Capítulo del nuevo libro Educación Pública: de tod@s para tod@s
El texto que aquí presentamos -tras la reciente Huelga General Educativa del 9 mayo- es un «informe colectivo» sobre la reforma universitaria, redactado con la información disponible a fecha de Diciembre de 2012. Entonces no se había publicado en el informe de expertos del ministro Wert pero, sin embargo, viene a poner en cuestión al mismo. Podríamos decir que se trata de una «addenda» a priori, una respuesta anticipada mucho más crítica, con cierto contenido pedagógico y con la clara intención política de abrir el debate sobre la necesidad de organizarnos para abrir un proceso educativo constituyente. Este artículo ha sido publicado como capítulo en el libro « Educación Pública: de tod@s para tod@s » prímer título de Malabá Ediciones , coordinado por Javier Diez y Adoración Guamán. Como indica su subtítulo, Las claves de la marea verde, el libro intenta ser una herramienta para las mareas ciudadanas que se enfrentan hoy día a la ofensiva neoliberal contra la educación y la sanidad públicas.
«No pretendo que la educación sea un mundo al margen de la ideología»
Jose Ignacio Wert
Ministro de Educación
Diciembre 2012
Con el desarrollo en España de un precario e insuficiente «Estado del Bienestar», la Universidad sufrió un proceso de masificación, ya que el sistema productivo necesitó entonces una mayor cantidad de mano de obra cualificada, a la vez que las clases sociales que no podían entrar en la Universidad exigían su derecho a pertenecer a la misma. Nacía entonces la «Universidad de masas» y lo que se conoció como «la crisis universitaria» producida por este fenómeno de la generalización de la enseñanza.
Esta masificación pone en crisis una función fundamental de la Universidad que es la reproducción de la élite y el mantenimiento de la división social del trabajo, por lo que, quienes gobiernan, tratan de adaptarla a la nueva situación, procurando una masa de trabajadores precarios y el restablecimiento de la élite.
Con la progresiva destrucción del «Estado del Bienestar» y la hegemonía del modelo neoliberal se ha dado un proceso de privatización endógena, es decir, asemejar la gestión pública de la Universidad a la de una empresa privada (Nueva Gestión Pública) que lleva necesariamente a una privatización exógena, es decir, poner la Universidad pública al servicio del Capital: la Universidad-empresa.
1. Modelo productivo períférico y sistema educativo segregador
El sistema educativo siempre está, por definición, insertado en el conjunto de una determinada sociedad y por tanto no está al margen, sino que está interrelacionado con el sistema económico y político de cada sociedad. Es decir, las instituciones educativas se ven configuradas por la lógica de la sociedad a la que pertenecen.
En el caso del sistema productivo español, las necesidades de la oligarquía del país desarrollan actualmente dos tendencias con respecto al sistema educativo: privatización, o ataque en tanto que servicio público; y mercantilización, o ataque en tanto que pieza del sistema productivo.
Es decir, el carácter periférico del capitalismo español (fundamentado en la terciarización y crecimiento basado en la construcción) estructura una de sus líneas de acumulación de beneficios, por una parte, en la absorción de la cuota de mercado que supone la educacióni y, al mismo tiempo, al ser incapaz de fletar un tejido industrial y productivo autóctono, recurre a políticas de ordenación del sistema educativo tendentes a la descualificación en masa de la futura mano de obra.
Esta coyuntura de primacía del sector terciario, con especial preeminencia del turismo y la construcción, es un factor clave para entender las desventajas estructurales del estado español (en especial si se compara con su entorno de la zona euro), como la elevada tasa de abandono y fracaso escolar.ii
El recrudecimiento de la crisis capitalista en nuestro país acelera estos procesos de ataque a la educación pública. La inversión en educación pasó de 2011 a 2012 a más de 600 millones de euros menos, y a 300 millones menos para el periodo de 2012 a 2013. Conviene recordar que el presupuesto de 2011 (gestionado entonces por el PSOE) supuso un descenso de más del 7% con respecto al año anterior. Estos recortes presupuestarios reflejan el poco interés de la oligarquía por financiar un sistema educativo que proporcione un futuro a sus jóvenes y unas condiciones de cualificación similares a las del entorno europeo.
