El glifosato es el principal ingrediente activo de los pesticidas , ampliamente utilizados en todo el mundo y el más vendido en Brasil. La sustancia comenzó a producirse en los años 1970 para matar las malas hierbas, que son aquellas plantas que crecen espontáneamente en los cultivos y perjudican la aparición de productos cultivados, como la soja y el maíz. Sin embargo, más tarde, estudios científicos señalaron los primeros vínculos entre la sustancia y la aparición de enfermedades graves en humanos, así como daños al medio ambiente.
El uso del glifosato sólo fue posible con la aparición de las semillas genéticamente modificadas, ya que, al bloquear la capacidad de la planta para absorber nutrientes, la sustancia también destruía las plantas que se quería cultivar. Sin embargo, con los cambios en las semillas, comenzó a utilizarse a gran escala.
La sustancia fue descubierta por el químico suizo Henri Martin, de la empresa farmacéutica Cilag, en 1950, y comercializada como producto para la limpieza de metales por la empresa estadounidense Stauffer Chemical. Después de 20 años, el glifosato comenzó a utilizarse en herbicidas producidos por Monsanto .
Recién en 1995, con la llegada a Brasil de las semillas transgénicas de soja, maíz y algodón Roundup Ready, también de Monsanto, el pesticida se volvió ampliamente utilizado en el país. En 2000, cuando expiró la patente de Monsanto sobre el glifosato, el producto fue incorporado por varias empresas nacionales en otras composiciones. Actualmente, más de 100 pesticidas tienen glifosato en su composición.
Hoy en día, Roundup es la referencia en pesticidas a base de glifosato. La empresa bioquímica fue comprada en 2018 por la alemana Bayer por 66 mil millones de dólares (el equivalente a 346 mil millones de reales, según el tipo de cambio actual), convirtiéndose en la mayor empresa de pesticidas y semillas del mundo.
Daños a la salud y al medio ambiente.
Si, por un lado, el uso de glifosato permitió a la agroindustria aumentar la rentabilidad, por otro, comenzó a asociarse con la aparición de enfermedades como el cáncer y daños ambientales.
En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (AIPC), organismo vinculado a la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicó un informe en el que afirma que el glifosato es un agente potencialmente cancerígeno , más precisamente el linfoma no Hodgkin. considerando la literatura existente.
En el primer semestre de este año, cuatro organizaciones de países latinoamericanos y una de Alemania se unieron para denunciar a Bayer ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por los impactos del pesticida glifosato en el medio ambiente y la salud humana .
Según las organizaciones, los impactos del glifosato violan los derechos humanos en los países del Cono Sur “El uso intensivo de pesticidas contamina ríos, alimentos, animales y pueblos indígenas. Los pesticidas se utilizan como arma química para confinar a los pueblos indígenas a una franja de tierra cada vez más pequeña. Dependientes de ríos y manantiales para acceder al agua, los pueblos reportan enfermedades frecuentes, como vómitos, dolores de cabeza, abortos, dificultad para respirar, entre otras, especialmente entre los ancianos y los niños”, informan las organizaciones.
También afirman que se produce “la desaparición de especies silvestres de aves, abejas, mariposas, animales cazadores y disminución del número de peces en los ríos y pérdida de capacidad de producción de alimentos por aguas y ríos contaminados, generando impactos en la soberanía alimentaria”. de estas personas. Hay zonas fumigadas con pesticidas cercanas a casas indígenas o caminos ”.
Jaqueline Andrade, abogada de Terra de Direito, una de las organizaciones que denunció a Bayer ante la OCDE , explica que en Brasil “el nivel de contaminación del suelo y del agua y de intoxicaciones tanto agudas como crónicas están latentes. A esto se suma una pérdida de biodiversidad, pérdida de cultivos de subsistencia, como la yuca, el maíz y el frijol, porque los pesticidas afectan a estas plantas, estas plantas se marchitan, las raíces se pudren y los frutos no cuajan”, afirma.
En palabras del abogado, se trata también de un estado de “inseguridad alimentaria” sumado a cuestiones de salud. Hay “casos reportados de picazón en la piel, fiebre, vómitos, dolor de cabeza, que son síntomas clásicos de intoxicación aguda, así como muchos casos de depresión y suicidio. Según los estudios que ya hemos realizado en profundidad, los pesticidas juegan un papel relevante en la contribución a las enfermedades mentales”.
