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Sobre la 1ª Conferencia CSI-Justicia

Poner el acento de lo político en el primer plano del sindicalismo de clase alternativo

Fuentes: Rebelión

Recientemente hemos realizado la I conferencia de la CSI-Sector de Justicia, con el objetivo principal de poner el acento de lo político en el primer plano del sindicalismo de clase alternativo. Difícil resultará situar los elementos de una estrategia a largo plazo si no partimos del conocimiento de quién es el enemigo principal contra el […]

Recientemente hemos realizado la I conferencia de la CSI-Sector de Justicia, con el objetivo principal de poner el acento de lo político en el primer plano del sindicalismo de clase alternativo. Difícil resultará situar los elementos de una estrategia a largo plazo si no partimos del conocimiento de quién es el enemigo principal contra el que luchamos y cual es su estrategia y objetivos, para ello debemos recuperar del fondo del armario la experiencia de lucha histórica del movimiento obrero y revolucionario, uniendo a la reivindicación concreta los objetivos políticos estratégicos, en una lucha continuada de resistencia y acumulación de fuerzas, hiendo y viniendo continuamente de lo particular a lo general.

Contra esta tremenda crisis del sistema capitalista a nivel planetario, no se sale desde la defensa exclusiva de nuestros derechos económicos y sociales, el capitalismo en su crisis nos lleva a la barbarie y contra ella, solo tenemos posibilidades de salida desde la búsqueda de otro sistema político donde el trabajo y la propiedad esté en manos del pueblo. Solo bajo el socialismo como sistema político y económico, lograremos para todas y todos, el derecho a la igualdad como seres humanos, derecho que el sistema capitalista como los que le precedieron no reconocen para las clases trabajadoras.

Introducción general desde un análisis sociopolítico de la actualidad

La Administración de Justicia, no se libra en ningún aspecto de las consecuencias de la tremenda crisis de superproducción capitalista que estamos viviendo, afectando al grueso de los empleados/as públicos y al conjunto de las clases trabajadoras, a las cuales pertenecemos. Aclaramos que esta no es una crisis pasajera. Si atendemos a los datos del índice de rentas empresariales a nivel internacional, vemos que estas rentas están cayendo desde mediados de los años setenta del siglo pasado. Podemos decir que llevamos cerca de treinta años en proceso creciente de crisis y recesión, que estalla con toda publicidad con las hipotecas basuras en EE.UU, provocada por los numerosos despidos de trabajadores de baja cualificación, que ante un crédito de fácil adquisición, habían adquirido vivienda en propiedad, similar efecto que en el estado español con la especulación inmobiliaria. Queremos decir con esto, que la crisis y la utilización de la crisis capitalista como argumento para recortar o eliminar los derechos e intereses de nuestra clase y el pueblo, llegan para quedarse, con la pretensión de los poderes dominantes de que sea para mucho tiempo. La salida está en manos de las clases populares: si resistimos, nos organizamos y luchamos, podemos vencer; la otra salida es miseria, hambre y explotación y guerra entre pueblos.

Ante esta situación, cualquier planteamiento de estrategia sindical en el ámbito de la Justicia, debe pasar por una perspectiva global de lucha a largo plazo y de acoplamiento al grueso de la estrategia de defensa del conjunto de los servicios públicos y especialmente los troncales, como son la sanidad y la enseñanza. Sin unos códigos civiles y penales sociales y democráticos, sin leyes como la civil, penal, social o contenciosa-administrativa que defiendan al ciudadano como trabajador/a y como consumidor/a, son para los trabajadores lo mismo que la sanidad y la enseñanza en manos privadas, que sólo la podrán tener los que la puedan pagar. Sin leyes al servicio del pueblo no existe el estado de derecho, estarán las leyes al servicio de la propiedad privada y las empresas, de las clases dominantes formadas por los grandes empresarios y banqueros y serán instrumento de opresión y explotación de las trabajadoras/os y el pueblo. Por eso, la solidaridad de las empleadas y empleados de Justicia, con el conjunto de luchas del resto de sectores públicos y clases trabajadoras, debe ser esencial en nuestra estrategia de una Justicia del pueblo y para el pueblo.

Difícil e innecesario es averiguar, cómo va a quedar en un futuro cercano el conjunto de la Administración de Justicia. Si la correlación de fuerzas políticas y sociales sigue durante mucho tiempo tan adversa como actualmente, con un bipartidismo PSOE-PP y sus aliados por la derecha y la izquierda, olvidémonos de una administración al servicio de los ciudadanos, porque ellos y quienes surjan de ellos, son los que nos han llevado desde el corrupto estado de bienestar, sustentado sobre la compra de la conciencia de las clases trabajadoras mientras existían beneficios empresariales, a la corrupción de las cúpulas institucionales, políticas, sindicales y sociales que actualmente vislumbramos socialmente, la cual se mantendrá mientras les sean útiles a las clases dominantes. Todo ello en la actualidad dentro de una monarquía corrupta, donde la CSI-Justicia, debe apostar por la opción del Estado republicano como salida político-social para el pueblo, sustentada esta república desde la defensa del estado de derecho al servicio de las clases trabajadoras, el conjunto de las capas populares y pueblos que la componen, en definitiva, de la inmensa mayoría.

