Las evidencias de un clima con más fenómenos meteorológicos extremos deben de ser respondidas con una ley de cambio climático y transición energética.
Hace unos meses se marcaba nuevo récord en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, esta vez el dato registrado en Tenerife ha sido de 413,9 partes por millón ( ppm ). El mayor problema no es solo la cantidad, sino la rapidez con la que se está produciendo este cambio. Es precisamente esa aceleración causada por la influencia humana uno de los parámetros que define esta era del Antropoceno. Una velocidad que pone en riesgo la adaptación de muchos ecosistemas a las nuevas condiciones de temperatura y precipitación. Una situación relevante en aquellos países que, como España, están en las latitudes más centrales del planeta.
La filtración del informe Calentamiento global de 1,5°C encargado al Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) reafirma que ya no nos vale con tímidos intentos, tenemos que emprender una profunda transición que reduzca de forma drástica las emisiones globales. La idea clave no debe ser la descarbonización sino el fin de la era de los combustibles fósiles. Un término que, a diferencia de otros como sostenibilidad, no puede adulterarse, ni tiene matices.
Ese término da pánico a los responsables políticos, que no dudan en buscar todo tipo de eufemismos e incluso comprometer grandes cantidades de dinero y de recursos a falsas soluciones, como la captura de carbono o la geoingeniería.
Una realidad evidente a nivel internacional, como prueba la última reunión del clima mantenida en mayo de este año en Bonn. En ella, nuevamente se posponen las decisiones fundamentales a siguientes cumbres, a pesar de que hace más de tres años que se cerró el Acuerdo de París, cinco años desde que se aprobara un mecanismo para afrontar las pérdidas y los daños, y casi ocho años del compromiso de destinar 100 billones anuales de dólares al Fondo Verde para el Clima (que todavía no están completados).
Así, el camino que queda hasta la cumbre de Katowice, Polonia (diciembre 2018) se muestra muy complicado, cada semana que pasa se hace más improbable que en estos pocos meses se cierren las discusiones que llevan años posponiéndose. Sobre todo, teniendo en cuenta que aún no existe un texto oficial sobre el que trabajar. Este proceso, que se inició el pasado mes de mayo y que debería cerrarse en diciembre, tardó tres años hasta convertirse en el Acuerdo de París.
La salida de Mariano Rajoy del Gobierno pone fin a la lucha de competencias entre la exministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y el exministro de Energía, Álvaro Nadal, quienes llevaban meses discutiendo sobre competencias y tiempos para la elaboración de una ley de cambio climático y transición energética. La situación de los últimos días del Gobierno de Rajoy hacía intuir un importante retraso en la elaboración de la ley.
Al nuevo Ejecutivo es necesario recordarle que la mayor parte de los países de nuestro entorno poseen leyes de cambio climático desde 2008 y España llega tarde. Pero que nadie se preocupe, podemos seguir emitiendo más toneladas de gases de efecto invernadero sin que eso ponga en evidencia nuestros compromisos. Una gran noticia para que los que están a la altura de Trump puedan decir: «Cumpliremos». Es obvio, que como país estamos muy alejados de nuestra responsabilidad climática. El reto es mayúsculo ya que el anterior Gobierno ha blindado no solo los objetivos sino proyectos como las interconexiones eléctricas y gasísticas, la renovación de las subvenciones a los combustibles fósiles o la prórroga nuclear.
Una buena oportunidad para enmendar estos errores es a través de la presentación del Plan Inicial de Clima y Energía a finales de año, un proceso que se inició con críticas por la creación de un comité de expertos, todos hombres, para la evaluación de escenarios de transición energética. Un documento que ha sido condicionado y será reinterpretado a conveniencia del oligopolio energético, donde cuestiones como la necesaria democratización de la energía o la reducción del consumo no serán tenidas en cuenta. Además, el cambio de la representación a nivel europeo debe poner fin a la posición española en las negociaciones climáticas, que ha estado alineada con las pretensiones de los países más contaminantes. El Estado español tiene la responsabilidad de apoyar compromisos mayores ante la lucha climática, empezando por revisar al alza nuestros propios compromisos.
Empresas contaminantes
La gobernanza es uno de los temas clave en la lucha climática. Un término acuñado para dar voz a los colectivos y organizaciones civiles que juegan un papel fundamental tanto en la reducción de las emisiones como en el establecimiento de garantías en la línea de la defensa del bien común, que en este caso es frenar de forma urgente la deriva climática.
Sin embargo, se extiende una nueva interpretación de la lucha climática que habla de incorporar a «todos los actores», que en la práctica está poniendo en el centro de las soluciones a las empresas responsables de la mayor parte de las emisiones y, por tanto, los culpables del cambio climático.
Una niña sobre el deshielo del Ártico en Barrow, Alaska. UNICEF. Vlad Sokhin.
El problema reside en que mientras los movimientos sociales apenas eran escuchados, la anterior Administración dedicó mayores esfuerzos a tejer complicidades con la estructura empresarial del país. Así, bajo un malentendido concepto de participación, los políticos legitiman su escasa ambición. Un claro ejemplo es la Plataforma de Acción por el Clima, dinamizada por la Fundación Economía y Desarrollo (Ecodes) y en la que se encuentran empresas como Iberdrola, Enagas, Gas Natural o Telefónica, entre otras.
Para evitar esto es necesario elaborar un régimen de incompatibilidades que impida el acceso de los sectores fósiles a las negociaciones y plataformas climáticas, del mismo modo que la Organización Mundial de la Salud lo hizo con las empresas tabacaleras.
Un ejemplo de las repercusiones de la inclusión de estas organizaciones es cómo Endesa no duda en realizar campañas que de forma obscena intenta lavar la cara al carbón, comparándolo con el transporte. Aprovechándose de la falta de medidas en sectores como el transporte y ocultando así que esta es la empresa más generadora de cambio climático de toda España, con un 23% del total de las emisiones.
Necesitamos establecer un claro e inapelable calendario de cierre y desaparición del carbón, la energía nuclear, el gas y el petróleo
La realidad que ya conocen es que el único futuro posible será el renovable, es decir, que aquellas empresas que no sean capaces de adecuar su modelo de negocio a una economía descarbonizada, simplemente desaparecerán. Por tanto, publicitar como solución la inevitable transformación de estas empresas como fruto de un compromiso o un gesto altruista es falaz, ya que responde exclusivamente a la actualización de un modelo de negocio condenado a desaparecer. De esta forma, se invisibiliza una cuestión fundamental: que, aun en la hipótesis de conseguir ser 100% renovables, la concentración de la producción y la necesidad de un crecimiento continuo de estas empresas, las hacen incompatibles con permanecer dentro de los límites del planeta.
Es temerario dilatar durante más tiempo la elaboración de una ley de cambio climático y transición energética ambiciosa, en la que, más allá de cuestiones metodológicas, programáticas o de desarrollo de herramientas, se dé respuesta a la pregunta fundamental: ¿Cuándo se van a cerrar las empresas y sectores emisores de gases de efecto invernadero? Necesitamos establecer un claro e inapelable calendario de cierre y desaparición del carbón, la energía nuclear, el gas y el petróleo. Esa es la única garantía de futuro.
Javier Andaluz. Activista de clima y energía de Ecologistas en Acción. Revista Ecologista nº 96