Lógicamente este panorama de infrafinanciación pública del sistema educativo tiene su contrapartida en el papel subsidiario por parte de fondos de la UE y del sector privado. La financiación pública de los centros privados creció un 30% de 2005 a 2010 según el INE; sin embargo, del total de unos ocho millones de escolarizados en la enseñanza no universitaria en 2012, en torno al 70% lo hacen en centros públicos, porcentaje que aumenta debido a los efectos de la crisis. Tenemos por tanto una tendencia hacia la configuración de la pública como red asistencial de la privada-concertada, consolidando un modelo elitista y segregador.
2. «Economía del conocimiento»: un cuento poco creíble.
La «economía del conocimiento» es un concepto clave repetido constantemente en el discurso oficial, puesto de moda especialmente en la era del boom de la «nueva economía». Consiste en transformar la economía de la producción de bienes a la producción de servicios, donde el «valor añadido» resida en el conocimiento.
Sin embargo, el tránsito hacia la producción de servicios inmateriales hay que valorarlo críticamente, ya que algunos de los productos más rentables son los nuevos bienes físicos (teléfonos móviles, reproductores, etc.), las economías más exitosas son todavía aquellas que crecen en base a la producción y exportación de bienes manufacturados, «y el neoliberalismo necesita trabajadores cualificados, pero descansa sobre todo en la existencia de un ejército de reserva mundial no cualificado, mal pagado, sin seguridad en las condiciones de trabajo». (Sevilla, 2012)
Hay una parte de «verdad» en la «economía del conocimiento» y es la alta cualificación que se exige en algunas ramas de la producción para reducir costes y aumentar la competitividad de los trabajadores a nivel global. Pero el capitalismo español es un capitalismo parasitario y dependiente del extranjero, por lo que dicha «recualificación» consistirá en una «descualificación» de la fuerza de trabajo para una mayoría, consistente en la reducción de los contenidos académicos y de la duración de los grados; y una mayor cualificación para una minoría, consistente en el ensanchamiento de las opciones de másters y su mayor encarecimiento. De esta manera, se adaptan los futuros trabajadores y trabajadoras al mercado laboral realmente existente, en el que sólo se exige una alta cualificación a una minoría, debido a las innovaciones tecnológicas, reproduciendo la división social del trabajo. De ahí la certeza de la consigna estudiantil «ni escuela de élites ni fábrica de precarios» como la necesidad de plantear la defensa de la Universidad pública en relación a la precariedad laboral para los sectores juveniles de nuestro modelo productivo.iii
Para hacerse una idea del poco interés del gobierno español por incentivar esta supuesta modernización económica no hay más que ver la inversión en I+D. O más bien la financiarizacióniv de esta actividad, pues los recursos destinados en los últimos años han sido fundamentalmente activos financieros, sobre todo préstamos a reembolsar. Es decir, que en 2011 dos tercios del gasto en I+D no se corresponden al gasto público real en esta materia sino a distintos activos a ejecutar vía préstamos o créditos Por poner un ejemplo, en 2010 sólo se ejecutó un 69% del presupuesto de este apartado (CCOO, 2012). v
Por otra parte, el aumento de financiación de los centros de investigación pública en el periodo anterior a la crisis ha de ser cogido «con pinzas», puesto que los datos están muy distorsionados al ser la ejecución de presupuestos notablemente inferior a sus partidas originales por la preeminencia financiera. En todo caso, desde 2008 a 2011 la financiación de los centros de investigación cayó en más de 1500 millones de euros.
No se trata, como se ha visto, de apostar por la I+D+i como nuevo motor económico en el que invertir los recursos públicos, sino de aprovechar la coyuntura de crisis económica para desplazar la fuente de ingresos del capital al terreno de la producción científica y tecnológica y, obviamente, no a costa de aumentar la inversión en este sector y apostar por su desarrollo ligado a los intereses de la mayoría, sino precisamente de adaptarlo a las necesidades de un modelo de acumulación basado en la precarización y desposesión generalizada de derechos.
