Frente a la idea extendida interesadamente de que se ha iniciado una etapa post-malestar, dando por finalizado el descontento masivo y, por tanto, las bases para reclamar un cambio de políticas y políticos, sostengo lo contrario: persiste una valoración negativa mayoritaria de la situación económica y política; ha disminuido algo cuantitativamente, pero la permanencia en […]
Frente a la idea extendida interesadamente de que se ha iniciado una etapa post-malestar, dando por finalizado el descontento masivo y, por tanto, las bases para reclamar un cambio de políticas y políticos, sostengo lo contrario: persiste una valoración negativa mayoritaria de la situación económica y política; ha disminuido algo cuantitativamente, pero la permanencia en esa posición sigue siendo mayoritaria y más consistente.
Pero, además, y a diferencia de otros países europeos, ese malestar de fondo se traduce, mayoritariamente, en una actitud cívica, desde la reafirmación de la justicia social y los valores democráticos e igualitarios, no segregadores, autoritarios o reaccionarios, por mucho que sectores poderosos estén impulsando ya esa senda. Junto con la activación ciudadana, particularmente de la nueva marea igualitaria del movimiento feminista, y el desgaste de las élites gobernantes, esta nueva ola de indignación cívica permite aventurar la prolongación de la pugna por el cambio, sin su cierre histórico inmediato y la posibilidad de un reequilibrio democrático y de progreso.
La incógnita principal, dejando aparte la consistencia del gran poder liberal-conservador, deviene de la configuración político-institucional de las fuerzas progresistas, con una indefinición de la dirección del Partido Socialista bien por la operación Gran Centro (la prioridad de su alianza con Ciudadanos), para asegurar un continuismo remozado y la neutralización de factores de cambio, bien por un acuerdo de Progreso (la colaboración con Unidos Podemos y convergencias), abriendo otra etapa de reequilibrios institucionales en favor de las demandas populares y el cambio institucional. Pero veamos las tendencias sociopolíticas que van a condicionar la resolución de ese dilema. Empiezo por algunos datos significativos de la actitud ciudadana.
En primer lugar, el gráfico 1 señala la opinión ciudadana acerca de la evaluación de la situación económica y política de España, entre los años 1995-2017. Explica claramente las tres fases de la percepción negativa de la situación económica y la situación política, con pequeñas variaciones asimétricas: primero, entre los años 1997 y 2007, una valoración negativa limitada, menor de un tercio de la población; segundo, un ascenso muy pronunciado y rápido en ambos ámbitos a partir del año 2008 y su culminación entre los años 2010 y 2014, que llega al 90% de la sociedad; tercero, una ligera bajada, aunque se mantiene en el 80% de opinión negativa en el caso de la situación política y cerca del 70% el de la económica.
Significa, por un lado, la persistencia de más de dos tercios de personas descontentas y, por otro lado, una limitada disminución de la percepción negativa que alcanza a un tercio de la sociedad. Ese cambio de tendencia enseguida se ha interpretado oficialmente como inexorable, profunda y acelerada. Estaría derivada de la supuesta mejoría económica y normalización política, e intenta legitimar las políticas gubernamentales restrictivas. Pero, como veremos, esa realidad socioeconómica no ha llegado suficientemente a la mayoría social que así lo refleja en sus percepciones.
Gráfico 1: Evolución de las percepciones negativas sobre la situación económica y política de España
Fuente: Metroscopia, marzo de 2017
El único dato complementario significativo es la diferencia por edad de la percepción negativa de la situación económica: mayores de 65 años: 65%; jóvenes: 85%. Corresponde con el proceso de mayor precarización y descenso de sus condiciones vitales y expectativas laborales de la gente joven.
En segundo lugar, similares datos aporta también otro estudio (gráfico 2), también del año 2017, de la misma empresa demoscópica, respecto de la evaluación de la situación económica en España, sólo que con un ligero cambio de opciones. Así, desde una media en torno al 25%, entre los años 1997 y 2007, de personas que consideran la situación de Mala hay un incremento sustancial de más del 50% adicional con esa opinión a partir del año 2008, llegando a superar el 80% hasta el año 2014. Después, es verdad que se inicia un ligero descenso hasta situarse cerca del 65%.
Es decir, se producen dos fases. La primera con un incremento muy profundo, rápido y generalizado de la percepción negativa: es el período álgido del malestar, la indignación y la protesta social; y la segunda con una reducción más limitada, aunque todavía lejos de la valoración pre-crisis y sin saber el ritmo y la intensidad de su evolución futura. De momento, solo se ha desactivado una minoría de descontentos frente a los problemas socioeconómicos y su gestión política, que puede corresponder a las capas acomodadas o resignadas con un perfil conservador.