“También hay registros de abortos espontáneos precisamente por la deriva de pesticidas. Hay varios estudios que demuestran que la presencia de pesticidas en estas zonas representa un riesgo precisamente porque hay influencia de enfermedades endocrinas y cancerígenas, enfermedades que influyen en la contaminación, incluida la de la leche materna”.
El mismo año en que compró Monsanto, se ordenó a Bayer pagar 289 millones de dólares (1.100 millones de reales) al ex jardinero Dewayne Johnson, que padecía cáncer tras una exposición prolongada al glifosato. Al año siguiente, fue condenada a pagar otros 80 millones de dólares (315 millones de reales), esta vez al estadounidense Edwin Hardeman, que también padecía cáncer, por no advertir sobre los riesgos del producto.
Este año, la compañía perdió otra demanda y tuvo que pagar 2.250 millones de dólares a John McKivison, de 49 años, a quien le diagnosticaron linfoma no Hodgkin después de usar Roundup durante años en su propiedad. El Tribunal de los Estados Unidos concluyó que Roundup “es un producto defectuoso y cancerígeno, que Monsanto fue negligente y que Monsanto no advirtió sobre los peligros”.
Después de sucesivas condenas , el valor de mercado de las acciones de Bayer se desplomó. En 2015 alcanzó un precio medio de 140 euros por acción. En 2018, año en el que compró Monsanto, cayó hasta los 98,94 euros. Hoy, en 2024, ha disminuido hasta los 26,22 euros, según datos del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos.
Brasil
En Brasil, en diciembre de 2020, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) emitió algunas restricciones al glifosato, pero mantuvo la autorización del producto. El año anterior, en marzo de 2019, la agencia publicó un dictamen afirmando que el glifosato “no presenta características mutagénicas y cancerígenas” y que “no es un disruptor endocrino”, es decir, no interfiere con la producción de hormonas. En 2021, la agencia realizó una nueva evaluación del pesticida y mantuvo su posición.
Hoy en día, las reglas para el uso de productos que contienen glifosato dependen de cada marca. El prospecto de la marca Glifosato Nortox 480 NA, por ejemplo, determina que hay un rango de contención de 30 metros de distancia de cuerpos de agua sin aplicar el producto. También determina que los envases o equipos de aplicación no se laven en lagos, fuentes, ríos y otros cuerpos de agua.
El herbicida Glifosato Fersol 480 NA, por su parte, también determina que el producto no debe aplicarse en “zonas ubicadas a una distancia inferior a 500 metros del casco urbano y de fuentes de agua de abastecimiento público y a 250 metros de fuentes de agua aisladas”. casas, grupos de animales y vegetación susceptibles de sufrir daños”, según el folleto.
Sin embargo, no existe ninguna legislación nacional que regule la aplicación de pesticidas. Cada estado y municipio puede editar sus propias reglas. Por ahora, por ejemplo, sólo Ceará prohíbe las fumigaciones aéreas con agroquímicos , a través de la Ley Zé Maria do Tomé, en referencia al activista ambiental asesinado en 2010, en el interior del estado. La práctica está prohibida en la Unión Europea desde 2009.
La supervisión de la aplicación del producto también es precaria. Una encuesta de 2023 realizada por la Comisión Guaraní Yvyrupá (CGY), que reúne a colectivos del pueblo guaraní de las regiones Sur y Sudeste de Brasil en la lucha por la tierra, mostró que, con excepción de tres aldeas ubicadas en el área urbana, todas Otros pueblos avá-guaraníes están al lado de las plantaciones y sufren daños por el glifosato.
En algunos casos, la distancia entre las plantaciones y las viviendas de los indígenas es inferior a dos metros, muy por debajo de lo que determina la Ordenanza 129/2023, del gobierno de Paraná, que exige una distancia mínima de 50 metros de las fuentes de agua. centros poblados, escuelas, entre otros, para la aplicación terrestre de plaguicidas. La encuesta también muestra que las aldeas tienen alrededor del 60% de sus territorios apropiados para la agroindustria, con sólo el 1,3% ocupado por granjas y viviendas indígenas y el 12% por áreas forestales.
