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Máxima polarización política. El voto obrero y popular fue para el PSOE

Otro gobierno del PSOE: nuevos retos sociales y políticos

Fuentes: Rebelión

En un escenario en el que todos los medios de comunicación del sistema – los del gobierno y los de la derecha – se han empleado a fondo y más que nunca para exhibir al PP y al PSOE como únicas opciones electorales, más de 11 millones de personas han votado al PSOE, que ha […]

En un escenario en el que todos los medios de comunicación del sistema – los del gobierno y los de la derecha – se han empleado a fondo y más que nunca para exhibir al PP y al PSOE como únicas opciones electorales, más de 11 millones de personas han votado al PSOE, que ha logrado concentrar la mayoría del voto obrero popular y revalidar la victoria electoral de 2004. El motivo fundamental de este voto masivo ha sido, una vez más, cerrar el paso al retorno del PP. Éste ha sido, por lo demás, el eje de la campaña de Zapatero. La llave de la victoria la ha dado el voto catalán y, en menor medida, el del País Vasco y Galicia.

El PP ha mantenido un duro enfrentamiento al Gobierno Zapatero a lo largo de toda la legislatura. El Estatuto de Catalunya, la negociación con ETA o la «defensa de la familia cristiana», fueron el pretexto para sacar una y otra vez a la derecha a la calle. Durante la campaña electoral, prosiguió el mismo discurso y el PP fue acusando al Gobierno de «capitular ante ETA», al tiempo que Rajoy atizaba la xenofobia, presentando a los trabajadores inmigrantes como foco de delincuencia y responsables de las carencias de los servicios públicos. En lugares como Catalunya han hecho además bandera de la lengua castellana, supuestamente reprimida por la Generalitat. Con este equipaje reaccionario se han presentado a las elecciones y han logrado un extraordinario resultado alcanzando 10 millones largos de votos y reduciendo las diferencias con el PSOE. Un resultado que consagra como bastiones de la derecha Madrid y el País Valencià , con un significativo avance en Andalucía. < script>< /script>

Hay que decir también que dos de los caballos de batalla de Rajoy en la campaña, carestía de la vida e inmigración, le han dado un buen resultado en algunos cordones industriales y han captado un sector del voto obrero. La subida de votos del PP en los principales pueblos y barrios obreros de Madrid lo muestra.

Las fuerzas políticas que apoyaron al PSOE en la pasada legislatura experimentan un fuerte retroceso.

Los socios de Zapatero: IU, Iniciativa per Catalunya y ERC, han pagado caro sus apoyos al Gobierno. Han perdido más de la mitad de sus electores, se quedan sin Grupo Parlamentario y verán mermados espectacularmente sus recursos. IU ha quedado a las puertas de su desaparición y reducida su representación a mínimos históricos con un sólo diputado por Madrid y uno por Barcelona, de Iniciativa. ERC ha entrado en un período crítico. Ambos se justifican diciendo que el «tsunami bipartidista» los ha barrido. Pero la pregunta es por qué. Y la respuesta, en verdad no es complicada: IU/IC y ERC han mostrado su absoluta nulidad como alternativa de izquierda a Zapatero, a quien han dado cobertura en todo lo fundamental, al tiempo que, como miembros de gobiernos autonómicos como el tripartito catalán, han protagonizado dado cobertura a medidas directamente dirigidas contra los intereses populares: represión, leyes educativas, alineamiento con la patronal en los conflictos obreros, etc..

En el caso de IU ni siquiera la dimisión de Llamazares les augura tranquilidad. La dirección del PCE ya ha salido al paso responsabilizando a Llamazares, pero avisando – Alcaraz – de que no hay proyecto sin IU.

Adquiere ahora todo su valor de diagnóstico certero la carta que el 28 de junio del año 2004 enviamos desde Corriente Roja «A la atención del Coordinador General, de la Presidencia Federal y del Consejo Político Federal de Izquierda Unida«. En ella les transmitíamos «la decisión del II Encuentro Estatal de Corriente Roja de anular su inscripción como corriente estatal interna de IU».

