales construidos por empresas privadas. El intento de privatizar al 100% seis de ellos fue paralizado por los tribunales después de fuertes movilizaciones en las calles de Madrid.
CUATRO HOSPITALES 100% PRIVADOS CON FINANCIACIÓN PÚBLICA: en este modelo, implantado en los hospitales de Valdemoro, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Collado Villalba, el hospital, aunque de titularidad pública, está gestionado al 100% por una empresa. Todos ellos fueron inaugurados entre 2007 y 2014, con un canon a 30 años. Se suman al concierto ya existente con la Fundación Jiménez Díaz, hospital privado gestionado por la empresa Quirónsalud.
PRIVATIZACIÓN del procesamiento de las pruebas de laboratorio; de las mamografías preventivas del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, que pasa a manos de Capio; de la Lavandería Central Hospitalaria, cuya gestión privada está resultando desastrosa, según la propia Consejería de Sanidad; de la donación ambulante de sangre, de la que se beneficia Cruz Roja desde octubre de 2013; de cinco centros de salud mental, lo que provoca «la reducción de plantillas y un descenso de la calidad asistencial», etc.
CONCIERTOS DE DERIVACIÓN: los acuerdos para derivar a clínicas y empresas privadas a pacientes para diagnóstico, pruebas o intervenciones quirúrgicas se han multiplicado en los últimos años.
Ante éstos y otros ataques a la sanidad pública, la Marea Blanca de Madrid no sólo exige, en el Día Mundial de la Salud, la derogación de todas aquellas leyes y normativas que hayan abierto las puertas a la mercantilización y devaluación del sistema sanitario público, o la recuperación del gasto público sanitario hasta alcanzar la media de los países de la UE. Además, considera imprescindible la puesta en marcha de una auditoría ciudadana de la deuda en sanidad que investigue las conexiones entre el poder político y el económico y determine qué parte de la deuda generada por adjudicaciones de la Comunidad de Madrid en el ámbito sanitario debe ser declarada ilegítima.