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Según OXFAM, la inequidad contribuye a la muerte de una persona cada cuatro segundos en el mundo

ONG denuncian el incremento de la pobreza y la desigualdad en el planeta y el estado español

Fuentes: Rebelión

El Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) anunció el pasado 20 de diciembre que no celebraría su reunión anual entre el 17 y el 21 de enero de manera presencial, informó la Agencia Efe. La razón oficial del aplazamiento es el impacto de la variante ómicron de la COVID.

El Foro, en el que participa la élite mundial de los negocios, económica y política, había previsto en 2022 “una reunión algo más pequeña que lo habitual (unos 2.000 participantes frente a más de 3.000). A ellos se sumaba todo el personal que requiere un evento de estas dimensiones, además de cientos de periodistas, servicios de seguridad y soldados movilizados por el Gobierno (suizo) como apoyo”, reportó Efe.

Coincidiendo con la Agenda de Davos 2022 y las sesiones virtuales del Foro, el 17 de enero OXFAM Intermón publicó el informe Las desigualdades matan; entre las principales conclusiones, destaca que la decena de hombres más ricos del planeta han duplicado su fortuna en el periodo marzo 2020-noviembre 2021, mientras que los ingresos del 99% de la población mundial se deterioraron por la crisis de la COVID; asimismo, las desigualdades contribuyen al fallecimiento de al menos una persona cada cuatro segundos.

Según Forbes, la lista de mayores fortunas mundiales estaba liderada en abril por Jeff Bezos, fundador de Amazon (177.000 millones de dólares), seguido por el magnate Elon Musk, director general de Tesla y Space X (151.000 millones); Bernard Arnault y familiares (Louis Vuitton, 150.000 millones) y Bill Gates (Microsoft, 124.000 millones).

Al listado se suman Mark Zuckerberg (Facebook, 97.000 millones); Warren Buffett (sociedad de participaciones Berkshire Hathawaiy, 96.000 millones); Larry Ellison (fundador de Oracle, 93.000 millones); Larry Page (Google, 91.500 millones); Sergey Brin (Google, 89.000 millones) y el empresario indio Mukesh Ambani (84.500 millones).  

La desigualdad “nunca ha sido fruto del azar, sino el resultado de decisiones deliberadas: la ‘violencia económica’ tiene lugar cuando las políticas a nivel estructural están diseñadas para favorecer a los más ricos y poderosos, lo que perjudica de manera directa al conjunto de la población (…)”, valora el documento de la ONG, cuyo autor principal es el investigador Nabil Ahmed.

El informe recuerda que, en el verano de 2021, Bezos viajó en su nave al espacio, “mientras millones de personas perdían innecesariamente la vida por falta de acceso a alimentos y vacunas”. La organización humanitaria respalda este hecho con otra comparación: “Sólo con las ganancias que Bezos ha amasado desde que comenzase la pandemia se podría vacunar a toda la población mundial”.

El análisis incluye referencias a las desigualdades en el largo plazo, desde 1995; a partir de ese año, el 1% más rico ha acaparado cerca de 20 veces más riqueza global que el 50% más pobre de la humanidad; la inequidad puede constatarse por regiones; de hecho, 252 hombres poseen más riqueza que los mil millones de mujeres y niñas de África, América Latina y el Caribe.

Y asimismo por sectores de población: “3,4 millones de personas negras en Estados Unidos estarían vivas hoy si tuvieran la misma esperanza de vida que la población blanca del país”. La comparativa puede ampliarse a contextos como el de emergencia climática: “El promedio de las emisiones individuales de 20 de los milmillonarios más ricos es 8.000 veces superior a la de cualquier persona de entre los mil millones más pobres”.

El informe de OXFAM Intermón apunta el desigual impacto de la COVID-19, relacionado en algunos casos con la herencia de la esclavitud y el colonialismo; por ejemplo en Inglaterra, durante la segunda fase de la pandemia, las personas de origen bangladesí tenían un riesgo cinco veces mayor de fallecer por el coronavirus que los británicos blancos.

