El 9 de abril se cumplirán 30 años de la problemática legalización del PCE. Problemática, ya para empezar, por lo que subraya el propio término: aquel día -en 1977 Sábado Santo, como mañana-, el PCE fue aceptado en la legalidad por quienes en aquel momento la detentaban, dicho sea en el verdadero sentido del verbo […]
El 9 de abril se cumplirán 30 años de la problemática legalización del PCE. Problemática, ya para empezar, por lo que subraya el propio término: aquel día -en 1977 Sábado Santo, como mañana-, el PCE fue aceptado en la legalidad por quienes en aquel momento la detentaban, dicho sea en el verdadero sentido del verbo detentar («retener y ejercer ilegítimamente algún poder o cargo público», como bien precisa el DRAE).
Y el PCE aceptó que los albaceas testamentarios del franquismo lo sometieran a examen. Y se avino a pasar bajo esas horcas caudinas, pese a que eso significaba, de un lado, legitimar la autoridad de quienes se arrogaban el derecho de otorgar o negar a los demás patentes de ortodoxia democrática, y del otro, transigir con el hecho de que aún quedaran en la ilegalidad otras organizaciones políticas antifranquistas.
A algunos no nos sorprendió lo más mínimo. Era coherente con la posición que Santiago Carrillo y sus más próximos venían manteniendo desde hacía años, pero muy destacadamente desde 1976. Aunque su aceptación de la Monarquía -es decir, del Rey designado por Franco para sucederle en la Jefatura del Estado- no se produjera formalmente hasta el 14 de abril ( sic! ), Carrillo ya había hecho saber a Suárez que estaba dispuesto a respaldar el proceso de reforma del Régimen, renunciado a la ruptura que había defendido formalmente en los inicios de la Transición. Suárez sabía que podía creerle: había constatado los esfuerzos hechos por Carrillo para moderar la movilización popular, sin la cual la estrategia rupturista resultaba insostenible.
Aunque en un primer momento no se apreciara, la sucesión de renuncias que caracterizó la línea política seguida en aquellos años por la dirección del PCE introdujo en sus filas un germen de desmoralización y de derrotismo que lo empujaría hacia la pendiente de su autodestrucción, frenada casi in extremis por la corriente que pondría en marcha Julio Anguita más de una década después (*). La base militante y social del PCE, disciplinada como ninguna otra, aceptó resignadamente las consignas desmovilizadoras y conformistas de Carrillo, pero muchos no las sintieron nunca como propias.
¿Qué hubiera podido suceder si el PCE hubiera asumido una política más audaz, menos acomodaticia? Es imposible saberlo. En el seno del propio PCE hay en marcha actualmente un interesante debate sobre el papel que jugó su partido en la Transición. Tengo para mí que con aquellos protagonistas difícilmente hubiera podido representarse un drama muy diferente. Pero no me cabe duda de que las supuestas astucias y zorrerías que propició entonces Carrillo -tan festejadas aún hoy por la derecha, y con razón- contribuyeron en no poca medida a que la política española sea la que es desde hace 25 años, y a que la izquierda no neoliberal y no atlantista juegue desde entonces un papel muy limitado, a menudo casi testimonial.
¿Que de todos modos el PCE iba a acabar en las mismas, porque era el signo de los tiempos? Tal vez. Pero no es lo mismo intentar algo y no lograrlo que renunciar a ello de antemano.
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(*) Aunque los resultados electorales sean sólo un indicador entre varios posibles, vale la pena recordar que en las elecciones de 1986, Izquierda Unida, con el PCE como principalísimo baluarte, se quedó en el 4,63% de los votos. En 1989, tras llegar Anguita a la Secretaría General y ser elegido coordinador general de IU, duplicó el porcentaje de los votos obtenidos, cifra que mejoró en las elecciones generales de 1993, y aún más en las de 1996, en las que obtuvo 2.639.774 votos (el 10,54% del total). En otras elecciones superó ese porcentaje.