No obstante, hay que reconocer un ligero aumento de la visión más optimista, con un sector que califica la situación económica de Buena, que pasa de prácticamente del 1% entre los años 2011-2013 hasta cerca del 20% actualmente; e, igualmente, un pequeño incremento de las personas que pasan de una calificación de Mala a otra de Regular, desde el 2% hasta el 15%, con una ligera reducción de la percepción negativa. Por tanto, todavía persiste una amplia mayoría en torno al 80% con una valoración crítica de la situación económica (dos tercios Mala y un 15% Regular).
Gráfico 2: Evaluación de la situación económica de España (1995-2017)
Gran parte de los esfuerzos mediáticos y políticos dominantes buscan, precisamente, controlar, ampliar y acelerar esa normalización o, más bien, evitar la visibilidad del malestar cívico, así como neutralizar su expresión política. Pero sus prácticas para conseguirlo desbordan los métodos ordinarios de la persuasión, la deliberación y el debate públicos y se adentran en la manipulación divulgativa, el autoritarismo y el desplazamiento de la atención y las prioridades a otros campos fabricando otros enemigos, como el nacionalismo periférico, o promoviendo intolerancia xenófoba y racista. El sentido de la realidad, junto con la convivencia y la democracia se debilitan.
En definitiva, en la realidad actual permanece una distancia cualitativa de la valoración negativa de la ciudadanía respecto de la época anterior a la crisis y las políticas regresivas, autoritarias y corruptas. No hay reversión total de la valoración social negativa de la situación económica y menos de la situación política. El cambio de opinión menos duro –Buena y Regular– es minoritario y afecta solo a menos de un tercio de la población. Y no se puede afirmar la aceleración de esa tendencia ni la generalización de esta dinámica supuestamente superadora de la opinión crítica y el descontento cívico.
En resumen, inicialmente, en el período pre-crisis, solo había una cuarta parte de la población descontenta con la dinámica económica y política. Ascendió de forma rápida y generalizada, en una primera fase de crisis socioeconómica aguda y profundas consecuencias y recortes sociales y laborales para la gran mayoría de la sociedad. Luego, en una segunda fase de prolongación de la desigualdad social y la precariedad social y laboral pero con leves mejoras materiales en algunos sectores de la población, se produce esa ambivalencia: consolidación de la percepción negativa en la mayoría junto con una minoría significativa que ve el panorama positivo. Por tanto, la opinión negativa ha descendido ligeramente pero una mayoría de dos tercios insiste en ella.
En tercer lugar, profundizo la interpretación con el siguiente gráfico 3, sobre el pesimismo económico y político, también de Metroscopia, expuesto en dos versiones para contraponer las perspectivas visuales del fenómeno: una la original y otra de elaboración propia con los mismos datos.
Gráfico 3 (en dos versiones): Evolución del pesimismo (2012-2017)
Fuente: Metroscopia, noviembre de 2017
Estas dos versiones parten de los mismos datos, pero como decía, la interpretación de la simple visualización rápida puede ser distinta. Desde el año 2012, con el máximo pesimismo económico (96%), se pasa, en el año 2017, al 58%, es decir todavía una mayoría aunque ha descendido significativamente en más de un tercio. Sin embargo, hay que advertir dos detalles. Uno, la profunda inclinación descendente en la representación del primer gráfico, oficial, que infiere un descenso muy pronunciado y rápido. En el segundo gráfico, de elaboración propia, el descenso es más suave y, además, el dato total se compara con el conjunto de la población a partir de 0, es decir, refleja un espacio mayor que la mitad de la población, que al excluirlo en el gráfico anterior, pareciera que no se visualiza a esa mitad pesimista.
Por tanto, el primer gráfico induce a error: acentuar un descenso rápido y generalizado del pesimismo económico (el pesimismo político crece). Esa apariencia científica permite justificar mejor la tesis interpretativa de Metroscopia de que el descontento social ha pasado a la historia y se inicia una fase ‘post-malestar’. El segundo gráfico corresponde mejor a la representación realista del conjunto de la situación y las tendencias.
En cuarto lugar, avanzo un poco más en el análisis de estas dinámicas con datos del CIS, con una muestra mucho más amplia, según su Estudio 3.207, del último Barómetro de marzo de 2018 (gráfico 4). Se trata de la percepción actual de la situación económica y política y la comparación con la opinión de la situación de hace un año y la expectativa para dentro de un año.