3. Precarización, endeudamiento y pérdida de derechos
Para el estudiantado universitario el curso 2012-2013 comienza marcado por la brutal subida de tasas que se aprobó con el RD 14/2012 en abril de 2012. El aumento de precios nos sitúa como el octavo país más caro de la Unión Europea en los estudios de grado, y el 7º en los de máster, mientras que en ocho estados miembros de la Unión Europea los estudios de grado son gratuitos.
El ‘tasazo’, que se ha aplicado de forma desigual en las distintas CCAA, hace especial hincapié en las segundas y terceras matrículas. Esto, unido a la asistencia a clase obligatoria y el método de evaluación continua implantado con Bolonia, cambia la concepción que se tenía hasta ahora de la Universidad como un espacio donde desarrollarse como persona y no sólo académicamente, buscando disciplinar a los estudiantes de cara al mundo laboralvi.
Este encarecimiento tenía como justificación el hecho de compensarlo con una mayor inversión en becas. Sin embargo, como revela un informe del Observatorio del Sistema Universitario, son precisamente los países con matrículas más caras los que menos posibilidades de beca ofrecen a sus estudiantes. En concreto, en España tras el ‘tasazo’ sólo un 23% de los estudiantes universitarios recibe beca. Este hecho, sumado a las posibilidades de un severo endurecimiento de las condiciones de permanenciavii, abre vías en un futuro próximo a la incorporación de mecanismos de endeudamiento como existe en otros países del mundo.viii
América Latina es un ejemplo claro de este proceso. En Chile se estima una media de endeudamiento de 40000 dólares por estudiante al finalizar los estudios universitarios, endeudamiento ligado a créditos con aval del Estado para los colectivos sociales más vulnerables y con unas condiciones de devolución más «asequibles» o en su modalidad más radical de crédito CORFO a cargo directamente de entidades bancarias y financieras que en muchos casos alcanza un tipo de interés anual del 9 %. Otro ejemplo es Colombia, donde fue directamente el Estado el que creó una institución oficial encargada de distribuir el crédito estudiantil, el ICETEX, cuyos efectos han sido y son brutales sobre el estudiantado. Los tipos de interés de los préstamos han alcanzado el 24 % en algunos casos, dato que está necesariamente relacionado con el negocio especulativo que supone la compra-venta de los activos financieros estudiantiles por parte de entidades privadas. O en EEUU, donde la deuda estudiantil alcanza cifras de miles de millones de dólares e incluso supera a la hipotecaria.ix
En torno al endeudamiento estudiantil en nuestro país, los préstamos renta introducidos por el gobierno del PSOE fueron un primer paso para la apertura de créditos de financiación de los estudios de máster que, con unas condiciones de pago más o menos favorables, alcanzaron en 2011 un interés anual de más del 5%, y su suspensión por el ministro Wert va ciertamente en la línea de replantearlas como líneas de crédito en unas condiciones de devolución similares a créditos hipotecarios. De hecho, el ministro Wert se ha manifestado proclive a desarrollar con el ICO una línea de crédito estudiantil.
Este proceso de financiarización de la Universidad tiene una de sus patas de apoyo contemporáneas en el mecanismo de extorsión de la deuda: si las Administraciones Públicas reducen año tras año el presupuesto de las universidades, debido al dogma neoliberal constitucionalizado del equilibrio presupuestario y de la reducción del déficit, estas por su parte tienden a contratar líneas de crédito con entidades bancarias y/o subir las tasas para obtener liquidez inmediata, externalizar servicios, despedir a trabajadores, precarizar los contratos laborales, fusionar centros, etc lo que conlleva a una privatización encubierta.