Por el diseño de una línea sindical de defensiva estratégica desde lo concreto de Justicia

La clave en este proceso continuado de retroceso en nuestros derechos, está en concretar los elementos centrales reivindicativos en el ámbito de la Administración de Justicia, hacer de ellos un elemento central de la protesta y ligarlos a la necesidad de un estado de derecho que garantice los derechos de las clases trabajadoras, que siempre estará ligada a la defensa de lo público, como única fórmula de igualdad y solidaridad entre todas y todos. Lo importante es seguir descubriendo estos elementos centrales mediante una movilización consciente (organizada) de los trabajadores y trabajadoras de Justicia, dependiendo de la estrategia de los gobernantes y sus objetivos, tanto inmediatos como estratégicos, en los ámbitos jurisdiccionales (leyes), organización judicial (ley de plantas, nueva oficina judicial…) y condiciones laborales (estatutos, reglamentos, calendarios laborales…).

La estrategia de la clase dominante y de los gobiernos del PP y del PSOE que hemos tenido y que conocemos, es eliminar la independencia del poder judicial y la de los empleadas/os públicos en el ejercicio de sus funciones, para ello ya ha comenzado y continuará, mediante reformas de nuestras condiciones de trabajo y de los centros de destino con la futura Ley de Planta en negociación parlamentaria, donde pretenderán que cambie todo el actual formato por uno donde no existan funciones claras por cuerpos y no tengamos un centro de destino concreto y fijo.

Que trabajemos 37,5 horas o 40, no les resuelve ningún problema, a ellos les resulta útil como estrategia para doblegarnos y utilizarnos. Son plenamente conscientes que los cuellos de botella, nunca están en los funcionarios de base y saben perfectamente que el problema está en la organización y dirección del trabajo por las actuales direcciones políticas, que no apuestan por la Justicia como servicio público. Su criterio está sustentado sobre el aprovechamiento de los fondos públicos y su desvío a la gestión privada, plagada en muchos casos de corrupción, no de un justo funcionamiento del sistema judicial, donde el sistema dominante ni lo necesita ni lo quiere y para ello no ha dudado ni dudará en alejar la Justicia del ciudadano/a y trabajador/a, no sólo geográficamente, sino también con tasas e impuestos que gravan su uso, convirtiéndola en muchas de sus funciones en un impuesto más y en un negocio para el beneficio privado.

La exigencia de funciones claras y centro de destino concreto y fijo, si aplican la reforma de la oficina judicial en línea con lo que están diciendo y haciendo, puede ser un eje central para la movilización, ya que serán un conflicto permanente al desaparecer los concursos de traslados dentro de la localidad, que son en la práctica la válvula de escape para las y los empleados de Justicia en la situación actual en los centros de trabajo, juzgados, tribunales, fiscalías y servicios comunes.

Sumaremos a esto las reivindicaciones clásicas en los calendarios laborales, con el objetivo de mejorar en las condiciones actuales en pequeñas cosas como permisos, conciliación de la vida familiar, jornada laboral, regulación de las comisiones de servicios, todo esto es factible, pero fácilmente anulables de un plumazo por el poder, que al ser derechos que están por encima de los reconocidos para las clases trabajadoras, al anularlos, serán presentados y considerados públicamente como privilegios sociales y les dará votos. Al mismo tiempo es importante construir trincheras que permitan unificar fuerzas para la movilización, es posible construir una sobre la defensa como máximo de las 1625 horas anuales de jornada laboral, mínimo estatal para justicia, lejos de las 35 horas semanales que deberíamos reivindicar, pero por debajo de las 1650 implantadas en muchas de las administraciones públicas o las 1664 de las del territorio Ministerio, que significan más de las 40 horas semanales.

También debemos prestar atención a la defensa del mantenimiento de cuerpos nacionales, aunque la tendencia a la desmembración de la Administración de Justicia aparentemente ha retrocedido, en cualquier momento puede retomar fuerza la anulación de los cuerpos específicos de la Administración de Justicia, es una forma de anular la independencia del empleado de Justicia en el ejercicio de sus funciones, al desaparecer la especificidad, desaparece el grueso de las leyes y quedan funciones administrativas, es decir programas informáticos y ejecución privada de las mismas. Probablemente esto es ya algo más que un futuro, pues todos conocemos ejemplos que están desarrollando, como el de dar a los procuradores la capacidad de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

La defensa del mantenimiento de los cuerpos nacionales, más allá de la expresión, tenemos que defenderla y reivindicarla como defensa de una Justicia igual para todas y todos, independiente del poder político y económico, profesional, reglada por leyes, pública y gratuita y evidentemente sin privilegios sobre el resto de empleadas/os públicos.