Larissa Bombardi, profesora asociada del Departamento de Geografía de la Universidad de São Paulo (USP), afirma que la regulación brasileña sobre el glifosato “no es suficiente”. El investigador cita los valores toxicológicos de referencia del glifosato de Anvisa, que permiten un límite de pesticida cinco mil veces superior al límite autorizado en la Unión Europea para el agua potable.
“Concretamente, la Unión Europea autoriza un límite máximo para el glifosato y cualquier otra sustancia de 0,1 microgramos por litro de residuos de glifosato, y Brasil autoriza 500 microgramos por litro de residuos de glifosato, que es cinco mil veces más”, explica. “Evidentemente, no es razonable para nosotros pensar que un ser humano en Brasil pueda soportar cinco mil veces más residuos de glifosato en su propio cuerpo que una persona en la Unión Europea”.
El autor del atlas “Una geografía del uso de pesticidas en Brasil y sus relaciones con la Unión Europea” afirma que, además de una legislación insuficiente, se han producido retrocesos. “No hay evolución en el escenario regulatorio, porque hay un enorme lobby de las industrias agroquímicas en asociación con los grandes terratenientes rurales que obligan a la legislación, además de no evolucionar, a retroceder”, afirma Bombardi.
Como ejemplo, la docente cita la aprobación y sanción del Proyecto de Ley (PL) 1459/2022 , en diciembre del año pasado, apodado el “PL Veneno” por flexibilizar las leyes que regulan el uso de pesticidas en el país. En la práctica, la nueva legislación concentra toda la autoridad sobre pesticidas en el Ministerio de Agricultura, históricamente controlado por los ruralistas. De hecho, el PL fue escrito por el exsenador Blairo Maggi, conocido como el “rey de la soja” en Mato Grosso.
El integrante del Foro Nacional de Combate a los Impactos de Plaguicidas llama la atención sobre las exenciones tributarias que se otorgan a los productos. Hoy existe una reducción del 60% del ICMS (Impuesto a la Circulación de Bienes y Prestación de Servicios) y una exención total del IPI (Impuesto a los Productos Industrializados) para ciertos plaguicidas.
Ambas tributaciones deben ser reemplazadas por nuevos impuestos, de acuerdo con la reforma tributaria aprobada por el Congreso Nacional en diciembre del año pasado. Sin embargo, no se espera que los pesticidas ya no estén exentos , según las normas de reforma que se debaten actualmente. “Entiendo que es necesario que esto sea parte de la reforma tributaria, es decir, que ya no disfruten de esta exención. Creo que estas exenciones son inmorales, frívolas y un ataque a la salud humana y ambiental”, argumenta el investigador.
Según Bombardi, “las industrias operan con mucha fuerza, tanto en Brasil como en el exterior. Tampoco tenemos buenas noticias de Europa en términos de regulación. Europa ha dado ahora un paso atrás respecto del Pacto Verde, cediendo a la presión de los movimientos agrícolas asociados con estas industrias agroquímicas, retrocediendo en la idea de reducir el uso de pesticidas en un 50% en los próximos años. También dio un paso atrás al renovar la licencia de glifosato”.
Es en ese escenario que, en Brasil, Bayer lidera el mercado de pesticidas, así como de semillas genéticamente modificadas. Según un informe de 2022 de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), el glifosato es el pesticida más vendido en territorio brasileño. Sólo ese año se vendieron alrededor de 800.000 ingredientes activos de pesticidas, incluidas 230.519 toneladas de glifosato. Sólo en Paraná , había 31.270 toneladas del activo.
En la misma línea, datos de la Campaña Permanente Contra los Plaguicidas y Por la Vida muestran que de los 2.007 nuevos plaguicidas registrados bajo el gobierno de Bolsonaro, del 1 de enero de 2019 al 20 de noviembre de 2022, el 30% están prohibidos en la Unión Europea. Otro dato utilizado en la denuncia contra Bayer es que en 2019 se registraron 8.412 intoxicaciones por pesticidas, lo que supone un aumento del 109% respecto a 2010. Entre niños de cero a 14 años, se produjeron 9.806 intoxicaciones entre 2010 y 2021, de las cuales 91 murieron.