Es la lógica del endeudamiento y la externalización que solo cuadrará las cuentas a corto plazo mientras que, a medio y largo plazo, el pago de la deuda y sus intereses se convierten en la soga de subyugación de la Universidad a los intereses del capital financiero. De hecho, en caso de «desequilibrio presupuestario», los gobiernos autonómicos – según lo previsto en el RD14/2012 – podrán intervenir las cuentas de las universidades y lo más probable es que haya fusiones de las mismas, como ocurrió con las Cajas de Ahorros.
Además, la dependencia del sistema universitario con respecto al capital financiero es ya altamente notable en la concesión de determinadas becas por entidades privadas como es el caso de la fundación Universia ligada al Banco Santander. Esta fundación concedió sólo en el primer semestre de 2012 más de 20000 becas-préstamo destinadas sobre todo a estudiantes latinoamericanos para realizar estudios de posgrado fuera de su país. Dicha fundación agrupa a miles de universidades del continente latinoamericano así como de España y Portugal en una red de financiación subsidiaria de becas y, en muchos casos, de mecenazgo privado de las universidadesx.
Esta estrategia de hacer negocio con la Universidad se da también en otros servicios públicos como la sanidad, los servicios sociales etc. que eran ajenos a las lógicas del mercado. El capital financiero hace negocio a costa de la desposesión de derechos de las mayorías sociales reconocidos y conquistados con años de lucha, lo que refleja el carácter parasitario del capitalismo español así como su dependencia del sector financiero y del capital extranjero.
4. Un fantasma recorre Europa: la privatización de la educación superior
Como apuntábamos en las primeras líneas del texto, ya se ha dado en parte y continúa en marcha el proceso de privatización endógena de la Universidad Pública, es decir, la asimilación de las estructuras de gobierno y de gestión de la Universidad a las de una empresa privada, con la pérdida de la – ya escasa- democracia universitaria que esto conlleva. (Internacional de la Educación, 2007)
En España, con la reforma de la Ley General de la Educación de 1970, la Universidad se adaptaba a la nueva situación de masificación, pero no fue hasta el establecimiento de la transición y la Constitución del 78, cuando se plantea modernizar la Universidad del régimen franquista por lo que, en 1983, se aprueba la Ley de Reforma Universitaria (LRU)
Dicha reforma avanza en algunas cuestiones democráticas exigidas en la lucha antifranquista, pero también introduce ciertos aspectos de esta nueva Universidad, la Universidad-empresa, como la figura del Gerente o el Consejo Social como órgano de relación con «la sociedad». Posteriormente, a lo largo de los años 80 y 90, se introduce la Selectividad y las Universidades privadas empiezan a crecer por todo lo largo y ancho del Estado.
Durante todo este tiempo numerosos lobbies internacionales fueron definiendo como debía ser esta nueva «Universidad-empresa» que tiene como referencia el modelo neoliberal universitario, el anglosajón. En la última década se han ido dando los pasos normativos necesarios (LOU, LOM-LOU, Reales Decretos, Estrategia Universidad 2015) para preparar el terreno para el establecimiento de esta nueva Universidad en España, que previsiblemente saldrá a la luz en forma de ley en los próximos meses.
Este modelo universitario tiene total coherencia con la propuesta de la LOMCE, en el que el Estado pasaría a dirigir la educación con criterios privados: «derecho a la libertad de elección» como manera encubierta de financiar la educación privada y hacer de la pública una educación subsidiada de esta, «financiación por resultados» como incentivos para alcanzar determinados resultados, «competencia entre los centros» para crear centros de primera y segunda, «flexibilización» de las relaciones laborales que consolide y aumente la precariedad, etcétera.
Los primeros pasos de esta reforma empresarial se han dado tanto en la educación pre-universitaria en Andalucía (Merchán Iglesias, 2012),como con la reforma con carácter de urgencia de la «Ley Andaluza de Universidades», que le da más poder a los «Consejos Sociales». (Gómez, 2011).
