(Documento dirigido por la asociación PRODENI al Papa, a la Conferencia Episcopal Española y al Arzobispado de Madrid)
Los medios de comunicación españoles han recogido estos días la noticia de la condena del Tribunal Supremo a un cura de 74 años, Rafael S. N., por abusar sexualmente de un menor entre los años 1999 y 2001, declarando responsable civil subsidiario al Arzobispado de Madrid, que tendrá que pagar 30.000 euros a la víctima.
Además, según la sentencia, ha quedado acreditado que «el acusado era secretario de la vicaría de una parroquia dependiente del Arzobispado» y que «se han infringido disposiciones de la autoridad, ya que existen diversos cánones del Código de Derecho Canónico que obligan a labores de vigilancia y control sobre los párrocos», que en este caso no se han cumplido, puesto que, como también queda acreditado, el Arzobispado conoció los hechos pero los ocultó, quedando constancia de varios testigos catequistas que fueron presionados para que ocultaran los hechos.
La noticia de esta condena ha coincidido con la de que el Arzobispo de los Ángeles «pide perdón a las 508 víctimas de abusos sexuales», ampliamente recogido en los medios internacionales, aceptando la archidiócesis de Los Ángeles el pago de indemnizaciones por valor de 660 millones de dólares para evitar ir a juicio.
Al contrario de lo que sucede allende los mares la Iglesia de esta parte del mundo no pide perdón a las víctimas de abusos sexuales tras condenas inapelables de sacerdotes que han delinquido en el ejercicio de su sagrado ministerio, y encima se fuerza hasta el final la defensa de la institución para evitar que sean condenados.
Estos días el Comité del Consejo de Europa acaba de aprobar la Convención sobre la Protección de los Menores contra la Explotación y Abuso Sexual que viene a representar un gran avance, subrayando su Secretario General, Terry Davis, que en este tipo de lucha no debe existir ninguna duda ni complacencia. Con esa Convención se intenta que los Estados miembros y las instituciones refuercen su acción para prevenir y combatir «la intolerable violación de los derechos más fundamentales de los niños».
No nos cabe la menor duda que la tolerancia cero que preconiza el Consejo de Europa, debería ser asumida con radical contundencia por la jerarquía eclesial, pues de no hacerlo así quedará anclada al margen de los tiempos y cuestionada en cada una de las condenas que se vayan produciendo. En ese sentido no es la primera vez que esta asociación se ha dirigido por escrito a la Iglesia Católica con dolor y preocupación por el supuesto amparo de superiores jerárquicos a sacerdotes imputados en delitos sexuales, mucho más doloroso cuando el referido amparo se extiende más allá de condenas inapelables, con un evidente desprecio a las víctimas – también hijos de la Iglesia – y, para mayor escándalo, menores de edad.
A tal efecto, con fecha 29 de Marzo de 2004, nos dirigíamos a la Conferencia Episcopal Española, cuyo presidente, el actual Arzobispo de Madrid, Monseñor Rouco Varela, no nos respondió, ni tampoco nos hizo caso, a pesar de que advertíamos que hechos como la actual condena se seguirían produciendo bajo el manto protector de la jerarquía. En aquella carta decíamos lo siguiente:
«JUAN PEDRO OLIVER JIMÉNEZ, Presidente de la Asociación PRODENI (Pro Derechos del Niño y la Niña) ante la Presidencia de la Conferencia Episcopal Española, con relación a la sentencia del Tribunal Supremo condenatoria de un sacerdote de la provincia de Jaén por abusos sexuales a un menor, quiere manifestar lo siguiente:
Que a mí personalmente y a los miembros de la asociación que represento nos causa pena y dolor la reiterada postura de la Iglesia en España, y más en concreto, de algunos Obispos, de encubrir, justificar o, de alguna manera, amparar actitudes de sacerdotes acusados de abusar sexualmente de menores, incluso con condenas firmes, como es el caso reciente de la provincia de Jaén.
