El Tribunal Supremo español declaró culpables de sedición, malversación de recursos públicos y desobediencia a los catalanes que lideraron el proceso unilateral de autodeterminación de octubre de 2017, lo que produjo una reacción ciudadana masiva al grito de al grito de «Nuestra sentencia: la independencia». A punto de cumplirse los dos años en prisión cautelar […]
El Tribunal Supremo español declaró culpables de sedición, malversación de recursos públicos y desobediencia a los catalanes que lideraron el proceso unilateral de autodeterminación de octubre de 2017, lo que produjo una reacción ciudadana masiva al grito de al grito de «Nuestra sentencia: la independencia».
A punto de cumplirse los dos años en prisión cautelar de los procesados, el tribunal dispuso que nueve de los 12 procesados deberán cumplir condenas que van de nueve a 13 años de cárcel e inhabilitación (en conjunto suman más de 100 años de cárcel), mientras los otros tres no tendrán que ir a prisión, pero pagarán una multa por haber incurrido en el delito de desobediencia.
La respuesta a la sentencia se dio en las calles. Decenas de miles de personas colapsaron las principales calles de Barcelona y cerraron los accesos a la Terminal Uno del aeropuerto de El Prat, donde miles de pasajeros tuvieron que llegar o salir de ahí a pie y bajo la lluvia. También fue suspendido el servicio de los trenes de alta velocidad, sobre todo en el tramo que va de Barcelona a Figueras.
En el aeropuerto barcelonés fue donde se reportaron los choques más intensos con los grupos antidisturbios de la policía autonómica catalana (los Mossos), en coordinación con la Policía Nacional española. Los servicios de salud informaron de más de un centenar de personas atendidas. En las inmediaciones de la sede de la Policía española, en la Via Laietana, también hubo violencia.
El plebiscito del 1 de octubre de 2017 se hizo a pesar de una férrea e inusitada oposición de toda la inteligencia policiaca española y de 14 mil policías, armados hasta los dientes enviada por el gobierno de Madrid para evitar que la votación se realizara. El entonces presidente derechista Mariano Rajoy anunció «con toda rotundidad» [sic], que la votación no se había llevado a cabo.
Mientras, los canales de televisión de medio mundo se cansaron de pasar escenas de la gente sufragando y de policías tratándolo de evitar con toda violencia Y, a pesar de todo, hubo más de dos millones de votos.
El fallo
«Una nueva amenaza separatista y violenta. Con las connotaciones que tiene para un país que sufrió durante cuatro décadas la acción de una banda terrorista, la tesis jurídica de que el soberanismo catalán incluyó la violencia en el tramo final de su plan hacia la independencia ha monopolizado el debate político de los últimos dos años», señala eldiario.es.
La sentencia del Tribunal Supremo circunscribe ahora esa supuesta violencia estructural a hechos puntuales que no formaron parte de plan organizado alguno. Pero la tesis contraria sirvió en su momento para sostener la acusación por rebelión, la consecuente suspensión de Carles Puigdemont y el resto de procesados, y para apuntalar la medida cautelar de prisión provisional en virtud de la grave pena que lleva aparejado el delito: hasta 30 años de cárcel.
La Sala de lo Penal acordó por unanimidad en la sentencia que el plan soberanista en ningún momento contó con la violencia como un elemento estructural. Es más, la «conjura», dicen, ni siquiera pretendía instaurar la República catalana sino forzar al Estado a acordar una consulta popular.
«Los ilusionados ciudadanos, que creían que un resultado positivo del llamado referéndum de autodeterminación conduciría al ansiado horizonte de una república soberana, desconocían que el derecho a decidir había mutado y se había convertido en un atípico derecho a presionar«, dice el fallo».
El conato de los independentistas, añade, ni siquiera se acercó a una rebelión consumada. Frente a la versión de que el golpe de Estado triunfó, la sentencia establece que «el Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza militar policial, jurisdiccional e incluso social».
Según el fallo de los magistrados españoles, los sentenciados no indujeron la violencia que se desencadenó en las jornadas más críticas de septiembre y octubre de 2017, pero sí promovieron tumultos para obstaculizar la aplicación de las leyes.