Dichos Consejos nacieron con el objetivo de representar a la sociedad, pero realmente son el brazo político-económico del sistema y su objetivo es ganar más poder en las diferentes Comunidades Autónomas (donde pueden aumentar sus competencias) para ser el futuro órgano que gobierne a la Universidad desde arriba, tal y como indica el documento de Gobernanza de la Fundación CyD, vinculada al Banco Banesto y Santander. (CARE, 2011) El próximo paso se está dando en Cataluña, donde se ha formado una «Comisión de Gobernanza» que ha definido el modelo de Universidad, planteando la reforma de la Ley Orgánica de Universidades.
Dicho modelo reduce los órganos democráticos de la Universidad a la mínima expresión, dándole un gran poder al Patronato, que es como el régimen franquista llamaba a los Consejos Sociales en la reforma universitaria de 1970. El Rector, ahora un directivo profesionalxi, sería nombrado por el Gobierno y este nombraría a todos los que están por debajo, es decir, una reforma a todas luces antidemocrática.
Es relevante el uso que hacen del término «autonomía», pues si en otros tiempos ello significó una garantía de la independencia de las Universidades con respecto a los poderes externos, ahora significa una autonomía con respecto a lo público para hacerla depender aún más de los intereses de los grupos empresariales. La perversión del poder con el lenguaje es tal que todo rechazo a este tipo de reformas es tildado de «conservador»: para el discurso oficial eliminar la democracia es sinónimo de progreso.
Por otro lado, se pretende crear un «sistema integrado de información» que muestre la contabilidad de las Universidades, medida con determinados indicadores económicos con el fin de que cualquier institución, pública o privada, sepa con detalle cómo se está gestionando la Universidad, cuales son sus puntos fuertes y débiles a la hora de atraer capital privado.
Todo esto guarda una especial relación con el tema de los conocidos «rankings universitarios». Dichos rankings, como si de una liga de fútbol se tratara, miden la calidad de las Universidades a nivel mundialxii, existiendo una amplia variedad de criterios a la hora de medir esa «calidad», pero coincidiendo en los primeros puestos las Universidades con mayor capital privado y gestión empresarial. (Usher, Savino, 2006)
5. Por un proceso constituyente educativo y social
En los próximos meses se agudizarán los ataques a la educación pública con la tramitación parlamentaria de la LOMCE, el informe de expertos de la reforma universitaria, la implantación progresiva de préstamos estudiantiles y una próxima reforma legislativa de la ley de Universidades.
Del análisis hasta aquí realizado podemos extraer la conclusión de que los ataques contra el derecho a la educación superior, bajo formas de mercantilización y privatización, son consustanciales al modelo neoliberal y por tanto, para enfrentarlos, necesitamos de instrumentos organizativos permanentes. Esto no quita que haya momentos donde la prioridad sea centrarse en reivindicaciones concretas, específicas, y a través de frentes asamblearios más flexibles e inclusivos. Pero frente a los ataques del actual capitalismo necesitamos estructuras estudiantiles que no aparezcan y desaparezcan, sino que acumulen y transmitan la experiencia de los diferentes ciclos de movilización estudiantil.
En el ámbito institucional, el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) ha demostrado ser un obstáculo, una herramienta de control del movimiento estudiantil desde arriba, por lo que es necesario una ruptura desde abajo. Para ello es necesario consolidar una estructura permanente que sea capaz de trazar una estrategia de coordinación que supere todo lo anterior, que vaya de la mano del movimiento estudiantil y sea capaz de constituirse en una herramienta válida para los estudiantes.
En segundo lugar, se nos impone huir del corporativismo educativo y construir movilizaciones sociales por la educación. Los discursos academicistas deben volver a los despachos de los que salieron: estar a la altura de la circunstancia histórica nos exige enmarcarnos en discursos políticos mucho más amplios que planteen la necesidad de un cambio en el modelo social, esto es, asumir reivindicaciones que pasen necesariamente por un cambio de las reglas de juego del Régimen. No se nos debe escapar que reclamar a día de hoy una Universidad pública para garantizar el acceso a la educación superior significa reivindicar un proyecto de país alternativo como, salvando las distancias, el movimiento estudiantil chileno ha puesto de manifiesto. En efecto, si afirmamos que las sucesivas reformas educativas del PPSOE han sido funcionales a un modelo social y productivo (basado en la financiarización de la economía) que hoy se encuentra en quiebra manifiesta, nuestras reivindicaciones en el ámbito educativo entroncan con la construcción de una alternativa social real.