La negociación colectiva al servicio de la participación y decisión de los empleados/as de Justicia

Existe una estrategia de negociación colectiva tanto en lo público como en los sectores privados, desarrollada por los gobiernos de distinto ámbitos y empresarios, sustentadas sobre los principios de separación de la negociación de los implicados/as, de los centros de trabajo, sectores y de los organismos unitarios que nos representan. Estrategia de la patronal y de los gobiernos, aliñada con pactos sindicales donde favorecen tanto al grueso de los sindicatos de clase burocratizados e institucionalizados, como a los sindicatos profesionales o corporativos, con más horas sindicales y más delegados/as que los que legalmente les corresponderían y con subvenciones directas o a través de los cursos de formación, entre otras prebendas.

Estas estrategias pasan, por centralizar todas las negociaciones colectivas por las Mesas Generales de la función pública, vía Ministerios, Consejerías o Ayuntamientos. Mesas Generales de Negociación donde sólo están presentes los sindicatos que hayan llegado o superado el listón del 10% de representación sindical en su ámbito o lo tenga como sindicato a nivel autonómico o estatal, donde los Comités de Empresa y Juntas de Personal no cumplen absolutamente ningún papel, excepto la de legitimar el tanto por ciento para la representación institucional de los sindicatos. En la misma línea de anulación del papel de representación de los órganos unitarios, va lo de hacer cada vez más amplia la representación territorial de los mismos, como en Justicia, una sola Junta de Personal para toda Asturies o por provincia, que obliga a coger las horas sindicales para todo, alejando a los representantes sindicales de los centros de trabajo y justificando así las liberaciones sindicales.

Nuestra estrategia sindical, debe servir a la causa de concienciación, organización y emancipación de los compañeros/as de la Administración de Justicia, exigiendo que toda la negociación colectiva pase por la Mesa Sectorial de Justicia, donde reivindicaremos, que los únicos con reconocimiento por la Junta de Personal de Justicia y de los sindicatos que la componen en Asturies, con capacidad de negociar los problemas en nuestro ámbito, es la propia Junta de Personal o su Comisión Permanente con la Dirección General de Justicia que es quien ostenta la jefatura directa con respecto a los empleados/as de la Administración de Justicia, en las cuestiones del día a día o calendario laboral en lo que respecta a horarios, organización de las vacaciones y permisos, jornada laboral, que parte del mínimo de las 1625 horas estatales y poco más, rechazando como estrategia cualquier negociación en el ámbito de la Dirección General de la Función Pública de Asturies.

Al mismo tiempo, exigiremos al conjunto de los sindicatos presentes en la Junta de Personal, la obligatoriedad de convocatoria de asambleas en los principales centros de trabajo de Asturies, antes de tomar ninguna decisión importante o que sea requerida por las compañeras y compañeros interesados. Este mismo planteamiento tiene que tener validez para los temas de negociación estatales, que debemos recordar, son los fundamentales en las condiciones económicas o derechos, jornada laboral, vacaciones y permisos, condiciones de trabajo, reglamentos, centros de destino, movilidad, etc.

La Junta de Personal instrumento de poder y unidad de los trabajadores/as de Justicia

El grueso de los sindicatos presentes en Justicia, como sucede mayoritariamente en el resto del ámbito público como privado, abogan por una estrategia única y exclusiva de común acuerdo con los gobiernos y empresarios, de defensa del derecho de negociación y representación de los trabajadores/as a través de los sindicatos, única forma de hacerse valer en su estrategia de suplantación de los trabajadores/as en la toma de decisiones, mediante el sindicalismo de servicios, gestión e información de sus representados/as. La CSI-Justicia debe marcar una diferencia clara, en cuanto a la función de los sindicatos de clase para con las clases trabajadoras, que sólo debe ser un instrumento de organización, concienciación y movilización de nuestros compañeros y compañeras mediante las asambleas decisorias. Instrumento de lucha y aprendizaje, de politización y formación, de unidad y solidaridad de clase, de emancipación.

Sólo volverá a tener la Junta de Personal su poder como órgano de representación unitaria, si el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de justicia asumen con claridad que el órgano que les representa es la Junta de Personal, y esta es nuestra tarea fundamental: recuperarlo como órgano de representación y negociación del conjunto de los empleados y empleadas de la Administración de Justicia en Asturies.

Alonso Gallardo responsable de la CSI-Sector de Justicia

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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