El intento de no convocar oposiciones o de aplicar la tasa de reposición (sustituir solo 3 de cada 10 pro- fesores jubilados) es la respuesta neoliberal para privatizar la educación. Primero se anunció en muchas comunidades autónomas la congelación, después ha habido rectificaciones por diferentes motivos: la coyuntura de elecciones políticas, la presión sindical, los […]
El intento de no convocar oposiciones o de aplicar la tasa de reposición (sustituir solo 3 de cada 10 pro- fesores jubilados) es la respuesta neoliberal para privatizar la educación. Primero se anunció en muchas comunidades autónomas la congelación, después ha habido rectificaciones por diferentes motivos: la coyuntura de elecciones políticas, la presión sindical, los intereses de las academias, etc. Aunque interinos bien colocados en las listas y cansados de opositar se sintieran aliviados, la congelación despreciaba el esfuerzo de decenas de miles de opositores y generaba angustia e incertidumbre.
Cuando se prevé un aumento de las jubilaciones LOE (derecho que se puede perder si sindicatos y profesorado no lo defienden), la no convocatoria obligaría a más contrataciones interinas, disparándose la precariedad e incumpliéndose los acuerdos de reducirla. También reforzaría la tendencia a recortar plantillas: el aumento de la ratio de alumnado y el debilitamiento de la atención a la diversidad serían las primeras víctimas. La consecuencia: el deterioro de la calidad de la enseñanza pública y de las condiciones de trabajo.
Quizá con el «cerrojazo» se pensara en el empeoramiento de las condiciones de jubilación del profesorado. Todo retraso de la edad de jubilación, al calor del actual vendaval contra los derechos sociales, tendría el efecto de cerrar las puertas a nuevos profesores, formados, con ilusión y empuje, mientras que muchos veteranos tendrían que prolongar su estancia en la escuela, algo absurdo e injusto.
Según el último PISA, España está por debajo de la media en comprensión lectora, matemática y científica, resultados en coherencia con el déficit de inversión. Dado el nivel de fracaso escolar, este país no puede permitirse recortar la inversión educativa. Hasta Obama, obligado a un duro ajuste presupuestario de 1,1 billones de dólares, mantiene un crecimiento del 11% en educación, consciente de que sin gasto educativo se nubla el futuro. Lo razonable es mantener la convocatoria en todas las CCAA, con una oferta de plazas suficientemente amplia. Y, para que sea así, no hay que descartar movilizaciones sindicales unitarias para defender lo público.
Agustín Moreno es profesor de Secundaria
Fuente: Revista Escuela, núm. 3.895 (294), 24 de febrero.
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