Empezar a construir las propuestas que conformen esa alternativa real, tanto educativa como social, es una tarea que se nos impone de forma urgente. Sobre todo, si aspiramos a comenzar a construir un discurso y unas movilizaciones hegemónicas socialmente que puedan tumbar las próximas «contrarreformas» que se nos avecinan.
Como estudiantes, nos consideramos herederos de todo el movimiento estudiantil anterior, especialmente desde la oposición al régimen franquista en adelante. En la dictadura luchamos por otra educación pública, democrática, laica, gratuita y de calidad. Nos opusimos al régimen fascista, luchando por las libertades. En la última etapa del régimen apoyamos a los profesores no numerarios contra la precariedad y nos unimos al resto de sectores sociales para conseguir la democracia.
En los 80, nos negamos a que los fascistas fueran los que «democratizaran» la universidad convirtiéndola en una farsa, y luchamos contra las políticas educativas del gobierno que pretendían impedir la generalización de la enseñanza universitaria. En los 90 luchamos por cuestiones concretas que nos afectaban y en la última década hemos vivido tres ciclos de movilización estudiantil (Bricall/LOU, Bolonia, Estrategia Universidad 2015) contra la privatización y mercantilización de la Universidad.
Somos la herencia de un movimiento que, a pesar de su discontinuidad en ciclos, sigue más vivo que nunca. La Universidad es un espacio de autonomía y libertad, de investigación y formación. Pero también es cierto que es un espacio donde se reproducen los valores y las desigualdades del sistema. Un sistema que cada vez va siendo más evidente que es profundamente injusto. Es por ello por lo que los estudiantes siempre fueron y serán una fuerza motora que convierta (y subvierta) el verdadero sentido de la palabra «Universitas«, la comunidad universitaria, un espacio de solidaridad de clase entre profesores, estudiantes y PAS.
Y es que el problema no es la Universidad. Lo diremos las veces que haga falta: el problema es el modelo productivo y político del país. Por ello hay que celebrar que los estudiantes le disputen las ideas al régimen establecido.
«Una universidad democrática sólo puede ser aquella que lucha contra la estructura de clases existente, negándose a la función de reproducción de la élite y sobre todo a la perpetuación de la división social del trabajo y en particular a la separación de trabajo intelectual y manual»
Nota preliminar del Manifiesto de Bellaterra, 1975
Cifrada por la UNESCO en unos 2 billones de dólares anuales a nivel mundial.
Más del 26% de estudiantes abandonaron el sistema educativo sin finalizar los estudios obligatorios en 2011 y un porcentaje de inversión educativa muy por debajo del 7% del PIB (media OCDE). A esto habría que añadir las diferencias interterritoriales del país, ejemplo de ello son los mejores índices de escolarización en comunidades autónomas donde la crisis ha tenido un menor impacto por una composición socioeconómica determinada.
«Pero la táctica que se impondrá no será, probablemente, la de esa torpe zafiedad. Igual en los USA que en Francia o España, el poder capitalista se propone enfrentarse a la presión del pueblo hacia el conocimiento mediante un malthusianismo mucho más sutil. Se trata de recomponer la Universidad tradicional introduciendo o reforzando barreras horizontales que produzcan aún más estratificación, estamentalización intrauniversitaria; graduados de primera, de segunda, de tercera.
Esa política es inteligente: tiende a anular precisamente el sentido revolucionario de la masificación de la Universidad, a saber, que esa masificación, al provocar subempleo o paro intelectual, y, consiguientemente, si el fenómeno se hace crónico, pérdida de valor de cambio de los títulos y del conocimiento, tiende a destruir la justificación de la jerarquía en la división del trabajo. La estrategia capitalista reacciona reforzando la jerarquía ya en la misma titulación, reforzando más el prestigio ideológico del principio jerárquico. El modelo es el sistema norteamericano.»
