Unidas Podemos, ERC, JxCat, EH Bildu, CUP, Más País, Compromís y BNG representan a un total de 67 diputados en el Congreso
Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, JxCat, CUP, Más País, Compromís y BNG han presentado en el Congreso una proposición no de ley para aprobar «la regularización urgente, permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes que residen en el Estado español». La iniciativa ha sido presentada por estas ocho fuerzas políticas, las cuales suman, en total, 67 diputados en el Congreso.
Dicen que las personas migrantes no regularizadas viven una «situación de desprotección, negación y vulneración de derechos, instituida legalmente con anterioridad a la declaración del estado de alarma, a través de las políticas migratorias europeas y del Estado español». Pero, además, la pandemia de covid-19 «ha puesto en evidencia que es la población migrante y particularmente las personas en situación administrativa irregular, quienes padecen en mayor medida los efectos de las políticas de ajustes en los ámbitos sanitario, social, laboral y económico».
«La reconstrucción del país, en un escenario post pandemia, exige no dejar a nadie fuera, especialmente, no dejar fuera a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión. Es necesario tener en cuenta la realidad de todas las personas que viven en España, independientemente de su situación administrativa», explican en la proposición, que recoge el trabajo realizado por entidades sociales como Obrim Fronteres o la plataforma Regulación Ya.
Por ello, estas fuerzas políticas reclaman al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos «establecer un proceso de regularización de carácter permanente para todas las personas que en la actualidad residen en el Estado español de manera irregular, proveyendo el otorgamiento de una autorización de residencia y trabajo». También, piden: «Se asignará número de afiliación a la Seguridad Social de forma automática y de oficio junto con la concesión del permiso de residencia y trabajo».
Reclaman la concesión inicial de un permiso de cinco años que autorice la residencia y el trabajo. Para ello, las personas solicitantes deberían acreditar que viven en el Estado español desde, al menos, el 14 de marzo, cuando se inició el estado de alarma. Cuando se compruebe que la persona «ha residido en España de forma legal y continuada durante los cinco años previos, corresponderá otorgarle la residencia de larga duración permanente con una validez de 10 años, cuya renovación se realizará directamente ante la Policía Nacional». Además, los grupos políticos piden «un periodo de 30 días para resolver la admisión a trámite y acceso al programa de acogida y refugio».
Otras reclamaciones son «flexibilizar la tramitación de los procedimientos de reunificación familiar y concesión de extensiones familiares de asilo o autorizaciones de residencia» y «conceder los permisos de residencia y trabajo a las personas menores de edad de 16 a 18 años residentes en España», con una serie de garantías de las personas o administraciones que les tutelen.
Además,
la iniciativa recoge una serie de medidas «a fin de garantizar los
derechos de la infancia y la adolescencia se deberán tomar una serie de
medidas encaminadas a velar por el interés general del menor». También
piden que se asegure que los ayuntamientos permiten «que todas las
personas que vivan en España puedan acceder a su derecho y obligación de
inscribirse en el padrón del municipio en el que residan
habitualmente». «Es necesario promover el empadronamiento de las
personas que no disponen de domicilio fijo o de pruebas documentales
ordinarias de la dirección en la que residen a través de los servicios
sociales, garantizando su acceso a todas las personas».
Por otro lado, reclaman «el cierre definitivo, y sin alternativas de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y el archivo de los expedientes de devolución y expulsión en trámite», así como «trasladar urgentemente a las personas que se encuentran en los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla para garantizar su salud, así como sus derechos. Del mismo modo garantizar que las personas que se encuentran en los recursos de emergencia en Canarias sean trasladadas a Península a fin de poder continuar con su tránsito migratorio. Establecer un tiempo máximo de estancia en cualquiera de estos centros de 15 días garantizando que ésta se dé en condiciones dignas».
Otra reclamación es «poner fin a las devoluciones en caliente y/o exprés tanto terrestres – de las personas que llegan a Ceuta y Melilla» y «poner fin a la práctica de parada, identificación y/o detención basada en la identificación por perfil étnico racial, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», es decir, las conocidas redadas racistas. Por último, apuestan por «dotar de medios materiales y recursos humanos y técnicos suficientes a la Oficina de Asilo y Refugio, a la Policía Nacional, a las oficinas de extranjería de las delegaciones y subdelegaciones del Estado; procurando su formación continua, sobre todo en derechos humanos, delitos de odio y lucha contra la discriminación».