Con ella anunciábamos nuestra salida de IU, señalando que: «La dirección mayoritaria de IU – con sus diversos componentes – ha adoptado la decisión de renunciar a la construcción de la alternativa al sistema capitalista, identificándose claramente como subalterna a una de las dos fuerzas, en este caso el PSOE..» En esa misma carta se les decía «No apostar de forma inmediata por fortalecer la resistencia social y sindical ante las nuevas amenazas a derechos sociales y laborales y ante la enésima vuelta de tuerca hacia políticas fiscales regresivas que el gobierno anuncia …supone contribuir a un proceso suicida desde el punto de vista de los intereses de la clase obrera». Y en forma premonitoria concluíamos «La larga historia de actuaciones antidemocráticas por parte de las direcciones de IU Federal y de las CC.AA (…)ha configurado una organización compuesta mayoritariamente por clientelas políticas y la huida en masa de los compañeros y compañeras (…) niega cualquier esperanza de cambio a través de lucha interna». < script>< /script>

La debacle electoral de IU el pasado día 9 y el panorama que se le abre son las crónicas de una muerte anunciada. Su entrega al papel subsidiario del Gobierno PSOE, auténtica barrera de contención – junto a las burocracias de CC.OO. y UGT – al servicio del gobierno y del Régimen para bloquear el desarrollo de los movimientos sociales y del movimiento obrero independientes, convertidos en puro aparato electoral, ha recibido la única respuesta posible. No hay espacio para proyectos políticos semejantes, uno con todo al apoyo mediático y de los grandes poderes económicos, y otro reducido al papel de «pepito grillo», con matices más de «izquierda».

Nosotros, desde la humildad de quien tiene todo por hacer y demostrar, más que nunca ratificamos la tarea acordada en la declaración de principios de fundación Corriente Roja: «Agrupar sectores y fuerzas anticapitalistas con el objetivo de crear un potente bloque de izquierdas que, respetando la autonomía de los movimientos sociales, los potencie y se haga eco de ellos, para quien las elecciones y las instituciones no sean un fin en sí mismo, sino una palanca al servicio de la movilización y la transformación socialista de la sociedad»

Una campaña marcada por el inicio de la respuesta social a la gran crisis económica que se avecina y por el despertar de las luchas obreras y juveniles.

La polarización política, cocinada desde los grandes aparatos mediáticos, ha sido el resultado de la estrategia de las clases dominantes, para enfrentar en las mejores condiciones posibles la previsible respuesta social ante una crisis económica de grandes dimensiones que, una vez más, pretenden hacer pagar a la clase obrera y a los sectores populares. < script>< /script>

En ese marco de bipartidismo de hierro, tiene una especial significación el hecho de que la campaña ha estado marcada por importantes manifestaciones y huelgas obreras y estudiantiles, no controladas ni por la izquierda institucional, ni por los aparatos sindicales.

En medio de una situación económica que se agrava por días, las huelgas de los trabajadores y trabajadoras ocuparon un lugar destacado. El ascenso en las luchas iniciado semanas atrás por los trabajadores de la limpieza del Metro de Madrid – como lucha mas significativa al margen de los grandes sindicatos- se mantuvo en toda la campaña. Los trabajadores del transporte fueron la vanguardia. Así la lucha de TMB se ha mantenido y pese a la Generalitat, el Ayuntamiento del tripartito, la empresa y la burocracia sindical, mantuvo la combatividad y el respaldo popular. Entraron en huelga los trabajadores de la EMT de Madrid, los del Metro de Valencia, los de la limpieza de edificios, los trabajadores de judiciales (que recorrieron protestando todos los mítines se Zapatero), la recogida de la basura en Madrid…

Estas luchas tuvieron y tienen en común que salvo dos de ellas y con muchos problemas – limpieza de edificios y recogida de basuras en Madrid – que ninguna es dirigida por la burocracia de CCOO y UGT.

A esas luchas se sumaron la de los estudiantes contra los planes de privatización de la educación en especial en Barcelona y Sevilla. En el caso catalán la manifestación fue masiva (más de 10.000 participantes) y contó con la participación activa de los conductores de TMB.

