El Ministerio del Interior notificó el acuerdo de iniciación del procedimiento preferente de expulsión contra un ciudadano de 46 años (C.B), de nacionalidad colombiana y residente en el estado español; sucedió tras la denuncia de un policía nacional de Castellón, que identificó previamente –el pasado 13 de julio- a la persona migrante en la calle río Sella de esta capital.
El expediente de expulsión hace referencia a la legislación española de Extranjería (2000): “(…) esta persona se encuentra en situación irregular en territorio español por carecer de autorización de residencia”.
Además, subraya la Dirección General de la Policía, “podría darse riesgo de incomparecencia ya que el mismo carece de domicilio fijo/estable conocido, así como que se desconocen sus fuentes de ingresos o medios económicos que le sustentan, y a que no se le conocen vínculos familiares en España”.
Los antecedentes remiten a junio de 2022, cuando C.B. adquirió un vehículo en el municipio de Chiva (por valor de 2.200 euros), que el vendedor le entregó en otro municipio de la provincia de Valencia, Manises.
Tras la compra, constató que el vehículo “no funciona”; intentó hacer efectiva la garantía, pero se le remitió a un “taller de confianza”, sin que se le resolviera el problema; C.B. presentó finalmente, el 3 de enero de 2023, una denuncia por estafa en la comisaría de Castellón.
Del trasfondo de los hechos (y la documentación) dio cuenta la ONG València Acull –el pasado 12 de diciembre- en las redes sociales: “Nuevo caso de una persona en situación irregular a la que se le abre un procedimiento de sanción o se le cita para iniciarlo, al acudir a una comisaría a poner una denuncia. Este año ya van cinco. La policía sigue haciendo caso omiso al Defensor del Pueblo”.
El 13 de diciembre las organizaciones de Derechos Humanos València Acull, Movimiento por la Paz; Rumiñahui; la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR)-País Valencià; Cepaim-Convive; Rights International Spain (RIS) y la Campaña CIE NO presentaron -en el colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València- el balance anual sobre Discriminación cotidiana por racismo y xenofobia en Valencia (2023).
Uno de los casos en que han intervenido -en mayor medida- las ONG es el padrón municipal; denuncian la “discriminación institucional” hacia las personas migrantes y las “barreras burocráticas”; por ejemplo, el informe señala “una grave deficiencia en el sistema de citas (tanto en la página Web como la atención telefónica) por lo que resultaba muy difícil conseguir un turno para empadronarse”.
Es lo que ocurrió durante el primer semestre de 2023; después se habilitó un mayor número de oficinas y facilitó el acceso a las citas, pero “las fechas disponibles son muy lejanas”; además en los casos de urgencia –el padrón resulta imprescindible para otros trámites-, se da el caso de personas sin cita que han tenido que esperar hasta cuatro horas.
Otra denuncia de las ONG, respecto a las citas, compete al Ministerio del Interior y la Policía Nacional: materias de Extranjería y Asilo; además del incremento en el volumen de citas otorgadas, las organizaciones exigen un sistema que trascienda las vías digital y telefónica en los permisos de residencia (tramitación en la Oficina de Extranjería); y en los documentos de identificación y las peticiones de asilo.
Pero no sólo se trata de potenciar la atención presencial en las citas y trámites; “que se ponga fin al mercado clandestino de citas, que se persiga penalmente”, reivindican las entidades ante el Gobierno central; y subrayan la importancia de estos trámites administrativos, ya que hacen posible cotizar, el alquiler de una vivienda o la apertura de una cuenta bancaria.
Una parte relevante del reporte se centra en las diferentes prácticas policiales; así, las organizaciones han constatado que las personas migrantes –en situación oficialmente considerada irregular-, que pretenden denunciar un delito y, para ello, se presentan en una comisaría, pueden ser sometidas a un procedimiento de expulsión.
Otra de las prácticas criticadas son las identificaciones policiales “por perfil étnico y racial”; la denuncia de las ONG se apoya en una encuesta realizada por RIS a 50 organizaciones sociales del estado español; “un 97% de las respuestas confirmaron el uso en sus territorios de criterios étnicos y raciales; de hecho, la mitad de las organizaciones dice recibir denuncias de víctimas de perfilación étnico-racial a manos de diferentes cuerpos policiales”, destaca el balance.
Cuestión diferente son los “graves incumplimientos” en la legislación de acceso a la sanidad pública, que afecta especialmente a las personas migrantes sin papeles; las ONG informan de que a menudo atienden a ciudadanos que se hallan más de tres meses en el estado español y, cuando solicitan la tarjeta sanitaria en el centro de salud, se les responde de manera negativa, “obviando que existe un trámite administrativo formal para subsanar estas cuestiones”.
Por otra parte en abril de 2019, entró en vigor en el estado español el Real-Decreto 164/2019 que establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera.
Sin embargo hace años que las organizaciones constatan incumplimientos por parte de la banca, por ejemplo al no informar delcitado producto financiero a las personas migrantes/refugiadas, ni de su carácter gratuito; en otros casos no se aceptan documentos (personales) identificativos, “que son reconocidos por la administración pública”.
Además de las denuncias por presuntas agresiones policiales o la reclusión de personas especialmente vulnerables (con ceguera severa o con VIH) en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, el reporte detalla casos de discriminación en el acceso a una vivienda.
Cláusulas abusivas, anuncios con la restricción xenófoba “sólo a españoles” en la oferta de alquiler; la exigencia de fianzas de tres o cuatro meses; de contar con un contrato laboral y avales, o de una comisión por parte de las inmobiliarias, son algunos de los ejemplos citados; una vez las personas migrantes han firmado el alquiler, en ocasiones han de afrontar formas de acoso como el de vecinos que pretenden expulsarlos.
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