«Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos, como del estremecedor silencio de los bondadosos» Martin L. King El domingo 25 de febrero, en distintas ciudades españolas, colectivos y movimientos sociales diversos volveremos a salir a la calle para exigir a los gobiernos europeos el cambio sustancial de sus políticas […]
«Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos, como del estremecedor silencio de los bondadosos»
Martin L. King
El domingo 25 de febrero, en distintas ciudades españolas, colectivos y movimientos sociales diversos volveremos a salir a la calle para exigir a los gobiernos europeos el cambio sustancial de sus políticas migratorias y de asilo. Para tal fin, se hará lectura del Manifiesto «NO A LA EUROPA FORTALEZA, LOS DERECHOS HUMANOS NO SE NEGOCIAN» (http://somxarxa.org/manifiesto/), elaborado tanto para concienciar a la sociedad sobre la verdadera magnitud de la catástrofe que afecta a millones de vidas en peligro como para proponer medidas concretas que reviertan esta gravísima situación.
En un contexto histórico profundamente regresivo -de crisis de humanidad y evidente retroceso en materia de derechos humanos-, se hace impostergable un cambio de raíz de las políticas europeas: casi 70 millones de seres humanos han perdido sus hogares huyendo de la guerra, las hambrunas, el cambio climático o persecuciones de todo tipo. Ante una situación semejante, en pleno siglo XXI, no cabe la pasividad, a riesgo de hacernos cómplices de un genocidio que se está perpetrando ahora mismo en las puertas de una Europa cada vez más fortificada. Hace falta insistir: la Unión Europea ha decidido dar las espaldas al sufrimiento que contribuye a producir a gran escala, en un ejercicio de cinismo que debe ser políticamente confrontado.
La realidad no puede ser más desoladora. Aunque las cifran apenas dan cuenta del desastre actual, en los últimos 17 años han perecido más de 35000 personas intentando arribar al continente europeo. No se trata, sin embargo, de ninguna fatalidad trágica sino de uno de los efectos más visibles de una serie de decisiones políticas que han optado por blindar las fronteras europeas a costa de los otros. Que cada año mueran ahogadas miles de personas en el Mediterráneo no es nada inevitable (producto de una batalla desigual, más o menos metafísica, entre la naturaleza y el ser humano). Por el contrario, es consecuencia directa de un sistema de control fronterizo específico, basado en la criminalización de quienes son víctimas de múltiples formas de violencia sistémica. Entre esas violencias, sin dudas, es inocultable el papel vergonzoso que desempeña el complejo industrial-militar que hace de la guerra y el crimen organizado un negocio multimillonario, así como la intervención predominantemente represiva de los estados europeos frente a quienes buscan ponerse a resguardo, incumpliendo por lo demás los compromisos contraídos en materia de reasentamiento de personas refugiadas.
Se trata, en suma, de unas decisiones gubernamentales que sólo pueden ser revertidas a partir de la presión ciudadana: sin una movilización colectiva permanente lo único que cabe esperar de la actual gobernanza europea son más blindajes fronterizos y más omisión de ayuda ante aquellos seres humanos que condena a la infravida, cuando no directamente a la muerte. Ante esta situación inadmisible, a contramano de las banderas que la UE dice enarbolar, necesitamos una respuesta ciudadana enérgica, que alce la voz frente a la escandalosa vulneración de los derechos humanos, exigiendo un proyecto europeo diferente, capaz de acoger y proteger a quienes ahora expulsa o rechaza. Lo que no es menos importante: se trata de exigir el cumplimiento efectivo de la legislación internacional en materia de asilo y, en particular, de garantizar el ejercicio de dicho derecho en las fronteras, así como de impedir que las personas sean encerradas y deportadas por su situación administrativa.
Ante una política sistemática de denegación del asilo, pues, se hace urgente luchar para que nuestras demandas de justicia sean escuchadas y atendidas sin postergaciones, comenzando por garantizar vías legales y seguras para las personas desplazadas, así como corredores humanitarios y medidas urgentes de acogida y protección, suspensión de acuerdos de control fronterizo, retorno y readmisión con países que no respetan los DDHH, así como el desarrollo de políticas sociales inclusivas y de cooperación al desarrollo al servicio de los pueblos, entre otras cuestiones.
En una época de ignominia moral y política, necesitamos unirnos y decir basta a una Unión Europea que no nos representa. No seremos cómplices de una Unión Europea racista que negocia con los derechos humanos de los demás. Precisamente porque somos responsables tanto de nuestras acciones como de nuestras omisiones, participar el 25-F en las manifestaciones convocadas constituye un deber de quienes no se contentan con las concertinas y los naufragios como respuesta última ante tanto dolor anónimo. Contra la resignación a la que quieren condenarnos, quizás nuestra mejor respuesta sea organizar el grito, para que esos millones de desplazados dejen de ser tratados como meros deshechos de los derechos humanos.
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