Las manifestaciones el 1 de marzo por la vivienda fueron la demostración más gráfica, en particular en Madrid, del calado social de este movimiento que ha sido a lo largo de estos últimos años la única oposición de masas por la izquierda al gobierno, fuera de Euskadi. La manifestación de Madrid con alrededor de < script>< /script> 10.000 personas añadió la importancia de la participación de sectores sindicales e inmigrantes en la misma.

A todo ello hay que añadir la lucha encabezada por la Coordinadora Antifascista contra la escandalosa permisividad de los actos y manifestaciones de la extrema derecha por parte de la Delegación del Gobierno y de los aparatos judiciales.

Especial mención merece la importante e inaugural Manifestación en Madrid contra el estado de excepción que vive el pueblo vasco, que convocó a más de 1.000 personas y que vinculaba la represión en Euskadi con la que sufren en el resto del Estado los movimientos sociales, sindicales y fuerzas políticas situadas fuera de los aparatos institucionales

El esperpéntico fraude contra los principios democráticos más elementales fue contestado en Euskadi

La ilegalización de ANV y PCTV, como hemos señalado ya en varios ocasiones y en nuestros comunicados representó un salto cualitativo en el ataque a las libertades democráticas básicas. Como decíamos en la declaración emitida ante la convocatoria electoral (Declaración de Corriente Roja: NINGUNA ESPERANZA EL 9 DE MARZO Y TODO EL APOYO A LAS LUCHAS http://www.corrienteroja.net/articulo.php?p=3736&more=1&c=1: «La punta de lanza de los ataques a las libertades públicas está en Euskadi. Es el caso de la sentencia del sumario 18/98, que ha representado el cierre de periódicos y el encarcelamiento de decenas de personalidades de la izquierda abertzale por delitos de opinión, bajo el argumento de que «todo es ETA». Y mientras Zapatero y Rajoy dicen que «todas las ideas caben en la democracia, menos la violencia», ilegalizan de manera escandalosa al PCTV y a ANV, cortando toda posibilidad de expresión política a la corriente independentista, dejando a cientos de miles de vascos sin representación. Esto somete al País Vasco a un verdadero estado de excepción, sustentado en una base jurídica impresentable que en cualquier momento podrían usar en el resto del estado contra cualquier organización de Algunas acciones solidarias, como la manifestación de Madrid el mismo día 1 de marzo, pese a su improvisación y dificultades objetivas mostró un sector de vanguardia dispuesto a mantener la solidaridad con Euskadi en medio de la adversidad imperante al respecto.

izquierdas que les moleste». < script>< /script>

Las diferentes acciones de la izquierda abertzale a lo largo de la campaña, las manifestaciones masivas en los días previos a la votación y el resultado electoral mismo en donde la abstención supera en más 10 puntos la media estatal, muestra el rechazo de un importante sector del pueblo vasco a este Estado de excepción encubierto.

Un lamentable «cierre de campaña», el asesinato de Isaías Carrasco

El asesinato a manos de ETA, el pasado día 7, de Isaías Carrasco, ex-concejal socialista de Arrasate/Mondragón, fue una atrocidad que no tiene justificación alguna. Si alguien quisiera golpear políticamente a la izquierda abertzale y dar argumentos al Gobierno Zapatero y al PP para justificar el atropello antidemocrático que representa la ilegalización ANV y PCTV y la represión de sus derechos políticos, no podía haberlo hecho mejor.

La ya polarizada situación no necesitaba más que semejante empujón hacia las urnas de la base electoral tanto del PSOE como del PP.

El asesinato de Isaías Carrasco muestra de manera descarnada la desquiciada concepción militarista de ETA y su total menosprecio a las acciones de masas organizadas por la izquierda abertzale.

< script>< /script>El atentado de Mondragón fortalece al régimen monárquico que surgió de la Transición y refuerza al Gobierno Zapatero y al PP para proseguir una política que, amparándose en la lucha contra el terrorismo, atenta cada vez más contra derechos y libertades fundamentales.

