El pasado jueves, superando todas las dificultades surgidas de la Covid-19 y las medidas excepcionales, se desarrolló en Madrid una interesanteJornada sobre País Vasco: Una nueva política penitenciaria para una nueva normalidad, organizada por el Foro de Abogad@s de Izquierdas y el Foro Social Permanente para impulsar un proceso de paz en el País Vasco. Contó también con la colaboración del SISEJ y del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la UC3M.
Abrió las sesiones José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, a quien, como a todas las personas que participaron y colaboraron (cuyos nombres figuran al final de este artículo) agradecemos de corazón sus intervenciones; todas aportaron reflexiones diversas, válidas y enriquecedoras a una cuestión clave en el proceso hacia una convivencia democrática en Euskadi y Navarra.
¿Cuál era el objetivo de la Jornada? Por un lado, dar a conocer y analizar la situación actual de las 206 personas vascas presas por delitos de motivación política en el Estado español (otras 34 se encuentran en prisiones francesas). Por otro, debatir sobre la legislación penal y penitenciaria, su aplicación actual y las posibilidades que la misma abre de interpretarla en un sentido diferente, más acorde con la nueva situación creada tras la disolución de ETA.
De las mencionadas 206 personas presas, solo 11 están en cárceles del País Vasco y Navarra; 141 están en prisiones alejadas entre 500 y 1.200 kms de sus lugares de origen y arraigo familiar y social (cárceles de Andalucía, Galicia y Levante). El resto algo más cerca, pero demasiado lejos de sus entornos familiares.
A todas ellas se les continúa aplicando una legislación y una política penitenciaria de excepción, diseñada en clave de lucha antiterrorista en tiempos ya superados. Una política no acorde con la etapa abierta desde el fin de la actividad armada de ETA, su desarme civil y su disolución, ni con la realidad socio política y el sentir de la sociedad vasca y navarra actual. Por tanto, hora es ya de poner fin al alejamiento y de aplicar la legislación ordinaria que posibilita los itinerarios de reintegración de las personas presas, medidas que -recordemos- incluso el Gobierno del PP contemplaba para cuando ETA pusiera fin a su actividad.
En 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez empezó a marcar un nuevo rumbo, con algunos acercamientos a prisiones del País Vasco y Navarra, manifestando su intención de cambiar la política penitenciaria. Han pasado más de dos años, y se han dado algunos -pocos- pasos, que son sin duda positivos pero demasiado tímidos y cortos, condicionados por una oposición política hostil y la actitud de algunas entidades y corrientes de opinión situadas en una lógica de vencedores y vencidos.
En este tiempo, sin embargo, se ha ido construyendo el más amplio y extenso consenso posible entre diversos agentes de la sociedad vasca y la navarra sobre la necesidad del cambio en la actual política penitenciaria de excepcionalidad, entendiéndolo, además, como una aportación a una nueva convivencia democrática. Los ejemplos son muy, muy numerosos: Pronunciamiento claro del Gobierno Vasco la pasada primavera sobre la necesidad de acercamiento de todas las personas vascas presas a cárceles de Euskadi; múltiples acuerdos institucionales (del Parlamento Vasco y del Navarro, Juntas Generales, Ayuntamientos…, respaldados por muy amplias mayorías cuando no unánimes); centenares de acuerdos e iniciativas que abarcan todo el espectro sindical vasco y navarro; acuerdos entre organismos sociales, y dinámicas movilizadoras muy diversas.
Construidos ya todos los consensos posibles, toca ahora poner en marcha, de manera urgente, un plan de ejecución para dar solución integral a esta cuestión, y más en momentos en que el Covid 19 trae nuevas restricciones en las visitas en las cárceles.
Pero es un hecho que fuera de Euskadi, de Navarra y de Catalunya, no existen tan amplios consensos y una parte importante de la opinión política y mediática es favorable al mantenimiento de la política aún vigente. En consecuencia, tampoco la opinión pública cuenta con todos los datos para conocer la situación real y las soluciones propuestas, así como el perfecto encaje de éstas en la legislación penitenciaria ordinaria vigente.
En la Jornada hubo amplia coincidencia en que, aunque pudiera ser lo más deseable, no es previsible una derogación de los aspectos más restrictivos de la legislación, pero sí que la propia legislación y normativa ofrecen suficiente margen de flexibilidad como para interpretarlas y aplicarlas con otra orientación, en un sentido más humanitario y acorde con los principios democráticos, del Estado de Derecho y de los convenios y reglas internacionales.
Para garantizar que esos primeros indicios de cambio se consoliden y se generalicen, hay que generar una corriente de opinión democrática en su favor. De hecho, son cada vez más las voces autorizadas que abogan ya por la aplicación de la legalidad ordinaria, por el acercamiento de las personas presas a sus lugares de origen; personas de convicciones democráticas que piensan que ha llegado el momento de superar dinámicas heredadas en el pasado. Hace falta que se vean reforzadas por una corriente de opinión informada y poderosa que acompañe las decisiones administrativas, judiciales y políticas que se vayan tomando.
De todo eso se trató en las dos mesas redondas en Madrid. Se subrayó la urgencia de acercar a todas las personas vascas presas en el Estado español a las cárceles más cercanas a sus entornos familiares y sociales (Zaballa, en Araba; Basauri en Bizkaia, Martutene en Gipuzkoa y Pamplona-Iruñea), aliviando así la gran carga material, emocional y psicológica que supone para las familias la inesperada prolongación de una situación que viene desde hace 31 años. Y, yendo más al fondo, se desmenuzaron los aspectos más profundos del entramado legal construido sobre la “lucha antiterrorista”, se insistió en su desactivación mediante la aplicación de la norma ordinaria, se extendió la mirada al conjunto de la población presa en el Estado, y se apuntaron otras cuestiones de enorme relevancia, como la justicia restaurativa o las enormes carencias materiales en juzgados y cárceles.
Deseamos sinceramente que esta primera iniciativa de contraste y reflexión públicas desbroce el camino para otros encuentros similares en distintos lugares, que estimule el debate y contribuya a difundir otra perspectiva sobre esta cuestión. Su resolución en clave de convivencia, así como el reconocimiento de todos los derechos de todas las víctimas y el horizonte hacia una memoria crítica inclusiva, son tres elementos fundamentales para no cerrar en falso el tremendo sufrimiento y las consecuencias de las décadas de violencias, y avanzar hacia una sociedad democrática, sana, no sólo en Euskadi y Navarra sino en el conjunto del Estado español, mirando al futuro aprendiendo de lo que se ha sufrido.
En la primera Mesa Redonda participaron: Javier Mira (profesor de Derecho Penal, Universidad de Valencia), Amaia Izko (abogada), Silvina Ribotta (Instituto de DDHH de la UC3M), Xabier Etxebarria (abogado y profesor asociado UCM). Moderó Agus Hernán, del Foro Social. En la segunda: Marta Vicente (Jueces para la Democracia), Daniel Amelang (Asociación Libre de Abogados), Marta Urbano (SISEJ). Moderó Juan Moreno, de FAI.
Agus Hernan, coordinador del Foro Social Permanente y Juan Moreno, Foro Abogados/as de Izquierdas