Que ahora en Jaén, pero también en Madrid, Córdoba o Galicia, se está dando el mismo ejemplo de amparo episcopal a sacerdotes procesados, o, en su caso condenados por pederastia, incluso con descalificación o desprecio de las víctimas o de quienes las apoyan, evitando condena moral alguna para los abusadores, a quienes el manto protector de la Iglesia les cubre hasta cuando se producen sentencias firmes e inapelables, dejando en el abandono y desamparo más absolutos a los menores víctimas y a sus familias, hijos también de la Iglesia, pues en la mayoría de los casos ejercían como monaguillos.
Que, de todo lo anterior puedo dar buena cuenta, pues al ejercer yo de letrado en la acusación particular contra un sacerdote pederasta en la provincia de Granada (Aldeire), que fue condenado en 2001 a un año y medio de prisión, y luego ratificado por la Audiencia Provincial, pude comprobar la actitud de la jerarquía católica de la provincia, cuando el Obispo de Guadix – Baza, defendiendo a toda costa la honorabilidad del sacerdote intentó sin éxito, durante la instrucción del sumario, que el decano del Colegio de Abogados de Granada me apartara del caso, para lo que solicitó incluso la apertura de un expediente disciplinario.
Que, ante semejante estado de cosas, no nos queda más remedio que censurar o criticar la actitud de la Jerarquía Eclesiástica de ocultar los hechos tras las denuncias de sacerdotes que abusan de niños o niñas, pues entendemos que la Iglesia como defensora de valores morales tiene que predicar con el ejemplo y dejar de encubrir y disculpar a sacerdotes ante un presunto delito, o sentencia firme, y tiene que colaborar con la justicia.
Que esa actitud que nos vemos obligados a criticar y a condenar no se corresponde en nada con los principios y ejemplos dictados por Jesús de Nazaret, pues en Mateo 18,6 aparece la siguiente maldición:
«Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar».
Evidentemente, nada que ver con la postura de apoyo y comprensión que están mostrando los Obispos para los sacerdotes abusadores de niños. ¿O los abusos sexuales a niños a manos de quienes tienen que dar ejemplo y enseñanza no son motivo de escándalo y de condena, en mayor medida por venir de sacerdotes consagrados?
Que por eso entendemos que la Iglesia no piensa en el interés de los menores, como exige su Maestro, y se comporta a la defensiva, como si la sociedad estuviese demonizando a la Institución, cuando lo que se está denunciando es a personas concretas y no a la Institución.
Que, según nuestro criterio, la Iglesia en España debería enfrentarse al problema como lo ha hecho recientemente la jerarquía eclesial en los Estados Unidos, al haber abierto las ventanas para ver lo que está ocurriendo y haber reconocido la lacra de la pederastia en un gran número de sus sacerdotes, pidiendo perdón a la sociedad, pues de no hacerlo así y a la luz de las denuncias que irán, sin duda, apareciendo, y consiguientes condenas judiciales contra sacerdotes pederastas, la actitud de los Obispos, creará más confusión y escándalo y llenará de vergüenza y oprobio a la institución.
Que a la luz de lo expuesto esperamos de la jerarquía eclesial española un cambio radical en su postura de apoyo, comprensión, y, en su caso, encubrimiento, de sacerdotes que abusan de niños y niñas, y mayor comprensión y apoyo a las víctimas, pidiendo perdón por todos los daños producidos.
Escrito que, tres años después, suscribimos íntegramente y del que no modificamos ni una coma, porque a pesar de ciertos movimientos de la Iglesia en otras partes del mundo (la referida actitud de la Archidiócesis de Los Ángeles y la postura de los Obispos franceses de personarse como acusación en los juicios a sacerdotes por supuestos abusos sexuales) aquí en España nada se mueve, lo que nos obliga a reclamar un cambio profundo en la actitud de la Iglesia respecto a esta cuestión, en consonancia con la doctrina de Jesucristo, el Maestro, nada tolerante con quienes escandalizan a los niños, máxime si quienes lo hacen están conferidos de la sagrada misión de velar por ellos.
Esperamos respuesta y una decidida acción de la Conferencia Episcopal Española que debería comenzar por pedir público perdón a cuantas víctimas lo hayan sido.
Málaga, a 17 de Julio de 2007.
* José Luis Calvo es Portavoz de la Asociación Prodeni (Pro Derechos del Niño y la Niña)