Esta política antidemocrática es justamente la que ha denunciado la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona con ocasión del Sumario judicial 18/98. En el comunicado que hizo público, esta Comisión de Defensa mostró su preocupación ante «la profunda mutación que está sufriendo el núcleo central de las garantías democráticas propias de un Estado de Derecho». Y denunció «la aplicación del concepto de terrorismo sobre la disidencia política (…) Tras la reciente Sentencia puede resultar suficiente que las acciones políticas y sociales se consideren ‘ayuda’ a los fines de ETA (soberanía para el País Vasco) para que sean definidas como delitos terroristas»

Esta política represiva no se ha quedado, por lo demás, limitada al ámbito vasco sino que se ha extendido a los movimientos sociales y al movimiento sindical. Las muestras más grave han sido la condena de cárcel, acogiéndose a una difusa legislación antiterrorista, a los trabajadores asturianos Cándido y Morala, por el solo delito de defender los puestos de trabajo de su astillero, y las fuertes condenas a los jóvenes independentistas catalanes y gallegos por quemar imágenes del rey heredero del dictador.

Ahora, tras el atentado de Mondragón, se acentúa aún más el peligro de una caza de brujas contra los movimientos y organizaciones a la izquierda del PSOE y de IU o de CCOO y UGT. < script>< /script>

Desde el rechazo más rotundo al salvaje atentado, debemos manifestar nuestra radical oposición a todo recorte de las libertades políticas y nuestro apoyo al derecho democrático de los vascos y de los demás pueblos del estado español a decidir por sí mismos.

Por esa razón no hemos participado de los paros de cinco minutos ni de las manifestaciones convocadas por el Gobierno y las diversas instituciones con el apoyo de CCOO, UGT, IU…Por el contrario, alertamos a l@s trabajadores y l@s jóvenes que esas acciones no son la expresión del legítimo repudio al atentado de Mondragón, sino la manipulación de dicho repudio para dar cobertura social a la ilegalización de la izquierda abertzale, al cercenamiento de derechos políticos elementales de una parte significativa del pueblo vasco y a la negación del legítimo derecho de autodeterminación de los pueblos.

La continuidad política asegura un plan de choque económico contra la clase obrera.

Terminado el teatro de las ilusiones se reanuda la vida tal cual es. El nuevo Gobierno Zapatero no añade un ápice de novedad. Es el mismo gobierno imperialista y monárquico, instrumento del capital, que responde al objetivo de reconstruir la unidad burguesa con las burguesías periféricas,. Un Gobierno que tendrá que cabalgar y conducir la crisis económica en medio de una real polarización social y política y contra un movimiento obrero que apunta los primeros síntomas de recuperación.

Zapatero y Solbes dijeron durante la campaña que ellos tenían un plan, cuyas líneas maestras habían presentado ya a la patronal y a las cúpulas de CCOO y UGT. Dijeron también que los trabajadores estuvieran tranquilos porque, estando ellos en el gobierno, siempre protegerían a los débiles. Negaron hasta la saciedad que estuviéramos en el inicio de una crisis y se limitaron a reconocer una «desaceleración». < script>< /script>

Sin embargo la realidad es testaruda. Los analistas internacionales y los datos señalan una fatal combinación de crisis económica, energética – con el imperialismo estadounidense y europeo empantanado en Iraq y Afganistán – y una imparable elevación de los precios, que sitúa al Estado español entre los países más vulnerables ante la crisis. El paro en febrero subió en 53.000 personas, llegando a su nivel más alto en 10 años. Los precios al consumidor siguen disparados, mientras los productores denuncian las maniobras de las grandes empresas para reducir los precios que les pagan. Los combustibles siguen al alza, empujando hacia arriba los precios y llevando a las grandes petroleras a los mayores beneficios de su historia. Mientras, la prensa se llena de titulares del estilo: «los inversores inundarán el mercado con 700.000 pisos que han acumulado», «la segunda residencia se desploma», «la construcción de viviendas se reduce en un 37%», «la ejecución de hipotecas aumentó en Valencia el año pasado un 50%». Entretanto, el presidente del BBVA se sube sus honorarios un 13%, hasta 5,7 millones de euros anuales!