Las penas van de mayor a menor, según el cargo que tenían en el gobierno. Quen recibió la pena más severa fue el exvicepresidente de la Generalitat y máximo líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel y de inhabilitación. Los exconsejeros Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa purgarán 12 años de cárcel; Josep Rull y Joaquim Forn fueron sentenciados solamente por el delito de sedición a 10 años y medio de prisión e inhabilitación.
Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento catalán, también de ERC, fue condenada a 11 años y medio de cárcel por sedición y a nueve años los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Los exconsejeros que enfrentaron el proceso en libertad, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, fueron sentenciados a un año y ocho meses de inhabilitación especial y 10 meses de multa con un cuota de 200 euros diarios. Los tres fueron absueltos de malversar fondos públicos.
Los defensores legales de los acusados anunciaron que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional por violación de los derechos fundamentales de sus clientes, y si éste no prospera se presentará un recurso de impugnación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Desde la cárcel, los independentistas condenados enviaron un comunicado conjunto en el que fijaron su postura: «No se ha hecho justicia. La sentencia es la triste culminación de una instrucción que no ha respetado las garantías procesales propias del estado democrático y de derecho. Un proceso judicial que no ha buscado justicia. El Estado ha buscado venganza y castigo… Nuestra apuesta pasa por que Catalunya se convierta en un Estado independiente en forma de República».
Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y líder del proceso de independencia, calificó la sentencia de injusta e inhumana. El exmandatario catalán que s refugió hace dos años en Bruselas, había sido notificado horas antes de que se ha reactivado la orden de detención internacional que rige en la Unión Europea (UE), y que ahora con una sentencia en firme tiene más visos de prosperar.
El independentismo catalán compareció de forma conjunta para denunciar lo que calificó de atropello y una condena antidemocrática e injusta. El presidente Quim Torra, flanqueado por Roger Torrent, presidente del Parlamento, exigió el fin de la represión, así como la libertad de los presos políticos, exiliados y exiliadas, incluida la amnistía como punto de cierre para todas las personas implicadas.
A las protestas se sumaron agrupaciones políticas, asociaciones civiles, entidades culturales y empresariales, incluidos equipos de futbol profesional como FC Barcelona y el Girona.El movimiento independentista, organizado en torno a lo que llamaron el tsunami democrático, anunció más protestas en los próximos días, incluida una huelga general el próximo viernes.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, realizó una declaración institucional para tender la mano del diálogo a los independentistas ante lo que consideró son los estertores de un proceso político que ha naufragado, al tiempo que mantuvo conversaciones con los principales líderes políticos del país para recabar apoyos de cara a una eventual intervención en Cataluña, según se desarrollen los acontecimientos.
Sánchez hizo la declaración en español y en inglés dada la repercusión internacional del conflicto, pero también su equipo más cercano mantuvo encuentros con las principales delegaciones diplomáticas acreditadas en España y con medios de comunicación locales e internacionales con el objetivo, señalaron, de defender la democracia española como una de las más avanzadas del mundo, aún cuando el país es una monarquía.
Tras asegurar que su gobierno garantizará el cumplimiento íntegro de la sentencia, Sánchez dijo que concluyó «un proceso judicial ejemplar, pero a la vez se confirma el naufragio de un proceso político que ha fracasado en su intento de obtener un respaldo interno y un reconocimiento internacional».
«Deja tras de sí un triste saldo de dolor y de enfrentamiento, de fractura de la convivencia en Cataluña. Quedan, en definitiva, algunos días en los que vamos a asistir a los estertores de una etapa superada. Todos estamos convocados a una etapa nueva en la cual el fin sólo puede ser la restauración de la convivencia en Cataluña. El método será siempre el diálogo, y la regla sólo puede ser la ley», añadió el dirigente socialdemócrata.