Gráfico 4: Percepción de la situación económica y política (%)
Fuente: CIS. Barómetro de marzo de 2018 (Estudio 3.207).
La percepción de la situación económica es Mala o muy mala para cerca del 59% de la población, similar al del pesimismo económico de Metroscopia; pero aquí concreta el importante sector de más de un tercio que la define Regular; sólo una minoría del 6,2% la considera Buena o muy buena, o sea, es optimista. Los datos de la percepción de la situación política son más graves y contundentes.
Es interesante valorar la percepción de los cambios habidos, según la tabla 1. Un 20% considera que en el último año ha mejorado la situación económica general; probablemente esa parte ha pasado de una opinión de mala a regular o de regular a buena; en todo caso, unas minorías. Sin embargo, es relevante el contundente 80% que considera que hoy está peor o igual (es decir, empeorando todavía más o manteniendo la situación mala o regular); en ambos casos al prolongarse esa situación se consolida y afecta más gravemente. Igualmente, en el caso de la situación política la percepción es más negativa y alcanza al 96% (las personas que dicen igual a una situación valorada de mala o regular, engrosan esa percepción crítica), y solo un 4% considera que ha mejorado. Es todo un cuestionamiento a las élites gobernantes por la falta de credibilidad de su gestión.
Tabla 1: Perspectiva sobre la evolución de la situación económica y política
|
Situación respecto a hace un año (%): |
Económica |
Política |
|
Peor |
26,9 |
43,5 |
|
Igual |
51,4 |
49,3 |
|
Mejor |
20,0 |
4,0 |
|
Situación para dentro de un año (%): |
Económica |
Política |
|
Peor |
21,4 |
29,1 |
|
Igual |
44,0 |
44,5 |
|
Mejor |
21,4 |
10,2 |
Fuente: CIS. Barómetro de marzo de 2018 (Estudio 3.207).
Por último, es relevante valorar las expectativas de cambio, suponiendo que no se introducen mecanismos transformadores adicionales y que perdura la inercia actual. Sólo un 21% prevé una mejor situación económica y un 10% la política. ¿Cómo interpretar el amplio segmento del 44% en ambos ámbitos que dicen que la situación va a seguir igual?. Desde la opinión mayoritaria de que las dos situaciones, económica y política, son actualmente malas o regulares, la previsión de su persistencia para dentro de un año no augura optimismo ciudadano sino pesimismo o incertidumbre.
Hay escasa confianza popular en los cambios que pudieran producir las actuales clases gobernantes o los grandes poderes económicos (o por la suerte u otras circunstancias ajenas). Así mismo, denota la existencia de pocas expectativas (o ilusiones) sobre la capacidad transformadora inmediata de la propia sociedad, el movimiento popular o las fuerzas alternativas, con obstáculos poderosos. Se dibuja cierta impotencia. Hay descontento y deseo de cambio, pero con pocas esperanzas inmediatas, sin acabar de ver qué mecanismos pueden producir cambios relevantes. Es un reto para las fuerzas progresistas, incapaces hasta ahora de generar credibilidad en torno a un horizonte y un camino de avance social y democrático que pueda sobreponerse al estatus quo y la inercia actuales.
En quinto lugar, detallo la opinión de la sociedad sobre los principales problemas existentes, con datos del citado Barómetro del CIS (gráfico 5). La pregunta es sobre los tres principales problemas en España y el propio Estudio expone la suma de las tres respuestas de primero, segundo y tercero.
Desde hace años el principal problema es el paro (que ha descendido un poco, hasta el 65,9%, sumados los tres más importantes), y el segundo, la corrupción y el fraude (que se ha incrementado algo, hasta el 34,5%). No obstante, aquí los presento agrupados en cinco bloques: problemas socioeconómicos (paro, calidad del empleo, pensiones, sanidad, educación…), políticos (corrupción y fraude, los políticos, el Gobierno y partidos concretos, inestabilidad política…), incertidumbres vitales (inseguridad ciudadana, crisis de valores…), independencia de Cataluña y violencia machista y problemas de la mujer.
Gráfico 5: Percepción de los problemas en España
Fuente: CIS. Barómetro de marzo de 2018 (Estudio 3.207).