Tres lecciones sobre la Universidad y la división del trabajo, Manuel Sacristán, Sevilla, 1972
Proceso neoliberal donde el sistema financiero tiene hegemonía sobre el sistema productivo.
Con respecto a lo que finalmente se destina a investigación, conviene mencionar que el sector que más recursos absorbe desde hace más o menos una década es el militar, especialmente en la fabricación y adquisición de armamento pesado. Actualmente el gasto de investigación civil supone menos del 40% del total del presupuesto destinado a I+D.
Los distintos gobiernos autonómicos «han escogido» en qué parte de la horquilla de subida, fijada por el Ministerio, situarse. De esta forma, el precio de un «máster habilitante para ejercer una profesión regulada» – es decir, los máster que con ‘Bolonia’ se han convertido en obligatorios – puede variar desde los 19,11€/crédito en Aragón hasta los 40€/crédito en Catalunya, según datos del Ministerio de Educación. Con la agudización de la crisis, la horquilla de precios públicos ha ido aumentando año a año, y el mínimo ha sido cada vez más alto.
Tal como está ocurriendo en algunas Universidades y recomienda el informe de la ANECA de 2011.
Estas medidas a corto plazo también están suponiendo cancelaciones de matrícula («desahucios estudiantiles») y una desincentivación en la matriculación en la Universidad, aumentando así la segregación.
Una de las consecuencias más terribles socialmente de este ataque es el crecimiento de la prostitución estudiantil y la venta de órganos. La Unión Nacional de Estudiantes del Reino Unido estimaba en 2011 que al menos un 20 % de las mujeres que trabajaban en clubes de alterne en el país eran estudiantes universitarias. Uno de los ejemplos más brutales del empobrecimiento y castigo que supone para el estudiantado la devolución de las deudas contraídas está en el estudiante británico que se suicidó recientemente por imposibilidad de hacer frente a una deuda de más de 10000 libras. Una profesora de la Universidad de Dundee, en Escocia, llegó a sugerir que la regulación de la venta de órganos en el país podría ser una buena solución para permitir a los estudiantes costearse el pago de sus estudios.
Así recogía la prensa la intervención de la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Adelaida de la Calle, en la XII junta general de accionistas de la fundación Universia en mayo de 2012: «Desde el estrado y mirando a Botín, le agradeció la valentía y la iniciativa que tuvo hace tres lustros al crear la división de Santander Universidades: «Hoy día es importante para las universidades españolas que alguien que representa a la máxima exigencia de la sociedad civil nos apoye y haya apostado por nosotros».
Y aplaudió la decisión de diseñar una plataforma como Universia, que aglutina a 1.232 instituciones educativas de 23 países, «ya que nos ayuda a cumplir con la misión que la sociedad nos exige». No quedaron ahí los elogios por parte de la portavoz de los rectores a Botín. «Cuando hay oscuridad emerges como un haz de luz, nos das confianza para seguir jugando el papel que tenemos que desempeñar. Queremos ser motores del cambio que necesita la sociedad española, ya que generamos conocimiento e investigación», prosiguió. Tras escuchar las palabras de Adelaida de la Calle, el presidente de Banco Santander se levantó del asiento y besó la mano de la presidenta de la CRUE.»
Es clave el concepto de «capital relacional» para la contra-reforma democrática:. Si un ex-directivo de una gran empresa es «fichado» por una Universidad, le será más fácil a la misma, gracias a sus contactos, obtener capital privado de dicha empresa.
Al hilo de esto, es interesante señalar que en EEUU no existe ningún ranking ni agencia de evaluación de las universidades a nivel federal (como sería aquí la ANECA) y ni mucho menos el presupuesto público para las universidades se reparte de forma desigual y en función de una clasificación de méritos, como por el contrario en diversos países europeos ya se ha comenzado a implantar.
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