Un fallo que agudiza el problema
Mucho antes de que los dirigentes separatistas catalanes organizaran el referéndum «ilegal» de independencia del 1 de octubre de 2017 con el que desafiaron al Estado español, el entonces presidente Mariano Rajoy ya había renunciado a la vía política para resolver el conflicto. La opción judicial por la que se decantó en ningún caso supone la resolución del problema sino, quizá, todo lo contrario.
La sentencia dictada por el Tribunal Supremo español no agota la vía judicial, que sólo concluirá cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie, pero mucho menos resuelve la crisis institucional que vive España en uno de sus territorios más ricos y poblados. Las manifestaciones masivas demuestran que la sentencia, lejos de acercar una solución, la ha alejado.
Para los independentistas, cualquier fallo distinto a una absolución generalizada para los acusados era inaceptable, mientras que los sectores políticos más monárquicos y derechistas esperaban sanciones aún más duras sobre la base de que con el referéndum se había incurrido en un delito de rebelión, un ‘golpe de Estado’ según la terminología adoptada, tesis que defendía el fiscal.
Académicos españoles recordaron, asimismo, que el artículo 206 del reglamento penitenciario abre la puerta a que la Junta de Tratamiento de una prisión proponga el indulto para los penados, vía que dejaría al Tribunal Supremo al margen de cualquier decisión sobre la situación de los líderes del procés y solo con posibilidad de opinar a través de un informe no vinculante.
Al presidente de gobierno español que surja de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, le quedará un importante problema que afrontar. El líder de la centroizquierdista Podemos, Pablo Iglesias, pidió a Pedro S+anchez que no renuncie a los indultos a los condenados: «No debe excluir ninguna vía legal».Íñigo Errejón, por su parte cargó contra el pfresidente y lo acusó de haber tomado una posición «pñartidista» tras la sentencia.
Se abre ahora una etapa política donde tanto el Estado como los líderes independentistas serán puestos contra las cuerdas, mientras la sentencia del llamado «procés» recorre la Corte Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un camino extraordinario con el que los condenados pretenden anularla.
Es tiempo de tensión, y de temor a incurrir en una escalada de violencia que hasta el propio Artur Mas, expresidente de la Generalitat, ha hecho llamamientos para evitar. Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará en 48 horas las alternativas políticas que baraja, pero ya ha dicho que no se plantea el indulto de los condenados.
La plataforma Tsunami Democràtic ha comenzado a lanzar sus convocatorias. No tiene dirección aparente, pero agrupa a distintas organizaciones soberanistas que se comunican por Telegram. Sus simpatizantes acudieron este lunes a los centros de transporte neurálgicos y lograron colapsar el aeropuesto de Barcelona. Los Comités de Defensa de la República (CDR), amparados por el actual presidente catalán, Quim Torra, han llamado a la revuelta popular.
La web Tsunami Democràtic está inscrita en el paraíso fiscal de San Cristóbal y Nieves, dónde el expresidente Carles Puigdemont registró el Consell per la República y la web que recauda dinero de los afiliados, según publicó El Confidencial. Para los analistas, esta aparente falta de dirección emula el movimiento de los chalecos amarillos de la Francia profunda que se ha levantado contra la élite parisina.
Seguramente, una generación de políticos y dirigentes sociales independentistas será relevada, ya que está huida o inhabilitada de ejercer la política mientras esté condenada, como ocurre con Junqueras, el presidente de ERC que ha sido inhabilitado por 13 años.
El futuro del actual presidente, Quim Torra, también está en juego. Será juzgado por desobediencia el próximo 18 de noviembre por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. La causa: no haber descolgado lazos amarillos y símbolos políticos de la fachada del Palau de la Generalitat durante las elecciones y en contra de la orden de la Junta Electoral Central.
El Estado sabe que perdió la batalla de la imagen en el 1-O de 2017 y, ahora, intentará enderezarlo, y para ello cuenta con el respaldo de los grandes medios hegemónicos de comunicación trasnacionales. El presidente de la Generalitat catalana tendrá que decidir si convoca elecciones o da paso a un gobierno de concentración, como pretende ERC.
Isabella Arria. Periodista chilena residenciada en Europa, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
http://estrategia.la/2019/10/
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