Dejo aparte varios problemas con porcentajes de solo unas décimas (entre ellos son llamativos los ‘recortes’ y la ‘reforma laboral’, hoy con un impacto evidente y una implementación permanente pero lejanas en su aprobación normativa). Pongo el porcentaje referido a cien, para tener la referencia comparativa habitual. Además, señalo las respuestas de los votantes de Unidos Podemos (sin las convergencias catalana, gallega y valenciana, cuyos datos aparecen aparte) para constatar la existencia de algunas diferencias respecto al conjunto de votantes; en particular, por su mayor énfasis en los problemas políticos que la media, junto con mayor preocupación por la violencia machista y los problemas de las mujeres y menor por las incertidumbre vitales. Por otro lado, respecto a la independencia de Cataluña, cuya preocupación es menor que la media, en el caso de En Comú Podem asciende a 4,5 puntos, cuadriplicando la de Unidos Podemos.
En definitiva, persiste una mayoritaria desconfianza respecto de la mejoría de la situación económica y, sobre todo, política. Alcanza a la limitada credibilidad de la gestión institucional (pública y privada) de las élites dominantes para cumplir con su responsabilidad política y el contrato social de garantía del bienestar público, el interés general o el bien común.
Por tanto, existe un nuevo proceso de indignación social con un bloqueo institucional. La mayoría ciudadana percibe, recuerda y prevé malestar social y descontento político. Existe actitud crítica, deseo de mejoras socioeconómicas justas y político-democráticas; pero también escepticismo (realista) sobre su realización por la clase política aunque sin resignación adaptativa. Son ingredientes ambivalentes que junto con la disponibilidad de una ciudadanía activa permiten aventurar una activación cívica con amplia simpatía popular frente al bloqueo impuesto por el poder establecido que cuenta con cierta legitimidad y adaptación resignada de una base social significativa, acomodada y conservadora.
Sin embargo, ante esta dinámica de desgaste especial de la derecha gobernante del Partido Popular, debido a su corrupción, autoritarismo y descrédito de su gestión económica y territorial caben, por parte del poder establecido, otras dinámicas reaccionarias, distorsionadoras o neutralizadoras de la nueva ola de indignación cívica. El bloqueo político y la falta de credibilidad en la política institucional requieren, al menos, un cambio cosmético y retórico incluyendo el recambio, al menos parcial, de la élite gobernante y algunas mejoras relativas.
Está por ver si Ciudadanos es el eje hegemónico y si se produce el acuerdo o la subordinación del PP (nuevas derechas) o del PSOE (gran Centro). El Partido Socialista, en este contexto de posibilidades de ir hacia adelante (progreso y democracia) o hacia atrás (continuismo renovado), adquiriría una responsabilidad histórica al apostar por una de las dos opciones y ralentizar o no del cambio de progreso. La salida centrista o socioliberal a su actual encrucijada va a influir en su futuro como fuerza relevante, al igual que en otros países europeos. Una respuesta de izquierdas o progresista le conllevaría conflictos con el poder establecido, pero abriría un horizonte de progreso para la mayoría ciudadana.
En consecuencia, junto con la actitud cívica mayoritaria y la activación social progresista e igualitaria, están las mediaciones institucionales y políticas, entre las que no son menores la estrategia de la dirección socialista ante su encrucijada y la consolidación de las fuerzas del cambio y la salida democrática y fraterna al conflicto territorial. Todo ello, frente al proyecto dominante del bloque de poder europeo de una estrategia liberal conservadora, con una democracia débil, una cohesión social frágil y una integración institucional mínima, condicionada por todas las tendencias reaccionarias, autoritarias, antisociales y xenófobas, que confluyen en impedir una alternativa social y de progreso en una Unión Europea más justa y solidaria.
Por último, conviene citar que, respecto de la polémica en décadas atrás, sobre el descenso de la importancia de los problemas ‘materiales’ en detrimento de los valores ‘post-materiales’ en las nuevas sociedades postmodernas, avanzadas o de la abundancia, la posición generalizada, incluida la violencia machista, la independencia de Cataluña y las incertidumbres vitales, la problemática central se concentra en el bienestar material y relacional, la adecuada gestión institucional democrática y la seguridad vital, evidentemente, con sus componentes culturales, simbólicos e identitarios. Se confirma la tesis realista de que cuando fallan las condiciones básicas de existencia y convivencia de las mayorías sociales hay una reafirmación valorativa en torno a la solución cívica de esa problemática, normalmente basada en la justicia social y la democracia, cuestionada por el poder neoliberal y el ascenso de la actual derecha extrema xenófoba y autoritaria.
Antonio Antón. Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de El populismo a debate (ed. Rebelión)
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