En el estado español, Cáritas y la Fundación Foessa presentaron el 19 de febrero en Madrid la radiografía de 700 páginas titulada Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España. Uno de los puntos destacados en el informe es el empeoramiento de las condiciones de trabajo durante la crisis; de este modo, el porcentaje de personas sustentadoras principales afectadas por “inestabilidad laboral grave” pasó del 4,8% en 2017 al 10,3% en 2020.

Respecto a las personas ocupadas en la economía informal, que se redujo de 546.000 en 2017 a 499.000 en 2020, el documento de Cáritas/Foessa explica: “El empleo irregular se habría reducido en un 8,5% y también lo han hecho las ocupaciones marginales (vendedores a domicilio, venta ambulante, empleadas del hogar, temporeros, recogida de cartón o chatarra, reparto de propaganda), que en muchos casos se vieron especialmente afectadas por el confinamiento, dejando a los hogares que dependían de ellas en situaciones desesperadas”.

Asimismo aumentó la pobreza en el estado español durante la pandemia; en concreto, el porcentaje de población con carencias materiales severas se elevó del 4,7% en 2019 al 7% en 2020.

Y el porcentaje de población en exclusión severa también se incrementó, del 8,6% en 2018 al 12,7% en 2020; “esto supone dos millones más de personas afectadas por una acumulación de problemas sociales que pone seriamente en cuestión su participación en el conjunto de la sociedad”, indica el reporte.

La denominada brecha digital es otro factor de exclusión social: el 4,5% del total de hogares ha perdido alguna oportunidad por no tener la posibilidad de conectarse a Internet, frente al 17% de hogares en exclusión severa.

En cuanto a la brecha de género, ha aumentado en la crisis de 2020; de hecho, los hogares que tienen como sustentadora principal a una mujer han sufrido la exclusión social más del doble que las familias cuya fuente de ingresos básica procede de un hombre.

Los procesos de empobrecimiento en España afectan, de modo notable, a la población joven. Prueba de ello es que 2,7 millones de jóvenes entre 16 y 34 años se ven afectados por la exclusión social, la mitad de ellos en exclusión severa.

En otro apartado, dedicado a las personas migrantes, subraya la investigación: “Uno de cada tres extranjeros está en situación de exclusión severa, el triple que la población española”; los problemas que afronta este colectivo están relacionados, principalmente, con la vivienda y el empleo.

El documento de Foessa/Cáritas evalúa además la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), prestación aprobada por el Gobierno de España en mayo de 2020. Sobre un objetivo inicial de cobertura a 850.000 hogares, en diciembre de 2020 había alcanzado a 159.458 y en septiembre de 2021, a 336.933. “La medida tiene una cobertura insuficiente, no alcanza a determinados colectivos vulnerables y plantea condiciones de acceso injustas y de difícil cumplimiento para algunas de las personas que más lo necesitan”, valora el estudio.

Otro de los medidores de la pobreza y la desigualdad se ubica en las fronteras Norte-Sur, como la de los Reinos de España y Marruecos. A Mediados de enero, 84 ONG han hecho público un manifiesto contra el objetivo -del Gobierno español- de implantar la denominada “frontera inteligente” en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla. Las organizaciones alertan de “los peligros asociados a este tipo de decisiones políticas”.

El ejecutivo trataría, según las organizaciones humanitarias, de ejercer lo que oficialmente se considera un “mayor control de seguridad” en la frontera, mediante la recopilación de datos biométricos con mecanismos como el reconocimiento facial o de las huellas dactilares; ya está ocurriendo por la aplicación del Convenio de Dublín, subrayan las ONG; “los duros controles fronterizos son espacios de potencial vulneración de derechos fundamentales”, advierten.

No sólo se produciría una violación de la privacidad e incumplimiento del principio de proporcionalidad, sino que estos usos de la Inteligencia Artificial (IA) profundizarían en la criminalización y estigmatización de las personas migrantes. De hecho, “los algoritmos de reconocimiento facial suelen arrojar falsos positivos y falsos negativos en rostros no caucásicos, lo que –en este contexto concreto- podría tener graves consecuencias para personas identificadas erróneamente como sospechosas de actos terroristas”. 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.