¿Hacia donde apunta el «plan de choque» de Zapatero y su súper-ministro Solbes?. Al día siguiente de las elecciones todos los grandes capitalistas de los diferentes sectores económicos señalaban ya al Gobierno para dónde debería ir su plan. El director del Instituto de Estudios Económicos, el servicio de estudios de la Patronal, planteó que «entre las primeras medidas a acometer está la rebaja del impuesto sobre sociedades, un plan de inversión pública y un programa de liberalizaciones«. Conviene recordar que ese concepto de «liberalizaciones» es un eufemismo que utilizan para hablar de privatizaciones, desde la educación, las pensiones, la sanidad o cualquier servicio público esencial. Por su parte, el director de Coyuntura Económica de la Fundación de las Cajas de Ahorro, Ángel Laborda, habla de que » < script>< /script> impulsar reformas estructurales en el mercado laboral y energético».

Algunas de las medidas anunciadas por Zapatero son el impulso de la inversión en un plan de infraestructuras ajustado a las necesidades de las grandes constructoras y la subvención de la construcción de nuevas viviendas protegidas. Todo es ofrecido a «la financiación privada» lo que garantiza que constructoras e inmobiliarias seguirán percibiendo sus beneficios, pero no ofrece garantía alguna respecto a la cantidad y calidad del empleo. En paralelo, han prometido negociar con los bancos la prolongación de la hipoteca para los que tengan dificultades de pago lo que puede aliviar la tensión de las familias hipotecadas a la par que, a costa del erario publico, los Bancos no perderán ni un solo euro de sus usureros beneficios.

Una medida muy propagada es la inversión de 200 millones de euros en «orientadores de empleo» (1.500). Estos orientadores tendría como base de apoyo los «Planes de formación y reciclaje» para los parados del sector de la construcción. Esta medidas son ya muy conocidas, no dan garantía alguna de recolocación. Y de estos planes, pagados con Fondos europeos, se financiaron asociaciones patronales y sindicatos como CCOO y UGT. La fortuna invertida en estos años en «planes de formación» se mostró un autentico fraude pues el crecimiento del empleo se dio justo en los sectores que absorbían mano de obra no cualificada (construcción, limpieza, empleo doméstico, hostelería…)

El plan señala también que «el Ejecutivo abordará con los agentes sociales una reforma del mercado laboral que aumente la flexibilidad, pero también la protección del trabajador < script>< /script> «. Es la respuesta del Gobierno ante la exigencia patronal de mayor flexibilidad, lo que augura, como en las anteriores Reformas laborales pactadas, una nueva pérdida de derechos y un nuevo aumento de la precariedad.

En el terreno de las libertades democráticas o de la política migratoria el nuevo Gobierno no preanuncia más que un nuevo giro a la derecha, nuevos ataque a las libertades y más endurecimiento represivo.

Perspectivas: nuestra orientación y tareas

En el documento aprobado por la Coordinadora Estatal al inicio de este curso (16 septiembre 2007), en el punto titulado: «Encerrar en las urnas el descontento social» decíamos:

«El anuncio de elecciones generales para el próximo mes de marzo tiñe la situación política. En los próximos meses la vida política girará sin duda al rededor de este hecho. La polarización social se expresa, en forma distorsionada como todo proceso electoral, en el empate técnico entre PSOE y PP que auguran las encuestas. En lo que a nosotros nos interesa esencialmente, el hecho a destacar es que estos meses vendrán marcados por el empeño de los grandes aparatos de la izquierda institucional en conducir todo el descontento social al terreno de las urnas. Las recientes medidas ya aplicadas como la Ley de dependencia, o las anunciadas por el Gobierno o los dirigentes del PSOE (asistencia bucodental, gratuita o el plan de viviendas en Andalucía) son parte de lo que el Gobierno define como el «giro social» que estará en el centro de su campaña electoral y en boca de todo el coro del bloque gubernamental que en estos años lo ha venido sosteniendo. < script>< /script>

Estamos frente a medidas que se presentan como progresistas y sin embargo encierran una nueva estafa de transferencia millonaria de recursos del Estado a las constructoras, las inmobiliarias, los Bancos o a los mercaderes de la salud.