Recientemente, la Unión Europea ha dado luz verde a los Planes Paneuropeos de Pensiones Privadas (PEPP). El objetivo es fomentar el ahorro de las familias y derivarlo al mercado de capitales. En lugar de garantizar pensiones públicas suficientes en los estados, y eliminar desgravaciones fiscales a fondos de pensión privados, se aprueban más medidas para […]
Recientemente, la Unión Europea ha dado luz verde a los Planes Paneuropeos de Pensiones Privadas (PEPP). El objetivo es fomentar el ahorro de las familias y derivarlo al mercado de capitales. En lugar de garantizar pensiones públicas suficientes en los estados, y eliminar desgravaciones fiscales a fondos de pensión privados, se aprueban más medidas para sustituir los sistemas públicos de reparto y solidaridad entre generaciones a favor de la capitalización privada.
Este poder político de bancos, aseguradoras, y fondos de inversión, esta detrás, también, de las reformas del sistema de pensiones aprobadas en 2011 y 2013. Revertir estas reformas es nuestro primer reto, porque lenta y progresivamente están minando el sistema público de pensiones . La reforma de 2011 aumentó la edad de jubilación hasta los 67 años, alargó hasta los 25 años el periodo para el cálculo, y restringió las jubilaciones parciales y anticipadas. La reforma de 2013 suprimió la revalorización según la carestía de la vida, e introdujo el factor de sostenibilidad que reduce la cuantía de las pensiones a medida que aumenta la esperanza de vida.
El segundo reto, es el de regular por ley que las pensiones se actualicen según el IPC, y que su financiación no se utilice como excusa para empeorar el sistema, porque, en realidad, no hay un coste real para el estado, dado que la inflación aumenta el gasto pero también los ingresos. En lugar de tomar toda la vida laboral para rebajar las pensiones, o retrasar la edad real de jubilación, se puede eliminar la base máxima de cotización sin modificar las prestaciones, eliminar las actuales bonificaciones a las cotizaciones de la Seguridad Social, suprimir ayudas fiscales a fondos privados de pensiones, o financiar parcialmente las pensiones mediante la imposición fiscal.
El tercer reto, es reducir la profunda brecha de género. Toda una generación ha trabajado desde niñas combinando el trabajo productivo, sin protección ni cotización, con los trabajos reproductivos y de cuidados, que nunca han sido reconocidos. La precariedad y los contratos parciales tienen nombres de mujer. Además, las trayectorias laborales discontinuas, en ausencia de políticas compensatorias, son determinantes, por el embarazo, cuidado de menores, y lagunas de cotización. Y la brecha generacional, porque la obligación de jubilarse a los 67 años afectará mas a trabajadores con menor renta, justo el sector que tiene menor esperanza de vida real, y bloquea el acceso al empleo de los más jóvenes.
La movilización sostenida en el tiempo, desde hace más de un año, esta siendo efectiva. Se están revalorizando las pensiones según el IPC, algo más las mínimas, se ha retrasado la aplicación del factor de sostenibilidad, facilitado el aumento del salario mínimo, o popularizado los 1.084 euros que la Carta Social Europea considera el umbral de la pobreza. Y lo más importante, expresamos la oposición frontal a convertir el actual sistema público de pensiones en un modelo asistencial de subsistencia.
Pero lo que esta claro es que sin trabajo decente no se puede mantener el sistema, porque las cotizaciones son su fuente principal de financiación. Este vínculo entre los intereses de los pensionistas y los del conjunto del movimiento obrero debe expresarse en un programa común, que incluya la derogación de la reforma laboral del 2012, que ha tenido un impacto decisivo en el déficit de la seguridad social. Una reforma que ha debilitado la negociación colectiva, y agravado la precariedad laboral y la depreciación salarial. Hoy día, la regulación del trabajo a tiempo parcial es la principal fuente de fraude a la seguridad social, junto con la falta de control de los 7 millones de horas extras semanales que no se cotizan. Se esta dando la paradoja de que aumenta la afiliación a la seguridad social mientras caen los ingresos del sistema.
Un vínculo que es especialmente necesario en Euskadi, donde la movilización ha sido significativamente mayor y más unitaria, pero donde hay más fondos privados de pensiones. Un 45% de los trabajadores, incluidas las plantillas de las administraciones públicas, participan en EPSV de empleo, en las que la empresa aporta una parte del salario diferido a cambio de que el trabajador aporte una cantidad igual. Son aportaciones que, al no cotizar, no van a un fondo común sino a un fondo privado, y cuentan con significativas ayudas fiscales, reduciendo los ingresos para las pensiones públicas. Es contradictorio reclamar un Sistema Público Vasco, al margen del sistema estatal, mientras en la práctica se construye un Sistema Privado Vasco financiado con recursos públicos.
Como decía Gabriel García Márquez: «No es cierto que la gente deja de perseguir sus sueños porque envejecen, envejecen porque dejan de perseguir sus sueños.» Los próximos días 13 de abril y 11 de mayo, toda la clase trabajadora esta convocada a defender un empleo digno y con derechos, y una pensión suficiente al final de la vida laboral, una tarea común que hay que coordinar en el marco europeo.
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