Europa y el conflicto de intereses
En la Unión Europea, en 2023, los 27 estados miembros que componen el bloque se reunieron para decidir sobre la prohibición de pesticidas. Lejos de un consenso, sin embargo, la autorización para la producción y comercialización de glifosato se prorrogó por otros 10 años, hasta diciembre de 2033. La autorización anterior, que fue renovada en 2017 por cinco años, expiró en diciembre de 2022. La licencia, entonces, se prorrogó un año más en espera de un análisis científico y de la Unión Europea sobre su prohibición.
En ese momento, Alemania era el país que presentó el informe para el análisis de renovación. Karen Friedrich, especialista en Toxicología y Salud Ambiental del Departamento de Inmunología de Fiocruz, afirma que tanto la agencia reguladora alemana como la Unión Europea dieron mayor peso a los estudios sobre los impactos del glifosato producido por las propias empresas bioquímicas, desconociendo los hallazgos científicos de la Agencia Internacional. Consejo para la Investigación del Cáncer.
“Europa se renovó en un contexto en el que los agricultores europeos, principalmente en Francia, hicieron movimientos exigiendo la flexibilización de las leyes medioambientales en Europa precisamente para ser más competitivos en el mercado internacional. Todo este avance de destrucción ambiental y la línea ideológica de la extrema derecha avanza para destruir la legislación”, dice Friedrich.
“En Europa, hubo una presión muy fuerte sobre la agencia reguladora alemana, primero, y luego sobre la agencia reguladora europea en su conjunto, para mantener el registro del glifosato”, concluye el investigador.
Según sus palabras, las decisiones no tienen base científica. “Las empresas tienen espacio y voz en estos procesos de toma de decisiones. Esto está permitido dentro del sistema capitalista. Pero no vemos el mismo espacio, por ejemplo, para las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de protección del medio ambiente”.
El caso alemán
En Alemania una de las promesas del primer ministro Olaf Scholz, del Partido Social-Democrata (SPD), en diciembre de 2021 – año en que fue elegido Canciller de Alemania – era acabar con la producción y comercialización de glifosato. Las organizaciones atribuyen el retraso principalmente al Partido Liberal, que junto con el Partido Verde forma la coalición gubernamental de centro izquierda, por bloquear proyectos destinados a prohibir los pesticidas.
Christian Schliemann-Radbruch, del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos, la organización alemana que se sumó a la denuncia contra Bayer, explica que la Ley de Cadena de Suministro, sancionada en 2021 y vigente desde el año pasado, obliga a las empresas alemanas a más de un Mil empleados serán responsables del cumplimiento de los derechos humanos en las cadenas de suministro globales. Esto implica, por ejemplo, la protección contra el trabajo infantil, la salud humana y el medio ambiente.
Pese a estar vigentes, las organizaciones argumentan que las operaciones de Bayer, que cuenta con 100.000 empleados, 22.000 de los cuales sólo en Alemania, no cumplen con los criterios establecidos por la legislación.
“En cuanto a la responsabilidad corporativa, no sólo de Bayer, sino también de otras grandes empresas que tienen el mismo negocio, se espera que las empresas garanticen que no se violarán los derechos humanos en su cadena de valor descendente, es decir, desde la producción hasta el consumo de alimentos. usuario final”, afirma Schliemann-Radbruch.
El abogado explica que, a pesar de que en Alemania están prohibidas las semillas transgénicas, la tecnología para este tipo de productos proviene de cuatro empresas que tienen mayor poder de mercado. “Dos de estas empresas, Bayer y Basf, son de Alemania y producen este tipo de semillas. Hay relaciones contractuales y con esta tecnología las empresas tienen influencia sobre toda la cadena de valor en estos países”, afirma.
“Dado este poder, también existe una responsabilidad por los impactos. Con esta perspectiva, tenemos que volver a Alemania para analizar qué podemos hacer, porque la sede está aquí, el dinero que ganan las empresas va a Alemania. Por tanto, también tiene que ver con la sociedad alemana. Si aquí es seguro, no es lo mismo cuando exportamos y producimos impactos negativos en la salud y otros impactos directos en otros países”.
Otros países europeos tienen algún nivel de restricción sobre el químico, pero sin una prohibición total, dado que no hay consenso sobre si los países miembros de la Unión Europea pueden legislar sobre el tema a pesar de las decisiones del Comité Europeo. En Francia, su uso por parte de particulares está prohibido desde 2019, así como en los Países Bajos y Bélgica. En Portugal, la prohibición se aplica a los espacios públicos.
Edición: Nathallia Fonseca